Ante una crisis que no cede, la diputada Lorena de la Garza presentó una iniciativa para que la Alerta Amber llegue en tiempo real al celular de todos los usuarios en el estado. Nuevo León acumula más de 7,200 personas desaparecidas y no localizadas, quinto lugar nacional, y más de mil de ellas eran menores de 18 años cuando desaparecieron. En la primera mitad de 2025, el estado registró un promedio de 8 desapariciones diarias.

La propuesta reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia para facultar al Fiscal General a celebrar convenios con empresas de telefonía móvil y difundir la Alerta Amber vía SMS y notificaciones push, con especial énfasis en los casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. La iniciativa ya había sido presentada hace más de un año, pero caducó sin dictamen conforme al reglamento del Congreso. Lorena de la Garza la volvió a presentar y fue turnada a comisión.

“El problema no caducó. Al contrario, empeoró”, señaló la legisladora. “Si nos llegan mensajes de casinos y promociones, que nos llegue también cuando hay una persona desaparecida cerca. Cada persona atrás de un celular es un buscador potencial”.

La diputada subrayó que la iniciativa pone especial énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes, el grupo más vulnerable dentro de las cifras de desaparición en el estado. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, más de mil de los casos vigentes en Nuevo León corresponden a menores de edad, con las niñas y jóvenes de entre 15 y 19 años como el sector femenino más afectado.

El modelo tiene respaldo internacional: en Estados Unidos, el Departamento de Justicia reporta que más de 1,292 menores han sido recuperados gracias al sistema Amber Alert desde su creación, y 241 de esos rescates se atribuyen directamente a alertas inalámbricas al celular. En Panamá, desde que implementaron el sistema con tecnología móvil, lograron localizar al 93% de los menores reportados.

Lorena de la Garza aseguró que dará seguimiento puntual a la iniciativa en comisión hasta lograr su aprobación.

Con el exhorto de entregar todo su empeño y dedicación, este lunes iniciaron su carrera policial 104 cadetes que se integraron a la Academia de Policía de Monterrey.

Eduardo Sánchez Quiroz, Comisario General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio la bienvenida al grupo de aspirantes a Policías de Proximidad y de Guardias Auxiliares.

Acompañado de Inspectores y Directores de la corporación, Sánchez Quiroz les pidió asumir este compromiso como proyecto de vida.

“Sean todas y todos bienvenidos, pongan su mejor empeño porque se darán cuenta que esto no es fácil”, expresó.

“Sientan el compromiso de parte de nosotros, en todo lo que sea necesario, porque nosotros queremos sentir el compromiso de ustedes”, agregó.

Además de los 104 Cadetes de Policía de Proximidad y Guardia Auxiliar, este día se dio capacitación a 10 elementos para Auxilio Vial y siete operadores de monitoreo para el área del C4.

En este primer día de actividades, el objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso en la Formación Inicial.

“Estas son Academias de formación, aquí se adquieren valores como el respeto y la disciplina; mi agradecimiento para su familia porque les han permitido iniciar en este proyecto de vida”, dijo el Comisario.

Durante los siete meses de capacitación, los Cadetes de Policía de Proximidad reciben un sueldo mensual de 15 mil pesos, mientras quienes se preparan para Guardia Auxiliar perciben un salario de 12 mil pesos por mes, en los 60 días de adiestramiento.

En la ceremonia de bienvenida estuvieron también Brisilot Alejandro Sandoval Sánchez, Director de Academia, Formación y Especialización Policial; Jorge Ortega Zamarripa, Inspector de Inteligencia; Raúl Cázares Orozco, Inspector de Operación Policial.

También se contó con José Santos González, Director de Policía de Proximidad; Salvador Rodríguez Vázquez, Director de Policía de Investigación y José Ángel Esquivel, Coordinador de Tránsito de Monterrey.

En un movimiento clave para la soberanía industrial de México, el Gobierno Federal, encabezado por las secretarías de Economía y de Anticorrupción y Buen Gobierno, formalizó este 29 de abril de 2026 un acuerdo estratégico con las principales cámaras empresariales del sector siderúrgico y de la construcción (Canacero, CMIC y Canadevi). El objetivo central es blindar la producción nacional frente a las crecientes presiones del mercado global, como el “dumping” o la entrada de acero importado a precios que afectan la competitividad de las plantas mexicanas.

El plan se basa en el concepto de “compras públicas estratégicas”. Esto significa que el Estado, al ser el principal constructor del país mediante megaproyectos de infraestructura y programas masivos de vivienda, dará prioridad absoluta al acero hecho en México. Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, enfatizó que esta medida no solo busca reducir la dependencia de insumos extranjeros, sino garantizar la autonomía de las cadenas productivas nacionales. Por su parte, la industria se ha comprometido a una ambiciosa inversión de 8 mil millones de dólares y a mantener precios competitivos y abasto suficiente para no frenar el ritmo de las obras públicas.

Este acuerdo impactará directamente en la creación de empleo, protegiendo cerca de 90 mil puestos de trabajo directos y millones indirectos. Además, se alinea con la meta de construcción de vivienda social para este sexenio, considerando que cada hogar requiere en promedio entre 1.7 y 2 toneladas de acero. Con la firma de 19 instituciones públicas, este pacto busca transformar al acero mexicano en la columna vertebral del desarrollo nacional hacia 2030.