Hablar de feminismo en singular es una tremenda omisión ante la diversidad de tendencias, posturas y disputas que lo atraviesan. Para intentar atender esta omisión, considero que debe abordarse desde un punto de vista claro: lo político es un espacio de poder y de conflicto. Para ello es fundamental retomar la visión de Marta Lamas, quien en Dolor y política concibe al feminismo, con todas sus diferencias internas, como una propuesta de emancipación. Con frecuencia encuentro en los discursos mediáticos o de mera difusión un sesgo que denota falta de sentido crítico y mucho de mercantilización (Lamas, 2019).

Ante tal afirmación no puedo estar más de acuerdo. El movimiento feminista no es ajeno al oportunismo. Cada año vemos, en marzo, a empresas, gobiernos o partidos políticos apropiarse del discurso feminista sin siquiera discutir o poner sobre la mesa el debate de cómo trastocar y acabar con las estructuras que legitiman las violencias y desigualdades contra mujeres y niñas.

El simbolismo no transforma de fondo, y menos cuando el capitalismo utiliza de manera sistémica al género como un eje estructurante de la desigualdad en las sociedades capitalistas. Persisten estructuras que siguen perpetuando y legitimando desigualdades que se manifiestan en brechas salariales y en brechas de acceso al poder, sin que se cuestionen las estructuras de poder patriarcal.

Nos encontramos en medio de una auténtica crisis capitalista, de profunda gravedad, sin una teoría crítica que la esclarezca y mucho menos que nos conduzca hacia una resolución emancipatoria.

Por ello, toda acción que siga reproduciendo el “empoderamiento” individualizado —sin una auténtica emancipación de las mujeres— resulta limitada. La emancipación es una aspiración más amplia: más que reclamar el poder, implica liberarse de cualquier forma de subordinación, tutela o dependencia, como lo planteaban los feminismos anticapitalistas.

Wendy Brown afirma que el capitalismo reconfigura todos los aspectos de la vida, incluso los mensajes feministas, en términos económicos. Y aun en el caso de las privilegiadas que supuestamente estaban “empoderadas”, muy pocas lograron emanciparse del mandato cultural de la feminidad.

Mientras tanto, instituciones, partidos, empresas y marcas ocupan marzo para sus fines oportunistas. Como asegura Nancy Fraser, una de las peculiaridades del capitalismo es que trata sus relaciones sociales estructurantes como si fueran meramente económicas y apela a divisiones de estatus y resentimientos para desactivar, desplazar o incluso fomentar crisis políticas (Fraser, 2022).

Por lo pronto, analizar procesos culturales no significa justificarlos. Es un ejercicio intelectual que nos permite encontrar herramientas y vías para cambiar aquello que nos hiere, y no solamente reprobarlo. Para quienes marcharemos el domingo, saldremos a defender la alegría y el derecho a habitar el espacio público, un derecho que nos ha sido despojado por la cotidianidad violenta, desde lo más micro hasta lo político.

Salir a las calles con un grito enfurecido, con anhelos y denuncias llenas de dolor y rabia, es el reflejo de un síntoma mayor: el de violencias que estructuran nuestras relaciones políticas, económicas y con el territorio. Salir a la calle, hacer política y desplegar en el espacio público nuestros cuerpos, nuestras emociones y nuestras palabras es uno de los actos más profundos de disputa por el poder.

Ocupar el espacio público cada 8M es una protesta legítima. Lo deseable es que esta rabia y este dolor puedan transformarse y reflejarse en una eficacia política que nos aleje del empoderamiento —mercantilizado— y nos acerque a una auténtica emancipación.

Valeria Martínez Guzmán

Concejala en Venustiano Carranza

Lic. en Derecho UNAM

Hace seis años formé parte de una colectiva llamada Defensoras Digitales de Baja California. Era marzo de 2020 y estábamos promoviendo la aprobación de la Ley Olimpia en el estado. Esta ley impulsada por Olimpia Coral Melo agrupa reformas en México que tipifican y sancionan la violencia digital, especialmente la difusión de contenido íntimo sin consentimiento; para así proteger la dignidad de las víctimas (principalmente mujeres), con penas de 3 a 6 años y multas a los agresores.

Llegué a ese espacio muy naturalmente, entré por curiosidad y porque me parecía muy necesario y urgente que la Ley Olimpia se aprobara en mi estado.

Durante el tiempo que participé socializando esta propuesta legislativa, capacitándome sobre violencia digital y todo lo relacionado con el tema, aprendí mucho más que el fondo de la iniciativa. Aprendí sobre feminismo, sororidad y la lucha por los derechos de las mujeres; sobre seguridad, igualdad de oportunidades y sobre pertenecer a espacios de diálogo y toma de decisiones.

En julio de ese mismo año se aprobó la Ley Olimpia en el Congreso del Estado de Baja California. Mis compañeras y yo vimos la sesión como otros ven el Mundial: era lo más importante para nosotras en ese momento y no podíamos contener nuestra emoción al ver que, gracias a nuestro trabajo y esfuerzo se había aprobado en el Congreso de nuestro estado. Después de vivir esa experiencia, se me abrieron por completo los ojos ante la situación de injusticia, impunidad y desesperación que viven las víctimas de delitos; ya no hubo vuelta atrás.

En esos tiempos aún estaba muy popularizado el término “feminazi”, con el que se referían a las mujeres que simplemente exigían sus derechos humanos. Pero no me importaba si me identificaban con ese concepto, porque no iba a dejar de utilizar cualquier espacio que tuviera para visibilizar esta problemática y defender los derechos de las mujeres.

Porque vivimos en un país en el que, cada hora, dos mujeres son violadas;
Porque todavía caminamos por las calles con miedo a no regresar a casa;

Porque alzar la voz sigue siendo un acto de valentía y riesgo;
Porque una mujer aún gana 16 % menos que un hombre por realizar la misma labor;

Porque 60% de los puestos de Alta Dirección siguen siendo territorio exclusivamente masculino;
y por muchas razones más que gritan justicia en silencio.

Fue así como el 8M comenzó a sentirse como un segundo cumpleaños, una fecha muy especial: un día de memoria y lucha. Representa para mí un recordatorio de lo lejos que estamos de vivir en un país justo y seguro para nosotras, y al mismo tiempo me enorgullece ver lo mucho que hemos avanzado. Se lo dedico a todas las mujeres valientes que he conocido en este camino; su ejemplo me ha inspirado a ser quien soy y me impulsa a seguir participando y a exigir con más fuerza nuestros derechos.

Es marzo de nuevo, y con ello nos llenamos de activismo, de consignas y de sentimientos encontrados rumbo al 8M. Es un mes que invita a revisar lo que hemos avanzado y lo que aún duele. Y en este contexto quiero hablar de un tema que muchas veces se toma con cautela, pero que merece decirse con claridad: la violencia política no está bien.

Primero vamos a reconocer lo evidente: la violencia política contra las mujeres en razón de género existe. Está documentada, está tipificada y la viven muchas mujeres que participan en la vida pública (muchas lo hemos vivido en carne propia). Negarlo es irresponsable.

Pero también es cierto que la violencia política no siempre tiene una motivación de género. Hay mujeres —y hombres— que enfrentan descalificaciones, limitaciones, agresiones, ataques y muchas cosas más por el simple hecho de participar, opinar o tomar decisiones en el espacio público. Y eso tampoco está bien.

La política implica debate, contraste, competencia. Quienes estamos dentro de la vida pública lo sabemos: sabemos que hay resistencias, oposición, cuestionamientos. Todo esto es parte de la democracia y está bien, es sano.

Pero una cosa es debatir… y otra muy distinta es obstaculizar.

No es debate cuando te bajan tu publicidad o te bloquean tu propaganda como forma de intimidación o presión.

No es competencia que impidan el diálogo con la ciudadanía, que existan amenazas.

No es diferencia política que se prohíba a funcionarios atender gestiones por filias o fobias personales.

No es normal que alguien no pueda tener espacios dignos de trabajo simplemente porque “no cae bien” a quien tiene el poder.

Y mucho menos es aceptable condicionar la nómina o el sustento por caprichos.

Esto NO es estrategia política. Es abuso de poder. Es violencia.

Cuando se utilizan herramientas administrativas, recursos públicos o estructuras institucionales para castigar, aislar o debilitar a alguien por razones políticas, ya no estamos frente a una competencia democrática. Estamos frente a prácticas que lastiman a la democracia, no importan los colores ni los cargos.

La política no puede convertirse en un sistema de premios y castigos personales.

Porque cuando se normaliza que el acceso a espacios, información, recursos o gestiones dependa de simpatías, dejamos de hablar de instituciones y empezamos a hablar de feudos. Y los feudos no construyen democracia.

Estas prácticas no solo afectan a quien las vive, afectan también a la ciudadanía. Cada obstáculo impuesto por rencor, por presión o por “cálculo político” retrasa soluciones, bloquea gestiones y frena proyectos que podrían beneficiar a la comunidad.

La violencia política también es calladita, también opera en silencio: en la llamada que cancela un apoyo, en la llamada que vacía un evento, en la instrucción informal que cierra puertas, en el “no le ayuden” que circula en los pasillos.

Esto debe señalarse también.

Si queremos una política más ética, tenemos que empezar por rechazar estas prácticas, sin importar de dónde vengan. Porque la democracia no se defiende solo en los discursos o solo señalando a otros, sino en la forma en que ejercemos el poder todos los días.

Podemos competir, podemos disentir, podemos ganar y perder. No podemos usar las instituciones para ajustar cuentas personales. Cruzar esa línea nos debilita a todxs.

La democracia no es un favor que alguien concede, es un derecho que se ejerce.

Quien usa el poder para callar, bloquear o castigar, no está haciendo política: está debilitando las instituciones que juró respetar.

No importan los colores.
No importan los cargos.

Marzo nos recuerda la lucha por la igualdad y la dignidad. Pero la dignidad no es selectiva: o defendemos la democracia para todxs, o la estamos debilitando para todxs.