En la Ciudad de México se vive una preocupante oleada de expropiaciones de propiedades privadas por parte del gobierno de la 4T, bajo el argumento de la “utilidad pública” y la vivienda social. En mayo de 2025, la entonces jefa de Gobierno, Clara Brugada, emitió decretos para expropiar ocho inmuebles en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, con el fin declarado de destinarlos a vivienda popular.

Los decretos se publicaron en la Gaceta Oficial el 13 de mayo, transfiriendo la propiedad de esos terrenos al Instituto de Vivienda (INVI) de la CDMX. La justificación oficial fue que dichos inmuebles presentaban “alto riesgo estructural” y que su rescate serviría para mejorar los centros de población con vivienda social.
A primera vista, suena loable: se promete seguridad estructural y techo digno a quienes hoy habitan precariamente. Pero detrás de ese discurso altruista asoman irregularidades, atropellos jurídicos y una peligrosa tendencia autoritaria.
🏚️ El costo real del “bienestar”
Vecinos y expertos han alertado sobre indemnizaciones insuficientes y procedimientos exprés. Aunque la ley exige pagar a valor comercial, en la práctica el gobierno valúa los predios hasta 40% por debajo de su precio real. Así, los propietarios pierden su bien y reciben una compensación menor a lo justo.
Peor aún, la toma de posesión es casi inmediata: el mismo día que se publica el decreto, la autoridad puede ingresar con fuerza pública y desalojar si el dueño se resiste. Es decir, puedes perder tu casa de un día para otro, con un cheque magro en la mano.
Legalmente existen defensas, pero son cuestas arriba. El juicio de amparo o el recurso contencioso administrativo pueden revertir expropiaciones mal fundadas, pero requieren tiempo, dinero y conocimiento jurídico. Para cuando llega la resolución, el daño ya está hecho. Es una lucha desigual del ciudadano contra el aparato estatal.

🏘️ Vecinos bajo amenaza
El impacto humano es profundo. Muchas de las propiedades expropiadas estaban habitadas; sus ocupantes se ven de pronto desplazados, con la promesa incierta de una futura reubicación.
Incluso los dueños de inmuebles vacíos o en desuso están preocupados. Una reciente reforma al Código Fiscal obliga a quienes tengan viviendas valuadas en más de 4.5 millones de pesos a declarar el “estado” de sus inmuebles, bajo amenaza de sanciones.
Varios diputados de oposición han advertido que esta medida abre la puerta a la persecución fiscal y al uso político del patrimonio ciudadano. En palabras llanas: el gobierno pretende decidir si usas “bien” tu propiedad. Esa intromisión es peligrosa: meterse hasta tu casa con el pretexto del bienestar es una forma moderna de autoritarismo.
🏗️ Populismo inmobiliario
Organizaciones vecinales y actores de la oposición coinciden en que estas expropiaciones masivas son un despojo disfrazado de justicia social. Bajo la bandera de la “vivienda popular”, el gobierno busca controlar suelo urbano de alto valor y capitalizar políticamente la narrativa del “bien común.”
Varios legisladores capitalinos ya se han manifestado en contra, advirtiendo que esta política podría replicar modelos populistas fallidos en América Latina. Pero más allá de las comparaciones, lo preocupante es el mensaje implícito: si el gobierno considera que tu propiedad “no cumple una función social”, puede quitártela.
En una economía como la mexicana, donde la vivienda suele ser el patrimonio de toda una familia, esta política equivale a un ataque directo a la libertad y a la certeza jurídica. La propiedad privada es el pilar de la autonomía ciudadana. Cuando el Estado decide quién merece conservar su casa, deja de existir el Estado de Derecho.

🔧 Alternativas con sentido
El gobierno podría resolver el problema de vivienda sin atropellar derechos. Podría incentivar la rehabilitación voluntaria de inmuebles dañados mediante créditos, negociar compras a valor justo, o utilizar predios públicos disponibles para vivienda social.
Nada de eso requiere decretos expropiatorios ni desalojos violentos. El déficit habitacional de la CDMX no se resuelve quitando cinco predios de 300 m², sino con políticas integrales: desarrollo urbano ordenado, transporte accesible, suelo mixto y planificación a largo plazo.
Lamentablemente, el camino elegido por el gobierno capitalino ha sido el más fácil —y el más peligroso—: usar el mazo de la expropiación como herramienta política.
⚖️ Un retroceso en libertades
Las expropiaciones de la 4T representan un retroceso en materia de seguridad jurídica, libertad y respeto a la propiedad privada. Aunque se amparan en la figura de “utilidad pública”, su ejecución opaca y masiva deja al descubierto su verdadera motivación: control político y clientelismo disfrazado de bienestar.
El mensaje es claro y preocupante: “tu propiedad ya no es realmente tuya; es del gobierno si así lo decide.” Esa lógica paternalista y autoritaria es contraria a la libertad y mina la confianza en las instituciones.
Urge que los tribunales, el Congreso y la sociedad civil pongan un alto a las expropiaciones arbitrarias antes de que se vuelvan la nueva normalidad. Porque hoy son unos cuantos vecinos los afectados… pero mañana podría ser cualquiera de nosotros.
Defender la propiedad privada no es defender privilegios; es defender la libertad.
Porque cuando el gobierno decide quién merece conservar su casa, deja de existir la democracia y comienza la sumisión.
Juan Pablo Beltrán Viggiano
Concejal de la Alcaldía Miguel Hidalgo y Presidente de la Comisión de Gobierno.
