El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre. Las empresas tendrán 30 días naturales para ajustar sus sistemas; por ahora, la disposición no contempla sanciones directas.
Ciudad de México, 15 de octubre de 2026.— El Gobierno de México formalizó nuevas obligaciones para las plataformas digitales con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos relacionados con violencia, abuso sexual, acoso y otras conductas que puedan poner en riesgo su integridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el Decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, publicado el miércoles 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La disposición establece que las empresas deberán impedir que las personas menores de edad accedan, sean expuestas o reciban recomendaciones de contenidos considerados peligrosos.
¿Qué contenidos deberán restringirse?
El decreto contempla publicaciones relacionadas con discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.
Para cumplir con estas disposiciones, las plataformas deberán identificar y retirar de inmediato las cuentas o publicaciones que generen o promuevan violencia, particularmente en los perfiles de menores de edad.
Verificación de edad y supervisión parental
Las empresas tecnológicas también deberán implementar mecanismos de protección desde el diseño de sus servicios. Entre las medidas previstas se encuentran la clasificación de contenidos por edad, la verificación de la edad de los usuarios y la activación predeterminada de configuraciones de privacidad y seguridad reforzadas para menores.
Además, tendrán que facilitar herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, así como mecanismos accesibles para denunciar contenidos o usuarios que representen un riesgo.
El decreto también establece que las plataformas deberán mantener un punto de contacto disponible las 24 horas, todos los días del año, para atender requerimientos de las autoridades investigadoras, preservar y entregar evidencias relevantes y alertar sobre contenidos que puedan representar una amenaza para la vida.
Las plataformas tienen 30 días para cumplir
De acuerdo con la información oficial, las empresas disponen de 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar los ajustes técnicos necesarios y documentar las medidas implementadas ante las autoridades.
Aunque las disposiciones son obligatorias, el instrumento no contempla sanciones directas por incumplimiento. Sheinbaum señaló que, si las plataformas no cumplen con las medidas, su administración podría impulsar una legislación adicional que establezca penalizaciones.
Entre las compañías que participaron en las reuniones de trabajo con el Gobierno federal se encuentran Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei.
El contexto: violencia y contenidos en internet
La medida se impulsa después de recientes episodios de violencia en planteles educativos, incluido un ataque ocurrido en Coahuila a principios de octubre que dejó una persona fallecida y tres heridas.
El Gobierno federal ha señalado que busca fortalecer la prevención de la violencia entre jóvenes y atender los riesgos relacionados con la difusión de contenidos violentos en redes sociales y otras plataformas digitales.
Como parte de las acciones complementarias, también se contempla reforzar la orientación psicológica mediante la Línea de la Vida y promover el programa educativo “El ABC de las emociones”, enfocado en la salud mental y el uso consciente de las redes.
Protección digital y retos de aplicación
La publicación del decreto formaliza las obligaciones que deberán cumplir las plataformas para reducir la exposición de menores a contenidos peligrosos. Sin embargo, su aplicación plantea retos relacionados con la verificación de edad, la privacidad de los usuarios, la moderación de publicaciones y la protección de la libertad de expresión.
El Gobierno federal dará seguimiento al cumplimiento de las medidas y evaluará si es necesario impulsar una regulación adicional para establecer sanciones y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.