Quién sabe qué tan vacía se vaya a quedar la UNAM si es verdad y se implementa la modificación al Reglamento del Tribunal Universitario… que permitirá castigar con la expulsión inmediata a alumnos y académicos que cometan actos vandálicos dentro de las instalaciones.

También se castiga con expulsión inmediata al narcomenudeo

Y no es que alumno de la UNAM sea igual a vándalo… sino lo que las autoridades universitarias entiendan por actos vandálicos. De acuerdo con La Jornada, miembros del Consejo Universitario de la UNAM que no estuvieron de acuerdo con la modificación del artículo 15 del mencionado reglamento se muestran preocupados por no existir una clara distinción entre libre movilización y desorden.

Pero bueno, el caso es que el 31 de marzo, se aprobó modificar el Reglamento del Tribunal Universitario… algo que no había ocurrido desde 1945. Con los cambios hechos, además de castigarse con expulsión los actos vandálicos dentro de la UNAM, también se castiga del mismo modo el narcomenudeo.

Con la modificación aprobada, el artículo queda así: ante “asuntos que constituyan actos vandálicos, las autoridades de las entidades académicas iniciarán de oficio el procedimiento disciplinario, determinando como medida provisional la suspensión o expulsión inmediata de quienes presuntamente hayan participado en los hechos”.

La UNAM omite detalles de esta modificación en su boletín

De acuerdo con lo aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM, la medida se podría revertir… pero eso sólo será hasta que el expediente pase al Tribunal Universitario y que éste lleve a cabo una  investigación, sustanciación y, eventualmente, ofrezca una resolución.

Sobre la polémica modificación, la UNAM no ha dicho nada de manera oficial. En el boletín en el que informan sobre lo sucedido en la sesión del Consejo Universitario donde se aprobó la modificación al reglamento, se mencionan asuntos como la creación de la ENES Oaxaca… pero nada de la expulsión por actos vandálicos.

Se indica que fueron aprobadas “diversas modificaciones a la legislación universitaria con el objetivo de realizar una reforma en materia disciplinaria”, pero no se indica lo publicado en La Jornada. 

Buenas noticias para las y los chilangos: se canceló la megamarcha de transportistas y comerciantes que estaba prevista para hoy, miércoles 2 de abril, en calles y avenidas de la CDMX y el Edomex.

El Gobierno del Estado de México informó que la manifestación convocada por la Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME) fue suspendida tras una mesa de diálogo con las autoridades.

¿Por qué los transportistas habían convocado a la megamarcha?

De acuerdo con los organizadores, la protesta buscaba denunciar presuntas irregularidades en el municipio de Tlalnepantla y contemplaba bloqueos en vialidades tanto del Edomex como de la CDMX.

“El Gobierno del Estado de México, en coordinación con el Gobierno de México, logró evitar, a través del diálogo directo, los bloqueos y afectaciones a la movilidad de la ciudadanía por una marcha convocada este 2 de abril por organizaciones transportistas del nororiente de la entidad”, informó el gobierno estatal en un comunicado.

Las autoridades se reunieron con los representantes de ACME, así como de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAA) y el Corporativo IZGASA, con quienes se alcanzó un acuerdo para evitar las movilizaciones.

Inicialmente, los integrantes de ACME anunciaron que las protestas partirían desde diversos puntos del Valle de México con el objetivo de llegar hasta Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino.

“Privilegiando el diálogo abierto con las organizaciones de transportistas, se logró evitar la manifestación y, con ello, afectaciones a la movilidad de millones de ciudadanos en el Estado de México y la Ciudad de México”, informó el gobierno mexiquense.

La administración estatal reiteró que su prioridad es garantizar la seguridad, la convivencia y el respeto a la libertad de expresión y manifestación, manteniendo siempre la disposición de dialogar para encontrar soluciones dentro del marco legal.

¿Qué denunciaban los transportistas?

En un acto público en el Monumento a la Revolución, integrantes de ACME exigieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para frenar lo que consideran una persecución política por parte del presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Según sus denuncias, las autoridades locales están fabricando delitos en su contra, de los cuales se deslindan.

“Si hay algo en nuestra contra, pedimos que se nos llame para defendernos, pero no más detenciones injustas de nuestros miembros por supuestos delitos. Cabe mencionar que esta campaña negra emprendida por el presidente municipal se ha financiado con recursos del pueblo y para el pueblo”, afirmó ACME en un comunicado.

La diputada, presidenta del Congreso, Lorena de la Garza, celebró hoy el avance de la iniciativa que presentó en el Congreso del Estado de Nuevo León, la cual busca la inhabilitación de agresores para ocupar cargos públicos o puestos de elección popular.

“Hoy más que nunca es necesario proteger a las mujeres, a las niñas, y a las familias de Nuevo León.

Estamos aquí para hablar de algo que no debería ser tema de debate: las personas con antecedentes de violencia no deben ocupar cargos públicos ni puestos de elección popular”, destacó Lorena de la Garza en su intervención.

En 2024, Nuevo León se convirtió en uno de los estados más peligrosos para las mujeres, donde la violencia de género sigue arrebatando vidas y destruyendo familias. Lorena de la Garza enfatizó la importancia de no permitir que personas con antecedentes de violencia accedan a espacios de poder y representación.

“El mensaje de esta reforma es claro: quien no respeta los derechos de las mujeres y las familias, no puede gobernar, no puede legislar, no puede administrar recursos públicos”, expresó la diputada.

La confianza de la ciudadanía en sus autoridades, subrayó, no puede estar en manos de agresores, violentadores ni deudores alimentarios. El servicio público, dijo, exige ética, compromiso y respeto a los derechos humanos.

“La reforma no se trata de venganza, sino de justicia. Se trata de cuidar a nuestra gente, de construir un Nuevo León donde las mujeres vivan sin miedo, donde las familias puedan estar seguras, y donde el poder público sea ejercido con dignidad y respeto”, agregó.

Con esta reforma a la Constitución local, destacó la diputada, se cerrará la puerta a quienes han demostrado con sus acciones que no tienen la calidad moral para representarnos.

De ser aprobada esta reforma, Nuevo León avanzará hacia un estado más justo y seguro, donde todos los ciudadanos, sin distinción, puedan vivir con dignidad.