Casi sin darse cuenta, la gente del río Pánuco vio cómo su entorno comenzó a cambiar. Primero, una alteración que parecía imperceptible en la corriente, un aumento inusual en la salinidad del agua. Luego, llegó el olor. Un vaho tenue a podredumbre que se colaba por las ventanas y se instalaba en la garganta. Al principio, aparecieron unos cuantos peces muertos flotando en las orillas del río y el estero El Camalote. Parecían casos aislados, pero pronto comenzaron a amontonarse por miles.

Cuando las comunidades pesqueras alzaron la voz, asustadas por lo que el río estaba arrojando, la primera reacción desde el poder fue la minimización institucional. Las autoridades desestimaron la crisis; hablaron de compuertas abiertas y fenómenos naturales.

Para calmar el ruido mediático, la respuesta fue cavar hoyos de forma apresurada. Echar cal, sepultar los cuerpos de los peces en la tierra y pretender que, al no verse, la tragedia no había ocurrido. Fue el clásico intento de tapar el sol con un dedo.

Sin embargo, la putrefacción no entiende de narrativas oficiales. Con el paso de los días, el problema se volvió insostenible. El olor se hizo tan asfixiante que hoy obliga a la gente a caminar con cubrebocas. Las imágenes que circulan ya no muestran un río, sino un manto inerte, una costra de muerte que desborda por todos lados. Las fosas improvisadas por la autoridad ya superan los diez metros cuadrados y, aun así, no alcanzan. La realidad superó por completo el pequeño dedo gubernamental que quería tapar el inmenso sol.

Llegados a este punto, debo ser honesto con quien me lee. Aunque este ecocidio es real y duele profundamente, no estoy hablando de los peces. Estoy hablando de la crisis de las personas desaparecidas.

El río no es el Pánuco; el río es México. Las señales las estamos viendo todos. Vemos cómo la violencia está salando nuestra convivencia, cómo el tejido social se descompone y cómo los cuerpos siguen apareciendo. Primero a cuentagotas, luego por decenas, hoy por miles. Somos testigos de cómo, frente a la desesperación de las familias que escarban la tierra, la respuesta de las instituciones es, demasiadas veces, la negación, el maquillaje de cifras y el ocultamiento.

Hoy, la crisis nos estalla en la cara y las estadísticas oficiales son el olor podrido que no permite ocultar la realidad. No son peces; son más de 132 mil 500 personas desaparecidas que hoy conforman el Registro Nacional. La tragedia se aceleró frente a nuestros ojos: apenas en 2024 rompimos el récord histórico con más de 13 mil casos en un solo año, el punto más alto en la historia reciente del país.

El dolor desborda cualquier intento de contención gubernamental porque el Estado, sencillamente, colapsó. La impunidad es absoluta. Hay registro de apenas 3,800 investigaciones formales para un universo de más de 130 mil desaparecidos. Es decir,  la autoridad no está buscándose. Lo que es peor: el propio gobierno reconoce que en el 36% de los expedientes ni siquiera hay datos suficientes para iniciar una búsqueda real: carpetas vacías, nombres arrojados a la fosa del olvido burocrático.

Es imposible ocultar una tragedia sistémica cuando la evidencia nos respira en la nuca. El humanismo en lo público exige dejar de mirar hacia otro lado y asumir que el Estado nos está fallando en su mandato fundacional: proteger la vida. No podemos seguir normalizando que el suelo de nuestro país sea un cementerio clandestino.

«Pero mira cómo mueren los peces en el río, pero mira cómo mueren por solo haber nacido. Mueren y mueren y vuelven a morir, los peces en el rio, por solo haber nacido.». Y no, no solamente estoy hablando de peces, dolorosamente no.

La mesa está lista para recibir al representante comercial de Estados Unidos y continuar con las negociaciones del T-MEC, en un momento que, aunque se presenta como una ronda más de diálogo, en realidad forma parte de un proceso mucho más amplio que definirá el lugar que México va a ocupar en la economía del futuro. Hoy, funcionarios estadounidenses llegan a la Ciudad de México para avanzar en temas que van desde reglas de origen y aranceles hasta inversión, propiedad industrial, cadenas de suministro y minerales críticos, lo que deja claro que no se trata de un solo ajuste, sino de una reconfiguración completa del acuerdo.

Y es que negociar con el gobierno de Donald Trump nunca ha sido, ni será, un proceso que deje tranquilo a México, sobre todo cuando lo que está en juego es el tratado que sostiene buena parte de su estabilidad económica, porque más allá de la relación comercial, se trata de una negociación con un socio que históricamente ha sido exigente, riguroso y dispuesto a presionar cuando sus intereses están en riesgo, lo que convierte cada revisión en algo más que un trámite técnico y la vuelve un momento de definición en el que México no solo defiende lo que ha construido, sino que también se ve obligado a adaptarse a condiciones cada vez más estrictas.

En ese sentido, lo que Estados Unidos está buscando no es únicamente ajustar reglas, sino reorganizar la producción dentro de su propia región para depender menos de Asia y, al mismo tiempo, asegurar que sectores estratégicos como la industria automotriz, los minerales críticos y las tecnologías emergentes queden bajo su control, de manera que el endurecimiento de las reglas de origen funciona como una herramienta para empujar inversión, procesos productivos y generación de valor hacia América del Norte, cerrando espacios para que México siga operando como un puente de entrada de insumos externos.

Sin embargo, este reacomodo no ocurre en condiciones de igualdad y, por el contrario, coloca a México en una posición más compleja, porque mientras Estados Unidos llega con una estrategia industrial clara y con capacidad para imponer estándares, México enfrenta el reto de no limitarse a defender lo que ya tiene, sino de adaptarse a un escenario que inevitablemente está cambiando, lo que implica mantener la certidumbre para no poner en riesgo la integración económica, pero también aprovechar la negociación para fortalecer su capacidad productiva, reducir dependencias y avanzar dentro de las cadenas de valor, ya que de lo contrario el riesgo no es salir del acuerdo, sino permanecer en él bajo condiciones que lo mantengan en un papel subordinado.

Bajo este contexto, la reunión que hoy se lleva a cabo en México deja ver una tensión de fondo entre lo que Estados Unidos quiere construir y lo que México necesita preservar, porque mientras desde Washington se impulsa una reconfiguración de las cadenas de suministro bajo criterios de seguridad económica, del lado mexicano el margen de maniobra está marcado por una dependencia estructural que no se puede ignorar, ya que más del ochenta por ciento de sus exportaciones dependen del mercado estadounidense, lo que hace que cualquier cambio en las reglas tenga un impacto directo en el crecimiento, la inversión y el empleo.

Por eso, el sector empresarial mexicano no está planteando una transformación radical del acuerdo, sino que insiste en algo más básico pero urgente, que es la certidumbre, porque cuando las reglas cambian constantemente no solo se afecta la competitividad, sino también la capacidad de planear, invertir y sostener operaciones a largo plazo, y en ese sentido lo que defienden no es una postura conservadora, sino una condición mínima para que el modelo actual siga funcionando, aun cuando reconocen que la presión de Estados Unidos obligará a hacer ajustes graduales, como fortalecer cadenas regionales o aumentar el contenido local, lo que inevitablemente implica costos adicionales y exige capacidades que no siempre están desarrolladas.

El T-MEC no se está revisando solo para mantener el comercio funcionando, sino para definir cómo se organizará la economía de América del Norte en los próximos años y, en ese escenario, México enfrenta una decisión que es más profunda de lo que parece: asumir un papel activo en esa transformación o permanecer dentro de ella bajo reglas que otros están diseñando.

Nací y crecí en Tetelco, mi pueblo en Tláhuac. No es solo un lugar con el que me identifico; es parte de lo que soy. Es una comunidad donde, como en tantas otras, las personas trabajan arduamente para ganarse lo que tienen. En Tetelco, la cultura del esfuerzo es un valor compartido y una necesidad diaria: la gran mayoría vive de lo que genera en su jornada y no existe el lujo de no trabajar. El compromiso con el esfuerzo es lo que mantiene a la comunidad en pie.

Hoy, mi camino profesional me ha llevado a rentar en la colonia Del Valle. Esta mudanza no fue una casualidad, sino parte de esa migración interna que enfrentamos quienes crecemos en la periferia: la necesidad de movernos hacia donde se concentran las oportunidades para poder crecer. En esta transición, he notado una paradoja que me obliga a reflexionar.

A pesar de que en Tetelco conozco a mis vecinos y ese sentido de comunidad me hace sentir protegido, crecí —como muchos ahí— con la costumbre de estar siempre alerta. Al caminar de noche, el instinto te dicta estar pendiente de cada sombra, voltear a los lados y cuidar el entorno. Al mudarme a la Del Valle, noté que esa necesidad de alerta disminuyó drásticamente. Esto no tiene que ver con las personas que habitan un lugar u otro; tiene que ver con la presencia o el abandono de las instituciones.

En comunidades como Tetelco, quienes delinquen a menudo no son personas del pueblo, sino externos que saben perfectamente que ahí hay menos vigilancia y que la autoridad suele ser omisa. Eligen la periferia porque saben que el costo de romper la ley es casi inexistente. En cambio, en zonas con mayor presencia del Estado, el que delinque sabe que la probabilidad de una consecuencia es real. La diferencia en nuestra tranquilidad no la hace el nivel de ingresos del vecino, sino la certeza de que la ley se aplica.

Esta realidad nos remite a la “Teoría de las Ventanas Rotas“. En 1969, un experimento demostró que un auto abandonado en una zona con vigilancia permanecía intacto hasta que alguien rompía el primer vidrio. A partir de esa ventana rota, el entorno recibía una señal clara: “aquí a nadie le importa lo que pase“. Inmediatamente, la transgresión se normalizaba y el caos se extendía.

La impunidad, entonces, no es solo la falta de castigo para un culpable; es una invitación abierta para que el desorden crezca. Cuando el entorno percibe que lo incorrecto se tolera, la resolución de cumplir las normas se debilita para todos.

En México, los datos del INEGI (ENVIPE 2025) nos indican que habitamos un edificio con demasiados vidrios rotos. Con una “cifra negra” del 93.2%, la ciudadanía ha entendido que denunciar suele ser un esfuerzo estéril. Esta realidad nos dice que la impunidad se ha vuelto transversal, pero se ensaña especialmente con las periferias que el Estado ha dejado en segundo plano.

Frente a este escenario, la solución por supuesto no es criminalizar la pobreza —un prejuicio que debemos erradicar—, sino exigir que el poder público asuma su responsabilidad. Necesitamos, además, más comunidad en la ciudad: conocernos los unos a los otros, construir redes de empatía y preocuparnos por lo que le sucede al vecino. Al mismo tiempo, necesitamos mayor presencia institucional. Ninguna de estas dos necesidades excluye a la otra; ambas son indispensables.

Al final del día, la razón primaria por la que se creó el Estado es precisamente para proteger al ciudadano y evitar que este tenga que protegerse a sí mismo. Para eso le cedimos el monopolio del uso legítimo de la fuerza y la capacidad de garantizar la paz. Cuando el Estado deja de hacer su trabajo, especialmente en las periferias, la comunidad se ve obligada a hacerlo por él. Al intentarlo, la comunidad se expone de manera injusta, porque no cuenta con los recursos, las herramientas ni la capacidad de fuego que el Estado sí tiene.

Reparar las ventanas de nuestra sociedad exige que la autoridad cumpla su mandato originario con la misma diligencia en cada rincón del país, para que la comunidad no tenga que vivir defendiéndose. Solo así lograremos que la seguridad deje de depender de un código postal y vuelva a ser lo que siempre debió ser: el derecho de todos.