El Artículo 34 y la crisis mexicana

La activación del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas no es de sorprenderse. Lo que para algunos son “acusaciones sin fundamento”, para miles de familias es la constatación internacional de una realidad que han cargado solas durante demasiado tiempo: en México se desaparece y el Estado no ha sabido —o no ha querido— responder con la contundencia que esta tragedia exige.

La decisión del Comité de la ONU no es una afrenta al país, como insisten algunos funcionarios, sino un espejo. Y cuando un espejo devuelve una imagen dolorosa, no sirve de nada romperlo. El gobierno respondió con negaciones, subrayando que la delincuencia organizada es “la principal responsable” y asegurando que existen políticas activas para atender la crisis. Pero entre lo que se dice en comunicados y lo que sucede en el territorio hay un abismo.

Activar el Artículo 34 no significa acusar directamente al Estado de cometer desapariciones, sino reconocer indicios serios de un patrón generalizado y/o sistemático. México aceptó este escrutinio al firmar la Convención; no es una imposición externa, sino una consecuencia del compromiso que el propio país asumió.

Quienes han caminado con las familias saben que las cifras no alcanzan a contar el horror. Cada número en el registro representa una vida ausente, una madre buscadora, un cuerpo sin identificar, una fosa más abierta en silencio. La institucionalidad mexicana ha avanzado en marcos legales, pero sigue atorada entre la norma y la realidad. Esa brecha se mide en tiempo, en impunidad, en huesos sin nombre.

Escuchar que todo es culpa del crimen organizado es insuficiente y doloroso, porque si algo saben las familias es que su lucha ha sido, sobre todo, contra la indiferencia institucional. El Estado no puede lavarse las manos: su obligación no termina en señalar culpables, tiene que prevenir, buscar, investigar, sancionar y reparar. Cuando no lo hace, su silencio se vuelve cómplice.

Este momento debería ser una oportunidad. México puede seguir defendiendo su narrativa o asumir el reto de transformar su política de desapariciones con acciones claras y medibles: transparentar el registro de personas desaparecidas, invertir en capacidades forenses reales, publicar avances verificables y garantizar la seguridad de quienes buscan. No se trata de grandes discursos, sino de tareas concretas que ya debieron haberse hecho.

El Comité no habla por las familias, pero amplifica su demanda. Si el gobierno dice escuchar, debería traducir ese diálogo en cambios reales, no en ceremonias vacías. Porque mientras se discuten comunicados, hay madres, hermanas e hijas rastreando con sus propias manos lo que el Estado no ha querido encontrar.

Si este asunto llega a la Asamblea General, no se trata de una “humillación internacional”, sino de credibilidad. México firmó un compromiso, y los compromisos no se defienden con declaraciones, sino con resultados. La verdadera soberanía se demuestra cumpliendo la palabra dada, no negando la evidencia.

Las desapariciones son una herida abierta, y una herida no sana si se niega, se esconde o se maquilla. El Artículo 34 no es el enemigo; es un recordatorio de que, mientras el Estado se defiende, miles de personas siguen buscando en soledad.

Ojalá esta vez, México mire el espejo y decida cambiar la imagen.