En apenas cinco días, cuatro democracias muy distintas le mostraron la puerta —o al menos la tarjeta amarilla— a quien manda. Los votantes estadounidenses le arrebataron a Donald Trump el control del Congreso; el Senado paraguayo destituyó a Santiago Peña y la Fiscalía ordenó su detención casi de inmediato; el presidente de Israel encargó formar gobierno no a Benjamín Netanyahu, cuyo partido ganó las elecciones, sino a su rival Gadi Eisenkot, y en Francia la calle lleva semanas recordándole a Emmanuel Macron que su mayoría no existe.
La lectura optimista habla de contrapesos que funcionan y de poderosos que rinden cuentas; pero mirados en conjunto, estos episodios muestran que nuestros sistemas se han vuelto muy eficaces para decir “no” y cada vez más torpes para construir un “sí” que dure.
El voto de castigo es la forma más sana de rendición de cuentas, y en Estados Unidos e Israel la ciudadanía y sus representantes dijeron con claridad a quién no quieren al mando. El problema aparece al día siguiente, por un lado los demócratas han ganado el poder de frenar a Trump durante dos años, no un mandato claro para gobernar en su lugar, y por otro la mayoría que respalda a Eisenkot va de la derecha a la izquierda y probablemente necesitará a los partidos árabes y lo que une a esas coaliciones es, sobre todo, un adversario común; frente a Irán, Gaza o un presupuesto, ese pegamento puede resultar demasiado débil.
Francia muestra adónde conduce esa lógica cuando se vuelve permanente. Desde la disolución de la Asamblea en 2024, ningún primer ministro ha logrado una mayoría estable, y ese vacío lo ha llenado la calle con protestas, detenciones y huelgas, mientras la deuda se encarece y el centro político se evapora a seis meses de las presidenciales.
Paraguay añade una dimensión más inquietante con el castigo institucional exprés. Santiago Peña fue destituido apenas días después del cierre de un banco con el que tenía vínculos y que dejó a millones de ahorradores sin acceso a su dinero y si las acusaciones se prueban, la respuesta habrá sido ejemplar; pero cuando destituir a un jefe de Estado toma tres días, la pregunta no es solo si era culpable, sino qué garantías tendrá el siguiente.
¿Qué significa todo esto para la democracia? Que su salud ya no se mide solo por la capacidad de sacar a los gobernantes, sino por la de reemplazarlos con algo funcional sin dañar las reglas del juego. Un sistema que solo sabe castigar, fabrica votantes más enojados, líderes más efímeros e instituciones más expuestas, y cuando la desconfianza alcanza al árbitro, el castigo deja de ser un remedio y se vuelve un riesgo.
Ahí entra México, que llegará a 2027 con su propia versión del dilema. El 6 de junio se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales, y el árbitro que debe organizarlo atraviesa su momento más frágil en años. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, renunció entre señalamientos por contratos y conflictos de interés, y el instituto enfrenta recortes justo en año electoral. La respuesta del gobierno es, otra vez, la lógica del castigo, con el anuncio de pasada la elección, reducir sus facultades. Y mientras sus defensores ven austeridad y limpieza tras un escándalo real; sus críticos advierten que un árbitro debilitado es justo lo que una democracia no necesita frente a una elección amenazada, además, por el crimen organizado.
¿Hay salida? La hay, pero exige cambiar la pregunta y en lugar de discutir a quién castigar, las democracias necesitan acordar qué proteger mientras se castiga y eso se traduce en tres principios.
El primero es que las mayorías del rechazo se conviertan en mayorías de programa, con acuerdos públicos y verificables sobre unas pocas prioridades antes de gobernar; solo así la victoria de los demócratas o el mandato de Eisenkot no se agotarán en frenar a Trump o sacar a Netanyahu.
El segundo es separar la velocidad de la rendición de cuentas de la prisa del linchamiento y los juicios políticos deberían tener plazos mínimos de defensa, estándares de prueba definidos y la intervención de órganos técnicos independientes, para que la próxima destitución no dependa solo de la aritmética del Senado.
Y el tercero, y el más urgente para México, es tratar a los árbitros electorales como infraestructura crítica, ya que impiar el INE es indispensable, pero con más transparencia y no con menos autonomía; pensarlo con auditorías independientes, contratos abiertos y sanciones individuales a los responsables. El relevo en la presidencia del instituto debería salir de un acuerdo amplio, y gobierno y oposición podrían comprometerse a no tocar las reglas ni el presupuesto operativo del INE hasta que concluya la elección de junio.
La democracia no se defiende solo derribando a quien falla, sino reconstruyendo, a tiempo, aquello que nos permite volver a elegir y en 2027, México tiene la oportunidad de demostrar que todavía sabe hacer las dos cosas.