Las elecciones presidenciales de 2026 en Perú y Colombia ofrecen una fotografía particularmente reveladora del momento político que atraviesa América Latina. Aunque los contextos nacionales son distintos, ambos procesos reflejan tendencias regionales que trascienden las fronteras nacionales, entre el debilitamiento de la confianza en las instituciones, la creciente polarización ideológica y el avance de proyectos políticos que prometen orden, seguridad o transformación frente a democracias percibidas como incapaces de resolver problemas cotidianos.

En Colombia, la primera vuelta presidencial dejó como resultado una contienda polarizada entre el candidato de derecha Abelardo de la Espriella y el candidato de izquierda Iván Cepeda. Contra muchos pronósticos, De la Espriella obtuvo la primera posición y logró consolidar un discurso centrado en seguridad, autoridad y combate frontal a la criminalidad. El resultado evidenció un desgaste del proyecto político impulsado por Gustavo Petro y una creciente demanda ciudadana de respuestas más contundentes frente a los problemas de violencia y gobernabilidad.
Mientras tanto, en Perú, la segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori volvió a demostrar la profunda fragmentación política del país. El resultado se mantiene extremadamente cerrado y confirma una tendencia que se ha repetido durante la última década: ninguna fuerza política logra construir una mayoría estable y la sociedad continúa dividida entre proyectos políticos antagónicos. Perú ha tenido nueve presidentes en apenas diez años, una cifra que refleja una crisis persistente de representación política.
Sin embargo, reducir estos procesos a una disputa entre izquierda y derecha sería un error analítico. Lo que observamos en gran parte de América Latina es algo más profundo: una crisis de legitimidad democrática.
Los informes recientes del proyecto Varieties of Democracy (V-Dem) muestran que la región vive una etapa de deterioro institucional que combina erosión de contrapesos, polarización creciente, debilitamiento de la confianza pública y expansión de discursos que cuestionan las reglas democráticas tradicionales. El fenómeno no es exclusivo de América Latina; forma parte de una tendencia global que el propio V-Dem identifica como la tercera ola de autocratización.

Los datos son particularmente preocupantes porque muestran que cada vez más ciudadanos están dispuestos a sacrificar ciertos principios democráticos a cambio de eficacia gubernamental. La democracia deja de evaluarse por sus procedimientos y comienza a juzgarse exclusivamente por sus resultados.
Cuando las instituciones no logran garantizar seguridad, crecimiento económico o bienestar social, amplios sectores de la población empiezan a buscar alternativas políticas que prometen soluciones rápidas, incluso si ello implica concentrar poder o debilitar mecanismos de control democrático.
Este fenómeno ayuda a explicar por qué observamos simultáneamente el ascenso de liderazgos de derecha radical en algunos países y el fortalecimiento de proyectos de izquierda en otros. Lo que une a estos movimientos no es necesariamente su ideología, sino su capacidad para presentarse como alternativas frente a un sistema político considerado incapaz de responder a las demandas ciudadanas.
La discusión adquiere una dimensión aún más compleja cuando se observa desde la perspectiva del Sur Global.
Durante décadas, la narrativa dominante asumió que la consolidación democrática y la integración al modelo liberal occidental constituían el destino natural de los países en desarrollo. Sin embargo, la realidad contemporánea muestra un escenario diferente.
Potencias emergentes como China han demostrado que es posible alcanzar crecimiento económico sostenido sin adoptar plenamente las instituciones democráticas liberales. Al mismo tiempo, numerosos países del Sur Global observan con escepticismo las crisis políticas que atraviesan Estados Unidos y Europa. La consecuencia es una creciente apertura hacia modelos alternativos de organización política y económica.
No se trata necesariamente de un rechazo a la democracia, sino de una redefinición de las prioridades. Para millones de personas, la estabilidad económica, la seguridad pública y la capacidad estatal parecen hoy más urgentes que las discusiones tradicionales sobre pesos y contrapesos institucionales.

Perú y Colombia ilustran precisamente esa tensión.
En ambos casos, el electorado parece estar votando menos por proyectos ideológicos coherentes y más por promesas de orden, gobernabilidad y capacidad de respuesta. La disputa central ya no ocurre únicamente entre izquierda y derecha, sino entre distintas respuestas a ¿cómo recuperar la capacidad de los Estados para resolver problemas concretos?
La paradoja es que la democracia latinoamericana sigue mostrando una enorme resiliencia electoral. Los ciudadanos continúan participando en elecciones competitivas y los cambios de gobierno ocurren mediante mecanismos institucionales. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad persiste una creciente insatisfacción con los resultados que la democracia produce.
La gran pregunta para la región no es quién ganará la segunda vuelta en Perú o quién llegará a la presidencia de Colombia. La verdadera interrogante es si las democracias latinoamericanas serán capaces de reconstruir legitimidad, eficacia y confianza ciudadana antes de que el desencanto termine convirtiéndose en una amenaza más profunda para el propio sistema democrático.
Porque la historia demuestra que las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Normalmente se erosionan lentamente, cuando la ciudadanía deja de creer que pueden resolver los problemas que afectan su vida cotidiana.
