Nací y crecí en Tetelco, mi pueblo en Tláhuac. No es solo un lugar con el que me identifico; es parte de lo que soy. Es una comunidad donde, como en tantas otras, las personas trabajan arduamente para ganarse lo que tienen. En Tetelco, la cultura del esfuerzo es un valor compartido y una necesidad diaria: la gran mayoría vive de lo que genera en su jornada y no existe el lujo de no trabajar. El compromiso con el esfuerzo es lo que mantiene a la comunidad en pie.

Hoy, mi camino profesional me ha llevado a rentar en la colonia Del Valle. Esta mudanza no fue una casualidad, sino parte de esa migración interna que enfrentamos quienes crecemos en la periferia: la necesidad de movernos hacia donde se concentran las oportunidades para poder crecer. En esta transición, he notado una paradoja que me obliga a reflexionar.

A pesar de que en Tetelco conozco a mis vecinos y ese sentido de comunidad me hace sentir protegido, crecí —como muchos ahí— con la costumbre de estar siempre alerta. Al caminar de noche, el instinto te dicta estar pendiente de cada sombra, voltear a los lados y cuidar el entorno. Al mudarme a la Del Valle, noté que esa necesidad de alerta disminuyó drásticamente. Esto no tiene que ver con las personas que habitan un lugar u otro; tiene que ver con la presencia o el abandono de las instituciones.

En comunidades como Tetelco, quienes delinquen a menudo no son personas del pueblo, sino externos que saben perfectamente que ahí hay menos vigilancia y que la autoridad suele ser omisa. Eligen la periferia porque saben que el costo de romper la ley es casi inexistente. En cambio, en zonas con mayor presencia del Estado, el que delinque sabe que la probabilidad de una consecuencia es real. La diferencia en nuestra tranquilidad no la hace el nivel de ingresos del vecino, sino la certeza de que la ley se aplica.

Esta realidad nos remite a la “Teoría de las Ventanas Rotas“. En 1969, un experimento demostró que un auto abandonado en una zona con vigilancia permanecía intacto hasta que alguien rompía el primer vidrio. A partir de esa ventana rota, el entorno recibía una señal clara: “aquí a nadie le importa lo que pase“. Inmediatamente, la transgresión se normalizaba y el caos se extendía.

La impunidad, entonces, no es solo la falta de castigo para un culpable; es una invitación abierta para que el desorden crezca. Cuando el entorno percibe que lo incorrecto se tolera, la resolución de cumplir las normas se debilita para todos.

En México, los datos del INEGI (ENVIPE 2025) nos indican que habitamos un edificio con demasiados vidrios rotos. Con una “cifra negra” del 93.2%, la ciudadanía ha entendido que denunciar suele ser un esfuerzo estéril. Esta realidad nos dice que la impunidad se ha vuelto transversal, pero se ensaña especialmente con las periferias que el Estado ha dejado en segundo plano.

Frente a este escenario, la solución por supuesto no es criminalizar la pobreza —un prejuicio que debemos erradicar—, sino exigir que el poder público asuma su responsabilidad. Necesitamos, además, más comunidad en la ciudad: conocernos los unos a los otros, construir redes de empatía y preocuparnos por lo que le sucede al vecino. Al mismo tiempo, necesitamos mayor presencia institucional. Ninguna de estas dos necesidades excluye a la otra; ambas son indispensables.

Al final del día, la razón primaria por la que se creó el Estado es precisamente para proteger al ciudadano y evitar que este tenga que protegerse a sí mismo. Para eso le cedimos el monopolio del uso legítimo de la fuerza y la capacidad de garantizar la paz. Cuando el Estado deja de hacer su trabajo, especialmente en las periferias, la comunidad se ve obligada a hacerlo por él. Al intentarlo, la comunidad se expone de manera injusta, porque no cuenta con los recursos, las herramientas ni la capacidad de fuego que el Estado sí tiene.

Reparar las ventanas de nuestra sociedad exige que la autoridad cumpla su mandato originario con la misma diligencia en cada rincón del país, para que la comunidad no tenga que vivir defendiéndose. Solo así lograremos que la seguridad deje de depender de un código postal y vuelva a ser lo que siempre debió ser: el derecho de todos.

Los comentarios machistas, aunque se intenten justificar, reflejan una falta de empatía y respeto hacia las mujeres. Desde el humanismo y la perspectiva de género, se evidencia una incongruencia entre lo que se dice, lo que se piensa y el valor real que se le da a la mujer.

El texto hace un llamado a dejar de normalizar estas actitudes y después querer “limpiarlas” con una disculpa que en realidad no repara el daño. Se trata de asumir con responsabilidad lo que se piensa, se dice y se hace, y empezar a actuar desde el respeto, la empatía y la dignidad.

A veces escuchamos frases como “perdón… no fue mi intención… yo no sabía…” y, sin embargo, el daño ya está hecho. Porque no se trata solo de palabras, se trata de lo que esas palabras representan.

Esta mañana, mientras me servía un café, escuché en las noticias que el diputado Martín Palacios Calderón, del Partido del Trabajo en el Congreso de Tabasco, comento “El caballo es como una mujer más”

Y lo más impactante no fue solo la frase, sino ver a quien estaba a su lado intentando contener la risa, como si fuera un error incómodo, como si fuera algo menor. Pero no es menor.

El problema es que se minimiza, que seguimos sin ser empáticos con lo que las mujeres sentimos al escuchar este tipo de expresiones. Porque no son “comentarios sin intención”, son reflejo de una forma de vernos.

Y sí, lo digo con honestidad, en ese momento pensé: “eres una porquería…”, porque hay cosas que no solo se analizan, se sienten.

Este tipo de declaraciones no son aisladas: son expresión de una cultura que ha normalizado la desvalorización de las mujeres.

Es difícil pensar que las cosas cambien como quisiéramos, porque no hablo solo como mujer, hablo como mamá, como hija, como amiga, como abuela. Y saber que en algún momento ellas pueden vivir violencia por parte de algunos hombres preocupa, y mucho.

Pero también es importante decirlo claro: las nuevas masculinidades no buscan atacar a los hombres, buscan generar conciencia, cambiar la forma en que entendemos los roles, abrir paso a la empatía y construir relaciones más humanas.

Hoy muchos hombres ya están entendiendo que este sistema machista no solo daña a las mujeres, también los limita a ellos, y que los movimientos feministas no son en contra de los hombres, sino una lucha por la igualdad, el respeto y la dignidad. Ojalá que cada vez más hombres puedan informarse y comprender mejor este tema.

Porque es terrible seguir escuchando historias, experiencias y sentir el dolor que nos recuerdan que esto sigue pasando.

Y no, la educación no solo la dan las mujeres a los hijos , no es solo de las madres, es de todos: hombres, mujeres, sociedad y creencias. Todos participamos en lo que enseñamos y en lo que permitimos.

Por eso hoy la invitación es clara: empiecen por lo básico, por respetar. Respetar a sus esposas, a sus madres, a sus hijas, porque cada insulto no es solo hacia una mujer, es hacia todas, incluyendo a las mujeres de su propia familia.

Dejemos de normalizar este tipo de lenguaje, dejemos de justificarlo con un “no fue mi intención”, porque lo que se dice sí tiene impacto.

Desde el humanismo, se promueven valores fundamentales como la dignidad de la persona, la empatía, la aceptación incondicional y la congruencia. Y aquí es donde resulta evidente la falta de estos elementos: no hay empatía hacia lo que sienten las mujeres, no hay una aceptación incondicional de su valor por el simple hecho de ser personas, y tampoco hay congruencia entre lo que se dice, se piensa y se siente.

Incluso podríamos decir que hubo una forma de congruencia inicial… pero no desde el valor, sino desde lo que realmente se pensó y se sintió, y por eso resultó tan impactante y creíble. Porque cuando hay congruencia, se siente. Lo que salió, salió desde ahí… desde una forma interna de ver a la mujer.

Y es precisamente por eso que la disculpa posterior suena incongruente, porque intenta corregir con palabras algo que evidenció una falta profunda de respeto y de reconocimiento hacia la dignidad de las mujeres.

Desde una perspectiva de género, estos discursos no son solo opiniones desafortunadas, son manifestaciones de un sistema que históricamente ha colocado a las mujeres en una posición de inferioridad. Nombrarlo es necesario, cuestionarlo es urgente y transformarlo es responsabilidad de todos.

Y ya basta… ya basta de no darle dignidad a las mujeres. Porque cuando una mujer pierde dignidad, no es solo un problema individual… es una falla colectiva que nos involucra a todos como sociedad.

En el fondo de esta historia hay algo más que una disputa familiar: hay una línea muy clara entre la justicia y el uso estratégico de la ley. El caso de Carlos de Jesús Aguirre Gómez, ex director de Grupo Radio Centro sigue dando de qué hablar. La ratificación de Rosa María Rubio Zepeda como heredera universal no solo cierra un litigio civil de seis años; también revela cómo, cuando una vía se agota, otra puede activarse con objetivos que van más allá de la búsqueda de verdad.

El 27 de marzo de 2026, los tribunales civiles confirmaron en dos instancias la validez del testamento de Carlos Aguirre. La decisión no dejó espacio a interpretaciones: la última voluntad del empresario era legal. Sin embargo, apenas cuatro días después, el caso dio un giro. La viuda fue detenida en Estados Unidos bajo una acusación que, por su temporalidad, levanta más preguntas que certezas.

El momento en que surge la denuncia es clave. Aunque los hechos que se imputan un supuesto secuestro agravado que habrían ocurrido durante más de una década, la acción legal no se presentó sino hasta diciembre de 2020, tres meses después del fallecimiento y en pleno arranque del conflicto por la herencia. La coincidencia no es menor: plantea la posibilidad de que el frente penal no sea origen, sino consecuencia del litigio patrimonial.

Más aún, los propios elementos del caso muestran inconsistencias difíciles de ignorar. Registros financieros evidencian que, durante el periodo en que presuntamente existía aislamiento, los hijos del empresario mantenían acceso a recursos y realizaban gastos personales en el extranjero. A esto se suman fotografías familiares que documentan convivencia, así como testimonios que describen a un hombre consciente y en condiciones estables en sus últimos días.

Incluso el acta de defunción contradice la narrativa de violencia: un infarto agudo al miocardio, derivado de enfermedades crónicas, sin indicios de agresión. No es un detalle técnico; es un elemento central que debilita la hipótesis de un delito de esa gravedad.

Desde la perspectiva de Rosa María Rubio, el caso deja de ser únicamente una defensa legal para convertirse en una lucha por preservar la integridad del proceso judicial. Cuando una resolución firme en materia civil es seguida por una acusación penal construida sobre bases endebles, el riesgo es evidente: que el sistema de justicia sea utilizado como herramienta de presión.

En medio de esta ofensiva judicial, las declaraciones públicas de Sofía Rubio, hija de Rosa María, han fortalecido la percepción de que detrás del caso existe una disputa patrimonial más que una búsqueda genuina de justicia.

En distintas entrevistas, Sofía ha señalado que las acusaciones contra su madre “no hacen sentido”, recordando que Carlos Aguirre Gómez fue un hombre activo, autónomo y plenamente consciente hasta sus últimos días. También cuestionó que las denuncias surgieran casi seis años después de la muerte de su padre, subrayando que, si realmente hubiese existido un delito, la familia habría actuado mientras él seguía con vida. Su testimonio no solo desmonta la narrativa de un supuesto aislamiento, sino que expone la fractura de una familia donde el conflicto por la herencia parece haber desplazado la verdad de los hechos.

Este no es un asunto menor. Si las disputas sucesorias comienzan a trasladarse al terreno penal como estrategia, se erosiona la confianza en las instituciones y se distorsiona el propósito de la ley. La justicia no puede convertirse en extensión de un conflicto familiar ni en un mecanismo para revertir lo que ya fue resuelto en tribunales.

Hoy, más que nunca, el caso exige una mirada rigurosa. No solo para determinar responsabilidades, sino para garantizar que el debido proceso no sea rehén de intereses patrimoniales. Porque cuando eso ocurre, no pierde una persona: pierde el sistema entero.

Morena impulsa punto de acuerdo para revisar actuación de jueza

El punto de acuerdo impulsado por la diputada Gabriela Jiménez Godoy pone el foco en la urgencia de revisar la actuación judicial en el caso del feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, especialmente tras la resolución de la jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, quien modificó la medida cautelar del presunto responsable y permitió que enfrentara el proceso en prisión domiciliaria. El exhorto plantea que tanto el Poder Judicial como el Tribunal de Disciplina Judicial y la Fiscalía capitalina actúen con firmeza para revisar posibles omisiones, garantizar la protección de las víctimas indirectas y asegurar que las decisiones judiciales en casos de feminicidio se apeguen a la perspectiva de género y a la debida diligencia reforzada. El mensaje es contundente: en casos como el de Maciel Alejandrina, cualquier resolución que genere dudas sobre imparcialidad o protección a las víctimas debe investigarse a fondo, porque la justicia no puede permitirse fallar cuando está de por medio la vida de una mujer y la confianza en las instituciones.