El nombre de Jeffrey Epstein está ligado para siempre a uno de los casos de abuso sexual más graves y perturbadores de las últimas décadas. No fue un escándalo pasajero ni una teoría conspirativa, sino una red de explotación sexual de menores que fue documentada, investigada por autoridades estadounidenses durante años y confirmada por decenas de testimonios de víctimas.
Durante al menos dos décadas, Epstein organizó un sistema para captar niñas y adolescentes, muchas en situación vulnerable. Los abusos ocurrieron en casas privadas, con ayuda de personal que facilitaba los encuentros y mantenía el silencio. Las denuncias comenzaron a principios de los 2000, pero su poder económico y sus contactos le permitieron evitar consecuencias legales durante años.
En 2008, Epstein obtuvo un acuerdo judicial en Florida: evitó cargos federales y cumplió una condena mínima, pese a la existencia de múltiples víctimas identificadas. Años más tarde, jueces federales señalaron que dicho acuerdo violó los derechos de las víctimas, quienes nunca fueron informadas ni escuchadas.
En 2019, Epstein fue arrestado de nuevo por cargos federales de tráfico sexual, pero murió en prisión antes de ser juzgado. Su muerte terminó el proceso penal en su contra, pero dejó muchas preguntas sin respuesta: quiénes lo rodearon, quiénes lo protegieron y por qué fallaron las instituciones.
Morena bajo presión: crecen cuestionamientos sobre si el gobierno de AMLO conocía la operación de la red Epstein en México
Con el debate internacional sobre el caso de Jeffrey Epstein reabierto, el partido Morena enfrenta preguntas públicas sobre qué sabía y qué hizo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre posibles operaciones o estancias relacionadas con la red de Epstein en México.
Diversos documentos judiciales estadounidenses han confirmado que Epstein mantuvo una red internacional de tráfico y abuso sexual de menores, con desplazamientos frecuentes fuera de Estados Unidos. En ese contexto, han surgido referencias documentales a viajes y estancias en México relacionados con el entorno del acusado, lo que ha abierto una pregunta inevitable: ¿tenían las autoridades mexicanas conocimiento de esas actividades y, de ser así, por qué no hubo investigaciones públicas?
Hasta el momento, Morena no ha ofrecido una postura clara ni un deslinde institucional ante estas preguntas. El silencio contrasta con el discurso reiterado del movimiento sobre combate a la corrupción, ruptura con el pasado y rechazo a las élites que abusaron del poder durante décadas.
Expertos en seguridad y cooperación internacional señalan que, si hubo señales de una red criminal de este tipo en México, no actuar también es una forma de responsabilidad política, aunque no sea penal. La pregunta no es solo si hubo delitos comprobados, sino si se ignoraron alertas, se compartió información con autoridades de Estados Unidos o si hubo investigaciones que nunca se hicieron públicas.
