En el año 2025, la política migratoria en México se encuentra en un momento complejo. Entre presiones diplomáticas, necesidades humanitarias y transformaciones regionales, el país ha tenido que responder a flujos migratorios diversos, intensos y cada vez más prolongados. Aunque los esfuerzos institucionales han intentado adaptarse, los retos estructurales persisten, especialmente cuando se observan desde una perspectiva de derechos humanos e interseccionalidad.

Las personas migrantes que transitan o permanecen en México provienen de contextos marcados por crisis múltiples. En 2024, más de 2.4 millones de personas fueron detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos, según cifras del U.S. Customs and Border Protection. En su mayoría, provenían de Venezuela, Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba y también de países africanos como Senegal o Nigeria.
En estos países, los factores que detonan la migración son variados pero entrecruzados: violencia generalizada, pobreza estructural, inestabilidad política, falta de oportunidades laborales, efectos del cambio climático y, en muchos casos, violencia de género. Aunque los países de origen han implementado medidas como programas de retorno voluntario, reformas laborales o atención consular en tránsito, estas acciones han sido insuficientes para frenar los flujos o garantizar condiciones de vida dignas para quienes deciden quedarse.
México se ha convertido en un espacio de contención y, en muchos casos, de permanencia obligada. En los últimos dos años, el país ha registrado cifras récord de detenciones y solicitudes de asilo: en 2023, el Instituto Nacional de Migración reportó más de 782 mil detenciones de personas en situación migratoria irregular. Paralelamente, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió más de 140 mil solicitudes de asilo, una cifra sin precedentes.

Este aumento ha generado presión significativa sobre el sistema de albergues, instituciones y redes de apoyo humanitario. La Ciudad de México, Tapachula y otras localidades clave han visto crecer su población migrante en condiciones de alta vulnerabilidad.
Además, la respuesta estatal ha privilegiado el control migratorio por encima del acompañamiento integral. El reforzamiento del Programa Frontera Sur y la participación de elementos militares y de la Guardia Nacional en tareas migratorias reflejan una lógica de seguridad nacional que, si bien busca ordenar los flujos y proteger fronteras, también ha tenido efectos colaterales en el respeto a los derechos humanos.
Por otro lado, el regreso de Donald Trump al poder en EE. UU. ha reactivado programas como “Quédate en México” y endurecido las condiciones para el ingreso de personas migrantes. En consecuencia, México ha tenido que ajustar su política para evitar tensiones diplomáticas, pero eso ha significado mantener a miles de personas varadas en su territorio sin alternativas claras.
La prioridad es adoptar una perspectiva interseccional que permita ver que las condiciones no son iguales para todas las personas migrantes. Ser mujer, afrodescendiente, indígena, menor de edad o persona LGBTQ implica enfrentar riesgos particulares.

Las mujeres migrantes, por ejemplo, reportan —en estudios realizados por Médicos Sin Fronteras (2023)— que más del 60 % han sido víctimas de violencia sexual o de género durante el trayecto. Las personas trans frecuentemente enfrentan discriminación institucional y comunitaria, y se ven excluidas de espacios de refugio seguros.
La discriminación racial también agrava la situación. Migrantes afrocaribeños, especialmente haitianos, han denunciado tratos diferenciados por parte de autoridades migratorias y mayor dificultad para acceder a servicios básicos o información sobre su estatus legal.
No todo es negativo. La reciente creación del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Migrantes y Refugiadas ha representado un paso en la dirección correcta. También lo han sido los esfuerzos de gobiernos locales y organizaciones civiles que brindan asistencia legal, médica y psicosocial. Sin embargo, la cobertura aún es insuficiente. La falta de recursos, de personal capacitado y la escasa coordinación interinstitucional limita el alcance de estas medidas. Además, la migración sigue sin ser vista como parte estructural del desarrollo regional, tratándose como una crisis pasajera cuando en realidad es un fenómeno permanente. Es necesario y prioritario ampliar y transparentar las vías legales de regularización, y generar condiciones reales de integración social, laboral y cultural.
También es crucial reconocer el papel de México como país de destino y tránsito y asumir una responsabilidad compartida con los países de origen, tránsito y destino final. La cooperación internacional, el fortalecimiento de mecanismos regionales y el involucramiento activo de la sociedad civil son indispensables.
La política migratoria en México en 2025 está marcada por tensiones reales, pero también por posibilidades de transformación. Atender los desafíos actuales requiere más que contención: se necesita una política centrada en las personas, que reconozca la complejidad de las causas de la migración y ponga en el centro la dignidad de quienes migran.
