El miedo del Gobierno a la Generación Z

En México, el poder tiene una vieja costumbre: cuando una protesta no le gusta, la vuelve sospechosa; cuando la encabezan jóvenes, la convierte en conspiración; y cuando empieza a crecer, la acusa de no ser “genuina”. La marcha convocada por la llamada Generación Z, que se realizará mañana, es el ejemplo más reciente de esta alergia institucional a la disidencia juvenil.

Apenas se anunció la movilización, el Gobierno federal presentó un informe donde aseguró que la protesta está ligada a una “campaña internacional de desinformación” valuada, según sus propios cálculos, en más de 90 millones de pesos. El informe se dio a conocer en la mañanera de Claudia Sheinbaum, donde además se señalaron perfiles de jóvenes críticos en redes sociales, algo que encendió alarmas por el riesgo que implica exponer ciudadanos desde el púlpito presidencial.
El problema no es menor: la acusación no vino acompañada de desglose verificable, metodología transparente ni evidencia pública. Lo que sí dejó claro fue la disposición del Estado a usar su aparato comunicativo para nombrar, vigilar y exhibir a quien se organiza en su contra, aunque sean jóvenes de 20 o 25 años ejerciendo su derecho a disentir.

La narrativa oficial apuesta por algo simple y recurrente: si la movilización no les favorece, debe ser una operación, una red, un financiamiento extranjero, una manipulación. Sí, el ecosistema digital permite amplificaciones artificiales y campañas pagadas de todos los bandos; ese no es el punto. El punto es la facilidad con la que el Gobierno convierte cualquier protesta incómoda en un expediente de sospechas para desactivarla antes de que ocurra.
La profesora Sheinbaum, con un tono casi pedagógico, dijo que “puede haber jóvenes que no estén de acuerdo con nosotros, y eso es parte de la democracia”, pero en la misma frase aseguró que la marcha “no es genuina”.
Traducción: puedes protestar… siempre y cuando yo determine que tu inconformidad es válida. Una visión peligrosamente cercana a la vigilancia ideológica, no a la convivencia democrática.

Uno de los jóvenes mencionados en la mañanera, Edson Andrade, denunció que fue exhibido injustamente y que eso lo puso en riesgo. Y tiene razón en preocuparse: no hay nada más intimidante que un gobierno con micrófono nacional apuntando hacia un ciudadano que no tiene fuero, ni escoltas, ni un gabinete para defenderlo.
El mensaje es inequívoco: si opinas, te vemos; si te organizas, te revisamos; si te movilizas, te exhibimos. Eso no es diálogo: es advertencia.

La cifra de los 90 millones también merece desconfianza. No se presentó metodología, trazabilidad, análisis técnico ni evidencia abierta. Nada. Solo la cifra. Y una cifra sin sustento visible es propaganda con recibo imaginario.
Incluso si existiera una campaña de amplificación digital —algo posible en tiempos de pauta, bots y trending topics manufacturados— eso no invalida la marcha, ni cancela las razones que los jóvenes mexicanos tienen para estar molestos, frustrados o simplemente cansados de un país donde el poder siempre encuentra culpables, excepto a sí mismo.

La cuestión de fondo no es si hay bots. La cuestión es quién decide qué protesta es auténtica. El poder en México parece obsesionado con clasificar la ciudadanía según su conveniencia: unas marchas son “del pueblo”, otras “de la derecha internacional”, otras “genuinas”, otras “maniobra extranjera”.
Lo que no admite el discurso oficial es algo evidente: los jóvenes no necesitan permiso para estar hartos. No requieren financiamiento internacional para sentir molestia. No ocupan bots para darse cuenta de la precariedad, la violencia, la falta de oportunidades, la corrupción o la indiferencia institucional.

Por eso esta reacción gubernamental dice más del Estado que de los jóvenes. Porque un gobierno fuerte escucha, uno inseguro vigila, y uno temeroso criminaliza lo que no entiende.
Lo más riesgoso no es la marcha de mañana, ni los memes, ni el lenguaje en TikTok; lo verdaderamente delicado es la disposición del Estado a exhibir perfiles, desacreditar protestas y construir narrativas de conspiración para minimizar cualquier expresión crítica.

Quizá la pregunta no es si la marcha es genuina. Quizá la pregunta es por qué el Gobierno necesita tanto convencer al país de que no lo es.
Un Estado democrático no estigmatiza a jóvenes desde un escenario presidencial, no cancela una protesta antes de que ocurra y no convierte la inconformidad en delito moral.
La marcha de mañana será, guste o no, un recordatorio de algo básico: la democracia no se ejerce con informes de gasto digital ni en conferencias matutinas; la democracia se ejerce en las calles. Y, a veces, también en la edad en la que uno todavía cree que el país puede cambiar.