Del 30 de abril al 3 de mayo, Polanco se transforma. El Festival de Flores y Jardines FYJA 2026 llega a su séptima edición convirtiendo a la Alcaldía Miguel Hidalgo en el escenario del festival de flores y jardines más importante del país. No es casualidad que ocurra aquí.

Hay una tradición profundamente mexicana en el uso de las flores como lenguaje. Antes de que existieran las ciudades tal como las conocemos, las flores ya eran símbolo, ofrenda, celebración y memoria. El cempasúchil en los altares, las flores de papel en las fiestas populares, los mercados de Jamaica con sus toneladas de color, todo eso forma parte de una relación con la naturaleza que en México no es decorativa. Es cultural.

El FYJA entiende eso. Desde su primera edición en 2017, este festival ha hecho algo que pocos eventos urbanos logran: convertir el espacio público en una galería viva. No hay boleto. No hay acceso restringido. Las instalaciones no están dentro de un museo ni detrás de una barda. Están en la banqueta, en la fachada del restaurante de la esquina, en el arco que atraviesas camino al trabajo. El arte te encuentra a ti, no al revés. Esa decisión —poner el arte floral en el espacio público y hacerlo gratuito— no es menor. Es una declaración sobre el tipo de ciudad que queremos. Una donde la cultura no es privilegio de quien puede pagar entrada, sino patrimonio de quien camina por la calle.

Este año el tema es México. No como postal turística, sino como territorio de diversidad cultural y simbólica. Los diseñadores y paisajistas que participan en el FYJA 2026 fueron convocados a explorar el jardín mexicano como memoria colectiva, esa idea de que en las flores guardamos historias, tradiciones y vínculos que conectan generaciones.

Es una propuesta curatorial ambiciosa para un festival que ocurre al aire libre, entre el tráfico y los transeúntes. Y precisamente por eso es poderosa.

Masaryk, Parque Lincoln, Parque América y Polanquito serán durante cuatro días un recorrido por la identidad botánica de México. Jardines efímeros diseñados por paisajistas mexicanos, esculturas florales de gran formato, arcos monumentales, intervenciones en fachadas comerciales. Todo con una particularidad que distingue al FYJA de otros festivales similares en el mundo: cada instalación desaparece. No hay permanencia. Lo que ves el domingo ya no estará el lunes.Esa fugacidad no es una limitación. Es parte del mensaje.

Esta mañana, desde la Comisión de Gobierno que presido, revisamos con la Alcaldía los preparativos del festival. Me da gusto confirmar que la operación está a la altura del evento: plan de movilidad, protocolos de seguridad, y un esquema de manejo de residuos que trabaja con una empresa de compostaje para que cada flor efímera tenga una segunda vida como tierra fértil. El cierre vehicular de Masaryk será únicamente sábado y domingo, de ocho de la mañana a ocho de la noche, manteniendo abiertos los cruces principales.

En su edición anterior participaron 92 establecimientos. Miles de visitantes de toda la ciudad recorrieron la zona durante cuatro días. Restaurantes y comercios locales reportaron ocupación total. El FYJA es, en los hechos, uno de los eventos con mayor impacto cultural y económico para la demarcación en todo el año.

Miguel Hidalgo tiene en este festival algo valioso y escaso: un evento que es simultáneamente popular y sofisticado, gratuito y de clase mundial, efímero y memorable. Una ciudad se mide también por los espacios que abre a la cultura. Por los momentos que crea para que sus habitantes se reconozcan en algo bello. El 30 de abril, Polanco florece. Y con él, toda la alcaldía.

Juan Pablo Beltrán Viggiano es Concejal Presidente de la Comisión de Gobierno, Régimen Interior y Legalidad del Concejo de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

En la Ciudad de México no existen policías municipales. La constitución local es clara: la responsabilidad de la seguridad pública se encuentra centralizada en el gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo un esquema de mando único que busca garantizar coordinación, control y homogeneidad en la actuación policial.

Sin embargo, en la práctica, ese modelo comienza a mostrar fisuras.

En los últimos años, diversas alcaldías han recurrido de manera creciente a la contratación de elementos de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial para reforzar tareas de seguridad en sus territorios. Aunque estos cuerpos forman parte orgánica de la estructura central, su despliegue responde, cada vez más, a decisiones, recursos y prioridades locales.

La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a un mecanismo de apoyo institucional o ante la construcción de policías municipales de facto?

Programas como “Blindar BJ” en la alcaldía Benito Juárez han sido presentados como casos de éxito. Mediante el incremento sustancial de elementos de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria, la adquisición de patrullas y la implementación de esquemas de vigilancia por cuadrantes, se ha logrado fortalecer la presencia policial y mejorar la capacidad de reacción inmediata. En la misma lógica, estrategias similares en Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero o Cuajimalpa han ampliado su estado de fuerza y consolidados esquemas de patrullaje focalizado, incluso avanzando hacia modelos de coordinación Inter alcaldías.

Estos casos muestran que el modelo puede generar resultados operativos concretos. No obstante, también evidencian un cambio silencioso en la forma en que se gestiona la seguridad pública en la ciudad: las alcaldías no solo complementan, sino que comienzan a estructurar capacidades propias de seguridad de manera exponencial.

Pero no todos los ejemplos han estado exentos de cuestionamientos.

Muestra de esto, fue lo suscitado en el año 2002 en la entonces Delegación Miguel Hidalgo, cuando el jefe Delegacional en turno creó un grupo denominado “Cuerpo de Alta Seguridad” conformado por 50 Policías Auxiliares contratados por la demarcación, pero que la gente terminó rebautizando como “Los Robocops”, en alusión al uso de equipamiento antimotines y al actuar rígido de los elementos. Más allá del término (que responde más a una construcción mediática que a una política formal), el fenómeno ilustra que la apuesta por modelos de seguridad centrados en la disuasión visual y la presencia constante, no necesariamente impactan de manera positiva en la percepción ciudadana.

A esto se suma la fragmentación no solo operativa, si no también simbólica.

La discusión en torno al balizamiento de patrullas es un ejemplo muy claro. La decisión del gobierno central de homologar colores, diseños y emblemas en las unidades policiales, limitando (para bien o para mal) la identificación propia de las alcaldías no responde únicamente a criterios estéticos, sino a una disputa de fondo: quién ejerce y, sobre todo, quién representa la autoridad en el espacio público.

Este pleito por los colores y diseño de las unidades llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que en 2024 confirmó que efectivamente el balizado de las patrullas capitalinas debe seguir los lineamientos expedidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin importar si estas fueron adquiridas por el Gobierno central o por las propias alcaldías.

Porque en seguridad, la imagen también comunica poder.

Así, la Ciudad de México vive una paradoja: mientras su diseño constitucional niega la existencia de policías municipales, en la práctica las alcaldías construyen esquemas de seguridad territorial con recursos, estrategias e incluso identidades propias.

El problema no es necesariamente su existencia. El problema es su indefinición.

La pregunta de fondo ya no es si estos modelos funcionan, sino si el orden jurídico e institucional está dispuesto a reconocer y regular una realidad que, desde hace tiempo, lo ha rebasado.

Casi sin darse cuenta, la gente del río Pánuco vio cómo su entorno comenzó a cambiar. Primero, una alteración que parecía imperceptible en la corriente, un aumento inusual en la salinidad del agua. Luego, llegó el olor. Un vaho tenue a podredumbre que se colaba por las ventanas y se instalaba en la garganta. Al principio, aparecieron unos cuantos peces muertos flotando en las orillas del río y el estero El Camalote. Parecían casos aislados, pero pronto comenzaron a amontonarse por miles.

Cuando las comunidades pesqueras alzaron la voz, asustadas por lo que el río estaba arrojando, la primera reacción desde el poder fue la minimización institucional. Las autoridades desestimaron la crisis; hablaron de compuertas abiertas y fenómenos naturales.

Para calmar el ruido mediático, la respuesta fue cavar hoyos de forma apresurada. Echar cal, sepultar los cuerpos de los peces en la tierra y pretender que, al no verse, la tragedia no había ocurrido. Fue el clásico intento de tapar el sol con un dedo.

Sin embargo, la putrefacción no entiende de narrativas oficiales. Con el paso de los días, el problema se volvió insostenible. El olor se hizo tan asfixiante que hoy obliga a la gente a caminar con cubrebocas. Las imágenes que circulan ya no muestran un río, sino un manto inerte, una costra de muerte que desborda por todos lados. Las fosas improvisadas por la autoridad ya superan los diez metros cuadrados y, aun así, no alcanzan. La realidad superó por completo el pequeño dedo gubernamental que quería tapar el inmenso sol.

Llegados a este punto, debo ser honesto con quien me lee. Aunque este ecocidio es real y duele profundamente, no estoy hablando de los peces. Estoy hablando de la crisis de las personas desaparecidas.

El río no es el Pánuco; el río es México. Las señales las estamos viendo todos. Vemos cómo la violencia está salando nuestra convivencia, cómo el tejido social se descompone y cómo los cuerpos siguen apareciendo. Primero a cuentagotas, luego por decenas, hoy por miles. Somos testigos de cómo, frente a la desesperación de las familias que escarban la tierra, la respuesta de las instituciones es, demasiadas veces, la negación, el maquillaje de cifras y el ocultamiento.

Hoy, la crisis nos estalla en la cara y las estadísticas oficiales son el olor podrido que no permite ocultar la realidad. No son peces; son más de 132 mil 500 personas desaparecidas que hoy conforman el Registro Nacional. La tragedia se aceleró frente a nuestros ojos: apenas en 2024 rompimos el récord histórico con más de 13 mil casos en un solo año, el punto más alto en la historia reciente del país.

El dolor desborda cualquier intento de contención gubernamental porque el Estado, sencillamente, colapsó. La impunidad es absoluta. Hay registro de apenas 3,800 investigaciones formales para un universo de más de 130 mil desaparecidos. Es decir,  la autoridad no está buscándose. Lo que es peor: el propio gobierno reconoce que en el 36% de los expedientes ni siquiera hay datos suficientes para iniciar una búsqueda real: carpetas vacías, nombres arrojados a la fosa del olvido burocrático.

Es imposible ocultar una tragedia sistémica cuando la evidencia nos respira en la nuca. El humanismo en lo público exige dejar de mirar hacia otro lado y asumir que el Estado nos está fallando en su mandato fundacional: proteger la vida. No podemos seguir normalizando que el suelo de nuestro país sea un cementerio clandestino.

«Pero mira cómo mueren los peces en el río, pero mira cómo mueren por solo haber nacido. Mueren y mueren y vuelven a morir, los peces en el rio, por solo haber nacido.». Y no, no solamente estoy hablando de peces, dolorosamente no.