Síguenos en nuestras redes

#Opinión

Ciudad que late en dos ruedas: el ambicioso Plan Ciclista 2025–2030 en CDMX

¿CDMX será realmente una ciudad ciclista si el sur sigue rezagado? El Plan Ciclista 2025–2030 debe pedalear con justicia urbana.

Publicado

en

La Ciudad de México presentó su Plan Ciclista 2025–2030, una hoja de ruta ambiciosa que promete 300 nuevos kilómetros de ciclovías, 50 biciestacionamientos masivos, 20 mil bicicletas adicionales de Ecobici y más de 100 “biciescuelas” en planteles escolares. Con ello, la capital busca consolidarse como una ciudad pedaleable, accesible y sustentable.

Presentación del "Plan Ciclista 2025-2030"

Pero en medio del entusiasmo institucional, emerge una pregunta crítica:
¿Esta transformación llegará también al sur de la ciudad, o quedará una vez más rezagado?

Actualmente, la mayoría de la infraestructura ciclista se concentra en alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.
Según datos de la Secretaría de Movilidad, de los más de 550 km de ciclovías existentes, menos del 20 % se ubica en zonas periféricas o del sur como Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta o Álvaro Obregón.

Ciclovías - Gobierno CDMX

En algunas de estas demarcaciones, la bicicleta no es solo una alternativa: es la única opción real para muchas personas que viven lejos del metro o del Metrobús, y que deben cruzar avenidas peligrosas o pendientes pronunciadas para llegar a su destino.

El anuncio de expansión de Ecobici tampoco es del todo alentador para quienes habitan el sur.
Si bien se han sumado colonias del oriente y norte, el servicio aún no opera en la mayoría del suelo de conservación ni en zonas con vocación rural o barrial, donde la necesidad de movilidad accesible es más urgente.

La brecha no es solo territorial; también es de clase:
La bicicleta, como símbolo de sustentabilidad, es celebrada en zonas con más recursos, pero invisibilizada cuando se vuelve una herramienta de subsistencia.

El Plan Ciclista incluye medidas loables como las “cajas bici-moto” en mil cruces conflictivos y campañas de convivencia vial. También propone eventos masivos y acciones pedagógicas como las biciescuelas.

Pero:
¿Se instalarán estas medidas también en los cruceros de Insurgentes Sur, en carreteras secundarias que conectan pueblos originarios, o en comunidades escolares del sur profundo?
¿O seguirán las inversiones en movilidad limitadas a los perímetros donde ya hay ciclistas urbanos organizados?

Para que esta política no reproduzca la exclusión, urge territorializarla con enfoque de justicia urbana.
Eso implica:

  • Planear infraestructura no solo donde hay demanda visible, sino también donde hay necesidad latente.

  • Consultar a las comunidades,

  • Incorporar miradas locales,

  • Priorizar interconexiones con transporte público,

  • Y garantizar que pedalear sea una opción segura, digna y posible para niñas, jóvenes, mujeres trabajadoras y adultos mayores en cualquier punto de la ciudad.

Una ciudad que realmente late en dos ruedas no es la que tiene ciclovías bonitas en las avenidas céntricas, sino la que garantiza que cualquier persona, sin importar su código postal, pueda moverse sin miedo, con derechos y con dignidad.

REGLAS DE SEGURIDAD PARA CICLISTAS Y PEATONES - Autobody Magazine

Diana Lara es una mujer fuerte, activista de La Magdalena Contreras y comprometida con las causas sociales de la CDMX. Fue diputada federal en la LXV Legislatura, donde impulsó iniciativas en favor de los derechos humanos, la diversidad y el medio ambiente. Hoy, continúa siendo una voz decidida por la equidad, el territorio y el bienestar colectivo.

#Opinión

Perdón por amar

Publicado

en

El poder, el placer y el precio de creerse intocable.

Dicen que el amor es ciego. Lo que nadie nos advirtió es que también podía salir bastante caro. Y no precisamente por las flores, las cenas o los viajes a París.

Hay quienes por amor pierden la cabeza. Otros, el puesto, la reputación y hasta imperios enteros.

Porque una cosa es tener mariposas en el estómago y otra muy distinta es dejar que esas mariposas administren contratos públicos o comprometan información estratégica.

Pero bueno, perdón por amar.

En las últimas semanas, estos nombres han protagonizado escándalos dignos de una serie política: Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, y Gustavo Petro, expresidente de Colombia.

Al primero se le atribuye una relación sentimental con una empresaria señalada por presuntos vínculos con la inteligencia china. Las acusaciones han puesto sobre la mesa una preocupación que va mucho más allá de la fidelidad matrimonial: la seguridad de una de las empresas más importantes del mundo tecnológico.

Y mientras el escándalo crecía, también llegaron las cifras rojas. Según datos, las acciones de NVIDIA cayeron 5.53% el 10 de noviembre, cerrando en 168.80 dólares y acumulando un retroceso superior al 10% en dos días.

Porque una cosa es que te rompan el corazón y otra muy distinta es que Wall Street también te pase la factura.

Tanta inteligencia artificial y tan poca inteligencia emocional.

En Colombia, las denuncias contra Gustavo Petro apuntan a algo todavía más delicado: un presunto intercambio de contratos públicos por favores sexuales.

Y aquí la historia deja de tener gracia.

Porque cuando una posición de poder se utiliza para condicionar oportunidades laborales a encuentros íntimos, ya no hablamos de romances, infidelidades ni aventuras de alcoba. Hablamos de abuso de poder, de posibles actos de corrupción y de una estructura que puede colocar a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

La vida sexual de un gobernante no debería ser asunto de Estado. Pero utilizar el Estado para satisfacer sus intereses sexuales, definitivamente sí.

Y como en México nunca nos gusta quedarnos fuera del escándalo, Guadalupe Taddei también entra en esta conversación.

La entonces presidenta del INE presentó su renuncia el 26 de octubre, en medio de señalamientos sobre contratos millonarios y presuntos conflictos de interés. A ello se suman versiones sobre una relación sentimental con uno de los proveedores beneficiados.

Porque una cosa es encontrar el amor en el trabajo y otra muy distinta es que el romance termine pasando la factura al erario.

Al corazón se le perdonan muchas cosas. Al presupuesto público, ninguna.

Aunque, para ser justos, no todos los escándalos necesitan investigaciones internacionales para convertirse en una pesadilla.

En 2025, Andy Byron, entonces director ejecutivo de Astronomer, y Kristin Cabot, responsable de Recursos Humanos, fueron captados abrazados durante un concierto de Coldplay.

Una cámara, dieciséis segundos y una broma de Chris Martin bastaron para desatar una crisis corporativa que terminó con la salida de ambos ejecutivos.

Ni el mejor manual de comunicación de crisis estaba preparado para semejante kiss cam.

Pero sería un error pensar que el problema son las relaciones sentimentales. El verdadero asunto es lo que sucede cuando el poder comienza a confundirse con la impunidad.

Porque hay algo curioso en quienes se acostumbran a mandar: después de tantos privilegios, adulaciones y personas dispuestas a decirles que sí, algunos terminan creyendo que hasta las consecuencias son negociables.

Y no. Ni el dinero compra discreción eterna, ni un cargo público concede inmunidad sentimental.

No necesitamos políticos santos ni empresarios ejemplares en sus matrimonios. Necesitamos personas capaces de distinguir entre sus deseos y sus responsabilidades.

La vida íntima pertenece a cada individuo. Pero cuando aparecen posibles abusos de autoridad, conflictos de interés o riesgos para la seguridad pública, el asunto deja de ser exclusivamente privado.

El sexo no derrumba imperios. La soberbia de quienes se creen intocables, sí.

Y si después de poner en riesgo una institución, una empresa o su propia reputación alguien todavía pretende justificarlo todo en nombre del amor…

Pues qué bonito.

Perdón por amar. Pero tampoco se pasen de enamorados.

Sigue leyendo

#Opinión

El presupuesto también habla de nuestras prioridades

Publicado

en

Cada año los gobiernos deciden en qué van a gastar, cuánto y para quiénes. Y aunque suele parecer un tema lejano, el presupuesto público marca la vida diaria de millones de personas.

En noviembre, la discusión presupuestal cobra especial relevancia: después del debate federal, la Ciudad de México se prepara para definir sus propios recursos. Hablar del presupuesto no es hablar de números fríos. Es hablar de prioridades, de las necesidades que se atienden y de aquellas que todavía esperan.

En educación, por ejemplo, la diferencia entre invertir o no invertir se nota en los baños, en los techos, en la seguridad y en la posibilidad de que una niña o un niño aprenda en condicionesdignas.

De acuerdo con las Reglas de Operación 2025 del programa La Escuela es Nuestra – Mejor Escuela, en la Ciudad de México, el 66% de los planteles evaluados identificó como una prioridad muy alta mejorar sus condiciones generales de funcionamiento. Este dato nos recuerda que las necesidades de nuestras escuelas no son una percepción aislada, sino una realidad documentada. Y cuando llega el momento de distribuir los recursos públicos, atenderlas debería ser una prioridad.

Hace poco escribí sobre cómo las comunidades escolares recuperan sus espacios con esfuerzo y cariño. Hoy quiero hablar de lo que no debe depender solo de ellas: que el Estado asuma su responsabilidad con recursos suficientes y bien administrados.

En ese contexto, el Congreso de la Ciudad de México, habla de ello a través de  la Diputada Laura Álvarez Soto quien ha planteado destinar al menos el 2% del presupuesto anual de la Ciudad de México al mantenimiento y rehabilitación de escuelas públicas. Es una propuesta que invita a discutir cómo dar continuidad a la inversión en infraestructura educativa, más allá de las reparaciones urgentes.

Asignar dinero es una gran paso y en consecuencia también nos debe importar saber a quéescuelas llega, con qué criterios se distribuye y qué resultados produce. La transparencia debe permitir que las familias conozcan qué se hizo, cuánto costó y qué necesidades siguen pendientes.

Las prioridades de un gobierno no se conocen únicamente por sus palabras, sino por las decisiones que toma al distribuir sus recursos, por la transparencia con la que los ejerce y, sobre todo, por los resultados que se ven.

La educación no puede esperar a que sobren recursos. Cuando hablamos del presupuesto, hablamos también del país que estamos dispuestos a construir y de las oportunidades que estamos dejando pasar.

Por eso, en cada discusión presupuestal hay una responsabilidad que no se puede delegar: que quienes legislan pongan a las niñas, niños y jóvenes en el centro de sus decisiones, no solo en los discursos.

Una escuela digna no es un lujo, es el punto de partida

Sigue leyendo

#Opinión

Antes de multiplicar, aprende los números

Publicado

en

A finales de octubre estuve en el Senado de la República durante la instalación del Observatorio de Economía Circular, impulsado por un senador de Movimiento Ciudadano. La sala reunía a un elenco poco común: grandes empresas, organizaciones que acompañan a pequeños negocios, representantes de varios estados y la academia, con instituciones como el Tecnológico de Monterrey. Salí con una certeza y una inquietud. La certeza: en México no faltan capacidades, herramientas ni ganas de hacer cosas verdaderamente innovadoras. La inquietud: vi asomarse los mismos huecos que acompañan a tantos proyectos en este país.

Desde enero está vigente la Ley General de Economía Circular, que obliga a los estados a armonizar sus propias leyes, y hay incluso una página web, muy bien hecha, donde puede verse qué entidades ya se han sumado. El discurso es atractivo: dejar de ver la basura como desecho y empezar a verla como un recurso que puede valorizarse. Difícil estar en contra.

El problema aparece cuando la idea baja del estrado al territorio. Los proyectos en México rara vez se tropicalizan. No genera los mismos residuos Nuevo León, con su vocación industrial, que Chiapas, con su economía rural y comunitaria; tampoco tienen sus municipios los mismos presupuestos ni capacidades técnicas para procesarlos. Una ley general puede marcar el rumbo, pero aplicada con la misma plantilla en todo el país corre el riesgo de quedarse en el papel.

Durante el evento, un académico propuso dar apoyos a los productores agrícolas para que sus desechos se transformaran en activos. La intención es buena. Pero me quedé pensando si esa persona ha caminado por las comunidades donde se cultiva lo que comemos. En muchas zonas del campo mexicano, quien siembra no es quien gana: entre la huerta y el mercado hay intermediarios, y no siempre legales. En Michoacán, los limoneros llevan años denunciando el cobro de cuotas por cada kilo de fruta; en octubre de 2025 fue asesinado Bernardo Bravo, líder de los citricultores del Valle de Apatzingán, que había alzado la voz contra esas extorsiones. Productores de sorgo y maíz en Tamaulipas describen una sombra parecida. En regiones así, el crimen organizado no es ajeno a la economía local: muchas veces es quien la administra.

Entonces, ¿a quién le llegaría ese apoyo? Si el campesino ni siquiera controla el precio de su cosecha, ¿qué le garantiza que controlará el valor de sus desechos? Un negocio nuevo en un territorio capturado puede terminar siendo, simplemente, una cuota nueva.

Ahí está la incongruencia que quiero señalar. No dudo de la buena voluntad de quienes tienen el privilegio de discutir estos temas en el Senado o en la Cámara de Diputados. Lo que veo es una distancia entre las propuestas bien intencionadas y las realidades que pretenden transformar. Y la he visto antes, en otros intentos que terminan volviéndose amorfos porque faltó investigación de campo o porque el diagnóstico se hizo desde el escritorio.

Pienso en el método Kumon, con el que muchos niños aprenden matemáticas: nadie empieza por dividir. Primero dominas los números, luego sumas, y sólo con la base firme avanzas. Con la economía circular pasa algo parecido. Antes de diseñar incentivos sofisticados hay que conocer los números básicos: cuántos residuos genera cada región, de qué tipo, quién los produce, quién decide sobre ellos y en qué condiciones de seguridad vive esa gente.

El Observatorio puede ser justamente esa herramienta, siempre que mire hacia abajo y no sólo hacia los lados: que vaya a las comunidades, escuche a productores, recolectores y autoridades locales, y mida la realidad antes de pretender cambiarla. Celebro que exista. Ahora le toca demostrar que sabe contar.

Sigue leyendo
Anuncio publicitario

Facebook

Lo más visto