Cuando uno estudia Derecho, una de las primeras cosas que aprende es que al Ministerio Público también se le conoce como la representación social. El nombre no es casualidad. En teoría, el agente del Ministerio Público no representa al gobierno ni a un funcionario en particular; representa a la sociedad. Su responsabilidad es investigar los delitos, proteger a las víctimas, perseguir a los responsables y procurar que la ley se aplique.
Pero hay una imagen que siempre vuelve a mi cabeza cuando pienso en nuestro sistema de justicia.
La primera vez que entré al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubo algo que me impactó mucho más que la arquitectura o la solemnidad del recinto. Fue el mural Un clamor por la justicia, de Rafael Cauduro.

Recuerdo haberme quedado varios minutos observándolo, prácticamente en shock. Es imposible permanecer indiferente frente a esa obra. Cauduro no pintó una justicia triunfante ni idealizada; pintó el dolor de un sistema que falla. A lo largo del mural aparecen personas privadas de su libertad, víctimas que parecen implorar ayuda, expedientes que se acumulan sin fin y seres humanos atrapados dentro de las gavetas de archivo, como si la burocracia terminara devorándolos.
Hay una escena que siempre me ha parecido especialmente inquietante. Se observa a un grupo de hombres sometiendo violentamente a una persona. Algunos parecen policías; otros podrían ser simplemente captores. Cauduro nunca deja claro dónde termina la autoridad y dónde comienza el verdugo. Esa ambigüedad es, quizá, una de las partes más poderosas del mural, porque obliga al espectador a preguntarse qué ocurre cuando quienes tienen el deber de proteger terminan pareciéndose a quienes deberían combatir.
Es imposible no pensar en una de las etapas más oscuras de la procuración de justicia en México. Durante décadas, prácticas como el tehuacanazo (un método de tortura utilizado para arrancar confesiones mediante agua mineral con gas vertida por la nariz y la boca), las detenciones arbitrarias y los abusos de autoridad formaron parte de la realidad de muchas investigaciones penales. Aquellos excesos quedaron asociados a la figura de los llamados “judiciales”, un personaje que trascendió las corporaciones para convertirse en un símbolo de los abusos del Estado.

Quienes crecimos en México también crecimos escuchando hablar de ellos. Aparecían en películas, en los noticieros y en las conversaciones familiares como agentes vestidos de civil, que llegaban en vehículos sin identificar y que, para muchos ciudadanos, inspiraban más miedo que confianza. Sería injusto afirmar que todos actuaban de esa manera, pero también sería ingenuo negar que esa imagen se construyó a partir de innumerables denuncias por extorsiones, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y actos de tortura que marcaron durante décadas la relación entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de investigar los delitos.
Hoy las instituciones han cambiado de nombre. Existen policías ministeriales y policías de investigación con mejores procesos de formación y mayores controles. Sin embargo, la confianza no se recupera cambiando una denominación. Se construye con resultados. Cuando una mala práctica se repite durante años, termina convirtiéndose en memoria colectiva.
Eso fue precisamente lo que entendió Cauduro. Su mural no habla únicamente del pasado; es una advertencia permanente sobre lo que ocurre cuando quienes tienen la responsabilidad de procurar e impartir justicia olvidan que detrás de cada carpeta de investigación hay una persona.
Salí de la Suprema Corte convencido de que cualquier estudiante de Derecho debería detenerse unos minutos frente a ese mural antes de abrir un código o memorizar un artículo.
Con el paso del tiempo llegué a una conclusión muy personal: una reproducción de esa obra debería estar en cada agencia del Ministerio Público y en cada juzgado del país. No como un adorno, sino como un recordatorio permanente de que detrás de cada carpeta de investigación existe una víctima que decidió confiar en el Estado, una persona cuya libertad depende de una investigación bien hecha o una familia que lleva años esperando justicia.
La mayoría de los mexicanos conoce una historia así, o la ha vivido en carne propia. Personas que pasan horas esperando para presentar una denuncia y terminan regresando al día siguiente. Víctimas que son enviadas de una fiscalía a otra porque “no es competencia”. Ciudadanos que, antes siquiera de llegar con un agente del Ministerio Público, son abordados por los famosos coyotes, quienes prometen agilizar trámites o “arreglar” el asunto a cambio de dinero.

Los datos lo confirman. Año con año, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública muestra que más del 90 % de los delitos cometidos en México forman parte de la llamada cifra negra. Nunca se denuncian o, aun denunciándose, nunca derivan en una investigación efectiva. No porque un juez haya cerrado el caso, sino porque el sistema se rompe mucho antes.
Y aun cuando un asunto logra superar esa primera barrera y llega a un tribunal, el problema muchas veces ya está sembrado.
No son pocos los procesos penales que fracasan porque la carpeta de investigación fue integrada de manera deficiente. Actos de investigación que nunca se realizaron, entrevistas mal practicadas, errores en la cadena de custodia, peritajes incompletos o pruebas obtenidas ilegalmente terminan debilitando el caso. Después, cuando un juez determina que las pruebas son insuficientes o que el Ministerio Público no acreditó la responsabilidad del imputado, la crítica pública suele dirigirse al Poder Judicial.
Pocas veces alguien se pregunta si la investigación estuvo bien hecha desde el principio.
También hay que decirlo: las fiscalías trabajan bajo condiciones que difícilmente permiten obtener mejores resultados. Ministerios Públicos con cargas de trabajo desproporcionadas, salarios que no corresponden al enorme nivel de responsabilidad que asumen, policías de investigación insuficientes, servicios periciales saturados e instalaciones que, en muchos casos, están muy lejos de responder a las necesidades de un sistema de justicia moderno.
Nada de eso justifica la corrupción ni la negligencia, pero sí ayuda a entender por qué el sistema produce tan pocos resultados.
Quizá la gran reforma pendiente nunca estuvo únicamente en los tribunales. Siempre estuvo en las fiscalías.

En profesionalizar verdaderamente a los Ministerios Públicos. En fortalecer el servicio profesional de carrera. En mejorar sus condiciones laborales. En dotar de más capacidades a las policías de investigación y a los servicios periciales. En establecer controles internos que realmente funcionen. En erradicar a los coyotes. En sancionar con firmeza a quien pida un soborno. En terminar con esa práctica de mandar al ciudadano de ventanilla en ventanilla hasta que decida rendirse. En recuperar el prestigio de una institución que nació para representar a la sociedad, no para darle la espalda.
Cada vez que recuerdo el mural de Rafael Cauduro pienso que no fue colocado en la Suprema Corte para ser admirado. Fue colocado para incomodar.
Para recordarnos que detrás de cada expediente hay una víctima, un inocente que puede perder su libertad por una investigación deficiente o una familia que sigue esperando una respuesta del Estado.
Por eso sigo creyendo que una copia de ese mural debería estar en cada agencia del Ministerio Público y en cada juzgado del país. No para decorar los muros, sino para recordar todos los días cuál es la verdadera razón de existir de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
Porque la justicia mexicana no muere cuando un juez dicta una sentencia.
Con demasiada frecuencia, muere mucho antes.
Muere en el Ministerio Público.
