En estos últimos días se habló mucho sobre el Sistema de Cuidados y de la Ley de Cuidados en la Ciudad de México. Sin embargo, fuera de los círculos especializados, muchas personas siguen sin tener claro de qué se trata. Algunas personas creen que es únicamente un programa para madres trabajadoras, otras personas creen que se refiere a “guarderías” o apoyos para adultos mayores. La realidad es que los cuidados son mucho más que eso y, aunque no siempre lo notemos, forman parte de la vida de todas las personas.

Los cuidados son todas aquellas actividades que permiten que una persona viva con bienestar y dignidad. Implican alimentar, acompañar, supervisar, trasladar, atender, escuchar y apoyar a quienes, por su edad, condición de salud o situación particular, requieren ayuda para realizar actividades cotidianas. Hablamos de infancias, personas con discapacidad, personas enfermas, adultos mayores, pero también de cualquier persona que, en algún momento de su vida, necesite apoyo temporal o permanente.

La mayoría de nosotros hemos recibido cuidados desde el primer día de nuestra vida, gracias a ellos crecimos, estudiamos, trabajamos y desarrollamos nuestros proyector personales. Sin embargo, rara vez nos detenemos a pensar quién realiza estas tareas y que impacto tienen en la vida de quienes las asumen.

Durante décadas, la sociedad dio por sentado que los cuidados eran una responsabilidad privada que debía resolverse dentro de las familias, y dentro de las familias, generalmente fueron las mujeres quienes cargaron con la mayor parte de esa responsabilidad. Madres, hijas, hermanas, esposas y abuelas han dedicado tiempo, energía y oportunidades personales para atender las necesidades de otras personas, muchas veces sin reconocimiento alguno.

No se trata únicamente de una cuestión familiar, también es un tema económico, laboral y social. Cuando una persona debe abandonar su empleo para cuidar a un familiar enfermo, cuando una mujer rechaza una oportunidad profesional porque no tiene quién cuide a sus hijos o cuando una familia enfrenta sola la atención de un adulto mayor dependiente, estamos frente a un problema de cuidados que afecta el desarrollo de personas y limita sus oportunidades.

Lamentablemente, gran parte del debate público se ha quedado en discursos o conceptos que resultan lejanos para la ciudadanía. Muchas personas escuchan hablar del tema sin entender cómo impacta directamente en su vida cotidiana, y quizá ese sea uno de los mayores retos: explicar que los cuidados no son una agenda exclusiva para cierto grupo, sino una necesidad universal.

Todos, sin excepción, hemos necesitado cuidados. Todos conocemos a alguien que cuida a otra persona. Y todos, tarde o temprano, volveremos a necesitar que alguien nos cuide. Esa es una realidad humana que no distingue ideologías, edades, niveles de ingreso o preferencias políticas.

Los cuidados no son un privilegio ni una concesión. Son una condición indispensable para que las personas puedan desarrollarse plenamente. Una ciudad que aspira a ser moderna, incluyente y humana no puede seguir actuando como si los cuidados fueran un asunto privado que cada familia debe resolver por su cuenta.

Hoy tenemos la oportunidad de reconocerlos, valorarlos y construir políticas públicas que estén a la altura de su importancia. Porque cuando hablamos de cuidados, en realidad estamos hablando de algo que nos involucra a todos.

Aprovecho este espacio para reconocer el trabajo de Silvana Carranza, que dio toda la lucha, estuvo en todas las mesas y en todos los espacios posibles para que la Ley fuera una realidad en esta CDMX, agradezco también a Liz Salgado, diputada de mi partido que apoyo ese caminar y se involucró al cien en el tema para acompañar la lucha y por supuesto a la red de Aúna que nos juntó a las 3 y a muchas más para sostener así como acompañar este camino y los que vengan.

El pasado domingo 31 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró dos años de haber sido electa. Con más de 35 millones de votos, ha sido la persona más votada en la historia de México. Sin embargo, la legitimidad ganada en las urnas no le ha facilitado, por sí misma, el ejercicio del poder.

Inició su gobierno con niveles de aprobación superiores al 80%, particularmente fortalecidos por el manejo político frente a la presión ejercida por Donald Trump y el tema arancelario. Sin embargo, esa narrativa comenzó a resquebrajarse con el caso de Rubén Rocha Moya. Todo inició con la denuncia interpuesta en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado y delitos contra la salud. La misma clase de acusaciones que durante años fueron consideradas suficientes para afirmar vínculos entre Genaro García Luna, Felipe Calderón y el narcotráfico no parecieron constituir para la presidenta “pruebas contundentes”. Rocha pidió licencia y varios colaboradores de su gobierno, así como el exalcalde de Culiacán, se entregaron a autoridades estadounidenses.

A esto se suma el caso de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, acusada de permitir la injerencia de agentes estadounidenses en operativos contra el narcotráfico dentro de su estado. El tema detonó un nuevo debate sobre soberanía, intervención extranjera y seguridad nacional. Mientras a Campos se le señala incluso por “traición a la patria”, Rocha parece quedar protegido bajo el discurso de defensa de la soberanía y autonomía nacional.

Ante una pérdida reciente de aprobación —ligada en buena medida al caso Rocha Moya—, el discurso de Sheinbaum del domingo buscó recuperar el rasgo político que más respaldo le había dado: la resiliencia frente a Trump y la defensa de la soberanía mexicana. Sin embargo, el tema del narcotráfico modifica el terreno político. No solo por el gobernador con licencia de Sinaloa, sino por la serie de detenciones derivadas del Operativo Enjambre y las investigaciones contra presidentes municipales vinculados con extorsión y crimen organizado.

La pregunta inevitable es hasta dónde está entrelazada la política con el crimen. Y aunque desde el oficialismo se señale como “intervencionismo” cualquier señalamiento proveniente de Estados Unidos, los propios hechos, las investigaciones y la narrativa presidencial dificultan sostener una postura completamente opuesta. Sheinbaum ha buscado combatir al crimen sin intervención directa extranjera, pero al mismo tiempo ha autorizado extradiciones relevantes y cooperación bilateral en materia de seguridad. Ahí es donde el relato político comienza a tensionarse.

La presión política por parte de Donald Trump no ha hecho sino incrementarse, y las declaraciones del domingo elevaron la tensión. Ron Johnson declaró que la lucha contra los cárteles de la droga no debe politizarse, sino unir a los dos países. La presidenta regresó al tema de la soberanía y le pidió que fuera “respetuoso de los temas internos”.

Mientras tanto, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se sumó a quienes se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses, mientras que la jueza Katherine Polk Failla dijo que la evidencia en su contra era “abundante”.

Seguir armando mítines para defender la soberanía y, de paso, atacar a la oposición; hacer declaraciones contra el intervencionismo de Estados Unidos en Cuba o México; y ensalzar el valor del patriotismo ya empieza a desgastarse. A principios de 2026 comenzaba a verse una presidenta que tomaba su propia agenda y dejaba de lado herencias nocivas del presidente López Obrador. Seis meses después, lo que vemos es desgaste e incoherencia en el mensaje, elementos que posiblemente ya no puedan sostenerse mucho más tiempo.

“No se puede construir una democracia sobre la base de la impunidad.” -Rigoberta Menchú

Esta semana se inauguró el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, y no hubo discusión menor. El Grupo Parlamentario de Morena llevó al Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma al Poder Judicial.

Dicha iniciativa fue aprobada en lo general con 341 votos a favor y 124 en contra durante la primera sesión del martes 26 de mayo, por lo que pasó a su votación en lo particular; es decir, se analizó punto por punto al día siguiente. Después de una jornada de más de 22 horas de discusión, se aprobó esta reforma constitucional con mayoría calificada al contar con 322 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde; 132 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano; y 22 abstenciones de Morena. Para continuar con su curso legislativo, se envió al Senado para su análisis y correspondiente deliberación.

Pero, ¿En qué consiste finalmente la reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum?

• Aplazar las elecciones judiciales que estaban programadas para celebrarse en 2027 al 4 de junio de 2028.
• Modificar el artículo 35 de la Constitución para que la Revocación de Mandato se realice el primer domingo de junio del cuarto año del sexenio.
• Modificar el artículo cuarto transitorio del decreto publicado el 15 de septiembre de 2024 para que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en funciones puedan reelegirse en la elección de 2028.
• Modificar el artículo 94 de la Constitución para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se integre por dos secciones, las cuales funcionarán únicamente bajo la aprobación del Pleno, así como reducir de nueve a ocho años la duración del encargo de magistrados y jueces electos en la jornada de junio de 2028, concluyendo sus funciones en 2036.
• Incorporar exámenes para las personas aspirantes a cargos judiciales, con el fin de reducir el número de perfiles mediante procesos de evaluación técnica.
• Establecer capacitación permanente para juezas y jueces.

Teniendo la oportunidad de corregir tantos errores de fondo que contiene la inicial Reforma Judicial aprobada en 2024, el oficialismo decidió legislar únicamente en la forma. Superficialmente. Proponiendo cambios que solo arreglan temporalmente el problema pero que no corrigen las deficiencias estructurales del modelo. Si bien las elecciones judiciales no van a coincidir con las elecciones federales intermedias de 2027, si lo harán con las presidenciales del 2030 y 2036. También la Revocación de Mandato coincidiría con las elecciones judiciales que se buscan aplazar a 2028 y la propuesta de reelección de cargos para Magistrados ya queda sobrando. Primero deben demostrar que están a la altura de la responsabilidad que se les ha conferido; después podremos discutir la posibilidad de una reelección que, en los hechos, podría interpretarse simplemente como un mecanismo para mantenerse en el poder.

La iniciativa menciona la incorporación de exámenes para los candidatos y la capacitación permanente para los jueces electos, lo cual representa apenas lo mínimo indispensable que podía añadirse. Evidentemente, en el tiempo que llevan en funciones los jueces y magistrados electos tras la Reforma Judicial, lo que hemos visto es simplemente es la decadencia del sistema judicial en todo el pais, con impartidores de justicia cuya preparación ha sido ampliamente cuestionada y con una ciudadanía que acude a exigir sus derechos, pero que no necesariamente confía en quienes deben garantizarlos. Esto se debe, en gran medida, a la percepción de que algunos llegaron al cargo por razones distintas al mérito, la trayectoria profesional y la carrera judicial.

Algunas de las propuestas que no vimos reflejadas en esta iniciativa fueron:

• Blindar al Poder Judicial contra la infiltración del Crimen Organizado mediante filtros de integridad efectivos que garanticen que la justicia esté en manos confiables y que no exista parcialidad al momento de dictar sentencias.
• Implementar elecciones escalonadas y no masivas, pues en las elecciones pasadas pudimos observar dificultades derivadas del enorme número de cargos y candidatos. Esto podría evitarse eligiendo solo una parte de los cargos cada tres años y evitando boletas con cientos de nombres.
• Facilitar que el electorado conozca a los candidatos, así como el funcionamiento del Poder Judicial tanto a nivel local como federal. Si realmente el gobierno busca garantizar una “elección informada”, es necesario brindar herramientas e información accesible para toda la población, y no únicamente para quienes cuentan con los recursos, el tiempo o el interés para informarse por cuenta propia. A eso se le llama democracia.

¿Es necesario hacer modificaciones a la Reforma Judicial? Por supuesto.

¿Los cambios que presentaron nuestros legisladores son suficientes para corregir los errores esenciales de esta reforma? No.

Las modificaciones propuestas reconocen implícitamente que la Reforma Judicial de 2024 tuvo deficiencias importantes. Sin embargo, los cambios planteados se quedan en la superficie y evitan atender problemas de fondo como la independencia judicial, la profesionalización de los impartidores de justicia y la confianza ciudadana en las instituciones.

La justicia no se fortalece únicamente cambiando fechas o ajustando procedimientos. Se fortalece garantizando que quienes la imparten cuenten con preparación, experiencia y autonomía. Mientras esos temas sigan pendientes, cualquier Reforma seguirá siendo insuficiente.