Hace unos días, al concluir mi jornada como docente, llegó a mis manos una carta escrita por un estudiante del taller de realidad social. Era una reflexión honesta sobre cómo la materia había cambiado su manera de ver el país después de escuchar, debatir y analizar la realidad que enfrentamos como sociedad.

Al leerla, hubo una frase que llamó particularmente mi atención: “Ahora ya no me siento seguro. Cada persona que miro, que me parece sospechosa, me asusto demasiado; tengo miedo de que vaya a pasar algo. Caminar tranquilo ya no existe para mí”.

El alumno relata que antes de asistir al taller pensaba que todo estaba bien. Como muchos jóvenes, observaba la realidad nacional desde cierta distancia, convencido de que los problemas de violencia e inseguridad eran situaciones aisladas o ajenas a su vida cotidiana.

Sin embargo, conforme avanzaron las sesiones y comenzó a conocer las cifras, testimonios e historias detrás de fenómenos como las desapariciones, su percepción cambió.

En su carta recuerda una reflexión realizada durante una de las clases que, según sus propias palabras, lo marcó profundamente:“Imagínate decirle a tu mamá: tal vez no regrese”.

Confieso que, al terminar de leer la carta, me quedé pensando durante varios días.

Por un lado, me alegró comprobar que el objetivo del taller se estaba cumpliendo: ayudar a los jóvenes a desarrollar conciencia crítica sobre la realidad que los rodea. Pero por otro lado, me preocupó profundamente que un chico de catorce años haya llegado a la conclusión de que caminar por su ciudad puede representar un riesgo.

Quizá también me impactó porque, más allá de las cifras y los informes, las desapariciones no son para mí un tema completamente ajeno.

Hace años, mi tío trabajaba como policía en Zacatecas. Como miles de hombres y mujeres en nuestro país, salía de casa todos los días para cumplir con su deber. Un día desapareció. Sin más.

No era delincuente. No estaba involucrado en actividades ilícitas. No tomó decisiones que lo colocaran deliberadamente en peligro. Su único error fue poner su vida al servicio de la sociedad en un país donde, demasiadas veces, cumplir con el deber puede convertirse en una sentencia.

Desde entonces, su ausencia se convirtió en una de esas preguntas que parecen quedarse suspendidas en el tiempo. Una silla vacía en las reuniones familiares. Una historia interrumpida. Una herida que nunca termina de cerrar.

Tal vez por eso la carta de aquel estudiante me impactó tanto. Porque detrás de cada número existe una vida. Detrás de cada ficha de búsqueda existe una familia. Y detrás de cada desaparición existe una ausencia que se extiende mucho más allá de la persona que ya no está.

México conoce demasiado bien el peso de las ausencias.

Lo conocen las madres buscadoras que, ante la incapacidad o insuficiencia de las instituciones, han tenido que convertirse en investigadoras, peritas y excavadoras para buscar con sus propias manos a sus hijos e hijas.

Lo conocen los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes más de una década después continúan exigiendo respuestas sobre el destino de sus hijos y recordándole al Estado una pregunta que sigue sin respuesta.

Lo conocen las familias de miles de jóvenes reclutados por la fuerza por organizaciones criminales, muchachos que salieron de casa buscando trabajo, oportunidades o simplemente un mejor futuro y terminaron atrapados por la violencia.

Lo conocen también las familias de los estudiantes del Movimiento Estudiantil de 1968. Durante décadas han buscado verdad, memoria y justicia frente al silencio y la impunidad.

Porque las desapariciones y las ausencias no son fenómenos nuevos en nuestra historia; forman parte de una deuda que México arrastra desde hace generaciones.

Cambian los gobiernos. Cambian los discursos. Cambian las prioridades públicas. Pero las familias siguen esperando volver a abrazar a quienes un día salieron de casa y nunca regresaron.

Lo más inquietante es que el temor de ese joven no surge de una exageración. No nace de una percepción distorsionada de la realidad. Surge de los datos.

Mientras escribo estas líneas, la Ciudad de México se prepara para recibir nuevamente uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Las autoridades celebran que la Copa Mundial de Futbol volverá a disputarse en nuestra capital. Se anuncian inversiones, proyectos de infraestructura, campañas de promoción turística y una derrama económica multimillonaria.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo. Y con razón.

Sin embargo, mientras la atención pública se concentra en el regreso del Mundial, existe otra realidad que merece ocupar un lugar prioritario en la conversación nacional.

La crisis de desapariciones.

Durante años se pensó que las desapariciones eran un fenómeno exclusivo de entidades marcadas por altos niveles de violencia. Hoy sabemos que esa idea es incorrecta.

La Ciudad de México, durante mucho tiempo percibida como una de las zonas más seguras del país, enfrenta una realidad cada vez más preocupante. Las cifras oficiales y los análisis de organizaciones especializadas muestran un incremento sostenido en los reportes de desaparición y no localización de personas, particularmente entre adolescentes y jóvenes.

Existen jóvenes como el alumno que escribió aquella carta, quienes comienzan a descubrir que las desapariciones no son solamente un problema que aparece en las noticias, sino una realidad que condiciona la forma en que miles de personas viven todos los días.

La situación resulta especialmente preocupante porque son precisamente los jóvenes quienes aparecen entre los grupos más afectados. Para una generación que debería crecer pensando en su futuro, en sus estudios y en sus proyectos de vida, la posibilidad de no regresar a casa se ha convertido en una conversación cada vez más frecuente.

La contradicción es evidente.

Por un lado, celebramos que la Ciudad de México vuelva a colocarse en el centro de la atención mundial. Por otro, miles de familias siguen buscando a quienes un día salieron de casa y nunca regresaron.

La carta de aquel estudiante me recordó algo que con frecuencia olvidamos: las desapariciones no sólo afectan a quienes desaparecen y a sus familias. También transforman la manera en que toda una generación entiende el país en el que vive.

Generan miedo, incertidumbre y desconfianza. Modifican hábitos, limitan libertades y obligan a miles de jóvenes a crecer con la sensación de que salir de casa implica un riesgo que no debería existir.

Mientras la Ciudad de México afina los preparativos para recibir nuevamente a millones de visitantes y colocarse bajo los reflectores del mundo, vale la pena formular una pregunta incómoda, pero necesaria.

¿Cuándo volverán a casa nuestros desaparecidos?

Porque sí, la pelota volverá a rodar en el Estadio Azteca. Las cámaras volverán a apuntar hacia la capital. Los himnos volverán a escucharse frente a millones de espectadores.

Y mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, habrá algo mucho más importante que cualquier campeonato que seguirá haciendo falta en esta ciudad.

Quizá entonces podamos responderle también a aquel alumno que escribió su carta con miedo.

Quizá entonces podamos decirle que sí existe la posibilidad de caminar tranquilo.

Pero para llegar a ese día, primero debemos encontrar a quienes aún faltan.

Todos los días los habitantes de esta ciudad renunciamos a algo. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Renunciamos a llegar temprano a casa porque asumimos que habrá tráfico. Renunciamos a tomar el Metro con tranquilidad porque ya aprendimos a revisar si hay retrasos, humo, estaciones cerradas o marchas lentas. Renunciamos a caminar por ciertas calles porque están rotas, oscuras o invadidas. Renunciamos a confiar en que un trayecto normal será, efectivamente, normal.

Son renuncias pequeñas. Tan pequeñas que terminan pareciendo rutina. Pero una ciudad no se deteriora solamente cuando ocurre una tragedia. También se deteriora cuando sus habitantes aprenden a vivir alrededor de fallas que nunca debieron normalizarse.

El Metro es quizá el mejor ejemplo de esa resignación. Hablamos del sistema de transporte más importante del país, una red con 12 líneas, 195 estaciones, más de 226 kilómetros y 394 trenes. Solo entre enero y marzo de 2026 movió más de 306 millones de viajes. Es decir, no hablamos de un servicio secundario ni de una opción más dentro de la ciudad. Hablamos de la columna vertebral que sostiene todos los días la vida de millones de personas.

Y aun así, a los usuarios se les pide aguantar.

Aguantar retrasos. Aguantar estaciones cerradas. Aguantar saturación. Aguantar apagones. Aguantar obras interminables. Aguantar que, cuando el sistema falla, la autoridad salga a explicar, justificar o culpar, pero pocas veces a asumir.

Eso es lo más grave: la ciudad se ha acostumbrado a que el Metro falle, y el gobierno se ha acostumbrado a que la gente pague el costo de esas fallas con su tiempo, su seguridad y su tranquilidad.

En abril, un paro parcial dejó decenas de trenes sin salir y cientos de recorridos afectados. Usuarios enfrentaron retrasos de hasta 40 minutos. Trabajadores exigieron mejores condiciones, mantenimiento y presupuesto para infraestructura. Días después, la Línea 3 sufrió una falla eléctrica que obligó a suspender el servicio entre Copilco y Universidad. Hubo usuarios desalojados, servicio provisional y caos en una de las rutas más importantes del sur de la ciudad.

La pregunta es inevitable: si esto pasa en días ordinarios, ¿qué puede esperar la ciudad cuando llegue una presión extraordinaria?

La respuesta del gobierno ha sido apostar por la escenografía. Mientras el usuario convive con polvo, techos abiertos, escaleras desmontadas, estaciones cerradas y obras a contrarreloj, las autoridades presumen embellecimientos para turistas. En vez de resolver lo esencial, colocan adornos. En vez de garantizar que el Metro funcione con dignidad, instalan candelabros y buscan vender una postal.

Ahí aparece el viejo dicho con una precisión dolorosa: candil de la calle, oscuridad de su casa. Porque de poco sirve maquillar estaciones para quienes vienen de visita si todos los días millones de personas viven un sistema agotado, saturado y mal atendido.

La remodelación, como se ha ejecutado, se siente más cercana a una simulación que a una transformación real. No porque mejorar estaciones sea incorrecto, sino porque el orden de prioridades está invertido. Primero debería estar la seguridad. Luego la operación. Después el mantenimiento profundo. Y solo entonces la parte estética. Pero cuando se interviene tarde, mal y bajo presión política, las obras no alivian el problema: lo empeoran para quienes usan el sistema todos los días.

Y no podemos hablar del Metro sin recordar lo que esta ciudad ya vivió. En 2021, el colapso de un tramo elevado de la Línea 12 dejó 26 personas fallecidas y más de cien lesionadas. Esa tragedia debería haber cambiado para siempre la relación del gobierno con el mantenimiento, la supervisión y la rendición de cuentas. Después de eso, ninguna autoridad debería volver a tratar las fallas del Metro como molestias pasajeras o daños colaterales de la operación diaria.

El Metro no puede fallar como falla una luminaria. No puede deteriorarse como se deteriora una banqueta. Cuando falla el Metro, se detiene la ciudad. Y cuando se abandona el Metro, se pone en riesgo la vida de la gente.

Cada pequeña renuncia tiene un costo. Tiene un costo llegar tarde al trabajo. Tiene un costo perder una clase. Tiene un costo no poder recoger a tiempo a un hijo. Tiene un costo viajar con miedo a quedar atrapado en un túnel o caminar por las vías. Tiene un costo que una persona con discapacidad encuentre una estación en obra, sin accesos dignos o con rutas imposibles.

Ese costo no aparece en los discursos oficiales. No sale en las maquetas, ni en los renders, ni en las fotografías cuidadosamente tomadas para mostrar una ciudad lista para el mundo. Pero está ahí, todos los días, en la vida de quienes dependen del transporte público para trabajar, estudiar, cuidar y sostener a sus familias.

La función de un gobierno no es enseñarnos a acostumbrarnos a los problemas. No es pedir paciencia permanente. No es administrar la resignación. La función de un gobierno es resolver.

Una ciudad no mejora cuando sus habitantes aprenden a llegar tarde “por si acaso”. No mejora cuando la gente evita el Metro porque teme quedarse varada. No mejora cuando se presume una obra decorativa mientras el servicio básico sigue fallando. No mejora cuando el discurso público habla de futuro y la experiencia diaria se siente cada vez más precaria.

Todos los días renunciamos a algo. A veces al tiempo. A veces a la seguridad. A veces a la confianza. La pregunta es cuánto más estamos dispuestos a renunciar.

Porque una ciudad no se construye a partir de resignaciones. Se construye a partir de exigencias. Y la Ciudad de México merece un gobierno que entienda que antes de poner candelabros para los turistas, tiene que garantizar un Metro seguro, funcional y digno para quienes viven aquí.

Las elecciones presidenciales de 2026 en Perú y Colombia ofrecen una fotografía particularmente reveladora del momento político que atraviesa América Latina. Aunque los contextos nacionales son distintos, ambos procesos reflejan tendencias regionales que trascienden las fronteras nacionales, entre el debilitamiento de la confianza en las instituciones, la creciente polarización ideológica y el avance de proyectos políticos que prometen orden, seguridad o transformación frente a democracias percibidas como incapaces de resolver problemas cotidianos.

En Colombia, la primera vuelta presidencial dejó como resultado una contienda polarizada entre el candidato de derecha Abelardo de la Espriella y el candidato de izquierda Iván Cepeda. Contra muchos pronósticos, De la Espriella obtuvo la primera posición y logró consolidar un discurso centrado en seguridad, autoridad y combate frontal a la criminalidad. El resultado evidenció un desgaste del proyecto político impulsado por Gustavo Petro y una creciente demanda ciudadana de respuestas más contundentes frente a los problemas de violencia y gobernabilidad.

Mientras tanto, en Perú, la segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori volvió a demostrar la profunda fragmentación política del país. El resultado se mantiene extremadamente cerrado y confirma una tendencia que se ha repetido durante la última década: ninguna fuerza política logra construir una mayoría estable y la sociedad continúa dividida entre proyectos políticos antagónicos. Perú ha tenido nueve presidentes en apenas diez años, una cifra que refleja una crisis persistente de representación política.

Sin embargo, reducir estos procesos a una disputa entre izquierda y derecha sería un error analítico. Lo que observamos en gran parte de América Latina es algo más profundo: una crisis de legitimidad democrática.

Los informes recientes del proyecto Varieties of Democracy (V-Dem) muestran que la región vive una etapa de deterioro institucional que combina erosión de contrapesos, polarización creciente, debilitamiento de la confianza pública y expansión de discursos que cuestionan las reglas democráticas tradicionales. El fenómeno no es exclusivo de América Latina; forma parte de una tendencia global que el propio V-Dem identifica como la tercera ola de autocratización.

Los datos son particularmente preocupantes porque muestran que cada vez más ciudadanos están dispuestos a sacrificar ciertos principios democráticos a cambio de eficacia gubernamental. La democracia deja de evaluarse por sus procedimientos y comienza a juzgarse exclusivamente por sus resultados.

Cuando las instituciones no logran garantizar seguridad, crecimiento económico o bienestar social, amplios sectores de la población empiezan a buscar alternativas políticas que prometen soluciones rápidas, incluso si ello implica concentrar poder o debilitar mecanismos de control democrático.

Este fenómeno ayuda a explicar por qué observamos simultáneamente el ascenso de liderazgos de derecha radical en algunos países y el fortalecimiento de proyectos de izquierda en otros. Lo que une a estos movimientos no es necesariamente su ideología, sino su capacidad para presentarse como alternativas frente a un sistema político considerado incapaz de responder a las demandas ciudadanas.

La discusión adquiere una dimensión aún más compleja cuando se observa desde la perspectiva del Sur Global.

Durante décadas, la narrativa dominante asumió que la consolidación democrática y la integración al modelo liberal occidental constituían el destino natural de los países en desarrollo. Sin embargo, la realidad contemporánea muestra un escenario diferente.

Potencias emergentes como China han demostrado que es posible alcanzar crecimiento económico sostenido sin adoptar plenamente las instituciones democráticas liberales. Al mismo tiempo, numerosos países del Sur Global observan con escepticismo las crisis políticas que atraviesan Estados Unidos y Europa. La consecuencia es una creciente apertura hacia modelos alternativos de organización política y económica.

No se trata necesariamente de un rechazo a la democracia, sino de una redefinición de las prioridades. Para millones de personas, la estabilidad económica, la seguridad pública y la capacidad estatal parecen hoy más urgentes que las discusiones tradicionales sobre pesos y contrapesos institucionales.

Perú y Colombia ilustran precisamente esa tensión.

En ambos casos, el electorado parece estar votando menos por proyectos ideológicos coherentes y más por promesas de orden, gobernabilidad y capacidad de respuesta. La disputa central ya no ocurre únicamente entre izquierda y derecha, sino entre distintas respuestas a ¿cómo recuperar la capacidad de los Estados para resolver problemas concretos?

La paradoja es que la democracia latinoamericana sigue mostrando una enorme resiliencia electoral. Los ciudadanos continúan participando en elecciones competitivas y los cambios de gobierno ocurren mediante mecanismos institucionales. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad persiste una creciente insatisfacción con los resultados que la democracia produce.

La gran pregunta para la región no es quién ganará la segunda vuelta en Perú o quién llegará a la presidencia de Colombia. La verdadera interrogante es si las democracias latinoamericanas serán capaces de reconstruir legitimidad, eficacia y confianza ciudadana antes de que el desencanto termine convirtiéndose en una amenaza más profunda para el propio sistema democrático.

Porque la historia demuestra que las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Normalmente se erosionan lentamente, cuando la ciudadanía deja de creer que pueden resolver los problemas que afectan su vida cotidiana.