Cuidad de México | 26 de octubre de 2021. | Redacción.
La audiencia inicial sobre el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, se aplazó para el próximo 3 de diciembre, debido a que la defensa de los 10 exfuncionarios acusados y la de 14 de las 66 víctimas argumentaron ante el juez que la Fiscalía entregó la carpeta de investigación de manera electrónica y no física, por lo que no se pudo analizar a detalle. Los abogados de la defensa señalaron al juez Édgar Jesús Campos Burgos que la información entregada por la Fiscalía consistía en una memoria USB con más de dos terabytes de información, por lo que solicitaron una prórroga con el fin de revisar la investigación y poder ejercer una defensa adecuada. Por tal motivo, no se realizó la imputación contra los señalados.
El pasado 21 de octubre, cinco de los 10 inculpados solicitaron a la Fiscalía un “acuerdo reparatorio”, que hasta el momento no ha sido considerado. De esta manera, el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, quien no acudió a la audiencia por presentar síntomas de Covid-19, pretende abreviar el procedimiento.
Igualmente solicitaron esta figura Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de Diseño de Obras Civiles de Proyecto Metro; Moisés Guerrero Ponce, director de Construcción de Obras Civiles de Proyecto Metro y quien tampoco se presentó a la audiencia dado que no fue notificado; Juan Carlos Ramos Alvarado, residente de Obra del tramo Olivos-Tezonco y subdirector de afectaciones; y Enrique Baker Díaz, director de Ingeniería y Proyecto de Obra Civil.
La defensa de las víctimas exigió que Horcasitas justificara mediante un comprobante médico que éste tenía síntomas asociados a la covid-19, por lo que el juez dio tres días al exfuncionario para que presente un certificado de haberse realizado la prueba PCR.
Los otros acusados que comparecieron fueron Héctor Rosas Troncoso, exsubdirector de Obra Civil; Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, exdirector Responsable de las Obras Inducidas de la Línea 12; Ricardo Pérez Ruiz, responsable en Seguridad Estructural de la L-12; Fernando Amezcua Ordaz, supervisor de la obra civil del tramo elevado de la L-12; y Fernando Ramiro Lalana, supervisor externo de la Línea Dorada.
El abogado de 14 de las 66 víctimas, Cristopher Estupiñán, denunció que el gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía pretenden llegar a un acuerdo en privado con las empresas constructoras, sin que se tome en cuenta a los afectados, quienes se sintieron hostigados por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAV).
“Los de la Comisión de Víctimas están buscando resolver este tema con las empresas tras bambalinas, ya estuvieron en contacto con la empresa Carso. Esta empresa firmó un convenio reparatorio con la Ciudad de México, pero no obra en la carpeta los términos de ese acuerdo. ¿Por qué no se nos ha instado?, porque la comisión busca hacer a un lado la defensora jurídica nulificando así nuestros derechos”, señaló.
La audiencia duró siete horas sin que se pudiera formular la imputación a los señalados. En un receso, Estupiñán aseguró que las víctimas no aceptarán la presión del titular de la CEAV, Armando Ocampo, para que las víctimas abandonen la representación legal privada ya que considera que éstas solo deben recibir una indemnización por lo ocurrido.
Antes de ingresar a la sala de juicio oral del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México (TSJ-CDMX), el abogado adelantó que presentará una denuncia contra las empresas involucradas y responsables de la construcción del viaducto elevado, el cual se derrumbó el pasado 3 de mayo, y sostuvo que esto incluirá a Grupo Carso de Carlos Slim.
“La denuncia formal que presentaremos ante la Fiscalía General de Justicia en contra de las empresas responsables toda vez que en la carpeta de investigación existen elementos objetivos para vincularlas y la Fiscalía no ha hecho esa parte del trabajo; tiene que proceder con la vinculación formal contra las empresas y citatorios a los funcionarios de las empresas responsables llámese Grupo Carso, ICA y Alstom”, dijo.
El defensor acusó que la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) no ha habido ningún citatorio a las empresas y sostuvo que eso es preocupante porque el acercamiento solo ha sido “tras bambalinas”.
Mencionó que se busca una sanción de 24 mil millones de pesos a las constructoras y que no participen en obras públicas, daños punitivos.
