Durante la semana del 6 de enero se difundió en diversos medios el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, un documento elaborado por el Ejecutivo Federal que busca promover una visión de desarrollo nacional.
Presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2030
La lectura del documento genera preocupación para cualquier gobierno que se proclame progresista y comprometido con el bienestar de la población. En su primera proyección, no se hace ninguna alusión a los Derechos Humanos, lo cual resulta alarmante. Esto representa un rompimiento con el orden global de gobernanza y el consenso internacional en torno a su tutela y protección.
Aunque el PND es un ejercicio enunciativo sobre la actuación presupuestal del Ejecutivo, este se limita a listar aspiraciones gubernamentales como si fuera una “carta de buenos deseos”, cuando debería ser mucho más que eso.
Con la inminente apertura de los Foros de Discusión, el gran ausente sigue siendo la Planeación Estratégica del Presupuesto: cómo será administrado, cómo dará resultados y otras interrogantes fundamentales permanecen sin respuesta. Esto sugiere que el PND podría convertirse en un decálogo de intenciones en lugar de un instrumento real para la Administración Pública.
Un aspecto positivo del documento es que se observa una redacción más sólida en comparación con el de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Además, parece reflejar una intención de escuchar a la ciudadanía a través de foros diversos. Sin embargo, ante una realidad tan compleja y desigual, estos foros serán insuficientes.
Combatir la desigualdad requiere medidas efectivas, no soluciones paliativas. Es esencial que el Estado asuma una responsabilidad activa, marcando líneas claras de acción y asignando responsabilidades específicas a los servidores públicos. Esto implica establecer procedimientos en cada etapa del proceso, fijar instancias de control y evaluación, y determinar mecanismos para la toma de decisiones con la participación de los sectores social y privado.
No basta con enunciar aspiraciones. Para transformar estas en realidades, se necesitan rutas de trabajo definidas y mecanismos de rendición de cuentas en caso de desviaciones. Lo preocupante es que el modelo económico propuesto parece perpetuar la desigualdad y la pobreza en lugar de combatirlas.