Hoy nos parece más fácil hablar de derechos, porque fue mucho más difícil poder conquistarlos.
En México, el derecho de las mujeres a votar se logró el 17 de octubre de 1953; ése día se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 de la Constitución, que reconoció plenos derechos de ciudadanía a las mujeres mexicanas, incluyendo su derecho a votar y a ser electas para cargos federales. Ese año dejó huella, porque cambió el discurso y también el rumbo de la historia de las mujeres en México.

Pero la lucha no fue sencilla.
El voto femenino no fue una concesión espontánea del poder político, fue el resultado de décadas de presión, organización y confrontación intelectual encabezada por mujeres que entendieron algo fundamental, y es que la igualdad no se logra pidiendo permiso, sino disputando las reglas.
Porque fue una lucha larga, de años, donde mujeres intentaban escribir la ley.
Una de ellas fue Hermila Galindo, periodista y activista durante la Revolución mexicana, misma que en 1916, cuando el país discutía cómo reconstruirse después de la guerra, Galindo presentó ante el Congreso Constituyente un argumento que en su momento parecía radical: “si las mujeres eran ciudadanas, también debían votar”.
La propuesta fue rechazada, el mensaje del Constituyente fue claro: la política no era lugar para mujeres. La ciudadanía, en la práctica, seguía siendo masculina.
Pero Galindo no se detuvo ahí, y ése mismo año fundó la revista Mujer Moderna, desde donde defendió ideas que hoy parecen obvias pero que entonces eran profundamente incómodas, como la educación para las mujeres, autonomía personal, igualdad jurídica y participación política.

Es importante recordar el contexto de la época, pues a principios del siglo XX, incluso hablar de estos temas se consideraba una provocación social.
Mientras tanto, en Yucatán se estaba gestando otro momento clave; en 1916 se celebró el Primer Congreso Feminista de México, un espacio donde mujeres debatieron públicamente sobre educación, trabajo y derechos civiles. Aquellas discusiones no eran ejercicios académicos; eran el inicio de una agenda política que buscaba modificar las estructuras legales del país.
De ese proceso surgiría otra figura central femenina, Elvia Carrillo Puerto.
Carrillo Puerto organizó ligas feministas, impulsó el derecho al voto y defendió las condiciones laborales de las mujeres campesinas, y en la década de 1923 logró convertirse en una de las primeras diputadas electas en México, aunque su presencia en el Congreso generó una fuerte resistencia política.
Para muchos hombres de la época, la política seguía siendo un territorio exclusivo, y estas mujeres entendieron algo que sigue siendo relevante hoy: las leyes no son neutrales, reflejan quién tiene voz y quién no en una sociedad.
Por eso su lucha no era sólo simbólica, sino, profundamente jurídica.

Aunque el derecho al voto tardaría décadas en consolidarse, pues en 1947 se permitió a las mujeres votar en elecciones municipales, pero no fue sino hasta 1953 cuando la Constitución reconoció el sufragio femenino a nivel federal, y dos años después, en 1955, las mujeres mexicanas votaron por primera vez en una elección presidencial.
Fue así como el proceso completo tomó casi medio siglo; y hoy, cuando el feminismo aparece con frecuencia en debates mediáticos o en redes sociales, vale la pena recordar ese origen político e intelectual. Las primeras feministas mexicanas no estaban discutiendo identidades en abstracto; estaban disputando poder, leyes y ciudadanía.
Entendían que sin participación política, la igualdad era simplemente una promesa.
La historia de Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto y muchas otras mujeres que organizaron congresos, publicaron revistas y construyeron movimientos políticos nos recuerda algo esencial: los derechos no aparecen por evolución natural de la sociedad, se escriben, se discuten, se pelean.
Y en México, mucho antes de que se hablara de cuotas de género o paridad, ya había mujeres intentando hacer exactamente eso; ellas intentaban escribir la ley.