Ciudad de México y la pacificación incompleta en el corazón del país

En los últimos meses, gran parte del discurso público sobre seguridad en México ha girado en torno a la idea de una pacificación histórica. Sin embargo, esta narrativa choca con una mirada más atenta a los datos y con la experiencia diaria de millones de personas que viven bajo la constante amenaza de la violencia.
Ahora bien, si centramos la lente en la Ciudad de México (CDMX) y su zona metropolitana —incluyendo Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala—, la historia de esa pacificación resulta aún más compleja y contradictoria.

Los datos oficiales y las encuestas de victimización muestran que las tasas de delitos en estas regiones están lejos de ser marginales. De acuerdo con la ENVIPE 2025, las entidades con las tasas más altas de delitos por cada 100 mil habitantes incluyen al Estado de México (34,851), la Ciudad de México (30,804) y Tlaxcala (30,498), cifras superiores a la media nacional y reflejo de una intensa exposición al delito en zonas urbanas y periurbanas.

Esto significa que, incluso si algunos delitos letales disminuyen, la inseguridad general sigue siendo una realidad palpable. En la CDMX, la violencia adopta formas diversas: robos, extorsiones y desapariciones. En los primeros siete meses de 2025, la capital reportó alrededor de 1,306 personas desaparecidas, siendo la entidad con más casos del país, seguida muy de cerca por el Estado de México con 1,210.

En términos de percepción, la inseguridad no es solo un dato estadístico, sino una vivencia cotidiana. Encuestas recientes indican que más de la mitad de la población urbana percibe que vivir en su ciudad es inseguro, percepción que se acentúa en municipios como Ecatepec de Morelos o en diversas alcaldías de la CDMX.

Es clave entender a la CDMX no como una isla, sino como el centro neurálgico de una conurbación densamente poblada. En esta región metropolitana extendida se tejen dinámicas de violencia que no respetan límites administrativos, donde la inseguridad en un territorio repercute directamente en los colindantes.

En el Estado de México, por ejemplo, delitos de alto impacto como el robo a casa habitación, al transporte público y la extorsión se mantienen en niveles preocupantes, incluso cuando se reporta una disminución aparente en homicidios dolosos. Según el SESNSP (primer trimestre de 2025), la entidad encabezó las tasas de delitos de alto impacto entre las seis más pobladas del país.

Si bien algunos indicadores muestran reducciones porcentuales, esto no implica necesariamente una reversión de la violencia estructural. Puede ser resultado de la consolidación territorial del crimen organizado, la reorganización delictiva, cambios en la clasificación de delitos o simples fluctuaciones estadísticas.

Una verdadera pacificación no se mide solo con descensos marginales en homicidios. Se mide con reducciones sostenibles en todas las formas de violencia, con instituciones que garanticen acceso a la justicia, protección efectiva de derechos humanos y políticas públicas que atiendan las causas estructurales de la inseguridad.

Además, exige una política real de no revictimización: atención integral, acompañamiento psicosocial, reparación del daño y garantías de no repetición. Todo aquello que el punitivismo suele relegar por no generar réditos políticos inmediatos.

La víctima llega buscando justicia y encuentra un sistema diseñado para expulsarla: ventanillas saturadas, protocolos incumplibles y funcionarios exhaustos. La revictimización no es una falla, es el mecanismo que garantiza la impunidad.

Hablar de pacificación sin considerar las experiencias humanas, las tasas globales de delitos y la persistencia de las desapariciones es celebrar ilusiones mientras la violencia se transforma bajo la superficie.