Durante más de quince años, las producciones latinoamericanas sobre narcotráfico nos acostumbraron a mirar el crimen desde los ojos del criminal. El narcotraficante tenía una historia de superación, familia, códigos, frases memorables y hasta una banda sonora. Los policías y militares, cuando aparecían, solían ser corruptos, incompetentes o simples obstáculos en el ascenso del capo.

Ahora comienza a percibirse un cambio: las nuevas historias no han dejado de hablar del narcotráfico, pero están cambiando de protagonista.

El caso más reciente es La captura, película de Netflix protagonizada por Alfonso Herrera y Noé Hernández, que recrea la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. A diferencia de otras producciones, la historia no gira alrededor del narcotraficante, sino de los dos policías federales que lo interceptaron cuando viajaba en un automóvil robado.

Los agentes deben resistir amenazas contra sus familias, la desconfianza hacia sus propios mandos y un soborno capaz de cambiarles la vida. Su heroísmo no consiste en realizar una operación espectacular, sino en tomar la decisión correcta cuando prácticamente todo los empuja hacia la corrupción.

Durante años, las producciones sobre narcotráfico se preguntaron cómo un hombre llegaba a convertirse en capo. La captura propone una pregunta distinta: ¿qué necesita un servidor público para no convertirse en cómplice?

Quince años del lado del narcotraficante

Producciones como El cartel de los sapos, El capo, La reina del sur, Escobar, el patrón del mal y El señor de los cielos convirtieron a los narcotraficantes en figuras centrales de la cultura popular.

Aunque muchas de estas historias mostraron asesinatos, traiciones y finales violentos, durante cientos de episodios el espectador conocía los afectos, las debilidades y las motivaciones del criminal. Las víctimas y las autoridades permanecían como personajes secundarios.

El capo podía ser condenado por el guion, pero era glorificado por la cámara.

Esto no significa que una persona se convierta en delincuente por mirar una serie. Sin embargo, la ficción sí participa en la construcción de modelos de prestigio: determina quién merece ser recordado, quién ocupa el centro de la pantalla y qué clase de poder parece admirable.

Los intentos que no funcionaron

El intento por convertir a las autoridades mexicanas en protagonistas no es nuevo. En 2011, Televisa estrenó El Equipo, serie protagonizada, curiosamente, por el propio Alfonso Herrera, junto con Alberto Estrella, Zuria Vega y Fabián Robles.

La producción mostraba las operaciones de un grupo ficticio de la Policía Federal. En cada capítulo, sus integrantes realizaban labores de inteligencia, desarrollaban operativos y capturaban delincuentes.

Sin embargo, la serie formó parte de la campaña “Policía Federal: Héroes Anónimos”, impulsada durante la gestión de Genaro García Luna. La Secretaría de Seguridad Pública pagó a Televisa más de 118 millones de pesos por su realización y permitió utilizar instalaciones, vehículos y equipo de la corporación.

El Equipo terminó atrapado en la controversia por el uso de recursos públicos y su evidente intención propagandística. En lugar de generar identificación, presentó policías tan perfectos y operativos tan espectaculares que el producto perdió credibilidad.

La historia posterior hizo todavía más incómoda aquella producción: García Luna terminó condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. La serie que pretendía presentar una Policía Federal incorruptible terminó convertida en el testimonio de una imagen institucional que no podía sostenerse en la realidad.

También se intentó trasladar a México la fórmula de Cops, el programa estadounidense que acompañaba a policías durante patrullajes y detenciones reales. Sin embargo, esos formatos tampoco lograron convertirse en referentes culturales duraderos. El público sabía que la presencia de una cámara podía modificar la actuación de los agentes y que las instituciones decidían qué operativos podían grabarse.

Mientras las narconovelas ofrecían personajes complejos, romances, canciones y grandes arcos narrativos, estas producciones parecían videos institucionales extendidos o programas de nota roja grabados desde el interior de una patrulla.

El narcotraficante tenía una leyenda. El policía apenas tenía una cámara siguiéndolo.

El plan del Ejército

Los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados por Guacamaya en 2022 demostraron que el Ejército también comprendió la importancia de esta disputa narrativa.

Después del “Culiacanazo” de octubre de 2019, la Sedena elaboró un Plan Estratégico de Comunicación e Imagen para recuperar la confianza ciudadana. Entre sus propuestas se encontraba incrementar la presencia de militares uniformados en telenovelas, series, películas, documentales, concursos y videoclips.

El documento también planteaba apoyar películas sobre hechos militares relevantes o acciones heroicas y alcanzar por lo menos tres producciones de ese tipo cada año.

Esto no demuestra que todas las películas posteriores sobre el Ejército formen parte de aquel plan. Lo que sí confirma es que las Fuerzas Armadas reconocieron formalmente que la seguridad también se disputa en el terreno de la percepción pública.

El problema era el mismo que enfrentó El Equipo: cuando una institución participa directamente en la construcción del relato, la producción corre el riesgo de ser percibida como propaganda.

¿Por qué ahora puede ser diferente?

En febrero de 2025, Netflix estrenó Contraataque, película dirigida por Chava Cartas sobre un escuadrón de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano conocido como los “Murciélagos”. En esta ocasión, los narcotraficantes no son antihéroes seductores, sino los antagonistas. La atención está puesta en la preparación, coordinación y sacrificio de los militares.

A esta tendencia se suma Los Gringo Hunters, serie inspirada en una unidad policial de Baja California dedicada a localizar a fugitivos estadounidenses que intentan esconderse en México. La producción invierte uno de los clichés más frecuentes del cine norteamericano: México deja de ser el territorio sin ley al que escapan los delincuentes y se convierte en el país cuyas autoridades los encuentran y los devuelven esposados.

La diferencia entre estas producciones y los intentos anteriores no se encuentra solamente en sus presupuestos. El Equipo comenzaba con una necesidad gubernamental: mejorar la imagen de una corporación. Los nuevos proyectos parten de una necesidad narrativa: contar una historia atractiva.

No es lo mismo producir propaganda con forma de película que producir una buena película cuyos protagonistas sean policías o militares.

Contraataque, Los Gringo Hunters y La captura comparten una decisión importante: la cámara acompaña a quienes persiguen al criminal y no a quienes construyen su imperio.

Cambiar la narrativa

Este cambio debe observarse con cautela. México tiene una historia documentada de corrupción, tortura, desapariciones y complicidades entre autoridades y organizaciones criminales. Sustituir la glorificación del narcotraficante por una representación acrítica de las instituciones sería cambiar una simplificación por otra.

Las mejores historias no deben presentar a todos los policías como héroes ni a todas las instituciones como incorruptibles. Deben mostrar que el uniforme no produce automáticamente honor, pero también que la corrupción no elimina la existencia de servidores públicos honestos.

Precisamente por eso resulta interesante La captura. Sus protagonistas cumplen con su deber mientras reciben amenazas, dudan de sus mandos y enfrentan una tentación económica desproporcionada. Su decisión tiene valor porque ocurre dentro de un sistema frágil.

Durante años, México exportó historias en las que sus personajes más poderosos eran narcotraficantes. El mundo conoció sus nombres, sobrenombres, vehículos, romances y mansiones. En contraste, pocos podrían mencionar a los policías que realizaron sus detenciones o a los agentes que rechazaron sus sobornos.

Las nuevas producciones no están dejando de hablar del narcotráfico; están quitándole el monopolio del protagonismo.

Después de más de quince años de conocer la infancia, los amores y las ambiciones de los grandes capos, quizá ha llegado el momento de conocer también las historias de quienes les dijeron que no.

El narcotraficante seguirá apareciendo en la pantalla porque forma parte de nuestra realidad. La diferencia es que ya no necesariamente ocupará el lugar del héroe.

Y en un país que durante demasiado tiempo convirtió al criminal en leyenda y al policía honesto en personaje secundario, cambiar al protagonista no es un detalle menor: es comenzar a recuperar la imaginación nacional.

Hubo un tiempo en que el mayor temor de un cuentahabiente era olvidar la cartera en un taxi o perder la tarjeta camino al trabajo. Hoy el delincuente ya no necesita tocar la puerta de su casa ni esperar afuera del cajero automático. Basta una llamada que aparenta provenir del banco, un enlace enviado por “WhatsApp”, un correo casi idéntico al original o una filtración masiva de datos para que, en cuestión de minutos, el patrimonio construido durante años desaparezca de una cuenta bancaria.

Mientras lees esta columna, alguien en México está utilizando la cuenta de alguien más para realizar un cargo, sin su autorización.

“Durante el primer semestre de este año, el monto reclamado por los usuarios a las instituciones bancarias superó los 14 mil 500 millones de pesos, en un total de 4.5 millones de reclamaciones que fueron presentadas por al menos 1.9 millones de usuarios.”

Y ese descubrimiento suele comenzar igual para todos: una notificación inesperada, un saldo menor al que recordaba o un movimiento que simplemente no tiene explicación. Primero llega la incredulidad; después, la angustia. Finalmente, la pregunta que miles de personas se hacen todos los días: ¿cómo pudo ocurrir si nunca perdí mi tarjeta ni compartí mis datos?

La respuesta es incómoda porque revela una realidad que apenas comenzamos a comprender: el crimen también se digitalizó. México enfrenta un crecimiento sostenido de la delincuencia financiera. Los cargos no reconocidos, las transferencias SPEI fraudulentas, el robo de identidad, la contratación de créditos sin autorización y el uso ilícito de tarjetas digitales dejaron de ser casos aislados para convertirse en parte del paisaje cotidiano de nuestro sistema financiero. Los delincuentes ya no necesitan armas ni pasamontañas; hoy operan detrás de una pantalla, con bases de datos, algoritmos y sofisticadas técnicas de ingeniería social.

Paradójicamente, mientras el fraude evoluciona, buena parte de los usuarios continúa administrando su patrimonio con la misma lógica de hace treinta años. Persistimos en una idea profundamente arraigada: si el banco tiene mi dinero, el banco se encargará de protegerlo. La realidad es bastante más compleja: Las instituciones financieras tienen obligaciones legales de seguridad, pero ninguna tecnología sustituye la vigilancia del propio usuario. Revisar estados de cuenta, activar alertas de movimientos, limitar montos de operación, cambiar contraseñas periódicamente y desconfiar de cualquier solicitud de códigos dejaron de ser recomendaciones de educación financiera, incluso quienes actúan con prudencia pueden convertirse en víctimas. Y es entonces cuando comienza una segunda batalla, mucho menos visible que el fraude mismo.

EL BANCO NO ADMITE MI QUEJA O RECLAMACIÓN.

La primera línea de defensa que tiene un usuario para reclamar es ante la Unidad Especializada de Atención a Usuarios del propio banco (UNE) donde habitualmente se inicia una aclaración y, semanas después, llega una respuesta casi idéntica en la mayoría de los casos: la operación fue autenticada correctamente. Con esa frase, para muchos usuarios parece terminar la historia.

En ese momento se recomienda acudir a la CONDUSEF como la siguiente alternativa. Durante años se le ha considerado el camino natural para resolver este tipo de conflictos y, sin duda, cumple una función valiosa de orientación y conciliación. No obstante, conviene entender con claridad el alcance de sus facultades. La CONDUSEF puede acercar a las partes a un acuerdo; no puede obligar al banco a devolver el dinero cuando éste sostiene que la operación fue válida. Si la institución financiera decide mantener su postura, el procedimiento conciliatorio suele concluir con los derechos del usuario reservados para acudir ante los tribunales.

Y es precisamente ahí donde comienza la discusión verdaderamente trascendente, mientras miles de personas aún creen que enfrentarse judicialmente a un banco es una batalla imposible, los tribunales mexicanos han empezado a modificar las reglas del juego.

Durante mucho tiempo bastaba que la institución financiera afirmara que la operación se realizó utilizando el NIP, un token o la banca móvil para presumir que había sido autorizada por el cliente. Ese argumento, por sí solo, hoy resulta cada vez menos suficiente.

¿QUÉ DEFENSA PROCESAL TENGO SI CONDUSEF NO PROCEDIÓ A MI FAVOR?

La evolución de los criterios judiciales ha impulsado un cambio de enorme relevancia: no corresponde al usuario demostrar que nunca realizó una operación; corresponde al banco acreditar que esa operación fue auténticamente autorizada, por lo que este este criterio transforma por completo la estrategia jurídica al buscar la NULIDAD POR CARGOS NO RECONOCIDOS, es decir, que dichas operaciones carecieron del consentimiento claro y acreditado fehacientemente por la Institución bancaria.

La lógica en este proceso judicial recae en que sólo la institución financiera posee las bitácoras electrónicas, los registros de autenticación, los certificados digitales, la información técnica de los dispositivos utilizados, los mecanismos de validación y la trazabilidad completa de la operación. En otras palabras, en otras palabras, la carga probatoria debe recaer en quien tiene la posibilidad real de demostrar los hechos.

Las Disposiciones de Carácter General emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores obligan a las instituciones financieras a implementar mecanismos robustos de autenticación, conservar registros electrónicos, documentar cada factor de validación y garantizar la trazabilidad de las operaciones realizadas mediante canales digitales. En consecuencia, cuando un banco sostiene que una transferencia o un cargo fueron autorizados por su cliente, no basta una captura de pantalla, un folio interno o una afirmación genérica.

“El banco debe demostrar técnicamente qué mecanismos de autenticación se utilizaron, qué elementos verificaron la identidad del usuario, qué registros electrónicos fueron generados y de qué manera su infraestructura cumplió con las obligaciones regulatorias aplicables.”

Cuando esa demostración no existe, la posición procesal de la institución financiera comienza a debilitarse. Por esa razón, el juicio mercantil ha dejado de ser el último recurso para convertirse, en muchos casos, en el escenario donde realmente puede discutirse la responsabilidad del banco, esto a diferencia de un procedimiento conciliatorio ante CONDUSEF, el proceso judicial permite requerir información técnica, ofrecer pruebas periciales especializadas, exigir la exhibición de bitácoras electrónicas, analizar el cumplimiento de la regulación emitida por la CNBV y, finalmente, obtener una sentencia obligatoria para la institución financiera.

Los tribunales mexicanos comienzan a reconocer una realidad tecnológica que durante años pasó inadvertida: cuando una institución controla el sistema mediante el cual se realizan las operaciones electrónicas, también debe asumir la responsabilidad de demostrar que ese sistema funcionó correctamente. Eso no significa que toda reclamación terminará con una sentencia favorable para el usuario, en el entendido que ningún consumidor debería cargar con la tarea imposible de probar un hecho negativo: demostrar que jamás autorizó una operación cuya evidencia técnica nunca estuvo en sus manos.

Hoy, la primera defensa frente al fraude sigue siendo la prevención. La segunda, el conocimiento de nuestros derechos; ignorar cualquiera de las dos puede costar dinero, ignorar ambas puede costar el patrimonio de una vida o una deuda que nunca aceptamos contraer.

1. Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. (2018). Transferencias electrónicas. Cuando se demande su nulidad la institución financiera demandada deberá probar que fueron autorizadas por el usuario mediante los certificados digitales que avalen el uso de la firma electrónica de éste (Tesis V.3o.C.T.11 C (10a.), Registro digital 2017776). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo III, p. 3120.
2. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). (s. f.). ¿Cargos no reconocidos? Gobierno de México. ⁠https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=368&idcat=1

Hay días en los que la mejor agenda legislativa no empieza en una oficina ni en una reunión de asesores. Empieza caminando una calle. Escuchando a una vecina que lleva meses reportando el mismo problema, entrando a un negocio cuyo dueño conoce perfectamente lo que ocurre en su cuadra o deteniéndose frente a una esquina que todos los días obliga a alguien a correr para cruzar.

Ahí, en el asfalto, la ciudad deja de ser una colección de estadísticas y se convierte en historias concretas. Una fuga ya no son metros cúbicos perdidos: es una familia que lleva días administrando el agua. Un bache no es un número en un reporte: es alguien que dañó una llanta, una persona mayor que tiene miedo de tropezar o una calle que lleva meses esperando mantenimiento. La inseguridad deja de ser una gráfica cuando un vecino te explica por qué dejó de caminar de noche por el lugar donde ha vivido durante veinte años.

Por eso creo que una parte fundamental de nuestro trabajo tiene que ser legislar desde el asfalto.

El Congreso es indispensable. Ahí se discuten presupuestos, se modifican leyes, se presentan iniciativas y se exige rendición de cuentas. También hacen falta equipos técnicos, datos, investigación y muchas horas de escritorio para convertir un problema en una propuesta viable. Pero todo ese trabajo pierde sentido cuando empieza y termina entre cuatro paredes.

Una ley puede estar perfectamente redactada y aun así no resolver nada si parte de un diagnóstico equivocado. Una política pública puede verse impecable en una presentación y fracasar cuando toca la calle. Y un gobierno puede presumir cientos de acciones mientras los vecinos siguen esperando que alguien resuelva el mismo problema de todos los días.

La ciudad enseña cosas que ningún informe alcanza a explicar.

Cuando recorres una colonia descubres que dos calles separadas por unas cuantas cuadras pueden vivir realidades completamente distintas. Que el problema que una dependencia clasificó como menor lleva años modificando la vida de decenas de familias. Que detrás de una solicitud aparentemente sencilla hay muchas veces meses de frustración, llamadas sin respuesta y expedientes que van de escritorio en escritorio.

También descubres algo todavía más importante: los vecinos suelen conocer muy bien su territorio.

Saben dónde se inunda primero cuando llueve, cuál luminaria lleva meses apagada, a qué hora una esquina se vuelve peligrosa, dónde aparece un bache cada temporada, qué comercio genera problemas, dónde hace falta un cruce seguro y qué solución ya intentaron antes sin obtener respuesta.

Escucharlos no es un ejercicio de relaciones públicas. Es información indispensable para gobernar mejor.

Durante mucho tiempo se acostumbró pensar que el trabajo de un diputado consistía principalmente en asistir al Congreso, presentar iniciativas y votar. Todo eso importa, por supuesto, pero me parece una visión incompleta del servicio público. Representar a una comunidad significa conocerla. Y conocerla exige caminarla constantemente, regresar, verificar qué cambió y volver a escuchar.

Por eso los recorridos no pueden ser una actividad extraordinaria ni una fotografía para redes. Tienen que formar parte del método de trabajo.

Salir permite comprobar si una propuesta realmente funciona. Permite descubrir necesidades nuevas. Permite corregir. Y también obliga a rendir cuentas de una manera mucho más incómoda y, por eso mismo, mucho más valiosa: frente a la persona que te pidió ayuda semanas atrás y que quiere saber qué pasó con su problema.

Ese contacto cambia incluso la manera de legislar.

Cuando has escuchado personalmente a quien enfrenta un problema, la discusión en tribuna deja de ser abstracta. Ya sabes qué significan las consecuencias de una mala decisión. Puedes ponerle rostro a la cifra, entender dónde falló el procedimiento y explicar por qué una reforma es necesaria más allá del lenguaje jurídico.

Creo profundamente que la tribuna debe ser una extensión de la calle, no un espacio desconectado de ella.

Las mejores propuestas no nacen porque un legislador un día decide que sería interesante modificar una ley. Nacen porque algo está ocurriendo afuera y las herramientas que existen no están funcionando. Nuestro trabajo consiste en identificar ese vacío, estudiarlo, convertirlo en una solución y regresar después a comprobar si realmente hizo alguna diferencia.

Eso también implica reconocer que no todo se resuelve legislando. Hay problemas que requieren presupuesto, mantenimiento, presencia policial, coordinación entre autoridades o simplemente que una dependencia haga correctamente su trabajo. Un diputado que conoce el territorio puede distinguir cuándo hace falta cambiar una ley y cuándo lo que corresponde es exigir que se cumpla la que ya existe.

Esa diferencia parece pequeña, pero es fundamental. La política pública fracasa muchas veces porque quienes toman decisiones intentan adaptar la realidad a sus programas en lugar de adaptar sus programas a la realidad.

Yo prefiero recorrer primero.

Preguntar.

Escuchar.

Entender qué está pasando.

Y después utilizar las herramientas del Congreso para actuar.

Porque una mejor ciudad no aparece automáticamente después de aprobar una iniciativa. Se construye todos los días: cuando un vecino decide involucrarse, cuando una autoridad responde, cuando recuperamos una calle, cuando solucionamos un problema que llevaba años normalizado y cuando las decisiones públicas empiezan a parecerse un poco más a la vida cotidiana de las personas.

El escritorio sirve para convertir esas experiencias en políticas públicas. La tribuna sirve para defenderlas y discutirlas. Pero el punto de partida tiene que seguir estando afuera.

En la banqueta, en el parque, en el mercado, en la unidad habitacional, frente a una escuela, junto a un comercio o en esa esquina que los vecinos llevan meses pidiendo que alguien atienda.

Ahí comienza mi manera de entender la representación pública.

Legislar desde el asfalto significa llevar la ciudad real al Congreso y regresar después a la calle para comprobar que nuestro trabajo sí la está haciendo mejor.