Es marzo de nuevo, y con ello nos llenamos de activismo, de consignas y de sentimientos encontrados rumbo al 8M. Es un mes que invita a revisar lo que hemos avanzado y lo que aún duele. Y en este contexto quiero hablar de un tema que muchas veces se toma con cautela, pero que merece decirse con claridad: la violencia política no está bien.

Primero vamos a reconocer lo evidente: la violencia política contra las mujeres en razón de género existe. Está documentada, está tipificada y la viven muchas mujeres que participan en la vida pública (muchas lo hemos vivido en carne propia). Negarlo es irresponsable.

Pero también es cierto que la violencia política no siempre tiene una motivación de género. Hay mujeres —y hombres— que enfrentan descalificaciones, limitaciones, agresiones, ataques y muchas cosas más por el simple hecho de participar, opinar o tomar decisiones en el espacio público. Y eso tampoco está bien.

La política implica debate, contraste, competencia. Quienes estamos dentro de la vida pública lo sabemos: sabemos que hay resistencias, oposición, cuestionamientos. Todo esto es parte de la democracia y está bien, es sano.

Pero una cosa es debatir… y otra muy distinta es obstaculizar.

No es debate cuando te bajan tu publicidad o te bloquean tu propaganda como forma de intimidación o presión.

No es competencia que impidan el diálogo con la ciudadanía, que existan amenazas.

No es diferencia política que se prohíba a funcionarios atender gestiones por filias o fobias personales.

No es normal que alguien no pueda tener espacios dignos de trabajo simplemente porque “no cae bien” a quien tiene el poder.

Y mucho menos es aceptable condicionar la nómina o el sustento por caprichos.

Esto NO es estrategia política. Es abuso de poder. Es violencia.

Cuando se utilizan herramientas administrativas, recursos públicos o estructuras institucionales para castigar, aislar o debilitar a alguien por razones políticas, ya no estamos frente a una competencia democrática. Estamos frente a prácticas que lastiman a la democracia, no importan los colores ni los cargos.

La política no puede convertirse en un sistema de premios y castigos personales.

Porque cuando se normaliza que el acceso a espacios, información, recursos o gestiones dependa de simpatías, dejamos de hablar de instituciones y empezamos a hablar de feudos. Y los feudos no construyen democracia.

Estas prácticas no solo afectan a quien las vive, afectan también a la ciudadanía. Cada obstáculo impuesto por rencor, por presión o por “cálculo político” retrasa soluciones, bloquea gestiones y frena proyectos que podrían beneficiar a la comunidad.

La violencia política también es calladita, también opera en silencio: en la llamada que cancela un apoyo, en la llamada que vacía un evento, en la instrucción informal que cierra puertas, en el “no le ayuden” que circula en los pasillos.

Esto debe señalarse también.

Si queremos una política más ética, tenemos que empezar por rechazar estas prácticas, sin importar de dónde vengan. Porque la democracia no se defiende solo en los discursos o solo señalando a otros, sino en la forma en que ejercemos el poder todos los días.

Podemos competir, podemos disentir, podemos ganar y perder. No podemos usar las instituciones para ajustar cuentas personales. Cruzar esa línea nos debilita a todxs.

La democracia no es un favor que alguien concede, es un derecho que se ejerce.

Quien usa el poder para callar, bloquear o castigar, no está haciendo política: está debilitando las instituciones que juró respetar.

No importan los colores.
No importan los cargos.

Marzo nos recuerda la lucha por la igualdad y la dignidad. Pero la dignidad no es selectiva: o defendemos la democracia para todxs, o la estamos debilitando para todxs.

Empatía, vocación, criterio, conciencia, respeto, autoridad vs. abuso, justicia.

Que el poder recuerde que es servicio; que la ética no sea solo discurso, sino práctica cotidiana; que la responsabilidad se ejerza con conciencia; que la humanidad no se pierda detrás de un uniforme y que la dignidad sea siempre el punto de partida y el límite de toda acción pública.

En una clase sobre género escuché algo que nunca olvidé: una mujer puede ser discriminada no solo por ser mujer, sino también por su edad, por su origen o por su condición económica. Hay discriminaciones que se acumulan, que pesan como capas invisibles sobre el cuerpo y la historia de una persona.

Hace poco, en una conversación con mujeres mayores, varias compartieron algo que dolía escuchar: muchas veces se sienten tratadas como si fueran invisibles, como si su palabra no tuviera peso, como si el paso de los años les hubiera arrebatado el derecho a ser escuchadas.

Una de ellas relató que abordó el Metro con una maleta grande. Se acercó al oficial en la entrada y le pidió que abriera la pequeña puerta destinada a personas con discapacidad para poder pasar con mayor facilidad. La respuesta fue un “no” seco, sin explicación, sin empatía.

Como pudo, tuvo que forzar su maleta por debajo del torniquete, luchando no solo con el peso del equipaje, sino también con la indiferencia.
Sin embargo, al llegar a su destino y pedir el mismo apoyo al policía de salida, él accedió de inmediato.

Entonces surgen preguntas inevitables:

¿Dónde está el criterio?
¿Dónde está la sensibilidad?
¿Por qué para unos es fácil decir “sí” y para otros no?

El servicio público no puede depender del humor del día, de la simpatía o del impulso personal. Servir no es ejercer poder; es ejercer responsabilidad.

Y entonces la pregunta es inevitable:

¿Cómo se está trabajando la ética y la formación emocional de quienes están al servicio de la ciudadanía?
¿Qué tipo de criterio se les está enseñando para tomar decisiones que afectan la dignidad de las personas?

El problema no es solo administrativo. Es profundamente humano. Cuando alguien que ocupa un cargo público no sabe regular sus emociones, no comprende el valor de la dignidad del otro y no distingue entre autoridad y abuso, lo que se fractura es la confianza social.

Como decía Immanuel Kant:

“Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio.”

La dignidad comienza cuando somos capaces de mirar al otro, escucharlo, comprender su contexto de vida y responder con empatía. La dignidad no es un discurso: es una práctica cotidiana.

Si no miramos, si no nos interesa la persona que tenemos enfrente, entonces algo nos falta: preparación, sensibilidad, formación ética. Nos falta comprender que servir implica reconocer la humanidad del otro.

Cuando alguien piensa únicamente: “Estoy aquí parado en el metro para ganar dinero” y reduce su función a cumplir un horario, entonces las personas dejan de ser fines y se convierten en medios. En ese momento, el ciudadano ya no es alguien con necesidades reales, sino un obstáculo, un trámite, una interrupción.

Cuando una mujer mayor es ignorada, minimizada o tratada como incapaz, deja de ser vista como un fin en sí misma. Se convierte en un estorbo, en una carga, en una molestia. Y eso es una forma silenciosa de violencia.

No se trata de atacar personas en lo individual. Se trata de cuestionar sistemas que permiten que quienes deberían servir actúen desde la prepotencia y no desde la ética.

El servicio público debería estar sostenido por vocación, formación y madurez emocional. No basta con portar un uniforme ni con ocupar un cargo: se necesita carácter, criterio y conciencia moral.

Como ciudadana, me duele.
Me indigna.
Y me preocupa.

Porque el respeto no debería depender de la suerte.
Porque la dignidad no debería negociarse.
Y porque el verdadero cambio en nuestro país comenzará el día en que entendamos que servir implica grandeza moral, no superioridad.

En la Ciudad de México, permanecer en ciertos barrios ya no depende solo de querer hacerlo, depende de poder sostenerlo. Y sostenerlo no significa únicamente pagar la renta, significa poder mantener el estilo de vida que ese lugar empieza a exigir.

Durante años, muchas colonias fueron espacios donde convivían distintos ingresos, distintas generaciones y distintas formas de habitar la ciudad. Hoy, en varios de esos mismos barrios, vivir ahí se ha convertido en una especie de credencial social, porque no basta con estar; hay que demostrar que se pertenece.

Ese cambio se percibe sobre todo entre los jóvenes, ya que para muchos, ciertas zonas de la ciudad dejaron de ser simplemente lugares donde vivir y se volvieron símbolos de estatus. La colonia en la que se vive, el café que se frecuenta, el tipo de espacios donde se socializa, incluso la estética de los lugares que se habitan, forman parte de una narrativa aspiracional que circula en redes sociales y en la cultura urbana contemporánea.

Ahora habitar una colonia se vuelve parte de la identidad pública; pero ese aspiracionalismo tiene un costo, y no siempre es evidente. Vivir en ciertas zonas implica pagar más por casi todo: renta, comida, ocio, transporte cotidiano. No es raro encontrar jóvenes que destinan la mayor parte de su ingreso a sostener esa vida urbana que, en teoría, representa libertad, modernidad o éxito. Pero permanecer ahí se vuelve una decisión económica constante.

La gentrificación no solo modifica el valor del suelo, sino que transforma las expectativas sociales de un lugar. Cuando un barrio se vuelve atractivo para la inversión y el consumo, cambia también el tipo de vida que se espera en él.

Eso produce dos experiencias muy distintas que conviven en el mismo espacio.

Por un lado están quienes han vivido siempre en esas colonias y comienzan a sentir que el lugar se vuelve cada vez más caro y ajeno. Y no es porque alguien los haya desplazado de inmediato, sino porque el entorno empieza a girar en otra dirección. Es decir, los comercios cambian, los precios cotidianos suben y el barrio que conocían empieza a responder a otra lógica económica.

Por otro lado están quienes llegan atraídos por esa narrativa aspiracional. Jóvenes profesionales, estudiantes, personas que buscan vivir “en el lugar correcto”. Porque para muchos, habitar esos espacios representa una forma de movilidad simbólica: estar cerca de ciertos circuitos culturales, laborales o sociales.

Lo interesante es que ambos grupos suelen convivir sin entender del todo lo que ocurre alrededor. Por una parte, quienes sostienen el estilo de vida aspiracional muchas veces lo hacen con un esfuerzo económico bastante considerable; y quienes realmente tienen los recursos para vivir cómodamente en esos lugares a menudo no perciben que su presencia forma parte de un proceso más amplio de transformación urbana. Es decir, que lo que para unos es una apuesta; para otros simplemente es normalidad.

Y en medio queda la ciudad, una ciudad donde cada vez más decisiones sobre dónde vivir están mediadas por el mercado, pero también por la presión simbólica de pertenecer a determinados espacios. Donde habitar una colonia puede significar identidad, pero también carga económica. Donde quedarse puede implicar sacrificio financiero y mudarse puede sentirse como una pérdida de lugar.

Sería grosero continuar reduciendo esta  conversación en base a las mejoras de la ciudad, porque la pregunta que revela es ¿qué tipo de relación estamos construyendo con los lugares que habitamos?.

Porque cuando vivir en un barrio o colonia se vuelve una señal de estatus, la ciudad deja de ser solo un espacio de vida cotidiana, y se convierte en escenario de competencia social.

Y en ese escenario, no todos están jugando el mismo juego. Algunos intentan sostenerlo, otros apenas lo observan, y unos cuantos, sin darse cuenta, siempre tuvieron las reglas a su favor.