Sembrar acuerdos no es cosechar futuro.

El reciente acuerdo entre el gobierno federal y los agricultores logró lo que parecía urgente: apagar el incendio. Tras semanas de bloqueos, el anuncio de un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz para la región del Bajío permitió destrabar el conflicto. Sin embargo, deja una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿realmente se está valorando el campo o solo se está comprando tiempo?

Los productores no protestan por gusto; lo hacen porque los números ya no cuadran. El aumento en los costos, la volatilidad de precios y las importaciones han convertido la agricultura en una apuesta de alto riesgo. El acuerdo actual reconoce que el productor absorbe pérdidas estructurales, pero al ser un apoyo limitado y condicionado, privilegia la contención del conflicto por encima de una solución de fondo.

Aquí el debate se vuelve incómodo: el campo sigue siendo tratado como un sector al que se atiende cuando estorba, no como uno estratégico. Se habla de soberanía alimentaria en el discurso, pero en la práctica producir alimentos en México es cada vez menos rentable. ¿Cómo exigir paz social sin certidumbre económica para quien siembra?

Los problemas de fondo —falta de infraestructura, acceso al agua y abandono tecnológico— persisten. Valorar el campo no es otorgar apoyos bajo presión mediática; es garantizar que sea una actividad digna, rentable y sostenible. Esto exige revisar la competencia desigual con productos importados y la burocracia que asfixia a los pequeños productores.

Sería un error confundir estabilidad momentánea con justicia estructural. El campo mexicano necesita un proyecto que reconozca que sin agricultores no hay desarrollo regional ni seguridad alimentaria. Si 2026 ha de ser el año del cambio, debe marcar el inicio de una política que deje de administrar conflictos y comience a cultivar futuro. Porque, como advertencia y no solo como consigna: “Sin maíz, no hay país”.