El respeto a la inmunidad diplómatica tanto de los espacios físicos cómo del personal de las embajadas, velada en la Convención de Viena, ha sido regulada desde 1963 en el marco internacional en donde 190 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y observadores permanentes como Palestina y la Santa Sede, se adscribieron a ella.

Sin embargo en una sola semana, dos gobiernos, ambos democracias establecidas, han sido acusadas de violar las leyes para misiones extranjeras. Por un lado el 1º de abril, la embajada de Irán en Damasco fue bombardeada, al parecer por Israel, matando a varios comandantes de alto rango de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán.

Por otro lado, a la par de haber declarado persona non grata a la Embajadora de México, Raquel Serur, el 5 de abril, la policía ecuatoriana entró a la embajada de México en Quito por la fuerza, para detener al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, quien solicitaba asilo político.

Ambas acciones han dado lugar a denuncias de violaciones al derecho internacional y los preceptos emanados de la Convención de Viena, han sido sujetas de diversas condenas internacionales y se han prestado a interpretaciones a la ley pero, sobre todo, sientan un precedente histórico que es preocupante en toda la extensión.

Los dos incidentes son graves, sin embargo en el caso de Irán, el incidente es más grave porque implicó la perdida de vidas humanas, y mientras que Israel argumentó que la residencia del embajador iraní no era realmente una sede diplomática sino un edificio civil disfrazado y un objetivo legítimo, el pasado 13 de abril, una represalia por parte del gobierno iraní, quien incursionó un ataque con drones de la misma magnitud que los ataques rusos contra Ucrania en bases regulares, suscitó la inmediata intervención de las fuerzas de Estados Unidos y Gran Bretaña y urgió a una reunión de los países miembros del G7, quienes condenando el ataque, advirtieron medidas inmediatas y conminaron a ambas partes a un ejercicio de contención.

En el caso de Ecuador y México, el centro de la disputa diplomática es el vicepresidente Glas, quien cumplió desde 2017 una condena de 4 años por corrupción y enfrenta un juicio por diferentes cargos, lo que motivó en diciembre de 2023, una solicitud de asilo político que México aceptó.

Esto desencadenó que Ecuador enviara policías a la embajada de México con la justificación de que Glas no puede recibir asilo por ser un delincuente convicto y si bien, dicha afirmación se encuentra en la Convención sobre el Derecho de Asilo de 1954 de la Organización de Estados Americanos, el artículo 21 de la Convención de Viena establece que las misiones diplomáticas gozan de plena inmunidad y extraterritorialidad, es decir, el gobierno no tiene derecho a entrar a la embajada.

Ecuador argumenta que México abusó de su inmunidad diplomática, por lo que no quedó más remedio que enviar a la policía, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador en declaraciones hechas esta semana, confirmó que pese a las condenas internacionales, no se arrepiente de la intervención.

La reacción internacional ante las violaciones en dichas embajadas fue laxa, pero sienta un precedente que erosiona los preceptos del derecho a la inmunidad diplomática en un momento geopolítico intenso y hará que la diplomacia y su ejercicio sea cada vez más compleja.

Uno de los referentes entre las juventudes estadounidenses en las elecciones del 2016 fue Bernie Sanders. Su visión socialdemócrata antiestablishment atrajo a nuevos votantes, fortaleció sus bases y acerco a miles de entusiastas alrededor de su campaña y sus propuestas, y quien, pese a no obtener la nominación, se convirtió en un fenómeno político estudiado a la larga e incluso replicado.

Este fenómeno fue el principio marcado de un sentimiento que ha crecido a lo largo de los años alrededor del globo, ya no solo con las juventudes, sino con el grueso de los votantes (que si votan, hay que decir) y ha colocado en la presidencia a personajes completamente controversiales como Bukele en El Salvador o recientemente a Milei en Argentina, llevando a los países a extremas contrarias.

Este fenómeno lo hemos visto repitiéndose en ciclos en donde las personalidades más sagaces traen las “propuestas políticas” más innovadoras en un momento de cansancio social, dan un respiro o un golpe de timón a lo que parece ya marcado en el libreto del quehacer político: mismas propuestas con diferentes nombres, ataques feroces de errores y señalizaciones por corrupción y una innumerable cantidad de deseos como carta de Santa Claus, irrealizables nada más por el solo hecho de que son estructuralmente imposibles o porque son totalmente inútiles.

Este fenómeno no surge de un momento político, sino de una enorme falta de oído. Los políticos de siempre parecen saber de cierto que necesitan sus electores sin siquiera escucharles o ya de perdida, mostrar un poco ya no de empatía, de simpatía y seriedad.

La construcción democrática, esa que avizoramos a largo plazo como un cambio transfornacional, va mucho más allá de fenómenos y promesas momentáneas. Estamos avanzando a un momento político transicional en el que las agendas tienen que ser robustas, realistas, claras y con rumbo, ajustadas a estas nuevas realidades locales, nacionales e internacionales. Ajustadas a los problemas y necesidades actuales y los que son inminentes en un futuro (no es una caja de pandora, menos una china).

El secreto oculto sin embargo está en que estas buenas propuestas y agendas, que existen, no necesariamente son traducidas de manera eficaz, ya sea por la efervescencia política casi agotadora a la que estamos sometidos todos los días, ya sea porque hay que ganar la elección. Entonces, ¿cómo podrán las y los candidatos entender las necesidades para que las personas emitan un voto pensado en propuestas?, ¿les conviene?

Valdría la pena, por lo menos en nuestro país, hacer un ejercicio de consciencia en donde las y los autoproclamados ganadores de debates, presentes y futuros, hablaran menos y escucharan más. Y que en esos futuros debates, fueran justamente esas agendas, esas propuestas y esos proyectos, tan necesarios, los ganadores.

En los primeros días de junio de 2024, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, habrán calificado la elección y le entregarán la constancia de mayoría a otra mujer que será la presidenta de la República a partir de octubre.

Setenta años después de que se otorgara a las mujeres el derecho a votar y ser votadas, y tan solo seis años después del gran paso en la igualdad que fue la ley Paridad en Todo, tendremos una foto cargada de simbolismo donde, por primera vez, las mujeres no serán la minoría que se coló en el poder.

Sin embargo, no estamos aquí solo por la foto. Hay muchas batallas que se han librado para que hoy tengamos estos espacios de poder y hay que seguir luchando para poder ejercerlo con libertad. Existe mucho ruido alrededor de la violencia política en razón de género, pero los árbitros electorales han tenido pocos “dientes” para sancionarla.  Aunque existe un registro de personas sancionadas por este tipo de violencia en el cual hay 335 nombres, fuera de la exposición pública, falta mucho para dar justicia a las víctimas.

Por otro lado, ha habido casos como el de la periodista y académica Denise Dresser, quien fue acusada por la diputada Andrea Chávez de violencia política. Aunque el Tribunal revocó la multa y la sanción de Dresser argumentando que ejercía su libertad de expresión, queda la duda sobre qué es y qué no es un acto de violencia. Hay críticas hacia las candidatas, no solo las presidenciales, sino en todos los puestos de elección popular, que dejan a un lado las propuestas y visión de país y se enfocan en la violencia simbólica y estética. Una sociedad que normaliza esta violencia (viniendo de hombres o de mujeres) difícilmente podrá observarla y menos, sancionarla. Esto, al final, no le beneficia en nada a la democracia.

Debemos tener tolerancia cero a la violencia, venga de quien venga, y no permitir el acceso al poder de personas violentadoras. En diciembre de 2023, el INE aprobó la Ley 8 de 8 contra la violencia, que expande la 3 de 3 y que podrá retirar candidaturas a las personas que incurran en cualquiera de estos ocho supuestos de violencia:

1. ⁠Comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal;

2.⁠ ⁠Contra la libertad y seguridad sexuales;

3.⁠ ⁠Cuando afecte el normal desarrollo psicosexual;

4.⁠ ⁠Violencia familiar;

5.⁠ ⁠Violencia doméstica;

6.⁠ ⁠Violación a la intimidad sexual;

7.⁠ ⁠Violencia política, y

8.⁠ ⁠Ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Avanzar en la sanción efectiva a la violencia también es una tarea pendiente. Las mujeres no vamos a dar un paso atrás y no vamos a acostumbrarnos a la violencia. Por ello, el TEPJF adelantó que ya está trabajando en la creación de una Defensoría para las Mujeres para juzgar y calificar las elecciones con perspectiva de género y coadyuvar a erradicar esta violencia que es su mayor obstáculo para el acceso y el ejercicio del poder.

La violencia, como lo vimos en la marcha del 8 de marzo, nos sigue atravesando a todas las mujeres sin importar el origen, preferencia política, orientación sexual o etnicidad. Nuestra lucha es erradicarla en todos los ámbitos, incluyendo, evidentemente, el de la política.