Cuando pensamos en cómo mejorar la calidad de la educación, normalmente nos enfocamos en el sistema escolar: los planes de estudio, la capacitación docente y las instalaciones educativas. Y sí, todos esos elementos son importantes, pero no podemos pasar por alto otro factor decisivo: la participación activa de las familias en la vida escolar de sus hijos.

El Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Tecnológico de Monterrey, dedicado a promover la innovación educativa, ha documentado que el involucramiento de las familias es fundamental para que los estudiantes alcancen su máximo potencial.

Esto no significa únicamente asistir a reuniones escolares o firmar boletas, sino construir un puente constante entre casa y escuela: mantener una comunicación fluida con los maestros, mostrar interés genuino por lo que aprenden y sienten los hijos, conocer su vida escolar, su comunidad de amigos y la utilidad que encuentran en el aprendizaje.

Cuando ese puente existe, el impacto es tangible: el absentismo escolar se reduce (algunos estudios registran disminuciones de hasta el 24 %), el rendimiento académico mejora, la conducta se estabiliza y la motivación aumenta.

Este efecto no solo se observa en los primeros años de primaria; el acompañamiento familiar sigue siendo crucial en la adolescencia. El Observatorio del IFE señala que la implicación parental en esta etapa influye en decisiones clave, como continuar o abandonar los estudios. En otras palabras, la presencia atenta de un padre o madre puede abrir o cerrar oportunidades para un mejor futuro.

El beneficio también alcanza a los docentes. Cuando un maestro siente que las familias valoran y respaldan su labor, aumenta su motivación y puede adaptar mejor sus estrategias pedagógicas al conocer de primera mano el contexto y necesidades de cada alumno. A su vez, los padres que se involucran comprenden mejor el plan educativo, los retos y progresos de sus hijos y, en muchos casos, recuperan el interés por su propia formación académica. Así, la participación familiar genera círculos virtuosos que benefician a todos.

Sin embargo, muchas familias enfrentan barreras reales: horarios laborales inflexibles, falta de recursos o la percepción errónea de que “la educación es responsabilidad exclusiva de la escuela”. Como sociedad, debemos entender que la participación parental no es un lujo, sino una inversión educativa con beneficios comprobados. Esto exige que empleadores y escuelas generen mecanismos para facilitarla sin que suponga un sacrificio imposible.

En conclusión, la educación de calidad es una construcción colectiva. No empieza ni termina en el aula: se nutre en el hogar, en las conversaciones después de la escuela, en el interés por las tareas, en la celebración de logros y en el acompañamiento frente a las dificultades. Podríamos tener los mejores programas y a los docentes más preparados, pero sin padres presentes perderíamos una de las piezas más valiosas del rompecabezas educativo.

En el marco del Día de la Juventud, el domingo 10 de agosto se llevó a cabo la Rodada y Carrera por la Paz y contra las Adicciones, un mensaje vivo contra los estigmas. Ese día, México amaneció con sus calles transformadas en ríos de bicicletas y pasos firmes. No fue una simple carrera ni una rodada más: fue un grito colectivo por la paz, un llamado de las juventudes para dejar atrás la sombra de la violencia y pedalear hacia un país con justicia y esperanza.

Nos decían “ninis”, apáticos o irresponsables, pero no olviden que históricamente hemos sido las y los jóvenes quienes hemos tomado la batuta para encabezar movilizaciones que derivan en cambios sociales monumentales. Hoy, como ayer, no nos quedamos al margen: somos motor de transformación, fuerza organizada y esperanza colectiva.

Esta actividad formó parte de una jornada nacional que impulsamos desde el IMJUVE y la CONADE, con el respaldo de instituciones como la Secretaría de Bienestar, la SEP, los Centros de Integración Juvenil y el IMSS Bienestar. En todo el país se organizaron 109 carreras y rodadas en los 32 estados, sumando más de 780 kilómetros recorridos y la participación de más de 120 mil personas de todas las edades. Es la prueba viva de que, cuando hay organización y voluntad, las juventudes mexicanas pueden movilizarse con fuerza y convicción por causas que importan.

Desde el IMJUVE impulsamos esta rodada no solo como una actividad deportiva o recreativa, sino como un recordatorio vivo para las y los jóvenes: los espacios públicos son nuestros, y debemos habitarlos, defenderlos y transformarlos. Cada avenida tomada por bicicletas, cada parque ocupado por risas y pasos firmes, es una declaración de que la calle es lugar de encuentro, organización y libertad.

Recuperar el espacio público es también recuperar nuestra voz y nuestro derecho a vivir sin miedo. Como dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “solo siendo buenos podemos ser felices”. Y como ha dicho la Presidenta Claudia Sheinbaum, “la paz se construye con justicia”. Esa es la ruta, y la estamos pedaleando. La Cuarta Transformación no se limita a grandes obras o a reformas históricas: también se construye en gestos colectivos que siembran valores, fortalecen lazos y forjan comunidad.

Y que nadie lo olvide: las juventudes de hoy somos herederas de una tradición de lucha que no se conforma ni se rinde. Del movimiento estudiantil del 68, a la defensa de la democracia en 1988 y las movilizaciones por la paz y la justicia en los años más oscuros, la historia nos ha puesto siempre en la primera línea. Hoy, con la 4T, tenemos no solo la energía y la rebeldía, sino también el respaldo de un proyecto que nos abre las puertas para transformar de raíz nuestro país.

En cada rodada, se dibuja también la memoria de tantas luchas que abrieron camino para que hoy podamos vivir un México con esperanza. La paz no se decreta: se cultiva. Y en esta Cuarta Transformación, se construye desde las calles, con el sudor de la frente y la alegría del corazón, sabiendo que cada paso y cada pedal son parte de un mismo destino: un país donde el bienestar sea costumbre y la justicia, la norma.

En Como agua para chocolate, el destino de Tita estaba trazado: debía cuidar a su madre hasta su muerte, y de paso, cocinar para todos en la casa. En la época de la Revolución, cuando se sitúa esta novela, el cuidado se veía como el destino inevitable para las mujeres. 115 años después, pareciera que ese sigue siendo el destino de las mujeres. Sin embargo, para romper con este statu quo, es esencial transformar las estructuras sociales que lo perpetúan.

El pasado 7 de agosto de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su Opinión Consultiva 31/2025, declarando por primera vez que el cuidado es un derecho humano autónomo. Esto implica que todas las personas tenemos derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado en condiciones dignas. La Corte, además, enfatizó que este derecho se interrelaciona con otros, como la salud, la igualdad de género y el trabajo digno, y obliga a los Estados a diseñar políticas públicas que lo garanticen, reconociendo su impacto desproporcionado en las mujeres debido a roles de género tradicionales.

Sin embargo, los problemas estructurales persisten y limitan nuestra capacidad para ejercer estos derechos. Cuidar a personas en los extremos de la vida – infancias y personas adultas mayores – es una labor extenuante, de tiempo completo, que rara vez se compatibiliza con un empleo remunerado. En México, el 75% de las personas que brindan cuidados son mujeres, lo que refleja una desigualdad profunda. Esto lleva a que muchas mujeres abandonen sus trabajos para dedicarse al cuidado. Y esto no es producto de ninguna “energía femenina” ni “instinto maternal”, sino que responde a roles de género impuestos. Además, este trabajo suele carecer de apoyo económico o familiar: los hermanos varones a menudo se ausentan en el cuidado de adultos mayores, las parejas no siempre comparten la carga, y las madres autónomas enfrentan jornadas triples sin red de soporte. En México, cerca de 20 millones de mujeres están excluidas del mercado laboral por responsabilidades de cuidado, y su aporte no remunerado equivale a aproximadamente 86 mil pesos anuales por persona, según el INEGI.

En pleno 2025, uno esperaría que la corresponsabilidad fuera un concepto ampliamente conocido y practicado. Cuidar es tarea de todas las personas, y facilitar estas labores compete a todos los actores sociales. Las empresas pueden contribuir con jornadas laborales de 40 horas semanales, tiempos suficientes y espacios para lactancia, permisos parentales equitativos que permitan a los padres estar presentes en la crianza – no solo para conocer a la criatura recién nacida –, y medidas para evitar jornadas triples. Mantener con vida y comodidad a un menor o a un adulto mayor es una labor vital y compleja. El Estado, por su parte, debe retribuir este trabajo: contabilizar su valor económico, reconocerlo como empleo formal y no solo como “amor” no pagado.

Este lunes 11 de agosto de 2025, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, envió al Congreso local una iniciativa de ley para hacer realidad el Sistema Público de Cuidados. Esta iniciativa coincide con la reciente declaración de la CIDH y con la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, después de un fuerte cabildeo y litigio estratégico llevado a cabo por las especialistas Úrsula Amaranta Martínez y Silvana Carranza, debido a una omisión legislativa de ocho años por parte del Congreso local en otorgar un marco normativo al derecho al cuidado, ya reconocido en la Constitución de la CDMX desde 2017.

La propuesta de la Jefa de Gobierno incluye reformas a la Constitución local que buscan erradicar la división sexual del trabajo, redistribuir las tareas de cuidado y se destinará una partida presupuestal progresiva durante 30 años para lograrlo. Esto implica voluntad política, recursos y, sobre todo, el reconocimiento al esfuerzo silencioso que muchas mujeres han realizado durante generaciones.

Tener padres envejeciendo o hijas e hijos pequeños no debe ser una carga ni un martirio. Es crucial desfeminizar el cuidado, apoyarlo desde el Estado y las empresas, y fomentar una corresponsabilidad total entre sociedad civil, sector privado y gobierno. Porque cuidar es labor de todas las personas.