En la Ciudad de México no existen policías municipales. La constitución local es clara: la responsabilidad de la seguridad pública se encuentra centralizada en el gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo un esquema de mando único que busca garantizar coordinación, control y homogeneidad en la actuación policial.

Sin embargo, en la práctica, ese modelo comienza a mostrar fisuras.

En los últimos años, diversas alcaldías han recurrido de manera creciente a la contratación de elementos de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial para reforzar tareas de seguridad en sus territorios. Aunque estos cuerpos forman parte orgánica de la estructura central, su despliegue responde, cada vez más, a decisiones, recursos y prioridades locales.

La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a un mecanismo de apoyo institucional o ante la construcción de policías municipales de facto?

Programas como “Blindar BJ” en la alcaldía Benito Juárez han sido presentados como casos de éxito. Mediante el incremento sustancial de elementos de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria, la adquisición de patrullas y la implementación de esquemas de vigilancia por cuadrantes, se ha logrado fortalecer la presencia policial y mejorar la capacidad de reacción inmediata. En la misma lógica, estrategias similares en Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero o Cuajimalpa han ampliado su estado de fuerza y consolidados esquemas de patrullaje focalizado, incluso avanzando hacia modelos de coordinación Inter alcaldías.

Estos casos muestran que el modelo puede generar resultados operativos concretos. No obstante, también evidencian un cambio silencioso en la forma en que se gestiona la seguridad pública en la ciudad: las alcaldías no solo complementan, sino que comienzan a estructurar capacidades propias de seguridad de manera exponencial.

Pero no todos los ejemplos han estado exentos de cuestionamientos.

Muestra de esto, fue lo suscitado en el año 2002 en la entonces Delegación Miguel Hidalgo, cuando el jefe Delegacional en turno creó un grupo denominado “Cuerpo de Alta Seguridad” conformado por 50 Policías Auxiliares contratados por la demarcación, pero que la gente terminó rebautizando como “Los Robocops”, en alusión al uso de equipamiento antimotines y al actuar rígido de los elementos. Más allá del término (que responde más a una construcción mediática que a una política formal), el fenómeno ilustra que la apuesta por modelos de seguridad centrados en la disuasión visual y la presencia constante, no necesariamente impactan de manera positiva en la percepción ciudadana.

A esto se suma la fragmentación no solo operativa, si no también simbólica.

La discusión en torno al balizamiento de patrullas es un ejemplo muy claro. La decisión del gobierno central de homologar colores, diseños y emblemas en las unidades policiales, limitando (para bien o para mal) la identificación propia de las alcaldías no responde únicamente a criterios estéticos, sino a una disputa de fondo: quién ejerce y, sobre todo, quién representa la autoridad en el espacio público.

Este pleito por los colores y diseño de las unidades llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que en 2024 confirmó que efectivamente el balizado de las patrullas capitalinas debe seguir los lineamientos expedidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin importar si estas fueron adquiridas por el Gobierno central o por las propias alcaldías.

Porque en seguridad, la imagen también comunica poder.

Así, la Ciudad de México vive una paradoja: mientras su diseño constitucional niega la existencia de policías municipales, en la práctica las alcaldías construyen esquemas de seguridad territorial con recursos, estrategias e incluso identidades propias.

El problema no es necesariamente su existencia. El problema es su indefinición.

La pregunta de fondo ya no es si estos modelos funcionan, sino si el orden jurídico e institucional está dispuesto a reconocer y regular una realidad que, desde hace tiempo, lo ha rebasado.

Casi sin darse cuenta, la gente del río Pánuco vio cómo su entorno comenzó a cambiar. Primero, una alteración que parecía imperceptible en la corriente, un aumento inusual en la salinidad del agua. Luego, llegó el olor. Un vaho tenue a podredumbre que se colaba por las ventanas y se instalaba en la garganta. Al principio, aparecieron unos cuantos peces muertos flotando en las orillas del río y el estero El Camalote. Parecían casos aislados, pero pronto comenzaron a amontonarse por miles.

Cuando las comunidades pesqueras alzaron la voz, asustadas por lo que el río estaba arrojando, la primera reacción desde el poder fue la minimización institucional. Las autoridades desestimaron la crisis; hablaron de compuertas abiertas y fenómenos naturales.

Para calmar el ruido mediático, la respuesta fue cavar hoyos de forma apresurada. Echar cal, sepultar los cuerpos de los peces en la tierra y pretender que, al no verse, la tragedia no había ocurrido. Fue el clásico intento de tapar el sol con un dedo.

Sin embargo, la putrefacción no entiende de narrativas oficiales. Con el paso de los días, el problema se volvió insostenible. El olor se hizo tan asfixiante que hoy obliga a la gente a caminar con cubrebocas. Las imágenes que circulan ya no muestran un río, sino un manto inerte, una costra de muerte que desborda por todos lados. Las fosas improvisadas por la autoridad ya superan los diez metros cuadrados y, aun así, no alcanzan. La realidad superó por completo el pequeño dedo gubernamental que quería tapar el inmenso sol.

Llegados a este punto, debo ser honesto con quien me lee. Aunque este ecocidio es real y duele profundamente, no estoy hablando de los peces. Estoy hablando de la crisis de las personas desaparecidas.

El río no es el Pánuco; el río es México. Las señales las estamos viendo todos. Vemos cómo la violencia está salando nuestra convivencia, cómo el tejido social se descompone y cómo los cuerpos siguen apareciendo. Primero a cuentagotas, luego por decenas, hoy por miles. Somos testigos de cómo, frente a la desesperación de las familias que escarban la tierra, la respuesta de las instituciones es, demasiadas veces, la negación, el maquillaje de cifras y el ocultamiento.

Hoy, la crisis nos estalla en la cara y las estadísticas oficiales son el olor podrido que no permite ocultar la realidad. No son peces; son más de 132 mil 500 personas desaparecidas que hoy conforman el Registro Nacional. La tragedia se aceleró frente a nuestros ojos: apenas en 2024 rompimos el récord histórico con más de 13 mil casos en un solo año, el punto más alto en la historia reciente del país.

El dolor desborda cualquier intento de contención gubernamental porque el Estado, sencillamente, colapsó. La impunidad es absoluta. Hay registro de apenas 3,800 investigaciones formales para un universo de más de 130 mil desaparecidos. Es decir,  la autoridad no está buscándose. Lo que es peor: el propio gobierno reconoce que en el 36% de los expedientes ni siquiera hay datos suficientes para iniciar una búsqueda real: carpetas vacías, nombres arrojados a la fosa del olvido burocrático.

Es imposible ocultar una tragedia sistémica cuando la evidencia nos respira en la nuca. El humanismo en lo público exige dejar de mirar hacia otro lado y asumir que el Estado nos está fallando en su mandato fundacional: proteger la vida. No podemos seguir normalizando que el suelo de nuestro país sea un cementerio clandestino.

«Pero mira cómo mueren los peces en el río, pero mira cómo mueren por solo haber nacido. Mueren y mueren y vuelven a morir, los peces en el rio, por solo haber nacido.». Y no, no solamente estoy hablando de peces, dolorosamente no.

La mesa está lista para recibir al representante comercial de Estados Unidos y continuar con las negociaciones del T-MEC, en un momento que, aunque se presenta como una ronda más de diálogo, en realidad forma parte de un proceso mucho más amplio que definirá el lugar que México va a ocupar en la economía del futuro. Hoy, funcionarios estadounidenses llegan a la Ciudad de México para avanzar en temas que van desde reglas de origen y aranceles hasta inversión, propiedad industrial, cadenas de suministro y minerales críticos, lo que deja claro que no se trata de un solo ajuste, sino de una reconfiguración completa del acuerdo.

Y es que negociar con el gobierno de Donald Trump nunca ha sido, ni será, un proceso que deje tranquilo a México, sobre todo cuando lo que está en juego es el tratado que sostiene buena parte de su estabilidad económica, porque más allá de la relación comercial, se trata de una negociación con un socio que históricamente ha sido exigente, riguroso y dispuesto a presionar cuando sus intereses están en riesgo, lo que convierte cada revisión en algo más que un trámite técnico y la vuelve un momento de definición en el que México no solo defiende lo que ha construido, sino que también se ve obligado a adaptarse a condiciones cada vez más estrictas.

En ese sentido, lo que Estados Unidos está buscando no es únicamente ajustar reglas, sino reorganizar la producción dentro de su propia región para depender menos de Asia y, al mismo tiempo, asegurar que sectores estratégicos como la industria automotriz, los minerales críticos y las tecnologías emergentes queden bajo su control, de manera que el endurecimiento de las reglas de origen funciona como una herramienta para empujar inversión, procesos productivos y generación de valor hacia América del Norte, cerrando espacios para que México siga operando como un puente de entrada de insumos externos.

Sin embargo, este reacomodo no ocurre en condiciones de igualdad y, por el contrario, coloca a México en una posición más compleja, porque mientras Estados Unidos llega con una estrategia industrial clara y con capacidad para imponer estándares, México enfrenta el reto de no limitarse a defender lo que ya tiene, sino de adaptarse a un escenario que inevitablemente está cambiando, lo que implica mantener la certidumbre para no poner en riesgo la integración económica, pero también aprovechar la negociación para fortalecer su capacidad productiva, reducir dependencias y avanzar dentro de las cadenas de valor, ya que de lo contrario el riesgo no es salir del acuerdo, sino permanecer en él bajo condiciones que lo mantengan en un papel subordinado.

Bajo este contexto, la reunión que hoy se lleva a cabo en México deja ver una tensión de fondo entre lo que Estados Unidos quiere construir y lo que México necesita preservar, porque mientras desde Washington se impulsa una reconfiguración de las cadenas de suministro bajo criterios de seguridad económica, del lado mexicano el margen de maniobra está marcado por una dependencia estructural que no se puede ignorar, ya que más del ochenta por ciento de sus exportaciones dependen del mercado estadounidense, lo que hace que cualquier cambio en las reglas tenga un impacto directo en el crecimiento, la inversión y el empleo.

Por eso, el sector empresarial mexicano no está planteando una transformación radical del acuerdo, sino que insiste en algo más básico pero urgente, que es la certidumbre, porque cuando las reglas cambian constantemente no solo se afecta la competitividad, sino también la capacidad de planear, invertir y sostener operaciones a largo plazo, y en ese sentido lo que defienden no es una postura conservadora, sino una condición mínima para que el modelo actual siga funcionando, aun cuando reconocen que la presión de Estados Unidos obligará a hacer ajustes graduales, como fortalecer cadenas regionales o aumentar el contenido local, lo que inevitablemente implica costos adicionales y exige capacidades que no siempre están desarrolladas.

El T-MEC no se está revisando solo para mantener el comercio funcionando, sino para definir cómo se organizará la economía de América del Norte en los próximos años y, en ese escenario, México enfrenta una decisión que es más profunda de lo que parece: asumir un papel activo en esa transformación o permanecer dentro de ella bajo reglas que otros están diseñando.