La seguridad de niñas y niños: Una prioridad impostergable

Proteger a nuestras niñas y niños es una de las mayores responsabilidades que tenemos como sociedad y una de las causas a las que me he dedicado como persona y como servidora pública.

Desde que fui honrada con la posibilidad de dirigir la presidencia de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Congreso de la Ciudad, he procurado que las y los niños de esta ciudad sean un tema transversal en mis propuestas legislativas. En la Ciudad de México, nuestras niñas y niños enfrentan retos que comprometen su bienestar y desafían la capacidad que tenemos como sociedad de garantizarles una infancia plena, segura, saludable y feliz. A pesar de los avances en muchos frentes, las estadísticas dan evidencia de la necesidad de fortalecer las leyes y las políticas públicas dirigidas a proteger a la infancia.

Como legisladora y madre, estoy convencida de que debemos actuar con urgencia para enfrentar estos desafíos. Por eso, desde mi trinchera, he impulsado una serie de iniciativas que buscan reforzar el marco normativo para promover la seguridad y el desarrollo integral de las y los menores. Yo estoy convencida de que la seguridad de las infancias tiene diferentes ámbitos y en todos ellos debemos estar pendientes.

Por eso, hemos trabajado en iniciativas robustas para fortalecer el marco normativo, con alcances variados y de diferente naturaleza. Impulsamos, por ejemplo, un análisis exhaustivo de las condiciones en los inmuebles de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) para identificar sus necesidades y poder actuar para solventarlas. He propuesto conocer la realidad de los CENDIS y garantizar que haya presupuesto, incrementando el porcentaje que le destinan las alcaldías. Mi propuesta busca dotar a estas instituciones de recursos económicos suficientes y un marco regulatorio más estricto que priorice la protección integral de los pequeños.

Además, presenté una iniciativa para elevar la edad del consentimiento sexual,  para que suba de los 12 años de edad a los 16. Esta medida tiene como objetivo salvaguardar a las y los menores frente a posibles abusos y explotación fortaleciendo su protección ante escenarios vulnerables. Por lo que se busca penalizar de 5 a 12 años con prisión a toda persona que realice este tipo de abuso mediante engaños.

Por otro lado, conscientes del daño irreparable que ocasionan delitos como el secuestro y el robo de menores, hemos planteado un incremento significativo en las penas para que quienes cometan estos actos atroces se les imponga una sanción en un rango de 10 a 20 años en prisión. La justicia debe ser un escudo firme para nuestras niñas y niños, y debemos mandar un mensaje claro a quienes atenten contra ellos: no habrá tolerancia.

Sé que hay quienes piensan que las leyes no son suficientes para cambiar la realidad, y tienen razón. Una legislación sólida es solo el principio. Pero también es el fundamento que nos permite construir políticas públicas efectivas, asignar recursos adecuados y, sobre todo, transformar la cultura hacia una que priorice el bienestar de nuestras niñas y niños. Estas iniciativas no son solo leyes; son un compromiso con cada familia que confía en que sus hijos crecerán en una ciudad segura y sana. Los retos son grandes, pero con voluntad política y la colaboración ciudadana, podemos construir un entorno donde cada niña y niño tenga garantizados sus derechos fundamentales.

La infancia no puede esperar. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el tipo de sociedad que seremos mañana. Por eso, reafirmo mi compromiso de seguir trabajando incansablemente por la seguridad y el bienestar de nuestras niñas y niños. Ellos son el corazón de nuestra ciudad y el futuro de nuestro país.