Los desafíos persistentes de la democracia mexicana: la eficiencia burocrática y rendición de cuentas

De acuerdo con el Latinobarómetro 2024[1], la juventud es el grupo que muestra menor apoyo y satisfacción con la democracia en América Latina. En el promedio regional, el respaldo a que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno” alcanza el 52 %, pero desciende notablemente entre las personas menores de 25 años. En México, aunque la satisfacción con el funcionamiento de la democracia alcanzó un récord del 50% en 2024, persiste una brecha generacional: las personas más jóvenes se sienten menos identificadas con este sistema. Parte de esta distancia obedece a la percepción de que los gobiernos democráticos ofrecen poca satisfacción a la ciudadanía y representan deficientemente a las nuevas generaciones. Tras alternar entre distintos partidos sin percibir mejoras sustantivas, una la población ha adoptado una actitud de indefensión aprendida.

Existe también la idea extendida de que, en ocasiones, es necesario elegir entre libertad y gobernabilidad, entendiendo esta última como seguridad pública y eficiencia gubernamental. Y en este sentido, la primera línea de acción de la democracia es el servicio público. Cuando esta no es eficiente, genera desencanto ciudadano. Una burocracia eficiente, en cambio, transmite sensación de gobernabilidad y aleja la idea de un Estado fallido: se recolecta la basura, las calles se pavimentan, los servicios de salud y las escuelas funcionan. La ciudadanía es la primera en notar estas diferencias en su cotidianeidad.

Ante el desencanto con el régimen democrático, un gobierno eficiente resulta indispensable para reducir el descontento. Frente al lugar común de que “la burocracia gana mucho y no hace nada”, demostrar lo contrario sigue siendo una tarea pendiente de los gobiernos democráticos, en particular del mexicano.

No basta con que el gobierno sea eficiente, innovador y tecnológico; también debe ser transparente. La corrupción guarda una relación directa con la discrecionalidad y la opacidad: cuando existen protocolos y mecanismos claros, los espacios para actos irregulares se reducen. Por ello, resulta relevante fortalecer los instrumentos de control ciudadano, la tecnología y la innovación gubernamental.

Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador enarboló la bandera de la lucha contra la corrupción desde su gobierno—un problema que históricamente ha limitado el crecimiento económico de México, asociado con prácticas de capitalismo de cuotas—, la opacidad persistió en diversos ámbitos.

Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a finales de 2024, sus funciones de garantía en materia de transparencia y protección de datos pasaron a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y a su órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo. Subsisten, sin embargo, otras instituciones encargadas de auditar el gasto público y combatir la discrecionalidad, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los órganos internos de control en las dependencias federales, y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el entonces titular de la Auditoría Superior, David Colmenares Páramo (2018-2026), enfrentó acusaciones de solapar irregularidades. Las denuncias penales presentadas por la institución cayeron de 41 (asociadas a la Cuenta Pública 2018) a cero en 2023. Colmenares no logró incluirse en la terna final para su reelección.

En marzo de 2026, la Cámara de Diputados designó a Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo Auditor Superior de la Federación para el periodo 2026-2034. En los primeros meses de su gestión, Hernández ha anunciado un rumbo distinto, orientado a fortalecer la rendición de cuentas tanto en el uso de recursos como en la eficiencia gubernamental, mediante una serie de reformas internas que aplicarían una reingeniería institucional que busca mayor ahorro y eficiencia.

Otra medida fue la introducción de plazos de caducidad para combatir la impunidad. Se estableció un límite de 90 días para dictaminar los casos no solventados de la Cuenta Pública 2024, con el objetivo de evitar que las irregularidades quedaran archivadas indefinidamente. Este reglamento obliga a la ASF a requerir la que se solventen las observaciones; de no ocurrir, debe fincar responsabilidades sin dilaciones burocráticas.

La administración actual quiere dejar de lado el enfoque reactivo y forense centrado en contrataciones pasadas, para adoptar un modelo de inteligencia de datos que detecta en tiempo real patrones de posible desvío de recursos. Con el uso de tecnología e innovación gubernamental, se busca anticipar daños patrimoniales antes de que ocurran, modernizando los estándares de auditoría.

Para reducir la opacidad, se institucionalizó la atención a denuncias ciudadanas a través de la Unidad de Atención Ciudadana, con base en el artículo 8º constitucional. Esto abre un canal formal para que ciudadanos y organizaciones civiles presenten quejas, transformando a la ASF de una institución técnica, cerrada y opaca, hacia un que funge como puente con la ciudadanía, fortaleciendo la responsabilidad social.

Finalmente, la nueva administración de la ASF tiene el objetivo de abandonar la fiscalización generalista para especializarse en cuatro sectores estratégicos: gasto social (especialmente salud y educación), seguridad y hacienda, energía y recursos naturales, e infraestructura. Con esta división, los auditores deberán desarrollar expertise en sus áreas, logrando revisiones con mayor profundidad técnica y hallazgos más sólidos desde el punto de vista legal.

Pese al debilitamiento y desaparición de organismos independientes en materia de transparencia y anticorrupción, los cambios estructurales en la ASF se encaminan al fortalecimiento de la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. Aunque, para medir la efectividad de esta reingeniería, aún falta evaluar los resultados en materia la prevención y erradicación de la corrupción. La eficacia de estas medidas dependerá de su autonomía real, la calidad técnica de las auditorías y la respuesta efectiva de las autoridades ante las irregularidades detectadas que han costado miles de millones de pesos al erario público.

[1] Moreno, A. (2025), “Satisfacción con la democracia rompe récord en México: Encuesta”,

El Financiero, https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2025/01/13/satisfaccion-con-la-democracia-rompe-record-en-mexico-encuesta-lb/ consultada el 9 de abril de 2026.