Llamémoslo por su nombre: lo que el Gobierno de la Ciudad de México presenta como Plan General de Desarrollo 2025-2045 no es planeación democrática. Es una imposición con membrete oficial. Y quien lo defienda con la cantaleta de las “200 mil propuestas”, o no ha leído el documento, o nos está viendo la cara.
Veinte años decididos en 57 días
El PGD es el instrumento rector que regirá la Ciudad las próximas dos décadas: define qué se construye, dónde, con qué presupuesto y bajo qué reglas. La Constitución capitalina, en su artículo 15, manda que su elaboración sea democrática y participativa. No es retórica: es norma jurídica vinculante.
¿Cómo cumplió ese mandato el oficialismo? Con una consulta original de 57 días, del 14 de noviembre de 2025 al 10 de enero de 2026 para deliberar sobre el rumbo de la Ciudad hasta 2045. Tuvieron que extenderla dos veces, hasta abril, ante la presión social. Y aun así, las propias Bases de la Convocatoria Décima Primera establecen que el IPDP integrará “únicamente las opiniones que resulten viables técnica y legalmente”. Tradúzcase: el mismo gobierno que redactó el plan decide qué crítica al plan es válida. Juez y parte. Eso no es consulta. Es trámite con coreografía.

Cinco juicios electorales: la consulta nació viciada
Quien crea que esto es exageración opositora, que lea el TECDMX. Cinco juicios electorales, entre ellos los expedientes TECDMX-JLDC-025, 026 y 027/2026 fueron interpuestos por integrantes de Copacos de Álvaro Obregón y Benito Juárez contra los llamados “Foros del PGD” organizados por la bancada de Morena. Las irregularidades documentadas son graves: asambleas sin lista formal de asistencia; asistentes que no acreditaron ser vecinos de la demarcación; elección a mano alzada de “comisiones representativas” jamás anunciadas en la convocatoria, en clara violación a la Ley de Participación Ciudadana; ausencia del IECM, autoridad obligada por ley a garantizar estos procesos.
A esto se suman 9,828 firmas ciudadanas entregadas el último día de la consulta exigiendo su reposición, provenientes de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Tlalpan y Álvaro Obregón. La respuesta del oficialismo, en boca del diputado responsable, fue impresentable: “no puede haber crítica sin propósito”. Si no aplaudes, estorbas. Esa es la democracia que ofrecen.

Lo que sí dice el documento (y por eso lo esconden)
Mientras la atención se gasta en los foros, el contenido avanza con tres movimientos regresivos.
Uno. Centralización pura. El proyecto introduce las “Casas de Gobierno”, figura que acota facultades de las alcaldías y debilita a los Copacos. Es decir: una ciudad de 16 demarcaciones, gobernada como si fuera una. Adiós al federalismo capitalino que la propia Constitución de 2017 vino a construir.
Dos. Redensificación sin candados. Bajo el lenguaje técnico de “uso de suelo mixto” se abre la puerta a una transformación masiva sin controles vecinales claros. ¿Suena conocido? Debería: es la misma lógica que en 2023 obligó a Martí Batres a retirar el PGOT del Congreso ante el escándalo de corrupción inmobiliaria. Hoy regresan con la misma medicina, peor envasada. No se combate la corrupción inmobiliaria diseñando los incentivos para reproducirla.
Tres. Pueblos originarios sin consulta digna. El Frente del Anáhuac denunció que la consulta a comunidades indígenas fue “opaca e insuficiente”. Hablamos de derechos colectivos protegidos por el Convenio 169 de la OIT, que exige consentimiento previo, libre e informado. No simulacro con café y galletas.
Miguel Hidalgo, en el centro de la mira.
Polanco, Anzures, Tacubaya, San Miguel Chapultepec, la Anáhuac. Nuestra alcaldía es zona cero de la presión inmobiliaria capitalina. Cada modificación de uso de suelo que se decida desde la sede del IPDP, se traduce en presión sobre el agua, saturación vial, desplazamiento vecinal y pérdida del tejido barrial que aún resiste. Miguel Hidalgo no necesita un plan que se le impone. Necesita reglas claras, vecinales y verificables.

Tres exigencias mínimas, no negociables
Primera: reposición de la consulta con participación efectiva del IECM y de los Copacos legítimos, no asambleas convocadas por una bancada partidista. Segunda: trazabilidad pública de cada propuesta recibida: cuál entró al PGD, cuál no, y por qué. Sin opacidad. Tercera: candados anticorrupción inmobiliaria: ninguna modificación de uso de suelo de impacto urbano sin consulta vecinal vinculante.
El servicio no se presume, se demuestra. La planeación tampoco se decreta: se construye. Un plan aprobado sobre cinco juicios electorales, casi 10 mil firmas de rechazo y una consulta cuestionada por sus propios protagonistas no nos sirve. Nos estorba.
Veinte años son demasiado tiempo para callar. Y demasiado tiempo para gobernarse con simulaciones.
Juan Pablo Beltran es concejal en la alcaldía Miguel Hidalgo.
X / Instagram: @juanpablobevi