El pasado 10 de octubre, durante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ministra Presidenta Norma Piña y la Ministra Lenia Batres protagonizaron un acalorado debate sobre el uso de ciertas expresiones en un debate técnico-jurídico.

Edificio de la Suprema Corte de Justicia

La controversia surgió en torno a la palabra “absurdo”, lo que desencadenó una discusión sobre los límites de la libertad de expresión argumentativa frente a las formalidades y solemnidades que deben observarse en una audiencia. En este contexto, tanto la Ministra Piña como la Ministra Batres representaban visiones opuestas de la misma cuestión.

En nuestro sistema jurídico, no existen reglas claras ni precisas para regular la oralidad. La oratoria forense, como un género de discurso jurídico-técnico, requiere que los operadores jurídicos desarrollen un debate especializado, estructurando sus argumentos como herramientas fundamentales para la refutación. Para que un debate sea efectivo, es necesario que existan posiciones enfrentadas, lo que permite determinar qué parte tiene la razón jurídica en el caso concreto.

La falta de jurisprudencia que defina qué constituye un insulto o cómo se deben evaluar los argumentos orales deja en incertidumbre el desarrollo de los procesos. Actualmente, esto queda a la discrecionalidad de los jueces, quienes deciden cómo deben conducirse las audiencias. Esta situación es preocupante, pues coloca a los operadores jurídicos en una situación de asimetría, donde lo que se considera correcto o incorrecto depende de la subjetividad de quien preside la audiencia.

Surgen entonces preguntas fundamentales: ¿No es válido reducir al absurdo la posición contraria para demostrar su falta de fundamentación? ¿Un argumento presentado con convicción por una defensa técnica puede ser rechazado por la misma convicción con la que se expone? ¿No es legítimo que una audiencia exprese cierta emotividad por parte de los actores? Y si hay palabras que no deben usarse, ¿no sería coherente con el principio de legalidad y seguridad jurídica especificar cuáles son?

En una era de máxima publicidad, los tribunales no solo deben hablar a través de sus sentencias, sino también a través del desarrollo de sus audiencias, que son un modelo para otros tribunales y envían un mensaje a la sociedad.

Este incidente revela un problema mayor: nuestro sistema jurídico no ha asimilado por completo el principio de oralidad. Las posiciones opuestas de las ministras evidencian que aún existen áreas grises en torno al uso de las palabras en las audiencias. La esencia del debate radica en que la oralidad sigue teniendo asignaturas pendientes, y no hay claridad normativa que guíe el desarrollo adecuado de una audiencia, ni siquiera en el pleno de la Suprema Corte.

Ministra Norma Piña y Batres

Desde que la Dra. Claudia Sheinbaum fue candidata a la presidencia de México, una de las mayores incertidumbres giraba en torno a si su gobierno implementaría una verdadera perspectiva de género. Durante su campaña, no se pronunció abiertamente a favor de esta agenda, lo que sembró dudas entre diversos sectores. Aunque utilizó el lema “es tiempo de las mujeres”, tener cuerpo de mujer no necesariamente implica una conciencia de género.

Aún en etapa de transición, Sheinbaum anunció la creación de la Secretaría de las Mujeres, que estará encabezada por Citlalli Hernández, una figura políticamente relevante dentro de Morena. Ya en funciones, en su segundo día de conferencias matutinas, la presidenta presentó cuatro iniciativas de reforma ante el Senado. Dos de ellas son de carácter constitucional, enfocadas en fortalecer la protección a las mujeres, garantizar la igualdad salarial y distribuir una cartilla sobre los derechos de las mujeres.

Claudia Sheinbaum y Citlalí Hernández

Estas reformas buscan consagrar la igualdad sustantiva en la Constitución, garantizar una vida libre de violencia y eliminar la brecha salarial de género. Además, incluyen medidas para mejorar la protección inmediata en casos de violencia de género y la creación de fiscalías especializadas en este tipo de delitos.

Imagen ilustrativa “Brecha Salarial”

Con un poder legislativo dominado por Morena y sus aliados, es probable que no enfrenten ninguna oposición para ser aprobadas. Además, una vez que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sea modificada, el Instituto Nacional de las Mujeres se convertirá en Secretaría de Estado. Esta nueva institución tiene el potencial de ser una aliada clave para las mujeres, en parte gracias a la juventud y la visión interseccional de Citlalli Hernández.

La Secretaría puede capitalizar esta visión renovada para abordar temas largamente pendientes, como la erradicación de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva inclusiva. La creación de esta nueva Secretaría también abre la posibilidad de repensar el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género, que ha sido utilizado con fines políticos, debilitando su efectividad. Desde 2021, no se ha emitido ninguna alerta, a pesar del aumento sostenido en la violencia de género. Sería necesario establecer criterios claros y objetivos para la activación de estas alertas, priorizando la protección de las mujeres por encima de intereses políticos.

Debates legislativos

Citlalli Hernández cuenta con el capital político necesario para asegurar que la Secretaría cuente con un presupuesto adecuado y con el respaldo tanto del gobierno federal como del legislativo y gobiernos locales. Sin los recursos suficientes, cualquier política se convierte en mera demagogia. Hernández tiene la capacidad de negociar para asegurar un impacto real, que pueda enfrentar la violencia de género de manera efectiva y promover un entorno más igualitario y justo para todas las personas.

Hace 71 años, el 17 de octubre de 1953, las mujeres de México obtuvieron el derecho a votar y ser votadas. Un logro histórico considerando los movimientos gestados por nuestros derechos por más de 200 años y que fueron reconocidos después de 500. Este derecho ganado ha avanzado a través del tiempo, más niñas tienen la posibilidad de estudiar y prepararse, más mujeres tienen la posibilidad de trabajar y el desarrollo y libertades en el ejercicio de nuestros derechos humanos han avanzado también.

17 de octubre de 1953, institucionalización del voto femenino en México

Desde María del Socorro Blanc Ruíz fue la primera mujer presidenta municipal en nuestro país, hasta Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, hasta Karen Flores, primera mujer en dirigir la Cámara de Empresas Mineras o María Fernanda Garza, la primera mujer en ocupar la Cámara de Comercio Internacional.

Inicios del feminismo en México.

Y aunque hay avances, las brechas de la participación de las mujeres en todos los espacios aún se vuelven evidentes cuando se habla de puestos de decisión. En una amplia arista que va desde las mujeres que hacen política en donde esos derechos han sido luchados y reconocidos y se sigue avanzando en la paridad hasta la participación de las mujeres en puestos directivos en las empresas o incluso sin profundizar, en la posibilidad de que las mujeres ocupen trabajos formales.

Si bien a nivel mundial la participación ha crecido de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) sobre las mujeres en las empresas 2024, en nuestro país solo el 5% de los consejos de administración son presididos por una mujer y cayó la participación de las mujeres como líderes de direcciones generales a 3% con respecto al año pasado (4%).

“Y aunque hay avances, las brechas de la participación de las mujeres en todos los espacios aún se vuelven evidentes cuando se habla de puestos de decisión”

Además, 21% de las empresas no cuentan con la presencia de mujeres en los consejos de administración de direcciones relevantes, solo el 11% ocupan las direcciones financieras y 23% en direcciones jurídicas, mientras que la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral se encuentra en la plantilla laboral, con un 43%.

Aún existe una resistencia a entender la importancia de la inclusión de la participación de las mujeres en el ámbito empresarial, un ámbito habitualmente liderado por hombres. En este sentido, la pelea no está en las capacidades, cualidades o habilidades de unas y otros; esta se encuentra en la falta de acceso a ocupar esos cargos, en donde es importante reducir los sesgos de género e invertir en políticas de inclusión (DEI) e insistir en la importancia de un Sistema Nacional de Cuidados que incluya en su desarrollo a las empresas.

Tuvimos este fin de semana un ejemplo claro que pone en desventaja la participación de las mujeres en espacios con la tómbola de magistraturas y juzgados, en donde sólo el 30% de mujeres forman parte del poder judicial y con la reforma ese número podría bajar aún más, ¿no es necesario comprender que no podemos seguir teniendo reglas excluyentes sin importar los espacios?