Diez años después: la Constitución de la Ciudad de México sigue siendo una promesa incumplida

En 2026 se cumplirán diez años desde que la Ciudad de México dio un paso histórico hacia su plena autonomía con la promulgación del Decreto Constitucional del 29 de enero de 2016. Ese momento marcó el cierre de un ciclo de casi tres décadas de transformación institucional: la elección de la Asamblea de Representantes en 1987; el primer Jefe de Gobierno electo en 1997; los jefes delegacionales en 2000; y, finalmente, la creación de la primera Constitución capitalina.

El Poder Constituyente de 2016 no fue un trámite más. Fue un ejercicio excepcional de soberanía popular, integrado por cien diputadas y diputados provenientes tanto de la representación proporcional como de designaciones institucionales. Aquella Asamblea tuvo la responsabilidad histórica de redactar la primera Carta Magna de la capital, concebida como símbolo de autonomía política, consenso y armonización con el pacto federal. La Constitución entró en vigor en 2018, con la instalación de la primera Legislatura local.

Sin embargo, una década después, el balance dista de ser satisfactorio. La distancia entre la norma y la realidad —esa tensión que Jaime Cárdenas describe como el punto exacto donde la Constitución deja de ser texto y se convierte en práctica— sigue siendo uno de los mayores obstáculos para consolidar el proyecto constitucional de la Ciudad de México.

Un ejemplo lo ilustra con claridad. El artículo 10, apartado C, de la Constitución capitalina establece que “las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un salario remunerador (…) que en ningún caso deberá ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el país”. La redacción es inequívoca. No deja lugar a interpretaciones alternativas. Sin embargo, la realidad contradice abiertamente al precepto constitucional.

De acuerdo con información pública del portal oficial tudinero.cdmx.gob.mx, un Operario HON en Servicios E recibe mensualmente $3,797 pesos; un Operativo HON Especialista D, $5,960 pesos. En 2025, el salario mínimo mensual en México fue de $8,840.17 pesos. En consecuencia, el mandato constitucional implicaría que las y los trabajadores de las alcaldías deberían percibir, al menos, $16,960.34 pesos mensuales. Esto no ocurre. La violación es sistemática, cotidiana y normalizada.

Como advertía Jorge Carpizo, hay momentos en los que el texto constitucional es tan claro que no admite duda, pero aun así la práctica política lo vulnera. Cuando esto sucede, la Constitución pierde fuerza normativa y la interpretación política comienza a sustituir al cumplimiento jurídico.

Ese es el verdadero desafío de la Ciudad de México a diez años del Constituyente: la Constitución es válida, pero no siempre es eficaz; es una norma, pero no siempre es realidad. Mientras esta brecha persista, se seguirá administrando un proyecto inconcluso.

El año 2026 ofrece una oportunidad de replanteamiento. No se trata de abrir una disputa ideológica sobre el diseño institucional, sino de hacer exigibles los compromisos ya asumidos. De pasar de una Constitución avanzada en el papel a una Constitución cumplida en la realidad, como condición indispensable para dignificar la vida laboral y social en la capital.

La Ciudad de México tiene una Constitución avanzada.
Ahora le toca cumplirla.

Fuentes Obra música selecta Jorge Carpizo

Tomo IX “jurisdiccion constitucional”  Primera edición editorial Porrúa 2023

Ciudad de mexico

Introduccion al estudio del derecho

Jaime Cárdenas primera edición Nostra ediciones 2009