Extorsión de Estado: cuando todos aplauden, sospecha

Por Annia Quiroz

En México, la unanimidad en política suele oler a dos cosas: momento histórico o acuerdo entre sospechosos habituales. Este martes, la Cámara de Diputados votó por unanimidad una reforma constitucional para crear una Ley General contra la Extorsión, y de pronto vimos a morenistas, panistas, priistas y hasta los de “otros partidos” abrazarse simbólicamente bajo una misma bandera: combatir uno de los delitos que más han crecido en los últimos años.

El plan suena impecable: homogeneizar la definición del delito en todo el país, aplicar las mismas penas y, detalle importante, permitir que el Estado persiga de oficio a los extorsionadores, sin que la víctima tenga que levantar la denuncia. En papel, se lee como un triunfo para el ciudadano común, aquel que hoy prefiere pagar que arriesgarse a represalias.

Pero la pregunta es si este avance legislativo es el inicio de una estrategia seria o solo el equivalente político de tapar una fuga de agua con curitas.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este plan en julio, admitiendo algo poco común en el discurso oficial: que su gobierno no ha logrado contener el delito de extorsión. El mensaje fue claro: no hay victorias que presumir, pero sí una urgencia que atender. El problema es que, mientras en el Congreso se aplaude la reforma, en la calle la extorsión se sigue cobrando en efectivo, muchas veces con intereses. Comerciantes, transportistas y pequeños empresarios viven bajo una economía paralela, donde el verdadero SAT se llama “cártel” y las auditorías se pagan con miedo.

El dato es contundente: la extorsión ha crecido 58% en seis años. Ocho estados concentran la mayor parte de los casos. El gobierno necesita un mismo idioma legal para describir el delito antes de poder combatirlo; ahí entra la nueva ley, que promete uniformidad legal.

Que el Estado pueda perseguir la extorsión de oficio suena bien, pero sin recursos, fiscales capacitados y coordinación real, la ley corre el riesgo de convertirse en otra reliquia jurídica. México es experto en estas escenas: primero, el aplauso multitudinario en el pleno; luego, la selfie legislativa; después, el boletín de prensa; y al final, el regreso a la realidad, donde la ley no alcanza a la colonia donde la señora de la tiendita paga “cuota” desde hace años.

Lo irónico es que esta unanimidad se dio justo después del informe presidencial, donde Sheinbaum busca mostrarse como líder con iniciativa propia, no solo como heredera política de López Obrador. Un timing perfecto: mientras la oposición grita “apoyo total”, el oficialismo se apropia del discurso de unidad nacional y todos terminan sonando como si hubieran descubierto juntos la fórmula de la paz.

En el fondo, este primer paso es más político que operativo. El mensaje es claro: nadie quiere quedar como defensor de extorsionadores, por lo que la unanimidad era obligatoria. Nadie votaría en contra de una ley con este nombre, igual que nadie votaría contra “la felicidad universal” o “la justicia eterna”.

Pero combatir la extorsión requiere mucho más que voluntad legislativa. Se necesita dinero, inteligencia real, coordinación y un plan que entienda que la extorsión no es solo un delito: es una estructura económica criminal que funciona mejor que muchos gobiernos locales. El reto no es solo perseguir a quienes cobran la cuota, sino desmantelar la red que la sostiene, tocando intereses muy cercanos a quienes votan en plenos tan entusiastas.

Este episodio recuerda algo básico de la política mexicana: aquí la ley no es el final, es apenas el tráiler de una película que rara vez se filma. En 180 días, el Congreso tendrá que diseñar y aprobar la Ley General contra la Extorsión. Entonces veremos si este primer paso fue un verdadero acto de Estado o solo otro capítulo de esa saga legislativa donde todos se visten de héroes mientras el villano sigue cobrando puntualmente… en efectivo.

Porque, como sabemos, en México la extorsión no se legisla: se negocia.