Hubo un tiempo en que el mayor temor de un cuentahabiente era olvidar la cartera en un taxi o perder la tarjeta camino al trabajo. Hoy el delincuente ya no necesita tocar la puerta de su casa ni esperar afuera del cajero automático. Basta una llamada que aparenta provenir del banco, un enlace enviado por “WhatsApp”, un correo casi idéntico al original o una filtración masiva de datos para que, en cuestión de minutos, el patrimonio construido durante años desaparezca de una cuenta bancaria.

Mientras lees esta columna, alguien en México está utilizando la cuenta de alguien más para realizar un cargo, sin su autorización.

“Durante el primer semestre de este año, el monto reclamado por los usuarios a las instituciones bancarias superó los 14 mil 500 millones de pesos, en un total de 4.5 millones de reclamaciones que fueron presentadas por al menos 1.9 millones de usuarios.”

Y ese descubrimiento suele comenzar igual para todos: una notificación inesperada, un saldo menor al que recordaba o un movimiento que simplemente no tiene explicación. Primero llega la incredulidad; después, la angustia. Finalmente, la pregunta que miles de personas se hacen todos los días: ¿cómo pudo ocurrir si nunca perdí mi tarjeta ni compartí mis datos?

La respuesta es incómoda porque revela una realidad que apenas comenzamos a comprender: el crimen también se digitalizó. México enfrenta un crecimiento sostenido de la delincuencia financiera. Los cargos no reconocidos, las transferencias SPEI fraudulentas, el robo de identidad, la contratación de créditos sin autorización y el uso ilícito de tarjetas digitales dejaron de ser casos aislados para convertirse en parte del paisaje cotidiano de nuestro sistema financiero. Los delincuentes ya no necesitan armas ni pasamontañas; hoy operan detrás de una pantalla, con bases de datos, algoritmos y sofisticadas técnicas de ingeniería social.

Paradójicamente, mientras el fraude evoluciona, buena parte de los usuarios continúa administrando su patrimonio con la misma lógica de hace treinta años. Persistimos en una idea profundamente arraigada: si el banco tiene mi dinero, el banco se encargará de protegerlo. La realidad es bastante más compleja: Las instituciones financieras tienen obligaciones legales de seguridad, pero ninguna tecnología sustituye la vigilancia del propio usuario. Revisar estados de cuenta, activar alertas de movimientos, limitar montos de operación, cambiar contraseñas periódicamente y desconfiar de cualquier solicitud de códigos dejaron de ser recomendaciones de educación financiera, incluso quienes actúan con prudencia pueden convertirse en víctimas. Y es entonces cuando comienza una segunda batalla, mucho menos visible que el fraude mismo.

EL BANCO NO ADMITE MI QUEJA O RECLAMACIÓN.

La primera línea de defensa que tiene un usuario para reclamar es ante la Unidad Especializada de Atención a Usuarios del propio banco (UNE) donde habitualmente se inicia una aclaración y, semanas después, llega una respuesta casi idéntica en la mayoría de los casos: la operación fue autenticada correctamente. Con esa frase, para muchos usuarios parece terminar la historia.

En ese momento se recomienda acudir a la CONDUSEF como la siguiente alternativa. Durante años se le ha considerado el camino natural para resolver este tipo de conflictos y, sin duda, cumple una función valiosa de orientación y conciliación. No obstante, conviene entender con claridad el alcance de sus facultades. La CONDUSEF puede acercar a las partes a un acuerdo; no puede obligar al banco a devolver el dinero cuando éste sostiene que la operación fue válida. Si la institución financiera decide mantener su postura, el procedimiento conciliatorio suele concluir con los derechos del usuario reservados para acudir ante los tribunales.

Y es precisamente ahí donde comienza la discusión verdaderamente trascendente, mientras miles de personas aún creen que enfrentarse judicialmente a un banco es una batalla imposible, los tribunales mexicanos han empezado a modificar las reglas del juego.

Durante mucho tiempo bastaba que la institución financiera afirmara que la operación se realizó utilizando el NIP, un token o la banca móvil para presumir que había sido autorizada por el cliente. Ese argumento, por sí solo, hoy resulta cada vez menos suficiente.

¿QUÉ DEFENSA PROCESAL TENGO SI CONDUSEF NO PROCEDIÓ A MI FAVOR?

La evolución de los criterios judiciales ha impulsado un cambio de enorme relevancia: no corresponde al usuario demostrar que nunca realizó una operación; corresponde al banco acreditar que esa operación fue auténticamente autorizada, por lo que este este criterio transforma por completo la estrategia jurídica al buscar la NULIDAD POR CARGOS NO RECONOCIDOS, es decir, que dichas operaciones carecieron del consentimiento claro y acreditado fehacientemente por la Institución bancaria.

La lógica en este proceso judicial recae en que sólo la institución financiera posee las bitácoras electrónicas, los registros de autenticación, los certificados digitales, la información técnica de los dispositivos utilizados, los mecanismos de validación y la trazabilidad completa de la operación. En otras palabras, en otras palabras, la carga probatoria debe recaer en quien tiene la posibilidad real de demostrar los hechos.

Las Disposiciones de Carácter General emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores obligan a las instituciones financieras a implementar mecanismos robustos de autenticación, conservar registros electrónicos, documentar cada factor de validación y garantizar la trazabilidad de las operaciones realizadas mediante canales digitales. En consecuencia, cuando un banco sostiene que una transferencia o un cargo fueron autorizados por su cliente, no basta una captura de pantalla, un folio interno o una afirmación genérica.

“El banco debe demostrar técnicamente qué mecanismos de autenticación se utilizaron, qué elementos verificaron la identidad del usuario, qué registros electrónicos fueron generados y de qué manera su infraestructura cumplió con las obligaciones regulatorias aplicables.”

Cuando esa demostración no existe, la posición procesal de la institución financiera comienza a debilitarse. Por esa razón, el juicio mercantil ha dejado de ser el último recurso para convertirse, en muchos casos, en el escenario donde realmente puede discutirse la responsabilidad del banco, esto a diferencia de un procedimiento conciliatorio ante CONDUSEF, el proceso judicial permite requerir información técnica, ofrecer pruebas periciales especializadas, exigir la exhibición de bitácoras electrónicas, analizar el cumplimiento de la regulación emitida por la CNBV y, finalmente, obtener una sentencia obligatoria para la institución financiera.

Los tribunales mexicanos comienzan a reconocer una realidad tecnológica que durante años pasó inadvertida: cuando una institución controla el sistema mediante el cual se realizan las operaciones electrónicas, también debe asumir la responsabilidad de demostrar que ese sistema funcionó correctamente. Eso no significa que toda reclamación terminará con una sentencia favorable para el usuario, en el entendido que ningún consumidor debería cargar con la tarea imposible de probar un hecho negativo: demostrar que jamás autorizó una operación cuya evidencia técnica nunca estuvo en sus manos.

Hoy, la primera defensa frente al fraude sigue siendo la prevención. La segunda, el conocimiento de nuestros derechos; ignorar cualquiera de las dos puede costar dinero, ignorar ambas puede costar el patrimonio de una vida o una deuda que nunca aceptamos contraer.

1. Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. (2018). Transferencias electrónicas. Cuando se demande su nulidad la institución financiera demandada deberá probar que fueron autorizadas por el usuario mediante los certificados digitales que avalen el uso de la firma electrónica de éste (Tesis V.3o.C.T.11 C (10a.), Registro digital 2017776). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo III, p. 3120.
2. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). (s. f.). ¿Cargos no reconocidos? Gobierno de México. ⁠https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=368&idcat=1

Hay días en los que la mejor agenda legislativa no empieza en una oficina ni en una reunión de asesores. Empieza caminando una calle. Escuchando a una vecina que lleva meses reportando el mismo problema, entrando a un negocio cuyo dueño conoce perfectamente lo que ocurre en su cuadra o deteniéndose frente a una esquina que todos los días obliga a alguien a correr para cruzar.

Ahí, en el asfalto, la ciudad deja de ser una colección de estadísticas y se convierte en historias concretas. Una fuga ya no son metros cúbicos perdidos: es una familia que lleva días administrando el agua. Un bache no es un número en un reporte: es alguien que dañó una llanta, una persona mayor que tiene miedo de tropezar o una calle que lleva meses esperando mantenimiento. La inseguridad deja de ser una gráfica cuando un vecino te explica por qué dejó de caminar de noche por el lugar donde ha vivido durante veinte años.

Por eso creo que una parte fundamental de nuestro trabajo tiene que ser legislar desde el asfalto.

El Congreso es indispensable. Ahí se discuten presupuestos, se modifican leyes, se presentan iniciativas y se exige rendición de cuentas. También hacen falta equipos técnicos, datos, investigación y muchas horas de escritorio para convertir un problema en una propuesta viable. Pero todo ese trabajo pierde sentido cuando empieza y termina entre cuatro paredes.

Una ley puede estar perfectamente redactada y aun así no resolver nada si parte de un diagnóstico equivocado. Una política pública puede verse impecable en una presentación y fracasar cuando toca la calle. Y un gobierno puede presumir cientos de acciones mientras los vecinos siguen esperando que alguien resuelva el mismo problema de todos los días.

La ciudad enseña cosas que ningún informe alcanza a explicar.

Cuando recorres una colonia descubres que dos calles separadas por unas cuantas cuadras pueden vivir realidades completamente distintas. Que el problema que una dependencia clasificó como menor lleva años modificando la vida de decenas de familias. Que detrás de una solicitud aparentemente sencilla hay muchas veces meses de frustración, llamadas sin respuesta y expedientes que van de escritorio en escritorio.

También descubres algo todavía más importante: los vecinos suelen conocer muy bien su territorio.

Saben dónde se inunda primero cuando llueve, cuál luminaria lleva meses apagada, a qué hora una esquina se vuelve peligrosa, dónde aparece un bache cada temporada, qué comercio genera problemas, dónde hace falta un cruce seguro y qué solución ya intentaron antes sin obtener respuesta.

Escucharlos no es un ejercicio de relaciones públicas. Es información indispensable para gobernar mejor.

Durante mucho tiempo se acostumbró pensar que el trabajo de un diputado consistía principalmente en asistir al Congreso, presentar iniciativas y votar. Todo eso importa, por supuesto, pero me parece una visión incompleta del servicio público. Representar a una comunidad significa conocerla. Y conocerla exige caminarla constantemente, regresar, verificar qué cambió y volver a escuchar.

Por eso los recorridos no pueden ser una actividad extraordinaria ni una fotografía para redes. Tienen que formar parte del método de trabajo.

Salir permite comprobar si una propuesta realmente funciona. Permite descubrir necesidades nuevas. Permite corregir. Y también obliga a rendir cuentas de una manera mucho más incómoda y, por eso mismo, mucho más valiosa: frente a la persona que te pidió ayuda semanas atrás y que quiere saber qué pasó con su problema.

Ese contacto cambia incluso la manera de legislar.

Cuando has escuchado personalmente a quien enfrenta un problema, la discusión en tribuna deja de ser abstracta. Ya sabes qué significan las consecuencias de una mala decisión. Puedes ponerle rostro a la cifra, entender dónde falló el procedimiento y explicar por qué una reforma es necesaria más allá del lenguaje jurídico.

Creo profundamente que la tribuna debe ser una extensión de la calle, no un espacio desconectado de ella.

Las mejores propuestas no nacen porque un legislador un día decide que sería interesante modificar una ley. Nacen porque algo está ocurriendo afuera y las herramientas que existen no están funcionando. Nuestro trabajo consiste en identificar ese vacío, estudiarlo, convertirlo en una solución y regresar después a comprobar si realmente hizo alguna diferencia.

Eso también implica reconocer que no todo se resuelve legislando. Hay problemas que requieren presupuesto, mantenimiento, presencia policial, coordinación entre autoridades o simplemente que una dependencia haga correctamente su trabajo. Un diputado que conoce el territorio puede distinguir cuándo hace falta cambiar una ley y cuándo lo que corresponde es exigir que se cumpla la que ya existe.

Esa diferencia parece pequeña, pero es fundamental. La política pública fracasa muchas veces porque quienes toman decisiones intentan adaptar la realidad a sus programas en lugar de adaptar sus programas a la realidad.

Yo prefiero recorrer primero.

Preguntar.

Escuchar.

Entender qué está pasando.

Y después utilizar las herramientas del Congreso para actuar.

Porque una mejor ciudad no aparece automáticamente después de aprobar una iniciativa. Se construye todos los días: cuando un vecino decide involucrarse, cuando una autoridad responde, cuando recuperamos una calle, cuando solucionamos un problema que llevaba años normalizado y cuando las decisiones públicas empiezan a parecerse un poco más a la vida cotidiana de las personas.

El escritorio sirve para convertir esas experiencias en políticas públicas. La tribuna sirve para defenderlas y discutirlas. Pero el punto de partida tiene que seguir estando afuera.

En la banqueta, en el parque, en el mercado, en la unidad habitacional, frente a una escuela, junto a un comercio o en esa esquina que los vecinos llevan meses pidiendo que alguien atienda.

Ahí comienza mi manera de entender la representación pública.

Legislar desde el asfalto significa llevar la ciudad real al Congreso y regresar después a la calle para comprobar que nuestro trabajo sí la está haciendo mejor.

Alejandra López Martínez

Uno de los hitos en la vida de las y los estudiantes al concluir la educación media superior es llegar a la universidad. Ingresar a la UNAM ha sido la aspiración de muchas juventudes por su nivel académico y por el capital cultural que implica para la movilidad social, particularmente para las y los jóvenes de clase media de la Ciudad de México. La alta demanda refleja el prestigio que la Universidad mantiene como una de las instituciones públicas de educación superior más importantes de América Latina, donde cada año cientos de miles de jóvenes participan en sus procesos de admisión y únicamente una parte consigue ingresar.

Este año, por primera vez, la UNAM aplicó su examen de admisión completamente en línea con el objetivo de modernizar el proceso y reducir costos logísticos. Sin embargo, los resultados despertaron cuestionamientos por la distribución anómala de los puntajes y, presuntamente, la facilidad con la que se pudo usar IA durante el examen. Un análisis de la Comisión Técnica de la UNAM encontró que, mientras entre 2021 y 2025 solo el 3.5% de los aspirantes alcanzaba 100 aciertos o más, en 2026 esa proporción subió a 16.3%. Esto llevó a la UNAM a decidir aplicar exámenes de control presenciales a cerca de 58 mil aspirantes para tener otro filtro de ingreso.

Estudiantes y familias se dividieron entre quienes exigen repetir la evaluación de manera presencial y quienes se resisten. Algunos decían haber aprobado legítimamente tras estudiar por meses, pero no querían repetir el examen, lo que levantó sospechas. Si estudiaron para un examen que aprobaron, ¿no sería lógico que, al volvérseles a aplicar, aprobarían de nuevo? En principio sí, pero más allá de una posible trampa, esto también nos habla de lo efímera que se ha vuelto la educación. Lo que aprendieron para un examen, ya no lo recuerdan después.

Las juventudes cada vez ven menos beneficios en estudiar una carrera universitaria. Pareciera que la inteligencia artificial se ha convertido en un sustituto del conocimiento técnico e incluso del pensamiento crítico. Las empresas buscan sustituir talento por una IA que replique sus sesgos, y no personas con conocimientos y experiencias de vida propias, y las juventudes lo saben.

Estudiar una carrera universitaria es un privilegio: no solo por lo que cuesta en colegiaturas, libros, y materiales, sino por el costo de oportunidad. Dedicarle cuatro años al estudio, aunque sea de tiempo parcial, implica dejar de percibir ingresos y de acumular experiencia laboral. A veces, ese costo de oportunidad no se compensa con el aumento salarial que se supone viene aparejado con el título universitario. Esto es cierto también para las maestrías y los posgrados: el mercado no está pagando lo que costó ese esfuerzo.

Esto nos hace preguntarnos: ¿todavía vale la pena estudiar una carrera? Con 12 años como profesora universitaria, puedo afirmar rotundamente que sí. La experiencia de convivencia entre pares y con docentes —sea excelente o pésima— forja un criterio propio en las personas jóvenes. Sin embargo, ambas partes deben estar dispuestas a escuchar, analizar y entender su entorno.

Definitivamente, lo que se aprende en la universidad hoy puede quedar obsoleto en cinco años. Pero también, lo que se enseña a las juventudes hoy probablemente se olvidará en unos años. Aun así, el pensamiento crítico y la curiosidad por entender son la base para que una persona sobreviva en este mundo cambiante.

Así como integramos las computadoras, el Excel y el internet a nuestra vida, lo que hoy tenemos que integrar el uso ético de la IA: el costo real de los textos e imágenes que nos entregan Claude o ChatGPT cuando los consultamos, cómo utilizarla de manera responsable y que sirva como plataforma para hacer las cosas mejor, no para sustituir el esfuerzo de pensar. Lo que vimos con el examen de la UNAM me hace preguntarme: ¿estamos formando estudiantes capaces de usar la tecnología con responsabilidad, o simplemente personas que buscan cualquier ventaja para ganar?

La tecnología no “hace trampa”; es solo uno de tantos instrumentos que tenemos hoy. Decidir utilizarla sin integridad es responsabilidad de las personas. No solo de quienes copian o hacen trampa en un examen, sino de quienes, durante su paso por la universidad, presentan trabajos plagiados o hechos enteramente por IA y que ni siquiera leen; también de quienes, pese a haber cursado la educación universitaria, usan la IA como sustituto del criterio y no como apoyo. El problema no es la inteligencia artificial, sino la falta de integridad.

La corrupción suele asociarse con grandes desvíos de recursos públicos o con redes criminales. Sin embargo, la corrupción también comienza en los actos cotidianos que normalizamos: copiar una tarea, falsificar una firma, comprar un trabajo académico o presentar un examen usando herramientas prohibidas. Son conductas distintas pero comparten la misma lógica: obtener un beneficio rompiendo las reglas mientras se espera que nadie lo note.

La educación superior enfrenta desafíos mucho más profundos que un examen de admisión: la rápida transformación del mercado laboral, la automatización, la IA, lo efímero del conocimiento, las barreras de entrada, la inclusión. Pero ningún sistema será suficiente si la ética deja de formar parte de la educación, y ahí la confianza en las instituciones educativas se vuelve todavía más importante. Al final, el valor de la Universidad no está en pasar un examen o conseguir un título, sino crear comunidad y forjar habilidades, criterio y pensamiento propios.