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#Opinión

La austeridad judicial y la no coherencia

La austeridad como símbolo puede volverse trampa.
Cuando el discurso pesa más que la coherencia, la legitimidad también se desgasta ⚖️📉

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación no suele estar en el centro del debate público por decisiones administrativas. Su lugar natural es otro: el de la interpretación constitucional, el equilibrio entre poderes y la protección última de los derechos. Sin embargo, esta semana la Corte volvió a ocupar titulares no por una sentencia, sino por una contradicción.

El máximo tribunal del país tropezó con su propio mandato de austeridad.

Supreme Court Building

La noticia —la compra de camionetas blindadas, su posterior devolución y la defensa pública de esa decisión— no es relevante por el monto del gasto ni por el tipo de vehículo. Lo es porque expone una tensión política de fondo: la dificultad de sostener un discurso de austeridad como principio rector sin convertirlo en una trampa institucional.

Desde la reforma judicial, la austeridad dejó de ser solo una política presupuestaria para convertirse en un símbolo de legitimidad. La nueva Corte asumió ese mandato como parte de una narrativa más amplia: cercanía con la ciudadanía, eliminación de privilegios y ruptura con una imagen histórica de élites judiciales distantes. Ese discurso no es menor. En un país donde la confianza en la justicia es frágil, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace pesa tanto como la técnica jurídica.

El problema surge cuando la austeridad deja de ser un criterio racional de administración y se transforma en una expectativa política absoluta, incapaz de convivir con las necesidades reales de una institución de Estado.

La Corte tiene funciones singulares. Sus integrantes toman decisiones que afectan intereses económicos, políticos y criminales de gran escala. La seguridad de las y los ministros no es un lujo ni un capricho; es una condición mínima para el ejercicio independiente del cargo. Negarlo sería ingenuo, pero justificarlo mal o comunicarlo tarde abre la puerta a un desgaste innecesario.

La ley de austeridad: el diablo está en los detalles

El tema, sin embargo, se ha centrado en lo político.

La Corte asumió la necesidad real de proteger la seguridad de sus integrantes, pero no anticipó el peso simbólico de esa decisión dentro del marco que ella misma había construido al adoptar la austeridad no solo como política administrativa, sino como elemento central de su legitimidad, desplazando la decisión de un acto técnico a un acto político.

En ese contexto, una compra de este tipo ya no se evalúa solo por su razonabilidad, sino por su coherencia con el relato institucional. El problema no fue la decisión en sí, sino no haber previsto cómo sería leída en un clima donde la austeridad funciona más como símbolo que como criterio flexible de gobierno.

Si el Poder Judicial subordina su lógica institucional a una narrativa que no controla, corre el riesgo de perder aquello que pretende ganar: credibilidad. Porque una Corte que parece moverse por presión política debilita la idea de que decide con base en criterios propios.

Este no es un debate sobre camionetas. Es un debate sobre cómo se construye hoy la legitimidad del poder; sobre si las instituciones pueden sostener discursos políticos sin quedar atrapadas en ellos; y sobre si la coherencia pública se exige solo como forma o también como fondo.

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La Corte no necesita ser austera para ser justa; necesita ser clara, consistente y consciente del lugar que ocupa. En un contexto de reformas profundas y tensiones entre poderes, la fortaleza institucional no se demuestra con gestos simbólicos, sino con decisiones bien explicadas y principios bien delimitados.

Esta vez, el máximo tribunal del país tropezó. Y lo hizo sobre un error administrativo, pero también sobre una línea siempre delicada: la que separa lo político de lo legítimo.

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Licenciada en Derecho con experiencia en temas electorales y comunicación política. Desde mis primeros pasos en órganos electorales descubrí el pulso de la política desde dentro: campañas, estrategias y narrativas que definen el rumbo de un país. He trabajado en campañas presidenciales, en oficinas de comunicación y en la creación de espacios informativos con formatos distintos, donde la política no solo se explica, se entiende y se cuestiona. Hoy soy parte de una productora que busca transformar el contenido en algo que vaya más allá de una pantalla: experiencias que conecten, informen y provoquen conversación. Me apasiona hablar de política, pero también de las problemáticas sociales que solemos evadir. Creo que para resolver algo primero hay que atrevernos a verlo de frente, con pensamiento crítico, ironía y, a veces, una dosis de humor para digerir la realidad.

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Lo que esta ciudad da por hecho

La ciudad funciona no porque todo esté resuelto, sino porque alguien sostiene lo esencial sin ser visto. Esa red invisible de cuidados mantiene todo en pie… pero no es infinita.

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Hay cosas que damos por hechas, no porque sean simples, sino porque alguien más ya las resolvió antes de que siquiera tuvieran oportunidad de volverse un problema. No las vemos, no las pensamos demasiado, no forman parte de ninguna conversación relevante, pero están ahí, sosteniendo lo cotidiano de una forma tan constante que terminan volviéndose invisibles.

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La vida en la Ciudad de México, con todo lo que implica: los tiempos imposibles, las distancias, el desgaste, sigue funcionando no porque todo esté bien estructurado, sino porque hay una capa previa que se encarga de que lo básico ocurra. Antes de que alguien llegue a trabajar, antes de que alguien pueda cumplir con su día, antes incluso de que empiece cualquier discusión sobre cómo debería mejorar la ciudad, ya hubo alguien que resolvió lo esencial.

Hay una parte de la ciudad que no aparece en los informes, ni en los discursos, ni en las discusiones públicas donde todo parece urgente. No tiene nombre técnico que genere titulares ni cifras que incomoden lo suficiente. Y, sin embargo, está en todas partes. Es esa red invisible que organiza la vida diaria: quién cuida, quién acompaña, quién se queda, quién ajusta su tiempo para que el de alguien más sí funcione.

Durante mucho tiempo nos acostumbramos a pensar que eso pertenecía al ámbito privado, como si fuera una decisión individual o familiar, algo que cada quien debía resolver con mayor o menor éxito. Pero esa idea, más que explicar la realidad, la oculta. Porque lo que en realidad ocurre es que la ciudad está descansando sobre una estructura que no diseñó, que no financia y que tampoco reconoce del todo.

No es casual que, cuando algo falla en esa red, todo lo demás se desacomode. Cuando no hay quién cuide, quién esté, quién resuelva lo básico, lo que se detiene no es un detalle menor, sino la posibilidad misma de que alguien más salga, trabaje, produzca, participe. Lo que solemos llamar “vida cotidiana” depende mucho más de eso que de cualquier otra infraestructura.

Y, sin embargo, lo seguimos tratando como si fuera un asunto secundario.

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Parte de la incomodidad de este tema es que no tiene un responsable claro al cual señalar. No hay una sola decisión que explique el problema ni un solo actor que lo concentre. Es más difuso, más estructural, y por lo mismo más fácil de ignorar. La ciudad no colapsa porque siempre hay alguien que contiene el colapso antes de que se vuelva visible. Alguien que reorganiza su día, que pospone lo propio, que absorbe el desgaste para que todo lo demás pueda seguir ocurriendo con relativa normalidad.

Ahí está, quizá, lo más inquietante: que funciona.

Funciona lo suficiente como para que no se perciba como crisis, pero no lo suficiente como para que sea sostenible. Y en ese punto intermedio, donde todo parece seguir en pie aunque cada vez con más esfuerzo, es donde se instala una forma de desigualdad particularmente silenciosa.

Porque no todas las personas pueden resolver esa carga de la misma manera. Hay quienes pueden externalizarla, pagarla, delegarla. Y hay quienes la absorben por completo, reorganizando su vida alrededor de esa necesidad constante. No es solo una diferencia económica; es una diferencia en tiempo, en oportunidades, en desgaste acumulado.

La ciudad, entonces, no solo se divide por zonas, ingresos o acceso a servicios. También se divide por quién puede sostener su vida sin interrumpirse y quién tiene que detenerla constantemente para sostener la de otros.

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Y eso, aunque no se nombre así, también es una forma de política.

No de la que se discute en tribuna o se mide en encuestas, sino de la que define, en lo más cotidiano, quién tiene margen de decisión sobre su propio tiempo y quién no. Quién puede proyectar a futuro y quién vive resolviendo el presente inmediato.

Quizá por eso este tema no incomoda lo suficiente. Porque no estalla. No se traduce en crisis visibles ni en momentos de ruptura claros. Se queda en ese lugar incómodo donde todo sigue funcionando, pero a un costo que nadie termina de asumir públicamente.

La Ciudad de México no solo se sostiene por sus avenidas, sus decisiones administrativas o sus grandes proyectos. Se sostiene, sobre todo, por una red de cuidados que opera todos los días sin reconocimiento proporcional, sin descanso suficiente y sin una estructura que la respalde.

El problema no es que exista. Es que hemos aprendido a depender de ella como si fuera infinita.

Y no lo es.

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Cuando ir al fútbol se volvió lujo

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El regreso del América al Estadio Banorte (todavía el Azteca para casi todos) debía ser una fiesta. Después de casi dos años sin jugar ahí como local, el duelo ante Cruz Azul prometía marcar uno de esos momentos que reactivan la memoria futbolera de una ciudad. Pero la conversación, esta vez, no giró alrededor del partido. Giró alrededor de los precios.

X de Grupo Ollamani

Porque si algo dejó claro la reapertura del Coloso de Santa Úrsula es que volver al estadio cuesta, y cuesta mucho.

El boleto más barato para el Clásico Joven arranca en 683 pesos. El más caro supera los 9 mil pesos. El estacionamiento cuesta 1,139 pesos, casi cuatro veces más que antes de la remodelación. Para muchos aficionados, estacionar el coche resulta más caro que asistir a otros eventos deportivos completos en la ciudad.

Y ahí empieza la comparación incómoda.

En marzo, para el Pumas vs Cruz Azul en Ciudad Universitaria, los boletos más accesibles costaban 313 pesos. Un boleto para ver a los Diablos Rojos en el Estadio Alfredo Harp Helú puede costar desde 150 pesos. Es decir, un asiento premium para beisbol profesional cuesta menos que muchas zonas intermedias del renovado Azteca.

La pregunta entonces ya no es cuánto cuesta ver fútbol. La pregunta es otra: ¿para quién se está diseñando esta experiencia?

Porque lo más revelador no está solo en la Liga MX. Está en el contraste con el propio Mundial de 2026. Un boleto de fase de grupos para la Copa Mundial de la FIFA en México arrancaba en aproximadamente 1,640 pesos. Eso significa que ciertos boletos para un partido regular de temporada ya compiten en precio con partidos mundialistas en el mismo inmueble, que durante el torneo se llamará oficialmente Estadio Ciudad de México.

Captura propia del portal de Fanki

 

El dato resulta todavía más llamativo cuando se observa lo que ocurre alrededor de la FIFA. Esta semana, The New York Times reveló que se reasignaron asientos ya vendidos y se crearon nuevas zonas premium, desplazando a compradores previos. Lo que ocurre con el Mundial responde a la misma lógica que ya estamos viendo en México: convertir el fútbol en una experiencia segmentada, cada vez más premium y menos popular.

El Estadio Azteca siempre fue un símbolo de multitudes. Hoy, su nueva versión parece apostar por otra narrativa: terrazas exclusivas y Chairman’s Club.

El problema no es modernizar un estadio. El problema es modernizarlo expulsando a quienes históricamente le dieron vida.

Porque cuando un clásico de Liga MX empieza a costar como un Mundial, el mensaje es claro: el fútbol sigue siendo pasión de masas, pero verlo en vivo empieza a convertirse en privilegio.

Captura propia del portal FIFA Tickets

 

 

 

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#Opinión

¿Quién gana con la jornada de 40 horas?

La jornada de 40 horas es un avance, pero sin garantizar descanso real ni atender traslados e informalidad, el cambio se queda corto frente a la vida cotidiana de millones de trabajadores.

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Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar.” — Ramsey Clark. 

Tras años de lucha y exigencia social, en México se aprobó la reducción de la jornada laboral a 40 horas este pasado 3 de marzo. Es un logro reclamado por trabajadores, sindicatos y familias que, durante décadas, pidieron tiempo para vivir y no solo para trabajar. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, el 73% de los trabajadores en México labora más de 40 horas por semana, lo que afecta su salud física y mental y propicia entornos laborales poco productivos debido al agotamiento. Como consecuencia de las condiciones laborales actuales, disponer de tiempo libre se ha convertido en un lujo y no en un derecho para las y los trabajadores del país.

Esta reforma laboral busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, fomentando un mejor equilibrio entre la vida personal y la laboral. Su implementación será gradual: disminuirá 2 horas laborales por año a partir de 2027 hasta llegar a las 40 horas en 2030, y establece que no se reducirá el salario, sino que se mantendrá tal como se percibe actualmente. Que la reducción sea gradual es comprensible por las adecuaciones que las empresas deben hacer y para no afectar sus ingresos de forma abrupta, sin embargo esta gradualidad debe acompañarse de medidas inmediatas de compensación para los trabajadores que exigen sus “40 horas ya.”

Por otro lado, hay un punto que no debemos ignorar: se aprobó la disminución de la jornada, pero no se garantiza que los trabajadores tengan dos días de descanso. Al no expresarse así en la iniciativa aprobada (pese a que se discutió este punto en ambas Cámaras) queda una laguna para el momento de aplicarse, pues los empleadores pueden decidir distribuir las horas de trabajo en más días; es aquí donde no podemos festejar un triunfo, porque no se asegura el descanso que tanto se presume.

Gran parte del sector obrero se desplaza a sus centros de trabajo en transporte público y solo en el traslado pueden pasar hasta 4 horas diarias, superando las dos horas y media promedio por viaje. Al no aclararse la distribución de los días en los que se deben cumplir las 40 horas totales, sigue viéndose afectada gran parte de la población, que puede verse obligada a laborar también los fines de semana, lo que reduce su tiempo de esparcimiento, familiar o simplemente de descanso.

A su vez, esta reforma tampoco beneficia a quienes laboran en la informalidad, pues no hay manera de registrar las horas de trabajo como se establece en el Decreto.

Si al presentar una reforma que busca mejorar la calidad de vida y el equilibrio trabajo-vida de los trabajadores mexicanos no tomamos en cuenta estas situaciones cotidianas, entonces no se está haciendo lo suficiente por ellos. Pese a que se llevaron a cabo más de 40 foros en diversas entidades, que reunieron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), representantes del sector privado, sindicatos, académicos y organismos internacionales y nacionales, no queda evidenciado que se hayan considerado todos los puntos importantes que afectan a las y los trabajadores de México.

El reclamo de contar con dos días de descanso aún persiste. Si lo que se busca es reivindicar a la clase trabajadora y saldar una deuda histórica, hay que ir más allá y garantizar cambios reales en la dinámica cotidiana de las y los trabajadores: regular la distribución de la semana laboral para proteger los fines de semana, asegurar el registro efectivo de las jornadas (incluida la informalidad) y promover medidas de movilidad y vivienda que reduzcan los tiempos de traslado, para así construir una política laboral efectiva y lograr una sociedad más satisfecha que pueda realmente disfrutar su tiempo y no solo el tiempo que le sobra.

 

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