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De la incongruencia a la violencia

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En días pasados, un conocido periodista presentó una investigación que pone en el ojo público la ahora muy famosa “casa gris”. Un golpe no sólo al discurso del presidente sobre la austeridad republicana y la “justa medianía”, sino un escándalo que ha significado una de las crisis más importantes a las que el mandatario se enfrenta en su sexenio.

Si bien hay una investigación en curso que hay que considerar, la “casa gris” es ahora una nueva perspectiva desde donde ver a un personaje que no entiende el poder confiado por el pueblo como una responsabilidad; sobre todo, que es usado como una fuerza intimidatoria por encima de la legalidad.

De la incongruencia a la violencia

Casa donde estuvo viviendo Andrés Manuel López Beltrán en Houston.

El presidente Andrés Manuel López Obrador usa mal el poder público. Si la respuesta es intimidar a un periodista en un país como el nuestro, un país en donde hay periodistas asesinados todas las semanas; pero sobre todo, miente cuando dice de manera autoritaria que como ciudadano desconoce si puede o no puede exhibir información personal de cualquier ciudadano. Él sabe perfectamente cuál es la responsabilidad del INAI y de otras instituciones, y no, el primer mandatario no es un ciudadano común…

Pecaríamos de inocencia si accedemos a creer que ni los asesores ni el presidente conocen la ley; porque además, en México desconocer la ley no te exime de cumplirla.

Ni él ni sus asesores parecieran entender que en México la violencia hacia el gremio de los periodistas es un fenómeno característico y muy grave, en donde los funcionarios tienen la obligación de garantizar y exigir su seguridad.

El presidente López Obrador y su equipo deben entender que todos los trabajadores del Estado y cualquier servidor público son objeto de escrutinio. Basta recordar el caso de Vicente Fox, su esposa y sus hijos; así como el de Enrique Peña Nieto y la “casa blanca” de su esposa.

De la incongruencia a la violencia

“La casa blanca”, lugar donde habitó Angélica Rivera y que desató diversos cuestionamientos acerca de su legalidad.

El periodismo en las democracias se hace desde la crítica; de lo contrario, no es periodismo. Pensar de otra manera equivale a considerar que la actividad de un periodista equivale a un activismo social o a relaciones públicas; eso no en periodismo. Defender la libertad de opinión y la función informativa de los periodistas es defender la democracia en sí misma, la pluralidad de voces y de pensamiento. Por ello, el derecho de los ciudadanos a la información, el deber de rendimiento de cuentas de los servidores públicos a la sociedad y la necesidad de auscultar las actividades de sus funcionarios son factores indispensables de la transparencia de la que tanto ha hablado el presidente.

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos no tiene el poder de usar el altavoz presidencial para violar, no sólo la Constitución, sino diversos artículos de ella; por ejemplo, “El código fiscal” y “La ley de protección de datos personales”, entre otros.

Necesitamos entender que ningún ciudadano puede brincarse la ley y el presidente no puede amedrentar por ninguna vía a ningún ciudadano que lo cuestione.

Ése ha parecido ser el discurso desde el inicio de este gobierno: el debate y la crítica son “pagados”, “armados”; y parte de una “conspiración”; del neoliberalismo y de la “mafia del poder”. Para el gobierno en curso, disentir de las políticas gubernamentales equivale a una traición, en vez de abrir el entorno político a la democracia y la transparencia.

De la incongruencia a la violencia

“La mañanera”, espacio público mediante el cual el presidente AMLO ha exhibido y vulnerado los derechos de periodistas.

Y con este discurso violento y dictatorial es que el máximo funcionario de México pretende brincarse instituciones, leyes y cualquier voz que lo confronte; un país que además tiene niveles de corrupción altísimos que lo han dañado profundamente y que el presidente se comprometió a transparentar.

México es un país con periodismo de primera línea. Lleno de profesionales críticos, cuya labor no sólo enriquece a nuestra sociedad, sino que supone una labor fundamental como registro histórico, como expresión de la sociedad y desarrollo del conocimiento; además, fundamenta la libertad de las personas, de la sociedad en su conjunto, y vincula a nuestro Estado y a sus trabajadores.

El periodismo libre, las leyes y la democracia son responsabilidad de todas y todos los mexicanos, y debemos protegerlos.

¡Viva la libertad de expresión y la vida democrática!

Diana Lara es actualmente diputada federal por el distrito 6 de la CDMX (LXV Legislatura); es secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, secretaria del Comité de Ética, Comisión de Diversidad e integrante de la Comisión de Cambio Climático. En el ámbito legislativo, cuenta con una trayectoria de 15 años de servicios ininterrumpidos en el parlamento local y federal. Entre sus actividades destacan: asesora y secretaria técnica del comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), en la LXII Legislatura.

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Debates, discursos y realidades

Valdría la pena, por lo menos en nuestro país, hacer un ejercicio de consciencia en donde las y los autoproclamados ganadores de debates, presentes y futuros, hablaran menos y escucharan más.

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Uno de los referentes entre las juventudes estadounidenses en las elecciones del 2016 fue Bernie Sanders. Su visión socialdemócrata antiestablishment atrajo a nuevos votantes, fortaleció sus bases y acerco a miles de entusiastas alrededor de su campaña y sus propuestas, y quien, pese a no obtener la nominación, se convirtió en un fenómeno político estudiado a la larga e incluso replicado.

Este fenómeno fue el principio marcado de un sentimiento que ha crecido a lo largo de los años alrededor del globo, ya no solo con las juventudes, sino con el grueso de los votantes (que si votan, hay que decir) y ha colocado en la presidencia a personajes completamente controversiales como Bukele en El Salvador o recientemente a Milei en Argentina, llevando a los países a extremas contrarias.

Este fenómeno lo hemos visto repitiéndose en ciclos en donde las personalidades más sagaces traen las “propuestas políticas” más innovadoras en un momento de cansancio social, dan un respiro o un golpe de timón a lo que parece ya marcado en el libreto del quehacer político: mismas propuestas con diferentes nombres, ataques feroces de errores y señalizaciones por corrupción y una innumerable cantidad de deseos como carta de Santa Claus, irrealizables nada más por el solo hecho de que son estructuralmente imposibles o porque son totalmente inútiles.

Este fenómeno no surge de un momento político, sino de una enorme falta de oído. Los políticos de siempre parecen saber de cierto que necesitan sus electores sin siquiera escucharles o ya de perdida, mostrar un poco ya no de empatía, de simpatía y seriedad.

La construcción democrática, esa que avizoramos a largo plazo como un cambio transfornacional, va mucho más allá de fenómenos y promesas momentáneas. Estamos avanzando a un momento político transicional en el que las agendas tienen que ser robustas, realistas, claras y con rumbo, ajustadas a estas nuevas realidades locales, nacionales e internacionales. Ajustadas a los problemas y necesidades actuales y los que son inminentes en un futuro (no es una caja de pandora, menos una china).

El secreto oculto sin embargo está en que estas buenas propuestas y agendas, que existen, no necesariamente son traducidas de manera eficaz, ya sea por la efervescencia política casi agotadora a la que estamos sometidos todos los días, ya sea porque hay que ganar la elección. Entonces, ¿cómo podrán las y los candidatos entender las necesidades para que las personas emitan un voto pensado en propuestas?, ¿les conviene?

Valdría la pena, por lo menos en nuestro país, hacer un ejercicio de consciencia en donde las y los autoproclamados ganadores de debates, presentes y futuros, hablaran menos y escucharan más. Y que en esos futuros debates, fueran justamente esas agendas, esas propuestas y esos proyectos, tan necesarios, los ganadores.

 

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La violencia política de género: el mayor obstáculo de las mujeres en el poder

Hay muchas batallas que se han librado para que hoy tengamos estos espacios de poder y hay que seguir luchando para poder ejercerlo con libertad.

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En los primeros días de junio de 2024, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, habrán calificado la elección y le entregarán la constancia de mayoría a otra mujer que será la presidenta de la República a partir de octubre.

Setenta años después de que se otorgara a las mujeres el derecho a votar y ser votadas, y tan solo seis años después del gran paso en la igualdad que fue la ley Paridad en Todo, tendremos una foto cargada de simbolismo donde, por primera vez, las mujeres no serán la minoría que se coló en el poder.

Sin embargo, no estamos aquí solo por la foto. Hay muchas batallas que se han librado para que hoy tengamos estos espacios de poder y hay que seguir luchando para poder ejercerlo con libertad. Existe mucho ruido alrededor de la violencia política en razón de género, pero los árbitros electorales han tenido pocos “dientes” para sancionarla.  Aunque existe un registro de personas sancionadas por este tipo de violencia en el cual hay 335 nombres, fuera de la exposición pública, falta mucho para dar justicia a las víctimas.

Por otro lado, ha habido casos como el de la periodista y académica Denise Dresser, quien fue acusada por la diputada Andrea Chávez de violencia política. Aunque el Tribunal revocó la multa y la sanción de Dresser argumentando que ejercía su libertad de expresión, queda la duda sobre qué es y qué no es un acto de violencia. Hay críticas hacia las candidatas, no solo las presidenciales, sino en todos los puestos de elección popular, que dejan a un lado las propuestas y visión de país y se enfocan en la violencia simbólica y estética. Una sociedad que normaliza esta violencia (viniendo de hombres o de mujeres) difícilmente podrá observarla y menos, sancionarla. Esto, al final, no le beneficia en nada a la democracia.

Debemos tener tolerancia cero a la violencia, venga de quien venga, y no permitir el acceso al poder de personas violentadoras. En diciembre de 2023, el INE aprobó la Ley 8 de 8 contra la violencia, que expande la 3 de 3 y que podrá retirar candidaturas a las personas que incurran en cualquiera de estos ocho supuestos de violencia:

  1. ⁠Comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal;

2.⁠ ⁠Contra la libertad y seguridad sexuales;

3.⁠ ⁠Cuando afecte el normal desarrollo psicosexual;

4.⁠ ⁠Violencia familiar;

5.⁠ ⁠Violencia doméstica;

6.⁠ ⁠Violación a la intimidad sexual;

7.⁠ ⁠Violencia política, y

8.⁠ ⁠Ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Avanzar en la sanción efectiva a la violencia también es una tarea pendiente. Las mujeres no vamos a dar un paso atrás y no vamos a acostumbrarnos a la violencia. Por ello, el TEPJF adelantó que ya está trabajando en la creación de una Defensoría para las Mujeres para juzgar y calificar las elecciones con perspectiva de género y coadyuvar a erradicar esta violencia que es su mayor obstáculo para el acceso y el ejercicio del poder.

La violencia, como lo vimos en la marcha del 8 de marzo, nos sigue atravesando a todas las mujeres sin importar el origen, preferencia política, orientación sexual o etnicidad. Nuestra lucha es erradicarla en todos los ámbitos, incluyendo, evidentemente, el de la política.

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8M y las cifras

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A propósito de la conmemoración del 8 de marzo, Día de la Mujer, y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en lo que va del sexenio se han registrado un total de 18 674 mujeres víctimas de muertes violentas; 13 853 muertes fueron catalogadas como homicidios dolosos y 4688 como feminicidio (4821 presuntas víctimas de feminicidio).

Los estados con mayor reporte de violencia son el Estado de México, Chihuahua y la Ciudad de México. Según sus datos, la Ciudad de México es la entidad donde más se llama a equipos de emergencia relacionados con violencia contra las mujeres a pesar de no tener ninguna Alerta de Violencia de Género, a diferencia del Estado de México que cuenta con 11 Alertas desde 2015 y 7 con doble alerta desde 2019, con 4333 llamadas.

A nivel nacional se reportan, a enero de 2024, 24 238 llamadas relacionadas por violencia contra las mujeres, 482 llamadas relacionadas con incidentes de abuso sexual; 1454 por violación, 19 387 de violencia de pareja y 44 183 por violencia familiar.

Conforme a los hallazgos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los 48.6 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 34.1 millones (70.1%) han experimentado a lo largo de la vida, al menos una situación de violencia física, psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja.

Estos hallazgos históricos demuestran varios fenómenos, uno de ellos es que aún existe muchísimo trabajo institucional e integral por hacer para acompañar a las mujeres víctimas de delitos en su contra y que si bien, las leyes han ido alcanzado los diferentes tipos de violencia que enfrentamos y han dotado de herramientas jurídicas a las mujeres, deben de ir acompañados de otros procesos.

En materia de prevención este esfuerzo es importantísimo en términos de habilitar más esfuerzos de comunicación y familiarización para que las mujeres sepan con qué herramientas cuentan. En el caso de la Ciudad de México, Las Lunas son unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género de la Secretaría de las Mujeres, son espacios informativos y de canalización muy eficientes; sin embargo, son poco conocidos. Así mismo la línea violeta y la línea SOS mujeres (*765) o los puntos violetas, necesitan mayor difusión.

Además de ello, sigue existiendo una deuda en materia de abordaje institucional, ya que la perspectiva de género ––como lo vimos hace una semana con la sentencia dictada por el juez en el caso de la niña de 4 años–– se sigue dejando en el cajón del escritorio, donde aún pesa mucho más la revictimización; esa revictimización hace que miles de mujeres víctimas de violencia en su contra no denuncien, esa revictimización que urge a las instituciones capacitación y un presupuesto transversal.

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