* El esquema impulsa el autoempleo y fortalece la economía de la ciudad.

El alcalde Adrián de la Garza encabezó la tercera entrega del programa “Microcréditos Resuelve y Emprende”, mediante el cual el Gobierno de Monterrey apoyó a más de 900 familias y a 192 personas emprendedoras con recursos para fortalecer o ampliar sus negocios.

El munícipe, en compañía de su esposa y presidenta del DIF, Gaby Oyervides, repartió los apoyos en el Gimnasio Monterrey 400, donde explicó el beneficio de los financiamientos.

“Si bien es cierto, hay un programa social de apoyo a la población, también hay un programa económico de apoyo para generar economía, para hacer más fuerte a Monterrey, y eso lo están haciendo ustedes.

“El día de hoy muestra la calidad de cada una de las mujeres que están aquí presentes, en donde dicen, estoy bien, pero quiero más, vamos a generar economía, vamos a hacer un negocio, vamos a salir adelante”, afirmó.

Este programa busca facilitar oportunidades de crecimiento económico a quienes desean emprender o consolidar una actividad productiva, mediante trámites simplificados y créditos accesibles.

Se contemplan microcréditos grupales para mujeres con negocios activos, así como créditos individuales dirigidos a hombres y mujeres emprendedores, ambos con condiciones preferenciales para facilitar el desarrollo económico.

De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec), este programa ha repartido en sus tres ediciones un total 22.8 millones de pesos en beneficio de mil 900 familias.

La titular de la dependencia, Ximena Tamariz, agradeció la respuesta de “Microcréditos Resuelve y Emprende”.

“Se multiplicó la entrega de estos créditos, se multiplicaron las solicitudes, porque realmente todas ustedes saben que es un programa muy noble, en el que, si ustedes cumplen con sus pagos semanales, cumplen con su palabra, el gobierno de Monterrey mete el hombro por ustedes y les ayudan el pago de los intereses.

“Eso es porque el alcalde desde el día uno nos dijo desarrollen programas para apoyar a las mujeres y a los hombres que tienen negocios, emprendedores, trabajadores y luchones como somos las y los regios”, informó.

Además del recurso, las personas beneficiadas reciben acompañamiento profesional en capacitación, asesoría legal y orientación para fortalecer sus proyectos productivos.

A la entrega de microcréditos asistieron el secretario de Administración, Márcelo Segovia Páez; el secretario de Participación Ciudadana, Rafael Ramos de la Garza; la directora de Empleo e Impulso Económico, Karla Cecilia Navarro Bahena y la directora de Banca de Gobierno de Banco Afirme, Cinthya Yáñez Ávila.

El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por unanimidad, con 40 votos a favor, una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia que fortalece los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad. La iniciativa fue presentada por la diputada Lorena de la Garza Venecia, integrante del Grupo Legislativo del PRI.

La reforma adiciona dos nuevas atribuciones al Fiscal General: coordinarse con los tres órdenes de gobierno para implementar el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y celebrar convenios con empresas de telefonía móvil para difundir alertas en tiempo real mediante mensajes SMS y notificaciones push.

“No es un secreto para nadie que México tiene un problema con la desaparición de personas. Y tampoco es un tema político, porque no es un tema que solamente haya pasado en esta administración. Han pasado muchas administraciones y el problema de las personas desaparecidas sigue siendo una constante. Y pareciera que no hemos encontrado como autoridades el mecanismo con el cual podamos hacer una búsqueda eficiente de las personas que tienen reporte de desaparición”, señaló la diputada durante su intervención en tribuna.

La urgencia de la reforma se sustenta en cifras alarmantes. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en 2025 se registraron 10,707 reportes de desaparición de menores en México, 29 casos diarios, y al inicio de 2026, 2,856 menores continuaban sin ser localizados. Nuevo León ocupa el quinto lugar nacional con 6,733 personas desaparecidas registradas.

La diputada destacó la necesidad de actualizar los protocolos de búsqueda a la realidad tecnológica actual: “Un protocolo que te obliga a que pasen 24 o 48 horas sin tener contacto con una persona desaparecida, no corresponde a la realidad que vivimos, ese tiempo hoy es muy amplio. Quizá antes, cuando no había teléfonos celulares, era un tiempo prudente. Pero hoy en día, cuando tienes comunicación prácticamente las 24 horas del día, pues también hay que hacer una actualizaciónque responda a la forma en la que nos comunicamos, que es prácticamente en tiempo real”.

Además de la coordinación interinstitucional, la reforma obliga al Poder Ejecutivo a destinar recursos suficientes en la Ley de Egresos para que la Fiscalía pueda cumplir con las nuevas disposiciones, y fija un plazo de 90 días para que la institución actualice su reglamento interior.

Tras la aprobación del dictamen en Comisión de Presupuesto de la reforma a la Ley de Hacienda del Estado que exenta a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) del pago de los impuestos ecológicos conocidos como impuesto verde, Lorena de la Garza afirmó que “la fuga en Agua y Drenaje no nada más es de agua, también es de dinero. Han saqueado Agua y Drenaje”.

La iniciativa fue presentada por los diputados Javier Caballero Gaona del GLPRI y Carlos Alberto de la Fuente Flores del GLPAN, y fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Presupuesto de la LXXVII Legislatura que
preside Lorena de la Garza.

La Ley que crea Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey establece en su Artículo 12 que el organismo está exento del pago de cualquier impuesto estatal o municipal. Sin embargo, desde la entrada en vigor del impuesto verde el 1 de enero de 2022, el gobierno estatal cobró ese gravamen al organismo de forma ininterrumpida, ignorando la exención que la propia
ley le otorgaba.

En cuatro años, SADM destinó aproximadamente $4,000 millones de pesos al pago de este impuesto, recursos que salieron del organismo sin que existiera un fondo ambiental etiquetado para recibirlos.

“Este mecanismo que encontraron a través del pago del impuesto verde vino a ser un mecanismo por el cual están saqueando las finanzas de este organismo”, señaló Lorena.

El impacto del cobro no se quedó en los libros contables. SADM acumuló un deterioro financiero que se tradujo en consecuencias directas para las familias de Nuevo León: el recibo de agua más caro del país, 10,000 fugas mensuales en el Área Metropolitana de Monterrey y cortes de servicio en decenas de colonias.

“Son cuatro mil millones de pesos que deben de mantenerse en las arcas de Agua y Drenaje para sus trabajos, y no un dinero que pase a la tesorería central para que de ahí manejen ese recurso a discreción”, afirmó la legisladora.

Para Lorena de la Garza, el diagnóstico es claro: “Ha sido un golpe al bolsillo, pero también un mal servicio”. La reforma adiciona un tercer párrafo a los artículos 125, 131 y 137 de la Ley de Hacienda del Estado, estableciendo que las instituciones, dependencias u organismos públicos descentralizados o autónomos que por ley estén exentos del pago de impuestos federales o estatales, no estarán sujetos al pago de los impuestos ecológicos previstos en dichos artículos.

La medida aprobada no crea una exención nueva ni elimina el impuesto verde. Restituye una exención preexistente que el gobierno estatal ignoró durante cuatro años y cierra la ambigüedad normativa que lo hizo posible.