¿Te imaginas que, en medio de la complejidad laboral y de una competencia cada vez más feroz, existiera una alternativa que cabe en la palma de tu mano? Que desde tu celular, con algo de edición y creatividad, pudieras generar los ingresos que la vida académica te prometió y nunca terminó de cumplir. Para muchas juventudes en Latinoamérica, esa alternativa ya tiene nombre: ser influencer.

La magnitud del fenómeno es notable. De acuerdo con un estudio de Morning Consult, el 57% de la Generación Z, jóvenes de entre 13 y 26 años, afirmó que se volvería influencer si tuviera la oportunidad, una cifra casi idéntica al 59% registrado en 2019. Más de la mitad dejaría su empleo actual si el contenido le permitiera sostener su estilo de vida, y casi un tercio incluso pagaría por esa oportunidad. El estudio se realizó en Estados Unidos, y valdría la pena replicarlo en Latinoamérica o, al menos, en México.

Lo que más me llama la atención es la esperanza que muchos jóvenes depositan en las redes: la idea de que a través de ellas pueden cerrar la brecha económica y alcanzar una movilidad social que, al parecer, ningún otro camino les ofrece. Y no les faltan razones para buscar alternativas. El Informe de Movilidad Social en México 2025, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), concluye que en nuestro país la condición de origen se perpetúa y que la educación sigue sin ser un motor de movilidad. Según la encuesta en la que se basa, 50 de cada 100 personas que nacen en el 20% más pobre de la población permanecen en ese mismo nivel durante toda su vida adulta. Además, quienes tienen tonos de piel más oscuros enfrentan mayores obstáculos para ascender: el 57% de ellos se queda en el escalón más bajo, frente al 34% de quienes tienen piel clara. Dicho de otro modo, no tenemos las oportunidades que tanto nos prometieron los partidos políticos.

Ante este panorama, las redes sociales parecerían el espacio donde el clasismo y el racismo por fin se diluyen. Pero no es así. Un estudio de la agencia MSL y The Influencer League encontró una brecha salarial del 29% entre influencers blancos y BIPOC (personas negras, indígenas y de color), que se amplía al 35% entre influencers blancos y negros. Además, el 49% de los influencers negros consideró que su raza influyó en que les ofrecieran menos dinero. El estudio tiene dos limitaciones: lo realizó una agencia de relaciones públicas y no una universidad, y se hizo en Estados Unidos. Habría que investigar si esta desigualdad también permea en México.

Es decir, uno puede dedicarse a las redes sociales creyendo, de manera ingenua, que el algoritmo premiará el buen contenido. Sin embargo, por más bueno que este sea, es probable que se tope con los mismos obstáculos que atraviesan al resto de la sociedad.

Antes pensábamos que un título universitario y una especialización eran la llave para acceder a mejores oportunidades. Hoy esa certeza se tambalea, y la lógica del mercado laboral se parece cada vez más a una vieja lección del marketing: se puede tener un buen producto con una mala publicidad, o un producto mediocre con una publicidad brillante. Y casi siempre vende más el segundo.

Quienes nos movemos en el mundo de las redes sociales, estrategas, creadores de contenido o influencers, no escapamos de esa regla. A veces es el tipo de contenido, y no la calidad de lo que ofrecemos, lo que nos coloca en una posición económica más favorable. Ahí surge la pregunta que da origen a esta columna: ¿qué pasa cuando a alguien le va muy bien sin tener un buen servicio o producto, simplemente porque aprendió a grabar videos y editarlos de forma atractiva? ¿Qué lugar queda entonces para el esfuerzo, el estudio y la investigación que hay detrás de un trabajo bien hecho?

La investigación académica ofrece algunas pistas. Brooke Erin Duffy, investigadora de la Universidad de Cornell, llama “trabajo aspiracional” a la labor creativa que se realiza sin pago con la esperanza de algún día vivir de lo que se ama, y documenta que solo unos cuantos logran convertirla en un empleo de tiempo completo. En un estudio posterior, publicado en 2021 en la revista Social Media + Society, Duffy y su equipo entrevistaron a creadores de Instagram, YouTube, TikTok y otras plataformas, y concluyeron que sus carreras dependen de una visibilidad tan prometedora como inestable, sujeta a los vaivenes del mercado, de la industria y de los algoritmos. Los números lo confirman: según Goldman Sachs, apenas el 4% de los creadores en el mundo gana más de 100,000 dólares al año.

Entonces, ¿las redes sociales son la nueva democracia? Quizá sí abrieron una puerta que durante siglos estuvo cerrada para muchas personas: hoy alguien sin contactos ni apellido puede hacerse visible. Pero esa puerta es estrecha, y del otro lado no siempre gana quien más sabe, sino quien mejor se muestra. Las redes no eliminaron la vieja tensión entre la forma y el fondo; solo le cambiaron de escenario. Tal vez la pregunta no sea si debemos apostar por un título o por un perfil con miles de seguidores, sino cómo construir espacios, en las aulas, en los empleos y también en las plataformas, donde el talento y el trabajo bien hecho tengan el lugar que merecen. Hasta entonces, tal vez democracia se escriba RRSS, pero con letra pequeña.

Referencias

Centro de Estudios Espinosa Yglesias. (2025). Informe de Movilidad Social en México 2025: la persistencia de la desigualdad de oportunidades. CEEY. https://ceey.org.mx/informe-de-movilidad-social-en-mexico-2025/

Duffy, B. E. (2017). (Not) getting paid to do what you love: Gender, social media, and aspirational work. Yale University Press.

Duffy, B. E., Pinch, A., Sannon, S. y Sawey, M. (2021). The nested precarities of creative labor on social media. Social Media + Society, 7(2). https://doi.org/10.1177/20563051211021368

Goldman Sachs Research. (2023). The creator economy could approach half-a-trillion dollars by 2027. Goldman Sachs.

Morning Consult. (2023). Gen Zers still really want to be influencers. https://pro.morningconsult.com/analysis/gen-z-interest-influencer-marketing

MSL U.S. y The Influencer League. (2021). Time to face the influencer pay gap. https://mslgroup.com/whats-new-at-msl/msl-study-reveals-racial-pay-gap-influencer-marketing

Doña Lupe tiene tres tambos azules en la azotea. Cuando llueve, acomoda una manguera que baja del techo y los llena. Con esa agua lava la ropa, trapea y le echa al baño. Cuando llega la pipa, el agua limpia se queda para cocinar y bañarse. Nunca ha oído hablar de “gestión integral del recurso hídrico”, pero lleva veinte años haciéndolo.

Me acordé de ella durante la Semana de Acción por el Clima. Del 5 al 9 de octubre hubo más de 250 actividades y más de 6 mil asistentes, y la palabra sustentabilidad salió en casi todas las mesas. Se habló de economía circular, de reducir 35% las emisiones hacia 2030, de soluciones basadas en la naturaleza. Todo muy necesario, pero casi no escuché hablar de la gente que ya hace todo eso sin que nadie se lo pida.

Y es que en las periferias de esta ciudad la sustentabilidad no es tendencia, es supervivencia. Está en la azotea de doña Lupe. Está en el ropavejero que recorre la colonia comprando fierro viejo, en el señor que arregla licuadoras en una mesita afuera de su casa, en el tianguis donde la ropa tiene segunda, tercera y cuarta vida, está en las personas recicladoras de base, que separan cartón, PET y aluminio para venderlo por kilo. Esa es la economía circular más grande de la Ciudad de México.

El gobierno reportó durante la Semana que el reciclaje creció 45% en siete meses y es una buena noticia, pero vale la pena preguntarse quién hace, todos los días, el trabajo de separar, cargar y mover esos materiales. En esta ciudad, buena parte lo hacen los trabajadores voluntarios de limpia, que van en los camiones recolectores sin salario, sin contrato y sin seguro médico. Hace unos años, un informe de la organización WIEGO, presentado junto con la Comisión de Derechos Humanos capitalina, estimó que eran alrededor de 10 mil y documentó sus condiciones como violatorias de derechos.

Ahí está la contradicción. La sustentabilidad de los foros es una aspiración; la de los barrios es una carga. Quien capta lluvia lo hace porque el agua no llega. Quien repara lo hace porque no alcanza para comprar nuevo. Quien recicla lo hace porque no tiene otro empleo. Las prácticas son sustentables, pero las condiciones son injustas y eso es justicia ambiental.

El consumo y las emisiones se concentran en unas zonas de la ciudad. El esfuerzo de limpiar, ahorrar y reutilizar, y los impactos del calor, la escasez y las inundaciones, se concentran en otras. Mientras unos hablan de sustentabilidad, otros la sostienen con el cuerpo.

Y conste que hay mucho que reconocer. Organizaciones de la sociedad civil, colectivas y universidades llevan años acompañando a comunidades, defendiendo los derechos de las personas recicladoras y empujando a que se haga más; Isla Urbana, por ejemplo, abrió camino a la cosecha de lluvia en la ciudad mucho antes de que fuera política pública. Hay empresas que ya se comprometieron a reducir sus emisiones y que tendrán que aportar su parte a la meta de 2030. Nada de eso es menor y justamente porque hay voluntad y avances, vale la pena preguntarnos cómo hacer que lleguen primero a quienes más lo necesitan.

Un buen ejemplo de esos avances está en el agua. La ciudad ya tiene un programa que reconoce lo que doña Lupe hace por instinto: Cosecha de Lluvia, de la Secretaría del Medio Ambiente, que desde 2019 instala gratis sistemas de captación de agua de lluvia, los famosos SCALL, en viviendas de zonas con escasez. No son tambos con manguera: tienen canaletas, separador de primeras lluvias, filtros y desinfección, y pueden captar alrededor de 10 mil litros al año por casa.

Es de las mejores políticas ambientales que tiene la capital y justo por eso vale la pena hacerla crecer con un criterio claro de justicia social. Registrarse no garantiza la instalación, y el año pasado el programa se dirigió a las colonias cercanas al estadio del Mundial. La pregunta es cómo llega primero a todas las casas que hoy viven del tandeo y la pipa.

No se trata de romantizar la necesidad ni de pedirle a doña Lupe que haga más, se trata de que la política pública reconozca lo que ya existe y lo convierta en derechos. Se me ocurren algunas ideas.

Ampliar Cosecha de Lluvia con prioridad explícita para las colonias con tandeo, publicar a qué colonias y cuántas viviendas llega cada año, y garantizar acompañamiento para el mantenimiento. Que los tambos de doña Lupe se conviertan en un SCALL de verdad.

Reconocer a las personas recicladoras de base y a los trabajadores voluntarios de limpia como parte formal del sistema de residuos, con pago justo, seguridad social y equipo de protección. Sin ellas, cualquier cifra de reciclaje sería mucho menor.

Apoyar los talleres de reparación y los mercados de segunda mano con créditos, espacios y capacitación. Si queremos economía circular, ya existe; solo hay que dejar de tratarla como informalidad.

Y una última, para la próxima Semana de Acción por el Clima, que doña Lupe, el señor de las licuadoras y las mujeres recicladoras sean ponentes, no como ejemplo inspirador, sino como expertas. Porque lo son.

La sustentabilidad de esta ciudad no hay que inventarla. Hay que voltear a verla, aprender de ella y, sobre todo, que dejen de pagarla quienes menos tienen.

Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convierte sus obsesiones personales en un asunto político internacional. Este 9 de octubre, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la jurista sudafricana Navi Pillay por su defensa de los derechos humanos y del derecho internacional, mientras el Gobierno de Trump anunciaba nuevas sanciones contra el Tribunal Penal Internacional (TPI).

La coincidencia resulta, cuando menos, irónica. Después de insistir públicamente en que merece el Nobel de la Paz, Trump vuelve a quedar fuera de la lista de galardonados. Y Pillay, al conocer la noticia, respondió con humor: bromeó con que quizá compartiría el premio con él si el público seguía aplaudiendo. Una frase breve, pero suficiente para poner en evidencia la distancia entre buscar un reconocimiento y construir una trayectoria que lo respalde.

No es la primera vez que el Nobel se cruza con las aspiraciones del mandatario estadounidense. En enero de este año, la opositora venezolana María Corina Machado le entregó a Trump la medalla física del premio que ella recibió en 2025, como gesto de agradecimiento por su respaldo a la causa venezolana. Sin embargo, una medalla puede regalarse; el reconocimiento no se transfiere. Trump recibió el objeto, pero no se convirtió en laureado del Nobel.

El episodio retrata una forma de entender la política en la que los símbolos, los reconocimientos y la imagen personal parecen tener tanto peso como los resultados. Pero la paz no se acredita con una medalla ni se demuestra mediante declaraciones públicas. Se construye con decisiones, instituciones y respeto a las reglas.

La trayectoria de Navi Pillay contrasta con esa lógica. Fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, integró el Tribunal Penal Internacional y encabezó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También presidió una comisión de investigación de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados. Su reconocimiento no responde a una aspiración personal, sino a una carrera dedicada a la defensa de los derechos humanos y al combate de la impunidad.

Por eso, el anuncio de nuevas sanciones estadounidenses contra el TPI adquiere una relevancia particular. La Administración Trump sostiene que el tribunal amenaza la soberanía de Estados Unidos y rechaza su autoridad sobre ciudadanos y dirigentes estadounidenses. El tribunal, por su parte, denunció las medidas como un intento de obstaculizar la justicia internacional.

Puede que no haya elementos suficientes para asegurar que las sanciones fueron una represalia directa por el Nobel, pero la coincidencia de ambos anuncios exhibe una contradicción política que es difícil de ignorar, porque mientras se reconoce a una jurista por defender el derecho internacional, una de las principales potencias del mundo endurece su presión contra una institución encargada de perseguir crímenes internacionales.

La discusión no consiste en afirmar que el TPI es infalible ni en negar que los Estados puedan cuestionar su competencia. Consiste en distinguir entre defender la soberanía por las vías jurídicas y recurrir a la presión económica para debilitar a una institución cuya actuación resulta incómoda.

Para México y América Latina, el debate no es ajeno. Somos países que han recurrido al derecho internacional para defender la soberanía, los derechos humanos y la solución pacífica de controversias. Esos principios pierden consistencia si los defendemos únicamente cuando favorecen a nuestros gobiernos o coinciden con nuestras afinidades políticas.

La paz necesita diplomacia, pero también necesita justicia. Sin mecanismos de rendición de cuentas, corre el riesgo de convertirse en una tregua que protege a los poderosos y deja a las víctimas esperando indefinidamente.

Al final, el problema no es que Trump quiera recibir un premio, cualquier dirigente puede aspirar a un reconocimientos pero el problema aparece cuando esa aspiración parece confundirse con un derecho personal y cuando las instituciones que no responden a sus intereses se convierten en adversarias.

El Nobel no se entrega por insistencia, ni el derecho internacional debería depender del capricho de nadie. Parte del trabajo para velar la paz trata en respetar las reglas.