La elección de jueces y magistrados en México será un proceso sin precedentes. No solo por la delicada naturaleza de los cargos a elegir, sino también por las reglas particulares que regirán la contienda. Con la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial el año pasado, se modificaron las reglas del juego y aquellos que juraron cumplir, y hacer cumplir, la Constitución, ahora deberán hacer lo propio con esta nueva versión de ella.
Más allá del impacto que esta reforma tenga sobre el sistema judicial, la realidad es que la obligación de sus integrantes sigue siendo la misma: hacer valer la Constitución, independientemente de los cambios normativos que se adopten. El derecho es dinámico y las instituciones deben evolucionar con él. México, después de 25 años de la primera alternancia en el poder, ha cambiado significativamente. Hoy, el país tiene, por primera vez, a una mujer en la Presidencia de la República, un Congreso con paridad de género y leyes que garantizan la equidad en todos los cargos de elección popular. Sin embargo, también enfrenta el regreso de un partido hegemónico (aunque distinto al PRI), con mayoría calificada en el Legislativo y el control de gran parte de los gobiernos estatales y municipales, lo que ha configurado un nuevo equilibrio de poder. Mientras facilita la gobernabilidad y la aprobación en fast-track de leyes, elimina cualquier voz disidente.

Dra. Claudia Sheinbaum primera mujer en la presidencia de México.
Este escenario marcará la primera gran prueba de las elecciones judiciales, que se celebrarán el 1 de junio de 2025, coincidiendo con elecciones municipales en Durango y Veracruz. En total, estarán en juego 881 cargos judiciales, con un tope de gastos de campaña que oscilará entre 220 mil y casi un millón y medio de pesos. Sin embargo, esta será una contienda atípica: no habrá financiamiento público, los candidatos no podrán contratar espacios en medios de comunicación, hacer eventos masivos o pautar publicidad, lo que limitará considerablemente su alcance y visibilidad.
Por primera vez en la historia electoral del país, los tres poderes de la Unión estarán directamente involucrados en el proceso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá algunos de los medios de impugnación, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) atenderá otros. Además, las oficinas distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) serán responsables del conteo de votos durante los doce días posteriores a la elección, tarea que tradicionalmente realizaba la ciudadanía.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, las personas candidatas deberán tener muy claras las reglas con esta nueva elección y “atenerse solo a lo que está permitido. Qué pueden hacer, en qué pueden gastar”. Cualquier irregularidad podría dejar a personas fuera de la contienda o, en casos más graves, derivar en la anulación de elecciones antes de la toma de protesta en septiembre.

Urnas electorales
Esta elección representa un reto mayúsculo para todas las instituciones involucradas. No solo porque marca un cambio radical en la manera en que se elige a los jueces en México, sino porque también pone a prueba la capacidad de las autoridades para garantizar un proceso equitativo, transparente y apegado a la ley. La independencia judicial y el cumplimiento de la norma estarán bajo la lupa, pues cualquier irregularidad podría derivar en un cuestionamiento de la legitimidad del proceso.
Este ejercicio no solo marcará un antes y un después en la forma en que se designan a los operadores del sistema judicial, sino que también pondrá a prueba la confianza ciudadana en las instituciones. El éxito de este proceso será determinante para consolidar la credibilidad del Poder Judicial y la estabilidad del Estado de derecho en México.
