El país de los vidrios rotos: la impunidad como invitación

Nací y crecí en Tetelco, mi pueblo en Tláhuac. No es solo un lugar con el que me identifico; es parte de lo que soy. Es una comunidad donde, como en tantas otras, las personas trabajan arduamente para ganarse lo que tienen. En Tetelco, la cultura del esfuerzo es un valor compartido y una necesidad diaria: la gran mayoría vive de lo que genera en su jornada y no existe el lujo de no trabajar. El compromiso con el esfuerzo es lo que mantiene a la comunidad en pie.

Hoy, mi camino profesional me ha llevado a rentar en la colonia Del Valle. Esta mudanza no fue una casualidad, sino parte de esa migración interna que enfrentamos quienes crecemos en la periferia: la necesidad de movernos hacia donde se concentran las oportunidades para poder crecer. En esta transición, he notado una paradoja que me obliga a reflexionar.

A pesar de que en Tetelco conozco a mis vecinos y ese sentido de comunidad me hace sentir protegido, crecí —como muchos ahí— con la costumbre de estar siempre alerta. Al caminar de noche, el instinto te dicta estar pendiente de cada sombra, voltear a los lados y cuidar el entorno. Al mudarme a la Del Valle, noté que esa necesidad de alerta disminuyó drásticamente. Esto no tiene que ver con las personas que habitan un lugar u otro; tiene que ver con la presencia o el abandono de las instituciones.

En comunidades como Tetelco, quienes delinquen a menudo no son personas del pueblo, sino externos que saben perfectamente que ahí hay menos vigilancia y que la autoridad suele ser omisa. Eligen la periferia porque saben que el costo de romper la ley es casi inexistente. En cambio, en zonas con mayor presencia del Estado, el que delinque sabe que la probabilidad de una consecuencia es real. La diferencia en nuestra tranquilidad no la hace el nivel de ingresos del vecino, sino la certeza de que la ley se aplica.

Esta realidad nos remite a la “Teoría de las Ventanas Rotas“. En 1969, un experimento demostró que un auto abandonado en una zona con vigilancia permanecía intacto hasta que alguien rompía el primer vidrio. A partir de esa ventana rota, el entorno recibía una señal clara: “aquí a nadie le importa lo que pase“. Inmediatamente, la transgresión se normalizaba y el caos se extendía.

La impunidad, entonces, no es solo la falta de castigo para un culpable; es una invitación abierta para que el desorden crezca. Cuando el entorno percibe que lo incorrecto se tolera, la resolución de cumplir las normas se debilita para todos.

En México, los datos del INEGI (ENVIPE 2025) nos indican que habitamos un edificio con demasiados vidrios rotos. Con una “cifra negra” del 93.2%, la ciudadanía ha entendido que denunciar suele ser un esfuerzo estéril. Esta realidad nos dice que la impunidad se ha vuelto transversal, pero se ensaña especialmente con las periferias que el Estado ha dejado en segundo plano.

Frente a este escenario, la solución por supuesto no es criminalizar la pobreza —un prejuicio que debemos erradicar—, sino exigir que el poder público asuma su responsabilidad. Necesitamos, además, más comunidad en la ciudad: conocernos los unos a los otros, construir redes de empatía y preocuparnos por lo que le sucede al vecino. Al mismo tiempo, necesitamos mayor presencia institucional. Ninguna de estas dos necesidades excluye a la otra; ambas son indispensables.

Al final del día, la razón primaria por la que se creó el Estado es precisamente para proteger al ciudadano y evitar que este tenga que protegerse a sí mismo. Para eso le cedimos el monopolio del uso legítimo de la fuerza y la capacidad de garantizar la paz. Cuando el Estado deja de hacer su trabajo, especialmente en las periferias, la comunidad se ve obligada a hacerlo por él. Al intentarlo, la comunidad se expone de manera injusta, porque no cuenta con los recursos, las herramientas ni la capacidad de fuego que el Estado sí tiene.

Reparar las ventanas de nuestra sociedad exige que la autoridad cumpla su mandato originario con la misma diligencia en cada rincón del país, para que la comunidad no tenga que vivir defendiéndose. Solo así lograremos que la seguridad deje de depender de un código postal y vuelva a ser lo que siempre debió ser: el derecho de todos.