La degradación de los servicios rara vez ocurre de golpe. Llega lento, de poco en poco, casi sin que nos demos cuenta. Cuando la ineficiencia se vuelve rutina, la ciudadanía empieza a asumir que vivir frustrada es parte normal de la vida.

Nos acostumbramos a esperar demasiado y recibir poco. A la burocracia absurda, a las filas eternas, a que nadie conteste. A escuchar frases como “se cayó el sistema”, “le falta un papel” o “no hay tóner”. A reportar una misma falla varias veces, por distintas vías, antes de que alguien responda. A conformarnos con que algo “medio salió”.

Y lo más preocupante, creo, es que dejamos de sorprendernos.

Resolver cosas sencillas de todos los días se volvió cuestión de suerte. Encontrar una oficina pública que atienda bien parece excepcional. Que un trámite sea rápido se siente como un milagro, casi como un favor, y no como algo que debería ser normal.

Poco a poco también dejamos de exigir. Bajamos las expectativas. Aprendimos a vivir con retrasos, servicios lentos e ineficientes, mantenimiento tardío, respuestas impersonales e incluso groseras. Como si el tiempo de las personas no valiera. Como si nuestra calidad de vida fuera secundaria. Como si vivir frustrados fuera inevitable por vivir en la Ciudad de México.

El deterioro de los servicios no solo afecta la comodidad, erosiona algo mucho más profundo: la confianza. Cuando las personas sienten que nadie responde, que todo tarda y que nada funciona bien, crece la idea de que lo público está condenado a fallar.

Y ese quizá es el problema más grave.

No se trata de pensar que todo está perdido ni de exigir perfección absoluta. Los errores existen y siempre existirán. El problema comienza cuando la ineficiencia deja de ser excepción y se convierte en costumbre; cuando ya nadie siente urgencia por resolver, y por resolver bien. Cuando la ciudadanía deja de esperar algo mejor.

Tal vez el deterioro más peligroso no sea el de las calles, las oficinas o la infraestructura. Tal vez el deterioro más profundo sea habernos acostumbrado a pensar que las cosas simplemente no pueden funcionar mejor.

Recuperar buenos servicios también implica recuperar algo de exigencia ciudadana. Volver a señalar lo que está mal, pedir respuestas, involucrarnos y dejar de normalizar la mediocridad cotidiana. Porque las ciudades no mejoran solamente con discursos o promesas; mejoran cuando la ciudadanía vuelve a creer que exigir calidad no es exagerar, sino ejercer un derecho básico.

No deberíamos normalizar pasar horas resolviendo algo simple, esperar meses por atención o celebrar como extraordinario aquello que tendría que funcionar bien desde el inicio.

No es intolerancia. Es negarnos a aceptar que la frustración cotidiana sea el estándar de vida en la Ciudad de México.

La Ciudad de México está entrando en una de esas etapas extrañas donde la emoción y la incertidumbre conviven en la misma conversación. Se siente en las calles, en las noticias, en las sobremesas y hasta en la forma en la que hablamos del futuro inmediato. Porque sí: vamos a vivir un Mundial en nuestra ciudad. Y aunque la idea emociona profundamente, también despierta preguntas que nadie sabe responder todavía.

Hay una emoción difícil de explicar recorriendo la ciudad. La idea de vivir un Mundial en la CDMX tiene algo profundamente simbólico: millones de miradas puestas sobre una de las ciudades más vibrantes, complejas y vivas del planeta. Pensar en la afición caminando por Reforma, en idiomas mezclándose en las terrazas, en desconocidos abrazándose por un gol en una cantina de Coyoacán o en una pantalla improvisada en la Roma, inevitablemente emociona.

Porque el fútbol, al final, nunca ha sido solamente fútbol.

Es identidad. Es pertenencia. Es una emoción colectiva que convierte ciudades enteras en un mismo latido.

Y quizá por eso la expectativa se siente tan grande.

La CDMX siempre ha tenido una capacidad única de recibir al mundo. Somos una ciudad cosmopolita, caótica, elegante y profundamente humana. Una ciudad donde conviven el ruido y la poesía, el tráfico eterno y la belleza inesperada. Y el Mundial promete potencializar todo eso: el intercambio cultural, el turismo, la energía internacional, la sensación de estar en el centro del mundo, aunque sea por unas semanas.

Pero debajo de toda esa emoción también vive otra sensación mucho más silenciosa: la incertidumbre.

Porque mientras imaginamos estadios llenos y calles celebrando, la realidad cotidiana también pesa. Las rentas han subido de manera desproporcionada, los precios parecen elevarse cada mes y muchas personas empiezan a preguntarse si esta gran fiesta global también terminará desplazando aún más la vida local. Hay entusiasmo, sí, pero también miedo de que la ciudad se vuelva todavía más inaccesible para quienes la habitan todos los días.

Y luego está el caos.

Ese caos tan chilango que conocemos bien, pero que ahora imaginamos multiplicado. El tráfico, la movilidad, la saturación, la seguridad, la presión sobre una ciudad que ya vive al límite de sí misma. Nos emociona imaginar una Ciudad de México llena de vida, pero también nos preguntamos cómo se sentirá realmente habitarla en esos días.

Tal vez esa es la contradicción más honesta de este momento: estamos emocionados y nerviosos al mismo tiempo.

Queremos que el mundo vea lo mejor de nosotros, pero también tenemos miedo de lo que eso pueda costarnos.

Y aun así, hay algo profundamente conmovedor en vivir este instante previo. Esa sensación colectiva de estar esperando algo enorme. Como cuando una ciudad entera contiene la respiración antes de que empiece el espectáculo.

El Mundial llegará.

Las calles cambiarán.

La ciudad también.

Y quizá, entre toda la euforia, el ruido y la incertidumbre, terminemos descubriendo algo muy nuestro: que la Ciudad de México siempre ha sabido vivir entre el amor y el caos.

Desde la desaparición de la Policía Federal en 2019 el modelo de seguridad pública federal en México parecía haber quedado claro: la Guardia Nacional asumiría las tareas operativas, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fungiría como instancia de coordinación y diseño de política pública.

Sin embargo, ese diseño comienza a reconfigurarse.

Con la llegada de Omar García Harfuch y de manera progresiva con la reforma en materia de seguridad pública de 2024, la Secretaría ha desarrollado capacidades que van más allá de la coordinación. A través de distintos mecanismos, ha comenzado a reconstruir funciones operativas, de inteligencia y despliegue territorial que recuerdan, en más de un sentido, a las atribuciones que en su momento ejerció la Policía Federal, misma a la que el mismo titular de la SSPC perteneció.

Uno de los elementos más relevantes es la utilización del Servicio de Protección Federal. Este organismo, creado en 2008 durante la gestión de Genaro García Luna, fue concebido originalmente como un cuerpo encargado de la protección de instalaciones estratégicas del Estado, bajo una lógica similar a la de corporaciones como la Policía Auxiliar o la Policía Bancaria e Industrial en la Ciudad de México: cuerpos diseñados para funciones de resguardo y seguridad complementaria.

Incluso, en el plano comparado, su diseño institucional guarda similitudes con el Federal Protective Service de los Estados Unidos, cuya función principal es la protección de edificios federales y no el despliegue operativo en tareas de seguridad pública general.

No obstante, en la práctica reciente, el alcance del Servicio de Protección Federal parece haberse ampliado. La adscripción de ex integrantes de la Policía Federal a esta estructura, así como su participación en tareas operativas más allá de la protección intramuros, sugiere una reinterpretación funcional de sus atribuciones originales.

Esta tendencia se ha hecho visible en diversos despliegues en campo realizados en servicios como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, carreteras de jurisdicción federal y el mecanismo de protección a periodistas que trascienden su función tradicional de resguardo de instalaciones. Más allá del contenido específico, el mensaje es claro: una corporación concebida para tareas de protección está asumiendo, al menos parcialmente, funciones propias de seguridad pública operativa.

A ello se suma la creación de nuevas unidades dentro de la propia Secretaría con capacidades de operación e inteligencia. Este punto marca un cambio sustantivo: la Secretaría deja de ser exclusivamente un ente coordinador para asumir un rol activo en la ejecución de tareas de seguridad.

La presencia de estos elementos en operativos como los de carreteras federales refuerza esta tendencia. Históricamente, estas funciones correspondían a la división de Seguridad Regional de la Policía Federal y, posteriormente, fueron asumidas por la Guardia Nacional. Hoy, bajo el argumento de constituir una “policía complementaria”, se observa nuevamente la participación de estructuras adscritas a la Secretaría en este tipo de acciones.

El resultado es un fenómeno de duplicidad institucional. Mientras la Guardia Nacional concentra formalmente las funciones de seguridad pública federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comienza a desarrollar capacidades propias que, en los hechos, replican atribuciones previamente asignadas a aquella. En otras palabras, el Estado mexicano parece operar hoy con dos estructuras federales con capacidades similares en materia de seguridad: una formalmente reconocida como fuerza principal, y otra que, de manera progresiva, reconstruye funciones equivalentes desde la coordinación.

Pero la duplicidad no se limita al ámbito operativo.

En materia de inteligencia, el Estado mexicano cuenta con una instancia especializada: el Centro Nacional de Inteligencia. Sin embargo, el fortalecimiento de capacidades de análisis, generación de información y despliegue estratégico dentro de la propia Secretaría apunta hacia una posible superposición de funciones que plantea interrogantes sobre la delimitación institucional.

No se trata necesariamente de una desviación, sino de una reconfiguración del modelo de seguridad federal.

Este proceso puede entenderse como un intento por robustecer la capacidad del Estado frente a fenómenos complejos. Sin embargo, también implica riesgos claros: dispersión del mando, duplicidad de funciones y eventual dilución de responsabilidades.

Así, México parece transitar hacia un modelo híbrido, en el que la centralización institucional convive con una operación fragmentada.

La pregunta de fondo no es menor: ¿se trata de una estrategia deliberada para fortalecer al Estado, o del inicio de un esquema de competencia institucional dentro del propio aparato de seguridad?