En su primer día como presidente, Donald Trump declaró a los cárteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas. Esta declaración, además de encender las alarmas en la Cancillería mexicana, puso sobre la mesa el elefante en la habitación: la violencia generada por el crimen organizado.
Desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narco”, la violencia se ha normalizado en el país. Asesinatos, cuerpos mutilados, desapariciones, extorsiones, trata de personas, huachicoleo y delitos de alto impacto se han convertido en una constante.

Mientras tanto, el discurso oficial se centra en el crecimiento económico y la inversión en nearshoring, sin considerar que la inseguridad impone costos adicionales a inversionistas y empresarios. Transportar mercancías o incluso trasladar directivos se ha vuelto un desafío debido al peligro en las carreteras, lo que obliga a optar por vuelos incluso en trayectos cortos, como de León, Guanajuato a la Ciudad de México. Infraestructura clave, como ductos petroleros, sigue siendo blanco de ataques y robos, con consecuencias fatales para comunidades como la de Tlahuelilpan, Puebla en 2019.
En Sinaloa, el crimen organizado mantiene a la entidad en jaque desde hace tres meses, y el gobernador Rubén Rocha Moya sigue en su cargo sin que el gobierno federal logre tomar el control de la situación ni se le pueda aplicar una revocación de mandato.
Ante este escenario, México difícilmente podría renegociar el T-MEC con Estados Unidos y Canadá en 2026 sin abordar el enorme lastre que representa la delincuencia para la economía y la vida cotidiana en situaciones normales, mucho menos con la postura que Trump y su gabinete tienen actualmente. Se ha debatido sobre el riesgo de vulnerar el Estado de derecho si se reforma el Poder Judicial, pero esta preocupación palidece frente a la infiltración del narcotráfico en los tres poderes y los distintos niveles de gobierno.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de reforma al artículo 40 constitucional para prohibir “intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto extranjero lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación, por tierra, agua, mar o espacio aéreo”, según sus declaraciones en la “mañanera del pueblo” del 20 de febrero.
Pero la presión internacional crece. Canadá se sumó a Estados Unidos en la designación de cárteles mexicanos como grupos terroristas, incluyendo al Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana y Cárteles Unidos. Esta decisión permite congelar activos, prohibir transacciones e incluso llevar a cabo ataques con drones, como dijo Elon Musk. Una medida que otorga a estos países una carta de negociación sumamente poderosa y deja a México en desventaja.
Los sobrevuelos de aviones militares estadounidenses en la frontera y las declaraciones beligerantes de Trump contra los cárteles responden no solo a su retórica de “hacer a América grande otra vez“, sino también a una realidad que afecta la relación comercial, la inversión y la seguridad de sus socios.
México ya no puede postergar más la urgencia de actuar. El combate al crimen organizado ha ocupado la agenda política y mediática, pero la violencia sigue intacta. Es fundamental que la Guardia Nacional y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, refuercen las estrategias de seguridad. Sin ello, los secretarios Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard tendrán poco margen de maniobra en el exterior, debilitando así la posición de la presidenta Sheinbaum.
El tiempo para enfrentar el problema se agota.
