Hay decisiones que, aunque puedan tener buenas intenciones, no resuelven el verdadero problema y terminan creando nuevos conflictos en el camino. Las recientemente aprobadas restricciones al alquiler de inmuebles para estancias cortas en plataformas como Airbnb en la Ciudad de México son un claro ejemplo de esto.

Airbnb es una plataforma en línea que permite a las personas reservar alojamientos en todo el mundo.

La falta de vivienda accesible es un problema grave en la capital, pero culpar a Airbnb y restringir su operación es una distracción, no una solución. El verdadero desafío radica en la escasa oferta de vivienda social, la falta de actualización en los programas de desarrollo urbano y la ausencia de planeación adecuada. En lugar de atacar estos problemas estructurales, se ha optado por regular una plataforma que es un actor secundario en la ocupación de inmuebles en la ciudad.

Los ejemplos internacionales tampoco deberían alentar este tipo de medidas. En Nueva York, una ciudad que ha impuesto fuertes restricciones a las estancias cortas, los resultados no han sido los esperados. No solo no se ha logrado reducir el costo de las rentas a largo plazo, sino que estas han aumentado un 3.4% en un año. Además, el precio de los hoteles subió un 7.4%, afectando a los turistas y a la economía local. Peor aún, estas medidas han fomentado la informalidad, ya que los propietarios buscan evadir las normativas para seguir generando ingresos.

Rentas en CDMX

Limitar la cantidad de noches que un inmueble puede ser alquilado en Airbnb en la Ciudad de México no reducirá los precios de las rentas ni aumentará la oferta de vivienda accesible. Lo que sí hará es perjudicar a miles de familias que dependen de esta plataforma para obtener ingresos adicionales. Las restricciones limitan también la posibilidad de que los pequeños anfitriones sigan generando ingresos en un mercado laboral cada vez más incierto.

En 2023, los turistas que utilizaron Airbnb en la Ciudad de México generaron más de 15,000 millones de pesos en ingresos, apoyando a más de 63,000 empleos. Estas restricciones no solo ponen en riesgo esa derrama económica, sino que afectan a toda la cadena de valor, desde pequeños comercios locales hasta servicios de limpieza y mantenimiento que dependen de los turistas.

Los turistas que utilizaron Airbnb en la Ciudad de México generaron más de 15,000 millones de pesos en ingresos, apoyando a más de 63,000 empleos

La solución para la Ciudad de México no es una regulación más estricta sobre las plataformas de estancias cortas, sino una política integral de vivienda que incentive la construcción de vivienda social y actualice los programas de desarrollo urbano. Sin esto, la crisis de vivienda seguirá empeorando. Las restricciones a Airbnb pueden parecer una solución fácil, pero son solo una distracción frente a un problema mayor.

Un grupo de turistas extranjeros se toman la foto del recuerdo con sombreros típicos mexicanos en el Bosque de Chapultepec.

Turistas en CDMX

El pasado 10 de octubre, durante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ministra Presidenta Norma Piña y la Ministra Lenia Batres protagonizaron un acalorado debate sobre el uso de ciertas expresiones en un debate técnico-jurídico.

Edificio de la Suprema Corte de Justicia

La controversia surgió en torno a la palabra “absurdo”, lo que desencadenó una discusión sobre los límites de la libertad de expresión argumentativa frente a las formalidades y solemnidades que deben observarse en una audiencia. En este contexto, tanto la Ministra Piña como la Ministra Batres representaban visiones opuestas de la misma cuestión.

En nuestro sistema jurídico, no existen reglas claras ni precisas para regular la oralidad. La oratoria forense, como un género de discurso jurídico-técnico, requiere que los operadores jurídicos desarrollen un debate especializado, estructurando sus argumentos como herramientas fundamentales para la refutación. Para que un debate sea efectivo, es necesario que existan posiciones enfrentadas, lo que permite determinar qué parte tiene la razón jurídica en el caso concreto.

La falta de jurisprudencia que defina qué constituye un insulto o cómo se deben evaluar los argumentos orales deja en incertidumbre el desarrollo de los procesos. Actualmente, esto queda a la discrecionalidad de los jueces, quienes deciden cómo deben conducirse las audiencias. Esta situación es preocupante, pues coloca a los operadores jurídicos en una situación de asimetría, donde lo que se considera correcto o incorrecto depende de la subjetividad de quien preside la audiencia.

Surgen entonces preguntas fundamentales: ¿No es válido reducir al absurdo la posición contraria para demostrar su falta de fundamentación? ¿Un argumento presentado con convicción por una defensa técnica puede ser rechazado por la misma convicción con la que se expone? ¿No es legítimo que una audiencia exprese cierta emotividad por parte de los actores? Y si hay palabras que no deben usarse, ¿no sería coherente con el principio de legalidad y seguridad jurídica especificar cuáles son?

En una era de máxima publicidad, los tribunales no solo deben hablar a través de sus sentencias, sino también a través del desarrollo de sus audiencias, que son un modelo para otros tribunales y envían un mensaje a la sociedad.

Este incidente revela un problema mayor: nuestro sistema jurídico no ha asimilado por completo el principio de oralidad. Las posiciones opuestas de las ministras evidencian que aún existen áreas grises en torno al uso de las palabras en las audiencias. La esencia del debate radica en que la oralidad sigue teniendo asignaturas pendientes, y no hay claridad normativa que guíe el desarrollo adecuado de una audiencia, ni siquiera en el pleno de la Suprema Corte.

Ministra Norma Piña y Batres

Desde que la Dra. Claudia Sheinbaum fue candidata a la presidencia de México, una de las mayores incertidumbres giraba en torno a si su gobierno implementaría una verdadera perspectiva de género. Durante su campaña, no se pronunció abiertamente a favor de esta agenda, lo que sembró dudas entre diversos sectores. Aunque utilizó el lema “es tiempo de las mujeres”, tener cuerpo de mujer no necesariamente implica una conciencia de género.

Aún en etapa de transición, Sheinbaum anunció la creación de la Secretaría de las Mujeres, que estará encabezada por Citlalli Hernández, una figura políticamente relevante dentro de Morena. Ya en funciones, en su segundo día de conferencias matutinas, la presidenta presentó cuatro iniciativas de reforma ante el Senado. Dos de ellas son de carácter constitucional, enfocadas en fortalecer la protección a las mujeres, garantizar la igualdad salarial y distribuir una cartilla sobre los derechos de las mujeres.

Claudia Sheinbaum y Citlalí Hernández

Estas reformas buscan consagrar la igualdad sustantiva en la Constitución, garantizar una vida libre de violencia y eliminar la brecha salarial de género. Además, incluyen medidas para mejorar la protección inmediata en casos de violencia de género y la creación de fiscalías especializadas en este tipo de delitos.

Imagen ilustrativa “Brecha Salarial”

Con un poder legislativo dominado por Morena y sus aliados, es probable que no enfrenten ninguna oposición para ser aprobadas. Además, una vez que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sea modificada, el Instituto Nacional de las Mujeres se convertirá en Secretaría de Estado. Esta nueva institución tiene el potencial de ser una aliada clave para las mujeres, en parte gracias a la juventud y la visión interseccional de Citlalli Hernández.

La Secretaría puede capitalizar esta visión renovada para abordar temas largamente pendientes, como la erradicación de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva inclusiva. La creación de esta nueva Secretaría también abre la posibilidad de repensar el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género, que ha sido utilizado con fines políticos, debilitando su efectividad. Desde 2021, no se ha emitido ninguna alerta, a pesar del aumento sostenido en la violencia de género. Sería necesario establecer criterios claros y objetivos para la activación de estas alertas, priorizando la protección de las mujeres por encima de intereses políticos.

Debates legislativos

Citlalli Hernández cuenta con el capital político necesario para asegurar que la Secretaría cuente con un presupuesto adecuado y con el respaldo tanto del gobierno federal como del legislativo y gobiernos locales. Sin los recursos suficientes, cualquier política se convierte en mera demagogia. Hernández tiene la capacidad de negociar para asegurar un impacto real, que pueda enfrentar la violencia de género de manera efectiva y promover un entorno más igualitario y justo para todas las personas.