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Expropiaciones en CDMX: el atropello de la 4T a los vecinos

En CDMX, la 4T expropia con discurso social pero prácticas autoritarias. Hoy son unos vecinos; mañana podrías ser tú. 🏚️

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En la Ciudad de México se vive una preocupante oleada de expropiaciones de propiedades privadas por parte del gobierno de la 4T, bajo el argumento de la “utilidad pública” y la vivienda social. En mayo de 2025, la entonces jefa de Gobierno, Clara Brugada, emitió decretos para expropiar ocho inmuebles en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, con el fin declarado de destinarlos a vivienda popular.

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Los decretos se publicaron en la Gaceta Oficial el 13 de mayo, transfiriendo la propiedad de esos terrenos al Instituto de Vivienda (INVI) de la CDMX. La justificación oficial fue que dichos inmuebles presentaban “alto riesgo estructural” y que su rescate serviría para mejorar los centros de población con vivienda social.

A primera vista, suena loable: se promete seguridad estructural y techo digno a quienes hoy habitan precariamente. Pero detrás de ese discurso altruista asoman irregularidades, atropellos jurídicos y una peligrosa tendencia autoritaria.

🏚️ El costo real del “bienestar”

Vecinos y expertos han alertado sobre indemnizaciones insuficientes y procedimientos exprés. Aunque la ley exige pagar a valor comercial, en la práctica el gobierno valúa los predios hasta 40% por debajo de su precio real. Así, los propietarios pierden su bien y reciben una compensación menor a lo justo.

Peor aún, la toma de posesión es casi inmediata: el mismo día que se publica el decreto, la autoridad puede ingresar con fuerza pública y desalojar si el dueño se resiste. Es decir, puedes perder tu casa de un día para otro, con un cheque magro en la mano.

Legalmente existen defensas, pero son cuestas arriba. El juicio de amparo o el recurso contencioso administrativo pueden revertir expropiaciones mal fundadas, pero requieren tiempo, dinero y conocimiento jurídico. Para cuando llega la resolución, el daño ya está hecho. Es una lucha desigual del ciudadano contra el aparato estatal.

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🏘️ Vecinos bajo amenaza

El impacto humano es profundo. Muchas de las propiedades expropiadas estaban habitadas; sus ocupantes se ven de pronto desplazados, con la promesa incierta de una futura reubicación.

Incluso los dueños de inmuebles vacíos o en desuso están preocupados. Una reciente reforma al Código Fiscal obliga a quienes tengan viviendas valuadas en más de 4.5 millones de pesos a declarar el “estado” de sus inmuebles, bajo amenaza de sanciones.

Varios diputados de oposición han advertido que esta medida abre la puerta a la persecución fiscal y al uso político del patrimonio ciudadano. En palabras llanas: el gobierno pretende decidir si usas “bien” tu propiedad. Esa intromisión es peligrosa: meterse hasta tu casa con el pretexto del bienestar es una forma moderna de autoritarismo.

🏗️ Populismo inmobiliario

Organizaciones vecinales y actores de la oposición coinciden en que estas expropiaciones masivas son un despojo disfrazado de justicia social. Bajo la bandera de la “vivienda popular”, el gobierno busca controlar suelo urbano de alto valor y capitalizar políticamente la narrativa del “bien común.”

Varios legisladores capitalinos ya se han manifestado en contra, advirtiendo que esta política podría replicar modelos populistas fallidos en América Latina. Pero más allá de las comparaciones, lo preocupante es el mensaje implícito: si el gobierno considera que tu propiedad “no cumple una función social”, puede quitártela.

En una economía como la mexicana, donde la vivienda suele ser el patrimonio de toda una familia, esta política equivale a un ataque directo a la libertad y a la certeza jurídica. La propiedad privada es el pilar de la autonomía ciudadana. Cuando el Estado decide quién merece conservar su casa, deja de existir el Estado de Derecho.

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🔧 Alternativas con sentido

El gobierno podría resolver el problema de vivienda sin atropellar derechos. Podría incentivar la rehabilitación voluntaria de inmuebles dañados mediante créditos, negociar compras a valor justo, o utilizar predios públicos disponibles para vivienda social.

Nada de eso requiere decretos expropiatorios ni desalojos violentos. El déficit habitacional de la CDMX no se resuelve quitando cinco predios de 300 m², sino con políticas integrales: desarrollo urbano ordenado, transporte accesible, suelo mixto y planificación a largo plazo.

Lamentablemente, el camino elegido por el gobierno capitalino ha sido el más fácil —y el más peligroso—: usar el mazo de la expropiación como herramienta política.

⚖️ Un retroceso en libertades

Las expropiaciones de la 4T representan un retroceso en materia de seguridad jurídica, libertad y respeto a la propiedad privada. Aunque se amparan en la figura de “utilidad pública”, su ejecución opaca y masiva deja al descubierto su verdadera motivación: control político y clientelismo disfrazado de bienestar.

El mensaje es claro y preocupante: “tu propiedad ya no es realmente tuya; es del gobierno si así lo decide.” Esa lógica paternalista y autoritaria es contraria a la libertad y mina la confianza en las instituciones.

Urge que los tribunales, el Congreso y la sociedad civil pongan un alto a las expropiaciones arbitrarias antes de que se vuelvan la nueva normalidad. Porque hoy son unos cuantos vecinos los afectados… pero mañana podría ser cualquiera de nosotros.

Defender la propiedad privada no es defender privilegios; es defender la libertad.
Porque cuando el gobierno decide quién merece conservar su casa, deja de existir la democracia y comienza la sumisión.

Juan Pablo Beltrán Viggiano
Concejal de la Alcaldía Miguel Hidalgo y Presidente de la Comisión de Gobierno.

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Pintura morada y ajolotes mientras se inunda la ciudad: el gobierno de Clara Brugada entre el maquillaje y el agua que no baja

Mientras la CDMX se llena de ajolotes, pintura morada y obras rumbo al Mundial 2026, las lluvias siguen exhibiendo problemas que llevan años sin resolverse. ¿Estamos invirtiendo en transformar la ciudad o solo en maquillarla?

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La Ciudad de México se prepara para el Mundial 2026 con una estrategia que prioriza la imagen por encima de lo sustancial. Mientras trabajadores aplican capas de pintura morada en puentes, bardas y asfalto, y pintan ajolotes gigantes en cruceros viales, las lluvias de mayo y junio siguen dejando en evidencia las carencias estructurales de la capital. El contraste no es anecdótico: es la radiografía de una gestión que invierte en símbolos mientras los problemas de fondo persisten sin solución real.

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Una investigación de LatinUS documentó que el gobierno capitalino destinó 62.1 millones de pesos a pintar ajolotes y serpientes emplumadas en el pavimento de avenidas principales, a través de ocho contratos de la Secretaría de Obras y Servicios. Muchas de estas figuras ya se encontraban despintadas semanas antes del torneo. Movimiento Ciudadano, por su parte, documentó un gasto adicional de 84.1 millones de pesos en trabajos de pintura urbana que incluyeron la aplicación de color morado y su posterior repintado en amarillo para cumplir con la normatividad vial. Una misma empresa acumuló más de 250 millones de pesos en contratos por adjudicación directa desde 2019, varios de ellos vinculados a estas intervenciones visuales.

El gobierno defiende estas acciones como “urbanismo táctico” y “urbanismo mundialista”. La propia jefa de Gobierno ha argumentado que el morado representa la lucha por los derechos de las mujeres. Sin embargo, la aplicación de este color sobre dispositivos de señalización que por norma deben ser amarillos o blancos ha generado cuestionamientos técnicos sobre seguridad vial, y en varios tramos ya se ha procedido al repintado correctivo. Se pintó, se reconoció el error, y se volvió a pintar. Con recursos públicos.

El problema no es estético. Es de prioridades.

Mientras se invierte en pintura que se desvanece y en figuras simbólicas, la infraestructura hidráulica sigue sin resolver el riesgo estructural de inundaciones. En 2026, el gobierno anunció una inversión de 7 mil millones de pesos para 643 obras de agua, drenaje y saneamiento. De ese monto, 3,360 millones se destinaron al Plan Tlaloque 2.0. A pesar de estos anuncios, las lluvias de 2025 y 2026 han dejado imágenes recurrentes de encharcamientos graves y brotes de aguas negras. En junio de 2026, una falla en la planta de bombeo del Gran Canal provocó inundaciones con aguas negras en la colonia 20 de Noviembre. El bajo puente de Xola y Calzada de Tlalpan volvió a registrar encharcamientos significativos.

Pinturas del Mundial 2026 en CDMX desatan críticas por baches y calles  deterioradas - El Canal de las Noticias Digital
Estos no son eventos aislados. Son la manifestación de un sistema de drenaje combinado obsoleto, saturado por lluvias intensas y afectado por los hundimientos derivados de la sobreexplotación del acuífero, que reducen la pendiente natural de los colectores. La respuesta oficial insiste en que la capital está “mejor preparada que nunca”. Sin embargo, las quejas ciudadanas y los reportes de medios muestran que la prevención estructural sigue siendo insuficiente.

El fenómeno no es exclusivo del oriente de la ciudad. En Miguel Hidalgo, las zonas bajas del Pensil y la Anáhuac registran encharcamientos cada temporada, y el vecino que los padece no necesita un mural pintado afuera de su casa: necesita que el agua baje. La diferencia entre una alcaldía que destapa coladeras y desazolva antes de la lluvia, y un gobierno central que invierte en pintura, no es un debate de gustos. Se mide en cuántas casas amanecen secas después de una tormenta.

Para revertir esta lógica de maquillaje sobre sustancia se requieren medidas concretas:

Primera. Una auditoría integral de todos los contratos de pintura y “mejoramiento visual” de los últimos dos años, con énfasis en las adjudicaciones directas que superan los 250 millones de pesos a un solo proveedor.

Segunda. Redirigir recursos hacia un programa acelerado de colectores de alivio y plantas de bombeo en las 56 zonas de mayor riesgo identificadas por el propio gobierno, con metas medibles de reducción de tiempo de desfogue.

Tercera. Implementar a escala un programa de “ciudad esponja” —pavimento permeable, jardines de infiltración y pozos de absorción— en alcaldías con alta recurrencia de inundaciones.

Cuarta. Publicar en tiempo real los datos de capacidad de drenaje, volúmenes desazolvados y respuesta a eventos, más allá de los comunicados de obras iniciadas.

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Clara Brugada puede seguir pintando de morado la capital y llenándola de ajolotes. Lo que no podrá seguir ocultando es que, mientras la ciudad se inunda, su gobierno ha elegido la fotografía fácil por encima de la ingeniería difícil. El costo de esa elección lo pagan, una vez más, los mismos de siempre.

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Los cuidados: la política pública que todos necesitamos y pocos entienden

Los cuidados no son un tema exclusivo de madres, personas mayores o especialistas. Son una necesidad universal que sostiene nuestra vida cotidiana. Entenderlos es el primer paso para construir una ciudad más justa, humana y corresponsable.

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En estos últimos días se habló mucho sobre el Sistema de Cuidados y de la Ley de Cuidados en la Ciudad de México. Sin embargo, fuera de los círculos especializados, muchas personas siguen sin tener claro de qué se trata. Algunas personas creen que es únicamente un programa para madres trabajadoras, otras personas creen que se refiere a “guarderías” o apoyos para adultos mayores. La realidad es que los cuidados son mucho más que eso y, aunque no siempre lo notemos, forman parte de la vida de todas las personas.

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Los cuidados son todas aquellas actividades que permiten que una persona viva con bienestar y dignidad. Implican alimentar, acompañar, supervisar, trasladar, atender, escuchar y apoyar a quienes, por su edad, condición de salud o situación particular, requieren ayuda para realizar actividades cotidianas. Hablamos de infancias, personas con discapacidad, personas enfermas, adultos mayores, pero también de cualquier persona que, en algún momento de su vida, necesite apoyo temporal o permanente.

La mayoría de nosotros hemos recibido cuidados desde el primer día de nuestra vida, gracias a ellos crecimos, estudiamos, trabajamos y desarrollamos nuestros proyector personales. Sin embargo, rara vez nos detenemos a pensar quién realiza estas tareas y que impacto tienen en la vida de quienes las asumen.

Durante décadas, la sociedad dio por sentado que los cuidados eran una responsabilidad privada que debía resolverse dentro de las familias, y dentro de las familias, generalmente fueron las mujeres quienes cargaron con la mayor parte de esa responsabilidad. Madres, hijas, hermanas, esposas y abuelas han dedicado tiempo, energía y oportunidades personales para atender las necesidades de otras personas, muchas veces sin reconocimiento alguno.

No se trata únicamente de una cuestión familiar, también es un tema económico, laboral y social. Cuando una persona debe abandonar su empleo para cuidar a un familiar enfermo, cuando una mujer rechaza una oportunidad profesional porque no tiene quién cuide a sus hijos o cuando una familia enfrenta sola la atención de un adulto mayor dependiente, estamos frente a un problema de cuidados que afecta el desarrollo de personas y limita sus oportunidades.

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Lamentablemente, gran parte del debate público se ha quedado en discursos o conceptos que resultan lejanos para la ciudadanía. Muchas personas escuchan hablar del tema sin entender cómo impacta directamente en su vida cotidiana, y quizá ese sea uno de los mayores retos: explicar que los cuidados no son una agenda exclusiva para cierto grupo, sino una necesidad universal.

Todos, sin excepción, hemos necesitado cuidados. Todos conocemos a alguien que cuida a otra persona. Y todos, tarde o temprano, volveremos a necesitar que alguien nos cuide. Esa es una realidad humana que no distingue ideologías, edades, niveles de ingreso o preferencias políticas.

Los cuidados no son un privilegio ni una concesión. Son una condición indispensable para que las personas puedan desarrollarse plenamente. Una ciudad que aspira a ser moderna, incluyente y humana no puede seguir actuando como si los cuidados fueran un asunto privado que cada familia debe resolver por su cuenta.

Hoy tenemos la oportunidad de reconocerlos, valorarlos y construir políticas públicas que estén a la altura de su importancia. Porque cuando hablamos de cuidados, en realidad estamos hablando de algo que nos involucra a todos.

Aprovecho este espacio para reconocer el trabajo de Silvana Carranza, que dio toda la lucha, estuvo en todas las mesas y en todos los espacios posibles para que la Ley fuera una realidad en esta CDMX, agradezco también a Liz Salgado, diputada de mi partido que apoyo ese caminar y se involucró al cien en el tema para acompañar la lucha y por supuesto a la red de Aúna que nos juntó a las 3 y a muchas más para sostener así como acompañar este camino y los que vengan.

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Segundo aniversario de Claudia

A dos años de la elección de Claudia Sheinbaum, la aprobación presidencial enfrenta nuevas tensiones. Entre soberanía, seguridad, narcotráfico y la presión de Estados Unidos, el discurso oficial comienza a mostrar contradicciones difíciles de sostener.

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El pasado domingo 31 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró dos años de haber sido electa. Con más de 35 millones de votos, ha sido la persona más votada en la historia de México. Sin embargo, la legitimidad ganada en las urnas no le ha facilitado, por sí misma, el ejercicio del poder.

Sheinbaum rechaza “injerencia” de EE.UU. por solicitud de extradición  contra Rocha Moya

Inició su gobierno con niveles de aprobación superiores al 80%, particularmente fortalecidos por el manejo político frente a la presión ejercida por Donald Trump y el tema arancelario. Sin embargo, esa narrativa comenzó a resquebrajarse con el caso de Rubén Rocha Moya. Todo inició con la denuncia interpuesta en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado y delitos contra la salud. La misma clase de acusaciones que durante años fueron consideradas suficientes para afirmar vínculos entre Genaro García Luna, Felipe Calderón y el narcotráfico no parecieron constituir para la presidenta “pruebas contundentes”. Rocha pidió licencia y varios colaboradores de su gobierno, así como el exalcalde de Culiacán, se entregaron a autoridades estadounidenses.

A esto se suma el caso de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, acusada de permitir la injerencia de agentes estadounidenses en operativos contra el narcotráfico dentro de su estado. El tema detonó un nuevo debate sobre soberanía, intervención extranjera y seguridad nacional. Mientras a Campos se le señala incluso por “traición a la patria”, Rocha parece quedar protegido bajo el discurso de defensa de la soberanía y autonomía nacional.

Iluminan de morado el Palacio de Gobierno, por el Día Internacional de la  Mujer - Gobierno del Estado de Sinaloa

Ante una pérdida reciente de aprobación —ligada en buena medida al caso Rocha Moya—, el discurso de Sheinbaum del domingo buscó recuperar el rasgo político que más respaldo le había dado: la resiliencia frente a Trump y la defensa de la soberanía mexicana. Sin embargo, el tema del narcotráfico modifica el terreno político. No solo por el gobernador con licencia de Sinaloa, sino por la serie de detenciones derivadas del Operativo Enjambre y las investigaciones contra presidentes municipales vinculados con extorsión y crimen organizado.

La pregunta inevitable es hasta dónde está entrelazada la política con el crimen. Y aunque desde el oficialismo se señale como “intervencionismo” cualquier señalamiento proveniente de Estados Unidos, los propios hechos, las investigaciones y la narrativa presidencial dificultan sostener una postura completamente opuesta. Sheinbaum ha buscado combatir al crimen sin intervención directa extranjera, pero al mismo tiempo ha autorizado extradiciones relevantes y cooperación bilateral en materia de seguridad. Ahí es donde el relato político comienza a tensionarse.

La presión política por parte de Donald Trump no ha hecho sino incrementarse, y las declaraciones del domingo elevaron la tensión. Ron Johnson declaró que la lucha contra los cárteles de la droga no debe politizarse, sino unir a los dos países. La presidenta regresó al tema de la soberanía y le pidió que fuera “respetuoso de los temas internos”.

Mientras tanto, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se sumó a quienes se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses, mientras que la jueza Katherine Polk Failla dijo que la evidencia en su contra era “abundante”.

Seguir armando mítines para defender la soberanía y, de paso, atacar a la oposición; hacer declaraciones contra el intervencionismo de Estados Unidos en Cuba o México; y ensalzar el valor del patriotismo ya empieza a desgastarse. A principios de 2026 comenzaba a verse una presidenta que tomaba su propia agenda y dejaba de lado herencias nocivas del presidente López Obrador. Seis meses después, lo que vemos es desgaste e incoherencia en el mensaje, elementos que posiblemente ya no puedan sostenerse mucho más tiempo.

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