No es transparencia, es advertencia

En México ya normalizamos lo que jamás deberíamos normalizar: que la conversación pública no la dicten los partidos ni los gobiernos, sino los algoritmos. Y que, cuando esos algoritmos no favorecen al poder, el poder decide corregirlos a la antigüita: exhibiendo, descalificando, intimidando.

El caso del influencer Edson Andrade, señalado por Morena por presuntamente recibir pagos del PAN, no es un escándalo aislado. Es la radiografía de un país donde la política se hace en videos verticales y la legitimidad se mide en views. Un país donde un creador de contenido puede desatar más ansiedad en Palacio Nacional que un dirigente opositor.

Morena publicó un presunto contrato. El PAN negó. El influencer se defendió. Y las redes hicieron lo que hacen: ruido, trending, linchamiento express. Hasta ahí, nada nuevo. Pero lo verdaderamente preocupante es que el gobierno federal decidió subirse al tema. No el partido. No la militancia. El gobierno. Ese que debería ser neutral, institucional, garante… árbitro. Ese que no debería usar la investidura para perseguir narrativas incómodas ni perfilar ciudadanos como enemigos públicos.

Porque una cosa es que un partido exhiba a quien considera adversario, y otra muy distinta es que el Estado, con toda su maquinaria, haga lo mismo. Cuando el poder político acusa, es debate. Cuando el poder del Estado acusa, es advertencia.

El argumento de Morena es simple: “solo estamos informando”. Pero la pregunta de fondo es mayor: ¿Desde cuándo informar implica exponer a un civil en una conferencia nacional?, ¿Y desde cuándo el gobierno federal tiene tiempo para dedicar espacio institucional a un creador de contenido, salvo que ese creador le resulte políticamente molesto?

El mensaje fue clarísimo: “Si te vuelves viral y no a nuestro favor, te vamos a investigar, exhibir o ridiculizar. Y no hablaremos de ti como ciudadano, sino como adversario.”

La ironía es deliciosa, por no decir trágica: se exhibe a un influencer por supuesta “opacidad”, usando un mecanismo profundamente opaco. Se señala falta de transparencia mientras se aprovecha el único micrófono que ningún creador posee: el micrófono del Estado.

Podemos discutir si estuvo bien que el PAN lo contratara. Podemos debatir si el influencer debió transparentarlo. Pero lo que no deberíamos aceptar es que el Estado se preste al espectáculo. Que el gobierno tome partido en una pelea que corresponde a los actores políticos, no al aparato público. La democracia no puede sostenerse si el árbitro decide patear jugadores.

Este caso no es sobre un contrato ni sobre un influencer. Es sobre poder. Poder que ya no distingue entre gobernar y pelear en redes. Poder que cree que exhibir a un civil desde el Estado es un acto de transparencia, cuando en realidad es una demostración de fuerza.

Al final, este episodio deja una moraleja amarga: en la política mexicana de 2025 ya no importa quién tiene la razón, sino quién tiene el micrófono más grande. Y ese micrófono, hoy, no lo tiene un partido: lo tiene el gobierno.

Y nada es más antidemocrático que un gobierno confundiendo la defensa del poder con la defensa del país. Porque si el Estado empieza a exhibir ciudadanos como si fueran contrincantes, no estamos viendo transparencia. Estamos viendo advertencias. Y en México, cuando el poder avisa, es porque ya decidió a quién quiere callar.