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#Opinión

Primero los pobres

De acuerdo con el informe del CONEVAL, en el 2020 el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó del 41.9% al 43.9%.

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El gobierno de México ha implementado diversas políticas sociales con el objetivo de reducir los niveles de pobreza en el país y éstas se mantienen en el centro del debate público tanto por simpatizantes del gobierno, quienes afirman su focalización histórica, como por grupos opositores quienes observan los efectos negativos.

Hace apenas una semana, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) -organismo público autónomo de México- encargado de evaluar la efectividad de las políticas públicas de desarrollo social en el país-, presentó el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 (IEPDS 2022).

Dentro de los hallazgos más importantes se resalta que en 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó del 41.9% al 43.9%, lo que representa un incremento de 3.8 millones de personas en situación de pobreza; además, el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema aumentó del 7.9% al 9.1%, lo que representa un incremento de 2.8 millones de personas. Aun cuando bajó la pobreza en zonas rurales, en 800 mil personas, aumentó en zonas urbanas en 4.5 millones de personas. Para el 2020, 7 de cada 10 personas indígenas se encontraban en situación de pobreza, además el 49.5% de personas con alguna discapacidad presenta algún nivel de pobreza

Los ingresos corrientes por persona cayeron a nivel nacional 6.9%, pero en el caso de la Ciudad de México, la caída fue de 26.8% en el ingreso por persona, la peor caída de todas las entidades federativas.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el mercado laboral, con una disminución de la ocupación y un aumento del desempleo, las personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia fueron las más afectadas por el aumento de la pobreza.

Si bien es cierto que el rediseño de las políticas sociales del Gobierno, se han concentrado en la redistribución universal de los apoyos y con ello aumentó el porcentaje de hogares que reciben programas sociales, la tendencia a la baja en la recepción de los programas es tangible y se ve reflejada en los índices de pobreza de dicho informe.

Tanto la pandemia como las medidas económicas del gobierno han tenido un impacto en los índices de ocupación laboral del país y aunque según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), tuvo un nuevo mínimo histórico en diciembre, al ubicar en 2.76% a la Población No Económicamente Activa (PNEA) creció 1.2 millones, lo que nos da señales mixtas.

Una de las críticas al actual gobierno, es que los resultados de las políticas sociales han perdido su poder redistributivo, lo que merma la lucha contra la desigualdad.

Dentro de las causas se encuentran el anular el programa Prospera en el 2019 así como las políticas de austeridad. Existe incluso evidencia de datos publicados por el ENIGH 2020, en el que tan solo el programa Prospera llegaba a 10% más hogares que todos los programas juntos del actual gobierno.

Es momento de sentarse a revisar la estrategia, sobre todo pensando en los efectos de la inflación a corto y largo plazo y su impacto en los precios de la canasta básica, además de que la crítica se extiende a la misma que ha recorrido diferentes sexenios: no se trata de corregir la política estructural de los programas, sino de hacer las políticas redistributivas más eficientes en su entrega e impulsar su progresividad.

Noticias chilangas. Acá las quesadillas no siempre llevan queso.

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Debates, discursos y realidades

Valdría la pena, por lo menos en nuestro país, hacer un ejercicio de consciencia en donde las y los autoproclamados ganadores de debates, presentes y futuros, hablaran menos y escucharan más.

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Uno de los referentes entre las juventudes estadounidenses en las elecciones del 2016 fue Bernie Sanders. Su visión socialdemócrata antiestablishment atrajo a nuevos votantes, fortaleció sus bases y acerco a miles de entusiastas alrededor de su campaña y sus propuestas, y quien, pese a no obtener la nominación, se convirtió en un fenómeno político estudiado a la larga e incluso replicado.

Este fenómeno fue el principio marcado de un sentimiento que ha crecido a lo largo de los años alrededor del globo, ya no solo con las juventudes, sino con el grueso de los votantes (que si votan, hay que decir) y ha colocado en la presidencia a personajes completamente controversiales como Bukele en El Salvador o recientemente a Milei en Argentina, llevando a los países a extremas contrarias.

Este fenómeno lo hemos visto repitiéndose en ciclos en donde las personalidades más sagaces traen las “propuestas políticas” más innovadoras en un momento de cansancio social, dan un respiro o un golpe de timón a lo que parece ya marcado en el libreto del quehacer político: mismas propuestas con diferentes nombres, ataques feroces de errores y señalizaciones por corrupción y una innumerable cantidad de deseos como carta de Santa Claus, irrealizables nada más por el solo hecho de que son estructuralmente imposibles o porque son totalmente inútiles.

Este fenómeno no surge de un momento político, sino de una enorme falta de oído. Los políticos de siempre parecen saber de cierto que necesitan sus electores sin siquiera escucharles o ya de perdida, mostrar un poco ya no de empatía, de simpatía y seriedad.

La construcción democrática, esa que avizoramos a largo plazo como un cambio transfornacional, va mucho más allá de fenómenos y promesas momentáneas. Estamos avanzando a un momento político transicional en el que las agendas tienen que ser robustas, realistas, claras y con rumbo, ajustadas a estas nuevas realidades locales, nacionales e internacionales. Ajustadas a los problemas y necesidades actuales y los que son inminentes en un futuro (no es una caja de pandora, menos una china).

El secreto oculto sin embargo está en que estas buenas propuestas y agendas, que existen, no necesariamente son traducidas de manera eficaz, ya sea por la efervescencia política casi agotadora a la que estamos sometidos todos los días, ya sea porque hay que ganar la elección. Entonces, ¿cómo podrán las y los candidatos entender las necesidades para que las personas emitan un voto pensado en propuestas?, ¿les conviene?

Valdría la pena, por lo menos en nuestro país, hacer un ejercicio de consciencia en donde las y los autoproclamados ganadores de debates, presentes y futuros, hablaran menos y escucharan más. Y que en esos futuros debates, fueran justamente esas agendas, esas propuestas y esos proyectos, tan necesarios, los ganadores.

 

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La violencia política de género: el mayor obstáculo de las mujeres en el poder

Hay muchas batallas que se han librado para que hoy tengamos estos espacios de poder y hay que seguir luchando para poder ejercerlo con libertad.

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En los primeros días de junio de 2024, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, habrán calificado la elección y le entregarán la constancia de mayoría a otra mujer que será la presidenta de la República a partir de octubre.

Setenta años después de que se otorgara a las mujeres el derecho a votar y ser votadas, y tan solo seis años después del gran paso en la igualdad que fue la ley Paridad en Todo, tendremos una foto cargada de simbolismo donde, por primera vez, las mujeres no serán la minoría que se coló en el poder.

Sin embargo, no estamos aquí solo por la foto. Hay muchas batallas que se han librado para que hoy tengamos estos espacios de poder y hay que seguir luchando para poder ejercerlo con libertad. Existe mucho ruido alrededor de la violencia política en razón de género, pero los árbitros electorales han tenido pocos “dientes” para sancionarla.  Aunque existe un registro de personas sancionadas por este tipo de violencia en el cual hay 335 nombres, fuera de la exposición pública, falta mucho para dar justicia a las víctimas.

Por otro lado, ha habido casos como el de la periodista y académica Denise Dresser, quien fue acusada por la diputada Andrea Chávez de violencia política. Aunque el Tribunal revocó la multa y la sanción de Dresser argumentando que ejercía su libertad de expresión, queda la duda sobre qué es y qué no es un acto de violencia. Hay críticas hacia las candidatas, no solo las presidenciales, sino en todos los puestos de elección popular, que dejan a un lado las propuestas y visión de país y se enfocan en la violencia simbólica y estética. Una sociedad que normaliza esta violencia (viniendo de hombres o de mujeres) difícilmente podrá observarla y menos, sancionarla. Esto, al final, no le beneficia en nada a la democracia.

Debemos tener tolerancia cero a la violencia, venga de quien venga, y no permitir el acceso al poder de personas violentadoras. En diciembre de 2023, el INE aprobó la Ley 8 de 8 contra la violencia, que expande la 3 de 3 y que podrá retirar candidaturas a las personas que incurran en cualquiera de estos ocho supuestos de violencia:

  1. ⁠Comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal;

2.⁠ ⁠Contra la libertad y seguridad sexuales;

3.⁠ ⁠Cuando afecte el normal desarrollo psicosexual;

4.⁠ ⁠Violencia familiar;

5.⁠ ⁠Violencia doméstica;

6.⁠ ⁠Violación a la intimidad sexual;

7.⁠ ⁠Violencia política, y

8.⁠ ⁠Ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Avanzar en la sanción efectiva a la violencia también es una tarea pendiente. Las mujeres no vamos a dar un paso atrás y no vamos a acostumbrarnos a la violencia. Por ello, el TEPJF adelantó que ya está trabajando en la creación de una Defensoría para las Mujeres para juzgar y calificar las elecciones con perspectiva de género y coadyuvar a erradicar esta violencia que es su mayor obstáculo para el acceso y el ejercicio del poder.

La violencia, como lo vimos en la marcha del 8 de marzo, nos sigue atravesando a todas las mujeres sin importar el origen, preferencia política, orientación sexual o etnicidad. Nuestra lucha es erradicarla en todos los ámbitos, incluyendo, evidentemente, el de la política.

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8M y las cifras

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A propósito de la conmemoración del 8 de marzo, Día de la Mujer, y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en lo que va del sexenio se han registrado un total de 18 674 mujeres víctimas de muertes violentas; 13 853 muertes fueron catalogadas como homicidios dolosos y 4688 como feminicidio (4821 presuntas víctimas de feminicidio).

Los estados con mayor reporte de violencia son el Estado de México, Chihuahua y la Ciudad de México. Según sus datos, la Ciudad de México es la entidad donde más se llama a equipos de emergencia relacionados con violencia contra las mujeres a pesar de no tener ninguna Alerta de Violencia de Género, a diferencia del Estado de México que cuenta con 11 Alertas desde 2015 y 7 con doble alerta desde 2019, con 4333 llamadas.

A nivel nacional se reportan, a enero de 2024, 24 238 llamadas relacionadas por violencia contra las mujeres, 482 llamadas relacionadas con incidentes de abuso sexual; 1454 por violación, 19 387 de violencia de pareja y 44 183 por violencia familiar.

Conforme a los hallazgos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los 48.6 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 34.1 millones (70.1%) han experimentado a lo largo de la vida, al menos una situación de violencia física, psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja.

Estos hallazgos históricos demuestran varios fenómenos, uno de ellos es que aún existe muchísimo trabajo institucional e integral por hacer para acompañar a las mujeres víctimas de delitos en su contra y que si bien, las leyes han ido alcanzado los diferentes tipos de violencia que enfrentamos y han dotado de herramientas jurídicas a las mujeres, deben de ir acompañados de otros procesos.

En materia de prevención este esfuerzo es importantísimo en términos de habilitar más esfuerzos de comunicación y familiarización para que las mujeres sepan con qué herramientas cuentan. En el caso de la Ciudad de México, Las Lunas son unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género de la Secretaría de las Mujeres, son espacios informativos y de canalización muy eficientes; sin embargo, son poco conocidos. Así mismo la línea violeta y la línea SOS mujeres (*765) o los puntos violetas, necesitan mayor difusión.

Además de ello, sigue existiendo una deuda en materia de abordaje institucional, ya que la perspectiva de género ––como lo vimos hace una semana con la sentencia dictada por el juez en el caso de la niña de 4 años–– se sigue dejando en el cajón del escritorio, donde aún pesa mucho más la revictimización; esa revictimización hace que miles de mujeres víctimas de violencia en su contra no denuncien, esa revictimización que urge a las instituciones capacitación y un presupuesto transversal.

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