En apenas una semana, el libro “Entre la Constitución y la campaña mediática. Asignación de diputaciones en México en 2024 y sentencia SUP-REC-3505/2024”, coordinado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y Alejandra Tello Mendoza, recorrió tres de las sedes institucionales más relevantes del país. Las presentaciones, realizadas en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejaron ver que el debate sobre la asignación de diputaciones de 2024 sigue vivo, pero también que el terreno de discusión debe ser el constitucional, no el mediático.

En el primer encuentro, legisladoras y legisladores de distintas corrientes políticas coincidieron en un principio elemental del Estado de derecho: la función de los jueces es resguardar la Constitución, aun cuando sus decisiones resulten incómodas o generen polémica. Así lo señalaron las diputadas Gabriela Jiménez y Maiella Gómez, junto con los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Ricardo Monreal, quienes subrayaron la necesidad de preservar la autonomía judicial frente a presiones externas.

La discusión continuó dos días después en el Senado, donde el tono fue más analítico respecto al contexto político que rodeó la sentencia. Los senadores Gerardo Fernández Noroña y Javier Corral, acompañados por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, coincidieron en que el texto aporta claridad a un debate alimentado por interpretaciones políticas y no siempre por argumentos jurídicos.

Noroña sostuvo que la Constitución establece con precisión el mecanismo para la asignación de diputaciones de representación proporcional, mientras que Corral consideró que la obra llena un vacío en la discusión pública posterior a los comicios de 2024. A su juicio, el libro ofrece una explicación necesaria frente a la narrativa de una supuesta sobrerrepresentación irregular en la Cámara de Diputados.

El propio senador destacó que los ocho ensayos del volumen están escritos con lenguaje claro y directo, lo que facilita su lectura ciudadana. En ese mismo foro, la coautora explicó que el objetivo central fue desmontar, con argumentos jurídicos, las versiones mediáticas que calificaron el procedimiento como inconstitucional o manipulado. Según expuso, el diseño constitucional establece que la sobrerrepresentación se calcula por partido, dentro de un sistema electoral mixto vigente desde 1977.

Por su parte, el coordinador del libro sostuvo que la resolución del Tribunal Electoral respondía a un criterio constitucional respaldado por precedentes, incluido uno de 2018. Sin embargo, señaló que el caso estuvo acompañado de una intensa presión mediática impulsada por sectores académicos y políticos que buscaron modificar el sentido de la sentencia.

En la misma línea, el magistrado Fuentes Barrera habló de un entorno de presión sistemática tras la resolución, con intentos de influir en un criterio sostenido durante años por el Tribunal. Para él, el episodio mostró hasta qué punto las decisiones jurisdiccionales pueden convertirse en el centro de disputas políticas.

El ciclo concluyó en la Suprema Corte, donde los coordinadores compartieron el foro con el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García y nuevamente con Fuentes Barrera. El cierre en el máximo tribunal del país tuvo un carácter simbólico: el libro, que analiza una sentencia electoral, terminó su ruta en el espacio que representa la última palabra en materia constitucional.

Además de sus coordinadores, la obra contó con la participación de los coautores Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga, Santiago Jesús Chablé Velázquez, Fernando Díaz Naranjo, José Alfonso Herrera García y Fernando Ramírez Barrios, quienes abordaron distintos ángulos de un mismo fenómeno: la distancia entre el texto constitucional y la narrativa política.

Las tres presentaciones dejaron una lectura común: la discusión pública sobre decisiones judiciales se libra en dos planos. Uno es el de los argumentos jurídicos; el otro, el de la disputa política mediática donde percepciones, intereses y campañas pueden imponer su propio relato.

El libro se inscribe precisamente en esa frontera entre Constitución y narrativa. No pretende cerrar el debate político, pero sí devolverlo al terreno constitucional donde debería originarse. Porque, al final, las instituciones se sostienen en reglas claras y decisiones apegadas a la ley, no en tendencias de redes sociales.

Durante las últimas semanas, los temas fiscales han dejado de ser asunto exclusivo de especialistas para instalarse, con inusual protagonismo, en la conversación pública. El caso de Ricardo Salinas Pliego y la discusión en torno a las obligaciones tributarias de ciertos grandes empresarios han reactivado una vieja pregunta: ¿pagan suficientes impuestos los más ricos? Pero la verdadera interrogante es otra: la desigualdad y el gasto público.

La pregunta sobre si los más ricos pagan suficientes impuestos suele presentarse como un debate técnico, una conversación de economistas, contadores y funcionarios de Hacienda que se resuelve entre porcentajes, tablas progresivas y deducciones autorizadas. Pero cada vez resulta más evidente que no estamos frente a un problema fiscal, sino institucional.

No se trata únicamente de cuánto contribuyen quienes más tienen, sino de cuánto poder político puede comprar esa contribución.

El principio de equidad tributaria, que en términos jurídicos se traduce como la obligación de aportar conforme a la capacidad económica, no es solo un gesto de justicia social: es un mecanismo de estabilidad democrática. Cuando ese principio se debilita, lo que entra en crisis no es la recaudación, sino la legitimidad del Estado para redistribuir cargas y beneficios sin parecer rehén de intereses privados.

México recauda poco, sí, pero sobre todo recauda mal.

Una parte considerable de los ingresos públicos proviene de impuestos al consumo, que pagan de manera proporcional más quienes menos tienen. Mientras tanto, los grandes patrimonios encuentran estructuras para optimizar su carga fiscal. El resultado no es solo desigualdad económica, sino una asimetría política cada vez más difícil de ignorar: el voto vale lo mismo, pero el patrimonio pesa más.

Y cuando el patrimonio empieza a pesar más que el voto, la democracia deja de ser representativa para volverse competitiva… pero no entre partidos, sino entre niveles de ingreso.

No es casualidad que los debates sobre impuestos a herencias, grandes fortunas o ganancias extraordinarias suelan descartarse bajo el argumento de que “espantan la inversión”. La inversión, en este caso, parece tener una sensibilidad particular: huye del impuesto, pero no de la influencia, porque en la práctica, la acumulación sin contrapesos no solo incrementa la riqueza, sino su capacidad para incidir en decisiones públicas.

Financiar campañas, litigar reformas, moldear regulaciones o condicionar mercados no requiere mayoría legislativa, sino liquidez. Desde luego, nadie propone que el éxito económico deba penalizarse, pero sí que su traducción en poder político tenga límites.

El problema, entonces, no es si los más ricos pagan suficientes impuestos.
El problema es si su riqueza puede comprar suficiente poder como para decidir cuánto quieren pagar.

Porque, en una democracia funcional, las leyes fiscales deberían ser el resultado del interés público.
No su precio.

La vida democrática de una ciudad no se mide únicamente en procesos electorales ni en consultas ocasionales. Se construye en la forma en que las personas se involucran en lo público, dialogan con sus autoridades y conviven en un entorno diverso. En la Ciudad de México, la participación ciudadana es un derecho y una responsabilidad compartida.

El reto no es solo que existan mecanismos de participación, sino que evolucionen hacia prácticas cotidianas de corresponsabilidad y escucha institucional. Involucrarse en lo público implica un papel activo en la construcción, el cuidado y la mejora de la ciudad.

La corresponsabilidad ciudadana reconoce que los asuntos urbanos no dependen solo de la autoridad, sino de una ciudadanía informada, organizada y colaborativa. Participar no es solo demandar; es proponer, cuidar y acompañar. Cuando la participación se vuelve corresponsabilidad, se fortalece el vínculo entre gobierno y sociedad.

La democracia urbana se vive en alcaldías, barrios y colonias. El gobierno de proximidad es clave: escucha, dialoga, responde y convoca a la ciudadanía a participar de forma activa y constante.

Una ciudadanía activa se informa, se organiza y mantiene canales de comunicación abiertos. La participación cotidiana convierte a la ciudad en un espacio compartido.

La Ciudad de México es un espacio de pluralidad. Su diversidad es fortaleza democrática, pero exige respeto, inclusión y diálogo en la diferencia.

Cuando la participación se ejerce con respeto, la pluralidad se vuelve cohesión comunitaria. Una ciudad democrática es aquella donde las diferencias encuentran cauces pacíficos.

Fortalecer la vida democrática implica una cultura cívica cotidiana. La democracia urbana se construye todos los días, desde lo local y entre todas las personas que habitan la ciudad.