Síguenos en nuestras redes

#Opinión

Más allá del voto

Explicarle a alumnos entre los 18 y los 24 años cuales son sus derechos laborales es una acción profundamente política y democrática…

Publicado

en

La percepción de lo político, normalmente, está vinculada con los partidos políticos y el voto; siendo sinceros, esos dos aspectos son la parte más alta de la punta del iceberg y no solo de “lo político” incluso también de la democracia.

Y lo relacionamos con la punta del iceberg no porque sea lo más alto e importante, sino porque si lo que vemos del iceberg es apenas una parte pequeña, aquellos elementos son ínfimos en relación con la totalidad de lo político. Esta reflexión cobra relevancia porque habilita un abanico de posibilidades, de entrada el simple y sencillo hecho de que somos políticos y llevamos a cabo una vida política todo el tiempo que transitamos la vida social. Las preguntas importantes son ¿cómo ejercemos esa política?, y ¿qué tan consientes somos de la política que ejercemos? Porque créanme, la ejercemos. 

Haciendo una reducción increíblemente reducida, concédanme la redundancia, la política es lucha del poder, y no me refiero al poder de decidir acerca de una ley, un juicio o la implementación de una política pública, me refiero al poder en el día a día, que me habilita para poderme desarrollar de una manera diferente a la que normalmente realizo; me refiero a lograr ir en contra de las condiciones materiales en las cuales existo o por lo menos cuestionarlas. La posibilidad de aquello ya es poder.

Vale la pena tratar de contestar aquellas preguntas porque entonces podemos encontrarnos, ya desde la individualidad, ya desde la cooperación, como agentes reales y constantes de cambio. Y con todo lo anterior, quiero ilustrar el texto con mi vivencia personal porque esto es una columna, no un ensayo de ciencias políticas.

Llevo ya varios años dando clases porque siempre sentí que era algo que debía hacer y además me gusta hacerlo, pero no fue hasta este semestre que comprendí a fondo las implicaciones de mis acciones. Me asignaron la materia de derecho laboral a estudiantes de turismo, situación que ya me había sucedido pero mi aproximación al curso, en aquel entonces, era más técnico y teórico porque cuando me tocó darla no tenía mucha experiencia profesional, situación que después de varios años transitando el derecho del trabajo pues trascendió en mi docencia.

Me di cuenta que explicarle a alumnos entre los 18 y los 24 años cuales son sus derechos laborales es una acción profundamente política y democrática, porque desgraciadamente hay un gran desconocimiento de esta situación, y además resonaba como un auténtico cambio de perspectiva para los estudiantes porque les estaba dotando de herramientas prácticas y tangibles para hacerle frente a la vorágine que sucede en el mundo laboral, particularmente el del servicio restaurantero y turístico, en el cual los patrones tienen el  pésimo gusto de compensar con propinas el salario que no pagan.

Si existe la difusión de derechos, en este caso los laborales, constituye, como lo mencionaba ya, una acción política porque de facto, a pesar de que exista un sistema jurídico, disminuye la posibilidad de que un patrón se presente ante sus trabajadores como algo absoluto con la potestad de hacer y deshacer aprovechando la posición de jerarquía que cualquier relación laboral implica. De tal suerte que, insisto, vale la pena cuestionar si durante nuestro día a día realizamos acciones que benefician o perjudican a algún sector social, porque he ahí nuestra acción política, mucho más allá de un voto, sino en corto… en el día a día. Si la detectamos y beneficia seguirlo haciendo y de lo contrario, tendremos que cuestionar el porqué hacemos las cosas.

Director de Alpha Ius Estudio Legal, despacho jurídico especializado en derecho corporativo preventivo y regularización de bienes inmuebles; docente de materias jurídicas como derecho laboral, administrativo y propiedad intelectual para no abogados. Estoico por culpa del Cruz Azul y Marco Aurelio.

#Opinión

E.U.A. también podría tener su primera mujer presidenta

Entre los nombres para sustituir a Biden en la contienda presidencial, los personajes de mayor relevancia son mujeres.

Publicado

en

Después de las pasadas elecciones en México, donde Claudia Sheinbaum resultó victoriosa al convertirse en la próxima y primera mujer presidenta de la república mexicana, Estados Unidos podría repetir este paso histórico.

Lo anterior, al desencadenarse la inquietud de algunas voces por el lado demócrata que sugieren que el partido debería buscar un reemplazo para Joe Biden, pues su desempeño en el primer debate contra su rival Donald Trump dejó mucho que desear.

En el enfrentamiento que tuvieron, Joe Biden se mostró por momentos confundido llegando a perder el hilo durante las discusiones, lo que lo convirtió incapaz de defenderse ante los señalamientos de Trump. Aunado a esto, se suman los resultados de las últimas encuestas que han hecho notar que a un porcentaje importante de estadounidenses les preocupa las limitantes que podría generar la edad avanzada de Biden.

Joe Biden, Donald Trump.

Los demócratas advierten que, de no replantear un candidato, la victoria sería para Trump. Aunque entre los nombres para sustituir a Biden en la contienda presidencial, se mencionen tanto hombres como mujeres, lo cierto es que los personajes de mayor relevancia son mujeres.

Kamala Harris, es la opción más obvia. La vicepresidenta aliada de confianza de Joe Biden, ha liderado la lucha feminista en favor del derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, el derecho a una vida libre de violencia y al derecho al voto.

Kamala Harris

Ha sido la primera vicepresidenta de color negro, siempre acertada, Harris es considerada como un ejemplo de una mujer que ha logrado llegar a puestos de poder y los ha asumido de manera consciente y responsable atendiendo los derechos de aquellos que se han sentido invisibles. Kamala se involucró y respondió por los derechos de la comunidad LGBTQ+ desde los inicios de su trayectoria y tiene gran aprobación entre los votantes.

Asimismo, Gretchen Whitmer, actual Gobernadora de Michigan, es considerada como una política valiente, preocupada por resolver problemas controversiales como el control de armas de Estados Unidos.

Gretchen Whitmer

Whitmer es reconocida por llevar una serie de políticas progresistas que van desde créditos fiscales para familias pobres y la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Whitmer al igual que Kamala, fueron fiscales, algo que podría ser bien aprovechado para que el partido demócrata afiance la victoria del 5 de noviembre.

Por último, se menciona de manera destacada a Michelle Obama, la ex primera dama estadounidense, es calificada como la contrincante que tendría mayores posibilidades de vencer a Trump, a pesar de que nunca ha ocupado un cargo político. Michelle Obama, fue mencionada en días pasados por la encuesta Ipsos, que de enfrentarse a Trump en la contienda presidencial ella vencería con el 50 por ciento de los votos en comparación al 39 por ciento que obtendría Trump.

Michelle Obama

La cuestión aquí es que Michelle, ha declarado en repetidas ocasiones no querer participar en la contienda, lo que frena esta amplia oportunidad para el partido demócrata, sin embargo, valdría la pena convencerla.

Antes todas estas especulaciones, Joe Biden parece continuar con la postura de permanecer al final de la contienda, convencido de la victoria, algo que podría llevar a un conflicto interno de su partido.

Aunque al día de hoy, el nerviosismo de los demócratas ante las críticas de su candidato parece forzosamente contenido, es necesario que actúen de inmediato pues les quedan menos de 4 meses para conseguir el triunfo.

Sigue leyendo

#Opinión

El poder judicial: el elefante que dejó de ser invisible

Si se valida el número de legisladores para una mayoría calificada, AMLO y su sucesora podrían aprobar reformas importantes, incluyendo la reforma al poder judicial.

Publicado

en

Si el 21 de agosto de 2024 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valida el número de legisladores de representación proporcional necesarios para que el bloque oficialista tenga mayorías calificadas, el presidente López Obrador y su sucesora quedarían habilitados para aprobar el bloque de reformas que se ha impulsado desde palacio nacional, y entre las que la reforma al poder judicial ha cobrado mucha relevancia pública.

Edificio del Poder Judicial de la Federación

Edificio del Poder Judicial de la Federación

Desafortunadamente, ese debate en lo general ha estado polarizado, marcado por afiliaciones partidistas y no ha permitido hacer una evaluación justa sobre el estado que guarda el poder judicial, las deudas que tiene con la sociedad mexicana y los pequeños logros que se consiguieron en el siglo XXI en materia de justicia.

Mi intención en este texto, que es una primera entrega, no es desarrollar cada punto de la reforma judicial, tampoco hacer una propuesta concreta sobre el poder judicial que se necesita en el país, sino reflexionar sobre los principales planteamientos y argumentos que el oficialismo y sus voceros ha esgrimido para defenderla.

En una segunda entrega desarrollaré los planteamientos que la oposición ha utilizado para negarse a esta reforma y por qué pierde una y otra vez el debate público.

Identifico tres planteamientos principales en el oficialismo y sus voceros:

El primero es la importancia de acercar a los miembros del poder judicial con la sociedad. Es decir, atacar el elitismo judicial. Nadie que viva en México y haya transitado por el aparato de procuración y aplicación de justicia puede negar que obtener justicia es un reto casi imposible de superar, sobre todo para quienes cuentan con menos recursos. Existe suficiente evidencia sobre ello.

Accesibilidad a la justicia

Accesibilidad a la justicia

Si bien eso se debe, en gran medida, al pésimo trabajo de los ministerios públicos que, a menudo, se niegan a iniciar carpetas de investigación, están rebasados por el trabajo, mantienen altos niveles de corrupción y se rehúsan o son incapaces de investigar adecuadamente presuntos delitos; también es cierto que los impartidores de justicia han tomado decisiones en la obscuridad, al margen de la ley y sin dar cuentas a nadie.

Podría compartir datos descriptivos al respecto, pero en esta ocasión basta recordar casos tan emblemáticos como el de Florance Cassez e Israel Vallarta donde, además de los ministerios públicos, los aplicadores de justicia jugaron papeles francamente vergonzosos.

Frente a esa realidad, quienes pueden pagar una buena defensa, a menudo costosa, tienen más chances de dar seguimiento a sus casos, aportar pruebas que debería obtener el ministerio público y aspirar a un juicio justo. Por tanto, la exigencia del oficialismo respaldada por un gran pedazo del electorado mexicano sobre la necesidad de hacer más accesible el poder judicial tiene todo el sentido.

No obstante, la iniciativa presentada por el presidente no prevé una reforma a los ministerios públicos, no se interesa en hacer un diagnóstico profundo sobre los poderes judiciales locales en donde se tramita la gran mayoría de delitos (los del fuero común) y da por hecho que la selección popular de jueces, magistrados y ministros es una solución en sí misma a la poca accesibilidad de la sociedad a la justicia. Si eso fuera cierto, todos tendríamos acceso al Presidente de México, a los Senadores, Diputados y Gobernadores. Que los lectores evalúen si votar a sus representantes los ha acercado a ellos.

La selección popular de jueces, magistrados y ministros es una solución en sí misma a la poca accesibilidad de la sociedad a la justicia

La selección popular de jueces, magistrados y ministros es una solución en sí misma a la poca accesibilidad de la sociedad a la justicia

El segundo argumento del oficialismo es que con la reforma se obligará a los jueces, magistrados y ministros a dar cuentas al electorado mexicano. Se dice que, al introducir el voto popular como mecanismo de elección de los miembros del poder judicial, así como separar al consejo de la judicatura de la cúpula del poder judicial, se incentiva la rendición de cuentas por parte de los impartidores de justicia, ya que cada decisión que tomen será evaluada por el electorado y vigilada por una judicatura que no estará controlada por el propio poder judicial.  Este argumento, que en la fachada es potente, no necesariamente cumple con la finalidad de transparentar al poder judicial.

Como pasa con otros poderes del estado que ya se eligen por voto popular, los miembros de una institución no siempre ven a la ciudadanía como el actor al que deben rendir cuentas, sino más bien a quienes controlan los accesos a las candidaturas y financian las campañas. Esto es particularmente cierto en sistemas que no poseen voto obligatorio y los candidatos ganan con mayorías relativas pequeñas, por lo que controlar porciones del electorado puede asegurar triunfos minoritarios.

Además, con la iniciativa no está claro de qué manera los ciudadanos podrían conocer a los candidatos a jueces, magistrados y ministros, cómo se financiarían sus campañas, qué tipo de propuestas estarían permitidas y si realmente un ciudadano convencional asumiría los costos propios de informarse antes de votar. Todos estos son elementos fundamentales para analizar las repercusiones concretas que una reforma de este tipo pude tener.

Con esto no quiero decir que la elección no popular sino indirecta sí asegura la existencia de un poder judicial vigilado y transparente. La historia nos ha mostrado justo lo contrario. Por supuesto que la participación ciudadana es fundamental en todo sistema democrático, aunque el purismo liberal deja muy en claro que la justicia no debe estar en manos de la mayoría, también es verdad que en México la justicia solo se aparece de vez en cuándo y para unos pocos.

En este sentido, argumentar que el poder judicial funciona cuando las mayorías no se involucran es algo que podemos desechar empíricamente.

Transparencia

Transparencia

En lo que a la judicatura respecta, parece haber consenso entre los especialistas en la urgencia de separar la presidencia de la Corte de la presidencia del Consejo de la Judicatura. De esta manera se espera que la vigilancia y disciplina judicial sean imparciales y no estén distorsionadas por la influencia de ministros de la Corte sobre sentencias de magistrados y jueces atemorizados por ser castigados de manera facciosa. Ejemplos sobre esto último sobran.

Entre los casos públicos recientes resalta el que involucra a Arturo Zaldívar en presiones ilegales sobre jueces. No obstante, suponer que el verdadero problema del poder judicial reside en el control vertical que la Corte tiene sobre toda la institución es olvidar que los problemas que más afectan a la sociedad tienen que ver con delitos del fuero común que, en su mayoría, no están relacionados con temas políticamente sensibles.

El tercero, esgrimido por los más radicales del oficialismo, radica en la importancia de controlar el poder judicial, principalmente la Corte, para evitar que alguna institución pueda echar atrás parte del proyecto político de la autodenominada 4T. Se argumenta que se necesita un poder judicial colaboracionista con el gobierno para lograr la épica obradorista. Este planteamiento abre un debate árido y complejo sobre la democracia que se quiere. En occidente, la democracia liberal, a la que algunos nos adscribimos, reconoce la legitimidad popular como el origen constitutivo del poder público, pero no necesariamente como el motor de acción de un gobierno.

Suprema Corte de la Nación

Suprema Corte de la Nación

El voto es, sin duda, el instrumento esencial para elegir representantes que tomarán decisiones en nuestro nombre. Sin embargo, no suele ser la herramienta que habilita a un gobernante para tomar decisiones.

Me explico, la virtual presidenta de México es tal gracias a la votación mayoritaria del electorado (mayoría relativa para ser más específico), pero un liberal esperaría que ya como presidenta no puede invocar esa mayoría para pasar por encima de derechos fundamentales. Por ejemplo, en una democracia liberal, aunque la mayoría del electorado mexicano exigiera que las mujeres no tengan el derecho a estudiar, el entramado jurídico nacional e internacional serviría como una contención a ese impulso mayoritario.

En otras palabras, sobre la mayoría están los derechos. Eso no es necesariamente lo que ocurre en una democracia popular, donde la mayoría es capaz de imponerse por el simple hecho de serlo. En este sentido, quienes suponen que la mayoría oficialista debería estar por encima de los derechos de alguna minoría están exigiendo, en los hechos, un sistema democrático no liberal.

Un ejemplo concreto es la reforma al artículo 19 constitucional que llevó a cabo el bloque oficialista durante este sexenio para aumentar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Encarcelar a personas que en estricto sentido son inocentes, violenta de manera flagrante el derecho de libertad que todas y todos tenemos. Sin embargo, el oficialismo ha pugnado por esta vía y ha reclamado su validez argumentando que tienen los votos necesarios para hacerlo. Es evidente que su lectura democrática es fundamentalmente popular, no liberal, y este es un debate que en algún momento se tendrá que dar en el país.

"Es evidente que su lectura democrática es fundamentalmente popular, no liberal".

“Es evidente que su lectura democrática es fundamentalmente popular, no liberal”.

Como se puede ver, los planteamientos y argumentos anteriores son endebles, no justifican una reforma de esta naturaleza y, lo más importante, no modificarán el estado que guarda la justicia en México. Si en el oficialismo creen lo contrario, entonces en pocos años podremos reclamar al gobierno un país sin impunidad y con justicia total. Aun así, queda en el aire la pregunta; ¿por qué esta es una propuesta tan popular? En la segunda entrega expondré una respuesta a modo de hipótesis.

 

Sigue leyendo

#Opinión

Le Penn, Macron y Jean-Luc Mélenchon

El partido izquierdista Nuevo Frente Popular (NFP), liderado por Jean-Luc Mélenchon, ha sorprendido al convertirse en el más importante en el parlamento francés, aunque aún está lejos de una mayoría absoluta.

Publicado

en

Hace un par de semanas se avizoraba el triunfo de la extrema derecha en Francia debido a los alarmantes resultados de la primera vuelta, qué en conjunto con los resultados de Reino Unido, marcarán una nueva era en la estructura política europea.

Muchas fueron las expectativas alrededor de lo que constituiría un hecho sin precedentes en la historia moderna de ese país, sin embargo, el domingo pasado el resultado sorprendió por completo, ya que el partido izquierdista Nuevo Frente Popular (NFP), liderado por Jean-Luc Mélenchon, se ha convertido en el más importante en el parlamento francés tras las elecciones legislativas convocadas por Macron. El NFP obtuvo 182 de los 577 escaños en la Asamblea Nacional, aunque aún está lejos de los 289 escaños necesarios para dominar la cámara baja.

El representante de extrema izquierda y ex trotskista, fue el primero en declarar el triunfo; a la par pidió a Macron que invitara al NFP a formar un gobierno que promete entre varias cosas, el aumento salarial de mínimo 14%, reestablecer impuestos a la riqueza y limitar los precios de energía. Dicho personaje además es admirador de Hugo Chávez, no ha opinado al respecto de la invasión rusa en Ucrania e insiste en la idea de que Francia debería dejar de pertenecer a la Unión Europea.

Por otro lado, Ensamble (Juntos) de Macron, su coalición de centro, quien convocó a estas elecciones incluso en contra del asesoramiento de sus aliados más cercanos, tuvo un resultado moderado al obtener 168 de los 250 escaños que tiene el parlamento saliente.

Los resultados desconciertan en todos los sentidos. El partido de derecha conservadora, Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que según las encuestas de hace dos semanas encabezarían la segunda vuelta, se convirtió en el tercer bloque parlamentario con 143 escaños, representando un salto casi doble con respecto a los 88 escaños del parlamento saliente y muestra cómo la extrema derecha está ganando terreno en la ideología colectiva.

Los votantes han elegido un Parlamento con una mayoría fragmentada y Francia se enfrenta a diversas maniobras políticas, en donde Macron tendrá que trabajar en una coalición mayoritaria con la finalidad de consensar la elección del próximo primer ministro, que de acuerdo con la tradición, debería salir del bloque parlamentario más grande, en este caso el NFP.

La primera lección es que los franceses siguen rechazando la extrema derecha, aunque si Francia tuviese un sistema electoral de mayoría simple, el partido de Le Pen habría tenido la posibilidad de ganar una mayoría absoluta. Solo para poner un ejemplo del impacto del discurso de extrema derecha, desde su campaña en 2017, Le Pen se ha autoproclamado como feminista no hostil, fomentando la idea errónea de que el feminismo implica el odio a los hombres y lo ha instrumentalizado como estrategia, una estrategia política excluyente y peligrosa bajo la bandera que representa los intereses de las mujeres blancas como carta para encubrir sus discursos racistas, xenófobos e islamofóbicos y planteando un molde femenino francés que permea en un creciente movimiento alrededor de la familia tradicional observado también en gobiernos como el de El Salvador o Argentina y que está permeando en la agenda republicana en Estados Unidos y otros más.

La segunda lección es que ningún extremo es bueno, considerando lo que los extremos han traído en las relaciones geopolíticas y será también un buen termómetro para medir la capacidad de los franceses de negociar y consensar, y aunque si bien la dificultad se multiplica con un Parlamento fragmentado, lo cierto es que probablemente sea lo más conveniente para Francia en este momento.

Sigue leyendo
Anuncio publicitario

Facebook

Lo más visto