Esmeralda, una adolescente de 14 años de Huimilpan, Querétaro, ha sido acusada de infanticidio tras sufrir un aborto espontáneo a las 36 semanas de gestación. La menor, víctima de violación, desconocía su embarazo hasta el momento del aborto. Según la fiscalía, el bebé nació con vida, pero la causa de su muerte fue asfixia.

En la conferencia matutina de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Esmeralda no debe ser criminalizada y pidió a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, intervenir en el caso. Hace 17 años, se despenalizó la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, y en 2021, la Suprema Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto en todo el país. Sin embargo, en Querétaro aún se considera un delito. Además, este estado ocupa el tercer lugar en embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, con 278,557 casos, según cifras del INEGI.

Fiscalía desmiente que joven haya abortado en Huimilpan

Las mujeres en los 14 estados donde la interrupción del embarazo aún no es legal son tratadas como ciudadanas de segunda clase, pues no cuentan con los mismos derechos que el resto de las mexicanas. No pueden decidir si quieren ser madres y cuándo. La situación es aún más grave para mujeres con discapacidad, indígenas y afromexicanas en comunidades remotas y para niñas, adolescentes y víctimas de violencia sin recursos para viajar a otro estado o incluso para vivir dignamente, mucho menos para mantener a una criatura. Garantizar el derecho al aborto significa dar a las mujeres la posibilidad de decidir sobre su futuro. Sin embargo, este derecho no debe limitarse solo al acceso al procedimiento. La verdadera autonomía implica también una vida libre de violencias, acceso a independencia económica y la capacidad de romper el “piso pegajoso” que las mantiene en desventaja.

Garantizar el derecho al aborto es dar a las mujeres la posibilidad de decidir sobre su futuro.

La crianza se convierte en una condena cuando el cuidado recae exclusivamente en las mujeres y ni el Estado ni el sector privado colaboran para aliviar esa carga. Hoy, 29 de octubre, Día Internacional de los Cuidados y Apoyos, es un momento oportuno para reflexionar sobre la necesidad de desfamiliarizar y desfeminizar los cuidados. Garantizar a todas las mujeres la posibilidad de decidir sobre su cuerpo es solo el primer paso. El siguiente es asegurar que, si eligen ser madres, no vean limitado su crecimiento personal y profesional por la falta de corresponsabilidad en el cuidado.

Hay decisiones que, aunque puedan tener buenas intenciones, no resuelven el verdadero problema y terminan creando nuevos conflictos en el camino. Las recientemente aprobadas restricciones al alquiler de inmuebles para estancias cortas en plataformas como Airbnb en la Ciudad de México son un claro ejemplo de esto.

Airbnb es una plataforma en línea que permite a las personas reservar alojamientos en todo el mundo.

La falta de vivienda accesible es un problema grave en la capital, pero culpar a Airbnb y restringir su operación es una distracción, no una solución. El verdadero desafío radica en la escasa oferta de vivienda social, la falta de actualización en los programas de desarrollo urbano y la ausencia de planeación adecuada. En lugar de atacar estos problemas estructurales, se ha optado por regular una plataforma que es un actor secundario en la ocupación de inmuebles en la ciudad.

Los ejemplos internacionales tampoco deberían alentar este tipo de medidas. En Nueva York, una ciudad que ha impuesto fuertes restricciones a las estancias cortas, los resultados no han sido los esperados. No solo no se ha logrado reducir el costo de las rentas a largo plazo, sino que estas han aumentado un 3.4% en un año. Además, el precio de los hoteles subió un 7.4%, afectando a los turistas y a la economía local. Peor aún, estas medidas han fomentado la informalidad, ya que los propietarios buscan evadir las normativas para seguir generando ingresos.

Rentas en CDMX

Limitar la cantidad de noches que un inmueble puede ser alquilado en Airbnb en la Ciudad de México no reducirá los precios de las rentas ni aumentará la oferta de vivienda accesible. Lo que sí hará es perjudicar a miles de familias que dependen de esta plataforma para obtener ingresos adicionales. Las restricciones limitan también la posibilidad de que los pequeños anfitriones sigan generando ingresos en un mercado laboral cada vez más incierto.

En 2023, los turistas que utilizaron Airbnb en la Ciudad de México generaron más de 15,000 millones de pesos en ingresos, apoyando a más de 63,000 empleos. Estas restricciones no solo ponen en riesgo esa derrama económica, sino que afectan a toda la cadena de valor, desde pequeños comercios locales hasta servicios de limpieza y mantenimiento que dependen de los turistas.

Los turistas que utilizaron Airbnb en la Ciudad de México generaron más de 15,000 millones de pesos en ingresos, apoyando a más de 63,000 empleos

La solución para la Ciudad de México no es una regulación más estricta sobre las plataformas de estancias cortas, sino una política integral de vivienda que incentive la construcción de vivienda social y actualice los programas de desarrollo urbano. Sin esto, la crisis de vivienda seguirá empeorando. Las restricciones a Airbnb pueden parecer una solución fácil, pero son solo una distracción frente a un problema mayor.

Un grupo de turistas extranjeros se toman la foto del recuerdo con sombreros típicos mexicanos en el Bosque de Chapultepec.

Turistas en CDMX

El pasado 10 de octubre, durante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ministra Presidenta Norma Piña y la Ministra Lenia Batres protagonizaron un acalorado debate sobre el uso de ciertas expresiones en un debate técnico-jurídico.

Edificio de la Suprema Corte de Justicia

La controversia surgió en torno a la palabra “absurdo”, lo que desencadenó una discusión sobre los límites de la libertad de expresión argumentativa frente a las formalidades y solemnidades que deben observarse en una audiencia. En este contexto, tanto la Ministra Piña como la Ministra Batres representaban visiones opuestas de la misma cuestión.

En nuestro sistema jurídico, no existen reglas claras ni precisas para regular la oralidad. La oratoria forense, como un género de discurso jurídico-técnico, requiere que los operadores jurídicos desarrollen un debate especializado, estructurando sus argumentos como herramientas fundamentales para la refutación. Para que un debate sea efectivo, es necesario que existan posiciones enfrentadas, lo que permite determinar qué parte tiene la razón jurídica en el caso concreto.

La falta de jurisprudencia que defina qué constituye un insulto o cómo se deben evaluar los argumentos orales deja en incertidumbre el desarrollo de los procesos. Actualmente, esto queda a la discrecionalidad de los jueces, quienes deciden cómo deben conducirse las audiencias. Esta situación es preocupante, pues coloca a los operadores jurídicos en una situación de asimetría, donde lo que se considera correcto o incorrecto depende de la subjetividad de quien preside la audiencia.

Surgen entonces preguntas fundamentales: ¿No es válido reducir al absurdo la posición contraria para demostrar su falta de fundamentación? ¿Un argumento presentado con convicción por una defensa técnica puede ser rechazado por la misma convicción con la que se expone? ¿No es legítimo que una audiencia exprese cierta emotividad por parte de los actores? Y si hay palabras que no deben usarse, ¿no sería coherente con el principio de legalidad y seguridad jurídica especificar cuáles son?

En una era de máxima publicidad, los tribunales no solo deben hablar a través de sus sentencias, sino también a través del desarrollo de sus audiencias, que son un modelo para otros tribunales y envían un mensaje a la sociedad.

Este incidente revela un problema mayor: nuestro sistema jurídico no ha asimilado por completo el principio de oralidad. Las posiciones opuestas de las ministras evidencian que aún existen áreas grises en torno al uso de las palabras en las audiencias. La esencia del debate radica en que la oralidad sigue teniendo asignaturas pendientes, y no hay claridad normativa que guíe el desarrollo adecuado de una audiencia, ni siquiera en el pleno de la Suprema Corte.

Ministra Norma Piña y Batres