Cada año, cientos de miles de jóvenes dedican meses —y muchas veces años— de esfuerzo a un solo objetivo: ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Este año, la polémica por el examen de admisión volvió a ocupar titulares. Fallas en la aplicación, irregularidades y la decisión de repetir parte del proceso desataron el enojo de miles de aspirantes. Para algunos fue una medida necesaria para proteger la legalidad; para otros, significó volver a jugarse su futuro después de meses de preparación.
Pero mientras el país discute el examen, creo que estamos dejando de lado una pregunta mucho más importante.

¿Por qué seguimos obligando a cientos de miles de jóvenes a competir por tan pocos lugares?
Este año tuve la fortuna de dar clases a adolescentes que están por decidir su futuro. Cuando abordábamos el tema de la educación, inevitablemente llegábamos al artículo 3° de nuestra Constitución. Les explicaba que la educación no es un regalo del Estado ni una concesión del gobierno en turno. Es un derecho.
Entonces les hacía una pregunta muy sencilla:
Si el Estado construyera un solo hospital para atender a millones de personas, ¿podríamos decir que está garantizando el derecho a la salud?
Todos respondían que no.
Después les preguntaba por qué aceptábamos con tanta naturalidad que el acceso a la educación superior dependiera de la existencia de muy pocos lugares.
Porque esa es la realidad.
El examen de admisión no crea el problema.
Simplemente administra la escasez.
Hay algo que siempre me ha parecido paradójico.
Nuestra máxima casa de estudios se llama Universidad Nacional Autónoma de México.
Y, en honor a la verdad, la UNAM ha hecho un esfuerzo importante por convertirse realmente en una universidad nacional. Hace décadas dejó de concentrarse exclusivamente en Ciudad Universitaria. Las cinco Facultades de Estudios Superiores —Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza— acercaron la educación universitaria a distintas zonas del Valle de México. Posteriormente surgieron las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores en León, Morelia, Mérida, Juriquilla y Oaxaca, además de unidades multidisciplinarias, centros de investigación, estaciones científicas y sedes académicas distribuidas en diversas entidades del país.

La UNAM entendió hace tiempo que una universidad nacional no podía permanecer encerrada entre las islas de Ciudad Universitaria.
Pero también es cierto que México tiene treinta y dos entidades federativas, más de dos mil cuatrocientos municipios y más de ciento treinta millones de habitantes.
Cinco FES y cinco ENES representan un avance enorme respecto al pasado, pero siguen siendo insuficientes para un país de estas dimensiones.
Y ahí aparece la verdadera paradoja.
La universidad con mayor prestigio de México sigue siendo, para millones de jóvenes, una institución demasiado lejana.
No porque no tengan la capacidad para estudiar en ella.
No porque no estén dispuestos a esforzarse.
Sino porque simplemente nacieron demasiado lejos de alguno de sus campus o porque la oferta educativa disponible resulta insuficiente frente a la enorme demanda.
Y aquí es donde la discusión deja de ser un asunto exclusivo de la UNAM para convertirse en una responsabilidad del Estado mexicano.
El artículo 3° constitucional reconoce el derecho a la educación y establece que el Estado debe garantizarla bajo criterios de excelencia, equidad e inclusión. Eso significa que un joven de la Ciudad de México no debería tener mejores oportunidades educativas que otro que nació en la Sierra Tarahumara, en la Huasteca, en la Montaña de Guerrero o en cualquier comunidad apartada del país, únicamente por el lugar donde vino al mundo.
No estoy diciendo que la solución sea desaparecer el examen de admisión. Mientras existan cientos de miles de aspirantes para un número limitado de espacios, algún mecanismo de selección tendrá que existir.
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Lo que sostengo es que el verdadero problema comienza mucho antes del examen.
Comienza cuando aceptamos que la educación pública de excelencia sea un recurso escaso.
Comienza cuando normalizamos que el futuro de miles de jóvenes dependa de acertar unas cuantas preguntas más que alguien más y convertimos ese resultado en una especie de símbolo de estatus.
Comienza cuando dejamos de preguntarnos por qué la calidad educativa de la UNAM no ha podido convertirse en el piso mínimo de todas las universidades públicas del país.
México no necesita que la UNAM deje de ser excepcional.
Necesita que el resto de las universidades públicas estén a la altura de la UNAM.
Que un joven de Oaxaca, Sonora, Chiapas, Campeche o Baja California encuentre cerca de su casa una institución con el mismo nivel académico, la misma investigación, la misma infraestructura y las mismas oportunidades que hoy distinguen a nuestra máxima casa de estudios.
Hay una escena de Güeros que siempre me ha parecido una de las mejores reflexiones sobre el sentido de una universidad pública. Uno de sus personajes dice que la universidad es de todos, incluso de quienes jamás la van a pisar.
Quizá ahí está la verdadera discusión.
Porque la UNAM no pertenece únicamente a quienes lograron obtener un lugar. También pertenece a los millones de mexicanos que la sostienen con sus impuestos, que reconocen en ella un patrimonio nacional y que ven en sus aulas un símbolo de lo mejor que puede ofrecer la educación pública.
Pero una universidad verdaderamente nacional no sólo debe inspirar a todo un país.
También debería tener la capacidad de llegar a él.

Mientras millones de jóvenes sigan viendo a la UNAM como un sueño imposible por la falta de espacios o por la distancia geográfica, la deuda no será de la Universidad.
Será del Estado mexicano.
Y quizá el día en que cualquier joven, sin importar dónde haya nacido, pueda acceder cerca de su hogar a una universidad pública con la misma calidad académica que hoy representa la UNAM, dejaremos de hablar del examen de admisión como una batalla por sobrevivir y empezaremos a hablar, por fin, del derecho a la educación como una realidad.
Ese día, la palabra “Nacional” dejará de ser solamente parte del nombre de la Universidad y se convertirá, por fin, en una realidad para millones de jóvenes mexicanos.