El Medio Oriente ha sido, durante décadas, un punto neurálgico de la geopolítica mundial, tanto por sus vastos recursos naturales —particularmente el petróleo— como por su posición estratégica entre Europa y Asia. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la región ha estado marcada por guerras, crisis humanitarias y la presencia de grupos radicales que, con frecuencia, han violado derechos humanos fundamentales, especialmente los de mujeres y minorías como la comunidad LGBTQ+.

El conflicto más reciente y visible ha sido el iniciado tras el ataque del grupo terrorista Hamás a civiles israelíes en un festival de música, ocurrido hace un año. Este ataque desató una guerra entre Israel y Palestina que continúa hasta hoy, dejando miles de muertos, la mayoría civiles. La escalada de violencia ha violado el derecho internacional en reiteradas ocasiones, con ataques desproporcionados, destrucción de hospitales y la trágica muerte de niños y niñas.

Guerra entre Israel y Palestina

Por otra parte, Siria enfrenta una crisis humanitaria prolongada desde hace más de una década, causada por la dictadura de Bashar al-Asad. Sin embargo, en un giro histórico, a principios de diciembre, su régimen colapsó. Los rebeldes sirios, encabezados por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), tomaron Damasco tras una ofensiva de 12 días, poniendo fin a más de cinco décadas de dominio de la familia Al-Asad.

El grupo insurgente liberó presos políticos del reclusorio de Sednaya, símbolo de las atrocidades del régimen, mientras el ejército anunció su rendición y disposición para un proceso de transición. Bashar al-Asad y su familia, por su parte, recibieron asilo en Rusia, país que negoció garantías con los rebeldes para asegurar la protección de sus bases militares en territorio sirio. La pérdida del respaldo de aliados tradicionales como Rusia e Irán, enfocados en otros conflictos, facilitó el fin del régimen sirio.

Ante estos acontecimientos, líderes internacionales como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y representantes de la Unión Europea calificaron la caída del régimen como una oportunidad histórica para construir un futuro pacífico en Siria. Sin embargo, advirtieron sobre los riesgos de abusos a los derechos humanos por parte de algunos grupos insurgentes.

Frente a estos conflictos, contrasta la intención de “limpiar” la imagen de algunos países de la región. El llamado sportswashing, una práctica donde eventos deportivos internacionales son utilizados para maquillar la reputación de gobiernos cuestionados, ha sido evidente. Qatar en 2022, y Arabia Saudí, como sede confirmada para la Copa Mundial de Fútbol varonil en 2034, son ejemplos claros de este intento por ganar legitimidad internacional utilizando el deporte.

Arabia Saudita, sede del Mundial en 2034

La región sigue siendo un tablero de intereses económicos, políticos y estratégicos. Mientras algunos países árabes han realizado cambios profundamente progresistas en sus leyes y están a la vanguardia en tecnología y desarrollo económico, otros perpetúan prácticas autoritarias y violaciones a los derechos humanos.

El desafío para la relación entre Medio Oriente y Occidente estará en impulsar la tolerancia, construyendo la paz y la estabilidad en la región, a la vez que el respeto por los derechos de todas las personas sea prioritario.

Proteger a nuestras niñas y niños es una de las mayores responsabilidades que tenemos como sociedad y una de las causas a las que me he dedicado como persona y como servidora pública.

Desde que fui honrada con la posibilidad de dirigir la presidencia de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Congreso de la Ciudad, he procurado que las y los niños de esta ciudad sean un tema transversal en mis propuestas legislativas. En la Ciudad de México, nuestras niñas y niños enfrentan retos que comprometen su bienestar y desafían la capacidad que tenemos como sociedad de garantizarles una infancia plena, segura, saludable y feliz. A pesar de los avances en muchos frentes, las estadísticas dan evidencia de la necesidad de fortalecer las leyes y las políticas públicas dirigidas a proteger a la infancia.

Como legisladora y madre, estoy convencida de que debemos actuar con urgencia para enfrentar estos desafíos. Por eso, desde mi trinchera, he impulsado una serie de iniciativas que buscan reforzar el marco normativo para promover la seguridad y el desarrollo integral de las y los menores. Yo estoy convencida de que la seguridad de las infancias tiene diferentes ámbitos y en todos ellos debemos estar pendientes.

Por eso, hemos trabajado en iniciativas robustas para fortalecer el marco normativo, con alcances variados y de diferente naturaleza. Impulsamos, por ejemplo, un análisis exhaustivo de las condiciones en los inmuebles de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) para identificar sus necesidades y poder actuar para solventarlas. He propuesto conocer la realidad de los CENDIS y garantizar que haya presupuesto, incrementando el porcentaje que le destinan las alcaldías. Mi propuesta busca dotar a estas instituciones de recursos económicos suficientes y un marco regulatorio más estricto que priorice la protección integral de los pequeños.

Además, presenté una iniciativa para elevar la edad del consentimiento sexual,  para que suba de los 12 años de edad a los 16. Esta medida tiene como objetivo salvaguardar a las y los menores frente a posibles abusos y explotación fortaleciendo su protección ante escenarios vulnerables. Por lo que se busca penalizar de 5 a 12 años con prisión a toda persona que realice este tipo de abuso mediante engaños.

Por otro lado, conscientes del daño irreparable que ocasionan delitos como el secuestro y el robo de menores, hemos planteado un incremento significativo en las penas para que quienes cometan estos actos atroces se les imponga una sanción en un rango de 10 a 20 años en prisión. La justicia debe ser un escudo firme para nuestras niñas y niños, y debemos mandar un mensaje claro a quienes atenten contra ellos: no habrá tolerancia.

Sé que hay quienes piensan que las leyes no son suficientes para cambiar la realidad, y tienen razón. Una legislación sólida es solo el principio. Pero también es el fundamento que nos permite construir políticas públicas efectivas, asignar recursos adecuados y, sobre todo, transformar la cultura hacia una que priorice el bienestar de nuestras niñas y niños. Estas iniciativas no son solo leyes; son un compromiso con cada familia que confía en que sus hijos crecerán en una ciudad segura y sana. Los retos son grandes, pero con voluntad política y la colaboración ciudadana, podemos construir un entorno donde cada niña y niño tenga garantizados sus derechos fundamentales.

La infancia no puede esperar. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el tipo de sociedad que seremos mañana. Por eso, reafirmo mi compromiso de seguir trabajando incansablemente por la seguridad y el bienestar de nuestras niñas y niños. Ellos son el corazón de nuestra ciudad y el futuro de nuestro país.

En recientes días, los Organismos Constitucionales Autónomos han sufrido un deterioro importante en su conformación, integración y estructuración desde el poder público. Las reformas constitucionales que pretenden su transformación y modificación en su naturaleza jurídica son un retroceso en las garantías y la defensa de los Derechos Humanos de todas y todos los mexicanos.

Lo anterior se prueba con la reciente publicación de la obra “Organismos Constitucionales Autónomos como garantes de los Derechos Humanos”, libro coordinado por el Dr. Raúl Contreras Bustamante y el Dr. Marco Antonio Zeind Chávez. La investigación es producto de una amplia colaboración desde el Observatorio de Organismos Constitucionales, el cual me honra formar parte para el encargo de la coordinación administrativa.

La investigación tuvo como resultados, con evidencia, estudio y análisis profundo, que estos Organismos desempeñan una labor de protección de los Derechos Humanos especializada, con deferencia técnica, las cuales abarcan:

• La protección de los datos personales.
• El acceso a un gobierno abierto y la máxima publicidad de la información pública.
• La garantía de controles no jurisdiccionales sobre la actuación gubernamental.
• Acceso a internet y protección de contenidos audiovisuales.
• Mercados competitivos sin monopolios.
• Promover el bienestar social con mejores precios.
• Contar con información veraz en relación con la demografía nacional para el diseño de políticas públicas.
• El combate a la corrupción.

Derechos Humanos

Otro de los resultados deviene en la medición e impacto que tienen estas instituciones cuando existe ausencia o parcial autonomía, demostrando que a mayor intervención gubernamental, la calidad en la prestación de su servicio disminuye. En la correlación directa de estas matrices se fortalece la premisa de que es mejor contar con mayor autonomía en áreas especializadas del gobierno que requieren un perfil profundamente técnico. Este perfil técnico, como se establece en la magna obra, no necesariamente implica una actuación de élite o casta, sino que su conformación contramayoritaria consolida la lucha anti-elitista en favor de la gente.

Gobierno abierto

Dicho libro será presentado el día 1 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024, siendo este el evento mundial más grande en exposición de libros y en la difusión de la cultura. Estoy cierto de que el ejemplar “Organismos Constitucionales Autónomos como garantes de los Derechos Humanos” es la investigación más profunda que se ha escrito en toda Hispanoamérica: por sus dimensiones, por sus colaboraciones y por las plumas que la integramos. Es un volumen histórico en la defensa de estos Organismos y un reconocimiento de que los Organismos Constitucionales son una piedra de toque para la democracia y para un mejor y más fuerte Estado de Bienestar.

Feria Internacional del Libro de Guadalajara