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#Opinión

El caso que contradice la promesa sobre el feminicidio

Mientras se promete fortalecer la ley contra el feminicidio, decisiones judiciales como el caso de Maciel evidencian una fractura profunda entre el discurso y la justicia real en México.

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La discusión pública sobre el feminicidio en México vuelve a colocarse en el centro, esta vez desde dos frentes que exhiben, con crudeza, la distancia entre el diseño institucional y su aplicación real. Por un lado, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio plantea un avance significativo: homologar el tipo penal en todo el país, endurecer las penas de 40 a 70 años de prisión y, sobre todo, garantizar una reparación integral para las víctimas.

La propuesta no es menor. Parte de una premisa largamente exigida por colectivos y especialistas: que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio con perspectiva de género. Esto, en teoría, cerraría la puerta a la negligencia, la reclasificación indebida de delitos y la revictimización institucional. Además, incorpora un enfoque indispensable: el reconocimiento de las víctimas indirectas: hijas, hijos, familias, que suelen quedar en el abandono, sin atención médica, psicológica ni acompañamiento jurídico.

De la lucha al empoderamiento: frases para carteles y pancartas para la  marcha del 8M | EL PAÍS México

Sin embargo, mientras el discurso legislativo avanza, la realidad judicial parece ir en sentido contrario.
El caso de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo se ha vuelto viral no solo por la indignación que genera, sino porque simboliza una fractura profunda en el sistema de justicia. La decisión de la jueza penal Amarande Riojas Orozco de permitir que el presunto feminicida enfrente su proceso en prisión domiciliaria no es un hecho aislado: es un mensaje.

Un mensaje devastador para las víctimas. Porque detrás de los términos jurídicos “medidas cautelares”, “presunción de inocencia”, “proceso en libertad”, hay una historia concreta: la de Austria, hija de Maciel, quien después de años de lucha para que el feminicida estuviera en prisión, hoy vive con miedo. Miedo real. Miedo fundado. Miedo legitimado por una decisión judicial que prioriza garantías procesales del agresor sin ponderar adecuadamente el riesgo para las víctimas.

Aquí es donde el contraste se vuelve insoportable. En un país donde hay más de 132 mil personas desaparecidas y el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que en México se cometen desapariciones como crímenes de lesa humanidad, miles de familias aún esperan respuestas y la deuda del Estado en materia de justicia y verdad es innegable.

El gobierno de México asegura que la cifra de personas desaparecidas bajó a  menos de 100.000 - Los Angeles Times

Mientras el Ejecutivo propone una arquitectura legal más robusta, la jueza Amarande Riojas emite resoluciones que parecen ignorar el contexto estructural de violencia de género en México. La pregunta no es si la ley debe garantizar derechos, sino por qué, en casos de feminicidio, esos derechos se interpretan de forma que terminan vulnerando a quienes ya han sido profundamente dañadas.

La prisión domiciliaria en este tipo de delitos no puede analizarse como una medida neutra. En un país donde la impunidad en feminicidios sigue siendo alarmante, y donde las víctimas indirectas frecuentemente son amenazadas, liberar, aunque sea parcialmente, a un feminicida tiene consecuencias que van más allá del expediente judicial: impacta en la confianza pública, en la percepción de justicia y, sobre todo, en la seguridad de quienes sobreviven.

¿cómo se repara a una hija que ahora teme por su vida? ¿Qué significa “garantizar justicia” cuando este tipo de decisiones judiciales reabren el trauma y colocan nuevamente a las víctimas en situación de riesgo?

El caso de Maciel no solo exhibe una posible falla en la aplicación de criterios judiciales; revela una desconexión más profunda entre el marco normativo y la sensibilidad institucional.
Porque la justicia no es únicamente un conjunto de normas: es también un acto de responsabilidad pública. Y hoy, para Austria y para muchas otras familias, esa responsabilidad sigue pendiente.

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Alejandra Cerecedo Constantino es una destacada profesional en comunicación y política en México, con una Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Veracruzana (UV) y una Maestría en Comunicación Política y Pública por la Universidad Panamericana (UP). Actualmente, es Directora Nacional de Comunicación en la Confederación Nacional de Jóvenes Mexicanos (CONAJOMX) y asesora de comunicación en el Senado de la República, donde usa su experiencia para fortalecer la comunicación institucional y pública.

#Opinión

El Estadio GNP también es de ellas

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Anoche cantó Yuridia en el Estadio GNP Seguros. Esta noche vuelve a hacerlo. Es la primera mujer mexicana en presentarse ahí como solista. Y esta misma semana, The Warning anunció que el 5 de febrero de 2027 será la primera banda mexicana integrada solo por mujeres en encabezar ese escenario.

Dos veces en una semana, el recinto para espectáculos más importante de la ciudad quedó en manos de mexicanas.

Vale la pena recordar de dónde viene este recinto. En 1993, Alejandro Soberón, CEO de OCESA, tenía firmado a Paul McCartney y ningún lugar dónde presentarlo, porque el Estadio Azteca se negó a rentarle el inmueble. El manager del artista le hizo una propuesta que podía sonar tan simple como irreverente: si nadie te presta un estadio, hazlo tú. En cuatro meses levantaron gradas temporales en la curva del Autódromo Hermanos Rodríguez. Madonna se sumó al proyecto y terminó inaugurándolo con The Girlie Show.

No fue sencillo. En esos cuatro meses previos hubo protestas de sectores conservadores que se oponían a que una artista como Madonna pisara el país. No importó. Los 50 mil boletos de la primera fecha volaron, la cantante abrió dos noches más para el 12 y 13 de noviembre y terminó agotando 150 mil entradas. Le negaron un estadio y acabó construyendo uno.

Durante años, ese escenario fue principalmente territorio de superestrellas extranjeras: U2, los Rolling Stones, Pink Floyd, Britney Spears, Shakira, Taylor Swift, entre muchos otros. Pero el talento nacional fue llegando y adueñándose del recinto. Timbiriche dio ahí uno de los primeros grandes shows mexicanos en febrero de 1999 con la gira El Reencuentro, después de llenar veinte noches consecutivas en el Auditorio Nacional. Después vinieron Café Tacuba, Maná, Caifanes, Zoé, Siddhartha, Alejandro Fernández, RBD, Grupo Firme, Luis Miguel, Natanael Cano, Peso Pluma, por solo mencionar algunos. La sede se volvió nuestra sin que nadie lo anunciara.

Lo que sorprende, y emociona, es lo que está pasando ahora.

Yuridia llega al GNP después de llenar la Plaza de Toros México en 2025 con un espectáculo en formato 360. La cantante emergida de La Academia viene de una carrera de veinte años, y hoy es una de las voces más escuchadas del país. Está haciendo historia con dos noches consecutivas en un recinto con capacidad para 65 mil personas. La primera fecha se agotó en tres días. La segunda existe porque el público la exigió.

The Warning llega con una historia igual de contundente. Las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, de Monterrey, ya habían estado en ese escenario. Pero como teloneras de Foo Fighters y Muse. En febrero vuelven al mismo lugar, esta vez como el acto principal. En el camino agotaron tres fechas seguidas en el Auditorio Nacional en 2025 y llegaron al número uno del Mainstream Rock Airplay de Billboard con “Kerosene”, convirtiéndose en la primera banda mexicana y la primera agrupación solo de mujeres en encabezar esa lista en sus 45 años de historia. Antes del GNP tocarán en el medio tiempo del partido de la NFL en la Ciudad de México, entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers. Su concierto en el inmueble de Iztacalco será con The Linda Lindas como invitadas. Dos bandas de mujeres en la misma noche.

Los de Yuridia y The Warning han sido dos caminos distintos hacia el mismo escenario. Una viene del regional mexicano y de un público que la acompañó durante dos décadas. Las otras vienen del rock, de Monterrey y de una carrera construida canción por canción hasta llegar a las listas internacionales. Ninguna llegó ahí por invitación. Llegaron porque vendieron los boletos.

El GNP nació porque un estadio dijo que no. Hoy es el que dice que sí. Sí a las mexicanas, sí al regional, sí al rock hecho en Monterrey. Y si algo demuestran estas fechas es que el escenario más grande de la ciudad ya no se presta: se gana. Ellas ya lo ganaron.

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El futuro se pinta en nuestras escuelas

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Este 31 de agosto, millones de niñas y niños regresaron a las aulas para iniciar un nuevo ciclo escolar. Regresaron con mochilas nuevas, cuadernos por estrenar y, seguramente, con esa mezcla de nervios y emoción que muchos recordamos de nuestros primeros días de clases.

Pero también regresaron a escuelas que no siempre están en las condiciones que merecen.

Hablar del derecho a la educación no puede limitarse a garantizar un lugar dentro de un salón de clases. También tenemos que preguntarnos en qué condiciones estudian nuestras niñas y niños. Porque el espacio en el que aprendemos también educa.

Una escuela limpia, iluminada, segura y cuidada transmite un mensaje muy distinto al de un plantel con paredes deterioradas, pintura descascarada, sanitarios en malas condiciones o espacios comunes abandonados.

Y no estamos hablando de un problema menor.

En la Ciudad de México, distintos diagnósticos sobre infraestructura educativa han identificado necesidades de mantenimiento y mejoramiento en planteles: desde las condiciones generales de funcionamiento y los servicios sanitarios hasta comedores, canchas deportivas, aulas digitales, espacios de usos múltiples y bibliotecas.

Son números y diagnósticos, pero detrás de cada necesidad hay niñas, niños, maestras, maestros y familias que todos los días viven esas condiciones.

La buena noticia es que existen esfuerzos gubernamentales para atender el problema y programas enfocados en la rehabilitación de planteles. Hay que reconocer esos esfuerzos. Pero también entender que el tamaño del desafío requiere mucho más.

En La Magdalena Contreras lo sabemos bien. Nuestra geografía, las condiciones de algunos planteles y las necesidades de distintas comunidades hacen indispensable mantener la infraestructura educativa como una prioridad.

Por eso estoy convencida de algo: la recuperación de nuestras escuelas no debe ser solamente una tarea de gobierno; puede convertirse también en una gran causa comunitaria.

Eso no significa sustituir las obligaciones de las autoridades. Significa reconocer el enorme poder que aparece cuando madres y padres de familia, docentes, vecinos, sociedad civil, iniciativa privada y autoridades somos capaces de trabajar alrededor de un objetivo común.

Lo he visto personalmente.

He tenido la oportunidad de participar en jornadas en las que una comunidad se organiza para recuperar una escuela. Llegamos a pintar paredes, rehabilitar espacios y trabajar; pero al terminar ocurre algo mucho más importante que un cambio de color.

La comunidad hace suyo nuevamente ese espacio.

Una mamá pinta una pared. Un papá ayuda a mover materiales. Los maestros participan. Los vecinos se acercan. Y las niñas y los niños regresan después a una escuela diferente sabiendo que hubo personas que dedicaron tiempo y esfuerzo para mejorar el lugar donde estudian.

Así  que pintar una escuela es mucho más que pintar sus paredes. Pintar una escuela es construir comunidad.

Es decirles a nuestras niñas y niños, sin necesidad de pronunciar una sola palabra: ustedes importan y el lugar donde construyen sus sueños también importa.

Una jornada de pintura no resuelve por sí sola los problemas de infraestructura. Hay necesidades estructurales que requieren presupuesto, planeación, mantenimiento permanente y la intervención de las autoridades competentes.

Este nuevo ciclo escolar debería servirnos para recuperar una conversación fundamental: ¿qué tipo de espacios estamos ofreciendo a las generaciones que construirán el futuro de nuestra ciudad?

Queremos una Ciudad de México donde ninguna niña o niño tenga que acostumbrarse al deterioro.

Donde una pared abandonada no sea parte normal del paisaje escolar.

Donde cuidar una escuela sea también una manera de cuidar a nuestra comunidad.

Y que en La Magdalena Contreras demostremos que cuando sociedad y comunidad se organizan, pequeñas acciones pueden provocar grandes transformaciones.

Tenemos un ciclo escolar completo por delante.

Volvamos a las escuelas. Volvamos a organizarnos.

Porque el futuro se pinta en nuestras escuelas.

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Paridad sustantiva

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México tendrá en 2027 uno de los procesos electorales más grandes de su historia. La autoridad electoral ya puso un número sobre la mesa y los partidos políticos nacionales deberán destinar en conjunto 236 millones 379 mil 950 pesos —el 3% de su financiamiento ordinario— exclusivamente a fortalecer el liderazgo político de las mujeres. Es un mandato legal, no una sugerencia, y llega después de avances reales, entre paridad en el Senado desde 2018, paridad en la Cámara de Diputados desde 2021, una presidenta electa en 2024, gabinetes federales paritarios, cerca de 40% de gubernaturas y 30% de presidencias municipales en manos de mujeres.

Esos datos hay que decirlos sin adornos, pero también hay que decir lo que no muestran y es que la paridad numérica no es paridad de poder. Ocupar un escaño no significa controlar las carteras de mayor peso presupuestal —seguridad, hacienda y gobernación siguen siendo territorio mayoritariamente masculino—. Y la representación no elimina la violencia política de género, que sigue documentándose en cada proceso electoral entre amenazas, suplantación de funciones una vez ganado el cargo y campañas de desprestigio que sus contrincantes hombres no enfrentan.

Existe la idea, cómoda para quien no quiere invertir en resolverla, de que si una mujer quiere hacer carrera política, simplemente lo logra. Ignora un hecho estructural: el acceso a financiamiento, contactos partidistas y capital político se ha distribuido de forma desigual durante décadas, y los partidos —gate-keepers de facto de las candidaturas— han operado bajo esa lógica.

A nivel global, el panorama de 2026 documentado por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres es más frío que el caso mexicano y solo 28 países tienen mujeres como jefas de Estado o de gobierno, las mujeres ocupan apenas 27.4% de los escaños parlamentarios del mundo y 22.4% de los cargos ministeriales, con retroceso documentado en la última medición de gabinetes. El patrón se repite en casi todos los países en donde las mujeres al frente de derechos humanos e igualdad de género; hombres al frente de defensa, gobernación, justicia y economía.

México está mejor posicionado que ese promedio, pero eso no equivale a haber resuelto el problema. La propia legislación mexicana lo reconoce y la obligación de destinar recursos etiquetados al liderazgo femenino no existiría si la paridad numérica ya garantizara paridad sustantiva.

Nuestro país tiene datos que respaldan avances reales en representación política femenina y, documentado por sus propias instituciones, evidencia de que esos avances no eliminaron la violencia política de género ni la concentración de poder real en manos masculinas. El financiamiento obligatorio de 236 millones de pesos para 2027 confirma que el sistema político reconoce el problema. La pregunta abierta es si ese dinero se traduce en formación con continuidad, o en cursos sin seguimiento que cumplen el requisito legal sin resolver nada de fondo.

México llega a las puertas de uno de sus procesos electorales más grandes con avances innegables en representación femenina, pero también con tareas pendientes que ninguna cuota, por sí sola, resuelve. Es importante que las mujeres que decidan competir no lo hagan solas, no lo hagan sin herramientas y no lo hagan sin una red que las sostenga antes, durante y después de la elección. Esa es, en última instancia, la diferencia entre abrir una puerta y construir un camino.

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